Sentencia Penal Nº 136/2012, Audiencia Provincial de La Rioja, Sección 1, Rec 292/2012 de 12 de Septiembre de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 12 de Septiembre de 2012
  • Tribunal: AP - La Rioja
  • Ponente: Araujo Garcia, Maria Del Carmen
  • Núm. Sentencia: 136/2012
  • Núm. Recurso: 292/2012
  • Núm. Cendoj: 26089370012012100577
Resumen:
CONDUCCIÓN BAJO INFLUENCIAS BEB.ALCOHÓLICAS/DROGAS

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

LOGROÑO

SENTENCIA: 00136/2012

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1 de LA RIOJA

LOGROÑO

Domicilio:VICTOR PRADERA 2

Telf: 941296484/486/489

Fax: 941296488

Modelo: 213100

N.I.G.: 26089 51 2 2010 0100224

ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000292 /2012

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de LOGROÑO

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000125 /2010

RECURRENTE: Gonzalo

Procurador/a: MARIA LUISA MARCO CIRIA

Letrado/a: PEDRO RUBIO

RECURRIDO/A: MINISTERIO FISCAL

Procurador/a:

Letrado/a:

SENTENCIA Nº 136 DE 2012

==========================================================

ILMOS/AS SR./SRAS MAGISTRADOS:

DÑA. CARMEN ARAUJO GARCIA

D. RICARDO MORENO GARCIA

DÑA. MARIA DEL PUY ARAMENDIA OJER

==========================================================

En LOGROÑO, a doce de septiembre de dos mil doce.

VISTO, por esta Audiencia Provincial en la causa arriba referenciada, el recurso de apelación interpuesto por D. Gonzalo , contra Sentencia de fecha 23 de febrero de 2012, dictada en el Procedimiento Abreviado nº 125/2010, del JUZGADO DE LO PENAL nº 1 DE LOGROÑO ; habiendo sido parte en él, como apelante D. Gonzalo , representado por la procuradora de los Tribunales Dª MARIA LUISA MARCO CIRIA, y defendido por el letrado D. PEDRO RUBIO, y, como apelado el MINISTERIO FISCAL , en la representación que le es propia; habiendo sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrado Dª CARMEN ARAUJO GARCIA.

Antecedentes

PRIMERO.- En el procedimiento de referencia se dictó Sentencia con fecha 23 de febrero de dos mil doce , cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Debo condenar y condeno a D. Gonzalo como autor penalmente responsable de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas tipificado en el art. 379.2º C. Penal , sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y 4 años de privación del derecho de conducir vehículos a motor y ciclomotores, así como el pago de las costas.

Asimismo, le condeno a que indemnice a Marcelino en la cuantía de 6.160 euros, por los días de curación de las lesiones y las secuelas causadas, con intereses legales, declarando a la compañía de seguros FIATC responsable civil directa a su pago."

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, por la representación procesal del hoy recurrente, se interpuso recurso de apelación que formalizó exponiendo las alegaciones que constan en su escrito, el cual se halla unido a las actuaciones.

TERCERO.- Por el Órgano Judicial sentenciador se remitieron a este Tribunal los autos originales con todos los escritos presentados y, recibidos que fueron, se señaló día para deliberación, la que tuvo lugar el día 6 de septiembre de 2012.

Hechos

Se aceptan los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia, que han de darse en ésta por reproducidos.

Fundamentos

PRIMERO : Impugna D. Gonzalo la sentencia de instancia que le condena como autor de un delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas del artículo 379-2 del Código Penal en concurso, del artículo 382 del Código Penal , con un delito de lesiones del artículo 152-1-1 º y 2º del Código Penal , solicitando la revocación de dicha sentencia y se le absuelva de los delitos por los que ha sido condenado.

El Ministerio Fiscal solicita la desestimación del recurso.

SEGUNDO : Alega el recurrente haber incurrido la Juez a quo en error en la valoración de la prueba, tanto respecto al delito del artículo 379-2 del Código Penal como en relación con el del artículo 152 del mismo Código .

Pues bien, aunque es cierto que el recurso de apelación permite la revisión de la valoración de la prueba efectuada por la Juez a quo, cierto es también que el hecho de que aquella tenga como base las pruebas practicadas a su presencia, garantizados los principios de igualdad, oralidad y contradicción, oídas acusación y defensa y las propias manifestaciones del acusado ( artículo 24 de la Constitución , 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 229 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ) comporta que, en principio, aquella valoración deba ser respetada hecha excepción de que carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio en el acto solemne del juicio oral, lo que no ocurre en este caso en la sentencia impugnada, que se encuentra solidamente motivada, siendo las conclusiones fácticas y jurídicas a las que, al respecto, llega acertadas, lógicas y razonadas.

Y, dadas las alegaciones en que sobre tal cuestión se sustenta la impugnación, hemos de señalar que cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre con la prueba testifical, es esencial para una correcta ponderación conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, cómo se expresa, ya que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es especialmente relevante para efectuar el juicio de fiabilidad. El Juzgador de primera instancia, con el privilegio de la inmediación, dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce el resultado de la prueba. Por ello, un elemental principio de prudencia aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente. En este sentido, como expresa la S.T.S. nº 251/2004, de 26 de febrero , la inmediación, aún cuando no garantice el acierto, ni sea por sí misma suficiente para distinguir la versión correcta de la que no lo es, es presupuesto de la valoración de las pruebas personales, de forma que la decisión del tribunal de instancia, en cuanto a la credibilidad de quien declaró ante él, no puede ser sustituida por otro tribunal que no la haya presenciado, salvo los casos excepcionales en los que se aporten datos o elementos de hecho no tenidos en cuenta adecuadamente en su momento, que puedan poner de manifiesto una valoración manifiestamente errónea que deba ser corregida.

Las alegaciones en que se sustenta el recurso no ponen de manifiesto sino la legítima discrepancia de la parte apelante con la valoración de la prueba realizada de forma correcta y adecuada por la juzgadora a quo, bajo los principios de inmediación y de imparcialidad, pretendiendo sustituir su apreciación por la de la Juez de instancia, correctamente efectuada, por la justificación que realiza en la sentencia de tal valoración, las consideraciones que expone y el resultado del juicio oral reflejado en el acta correspondiente. Por ello, la valoración de la juez a quo, que, aprovechando las ventajas de la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las pruebas personales practicadas ante ella, debe ser asumida por el Tribunal, que no aprecia en tal valoración elementos que demuestren error alguno.

TERCERO : Pretende el recurrente no haber quedado acreditado que circulare con una tasa de alcohol en aire superior a 0,60 mg/l, ni que al momento del atropello estuviera bajo la influencia de bebidas alcohólicas porque, alega, el consumo fue posterior.

Ahora bien, en primer lugar, hemos de señalar que a partir de la entrada en vigor, en fecha 2 de diciembre de 2007, de la L.O. 15/2007, de 23 de noviembre, que modificó, entre otros, el artículo 379 del Código Penal , junto al delito contra la seguridad del tráfico en su modalidad de circular con un vehículo a motor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas alcohólicas, tal y como lo hiciera la redacción anterior, incluye otra figura delictiva que como novedad castiga "en todo caso" tal ingesta cuando la tasa de alcohol en aire espirado sea superior a 0,60 miligramos por litro o a 1,20 gramos por litro de sangre; y, el resultado que arrojan las pruebas a las que fue sometido el acusado fue de 0,93 y 0,75 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, aún practicadas, aproximadamente, transcurrida una hora y una hora y cuarto respectivamente, desde que se produjo el accidente.

Expresamente ha declarado El Tribunal Supremo la regularidad del test alcoholométrico y sus efectos enervadores de la presunción de inocencia cuando se ha realizado con un aparato de detección alcohólica autorizado, y con estricto respeto al conjunto de garantías procesales. Y, en el caso que enjuiciamos, las pruebas de alcoholemia fueron realizadas con observancia de las garantías necesarias para evitar indefensión, con aparato etilómetro homologado y debidamente verificado, de suerte que su resultado, superior a 0.60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, incorporado al atestado como prueba pericial preconstituida e incorporado al acto del juicio como prueba documental y ratificada por los agentes intervinientes al deponer como testigos, constituye prueba de cargo suficiente y así se ha valorado con acierto en la sentencia objeto del presente recurso, al calificar los hechos conforme al artículo 379-2 Código Penal , ya que, realizada la prueba al acusado y arrojando un resultado de 0.93 y 0.75 mg. de alcohol por litro de aire espirado, en la primera y segunda prueba respectivamente, siendo superior al límite de 0.60mg, que establece el artículo 379.2 del Código Penal , concurren los elementos del tipo en cualquier caso.

En el caso concreto que nos ocupa el resultado de la prueba resulta incuestionable en cuanto a la afectación por la ingesta alcohólica padecida por el acusado, siendo concluyente el atestado instruido por la Guardia Civil y las declaraciones en juicio de los agentes intervinientes que ratifican el contenido del atestado, y específicamente el resultado de las pruebas de detección alcohólica, que señalan se practican al acusado tras apreciar en el mismo hallarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas, excluyendo que la ingesta fuese posterior al atropello del niño, como pretende el acusado y reitera en el recurso, explicando que sí así hubiera ocurrido el resultado del etilómetro sería ascendente y no descendente como se produjo en este caso.

Tampoco las declaraciones de la madre del menor y del conductor que circulaba tras el acusado y que se detuvo y evacuó al niño en su vehículo, excluyen tal afectación, porque en la situación en que los señalados testigos se hallaron, lo prevalerte sin duda alguna era la atención al menor, inconsciente y herido tras ser atropellado, por lo que no es que no apreciaran signos de afectación alcohólica en el acusado como éste pretende, si no que no se ocuparon de valorar tal posibilidad, sino únicamente de atender al niño, como vienen ambos a manifestar.

CUARTO : Respecto al delito de lesiones por imprudencia, pretende el recurrente que la causa del accidente fue la inesperada invasión por el menor del carril por el que circulaba el vehículo conducido por el apelante.

Que el niño salió a la calzada no es discutido, pero de ello no cabe deducir la exclusión de la imprudencia del conductor y ahora recurrente como causa del accidente, teniendo en cuenta que el accidente se produce en la travesía de Préjano y el conductor es vecino de dicha localidad, por lo que conoce el lugar del accidente, junto a un centro escolar y un parque, además de existir en el mismo, señales horizontales y verticales de limitación de velocidad a 40Km/h, señal vertical de "Niños" y cinco bandas dobles rugosas de color banco en la calzada, lo que no bastó al recurrente para adaptar su conducción a la precaución que su conocimiento del lugar y la señalización en el mismo existente le exigían, siendo previsible, aún no siendo horario escolar, la irrupción de niños en la calzada por existir, como decimos, un parque junto al lugar del accidente, lo que obligaba al conductor a atemperar su velocidad ( art.46 del Reglamento General de Circulación ) y extremar su precaución (más aún en este caso concreto ya que en el parque y junto a la travesía había un grupo de niños y padres que habían celebrado un cumpleaños), lo que, desde luego no hizo el Sr. Gonzalo , como ponen de manifiesto las huellas de frenada que quedaron en la vía y el resultado producido, como de modo gráfico refleja el croquis confeccionado por la Guardia Civil y obrante al folio 35 de los autos, y corroboran en el acto del juicio los agentes de la Guardia Civil que deponen como testigos, por lo que la valoración de la prueba y la calificación de la conducta del acusado efectuada por la Juez a quo, ha de ser asumida por la Sala.

QUINTO : Finalmente, invoca el recurrente el principio in dubio pro reo, cuya aplicación, conforme a lo expuesto en los precedentes, hemos de rechazar, considerando que la significación del principio "in dubio pro reo" en conexión con la presunción de inocencia equivale a una norma de interpretación dirigida al sentenciador que debe tener en cuenta al ponderar todo el material probatorio y tiene naturaleza procesal ( SSTS. 15.5.93 y 30.10.95 ) por lo que resultará vulnerado cuando el Tribunal determine la culpabilidad del acusado reconociendo las dudas sobre la autoría del mismo o sobre la concurrencia de los elementos objetivos del delito, pero no resulta aplicable cuando el órgano jurisdiccional en uso de las facultades otorgadas por el art. 741 LECrim ., llega a unas conclusiones, merced a la apreciación en conciencia de una bagaje probatorio de cargo conducente a afirmaciones incriminatorias llevadas a la resolución. Como precisa la STS 27.4.98 el principio "in dubio pro reo", no tiene un valor orientativo en la valoración de la prueba, sino que envuelve un mandato: el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se abrigan dudas sobre su certeza, mediante la apreciación racional de una prueba en sentido incriminatorio, constitucionalmente cierta y celebrada en condiciones de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación, esto es, en las condiciones de un proceso justo.

En definitiva, a pesar de la íntima relación que guardan el derecho de presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo, y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico favor rei, existe una diferencia sustancial entre ambos, de modo que su alcance no puede ser confundido. El principio in dubio pro reo solo entra en juego cuando practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia.

Dicho en otros términos, la aplicación de dicho principio se excluye cuando el órgano judicial no ha tenido dudas sobre el carácter incriminatorio de las pruebas practicadas ( SSTS 1.3.93 , 5.12.2000 , 20.3.2002 , 18.1.2002 , 25.4.2003 ). Por ello no puede equipararse la duda externamente derivada de existir dos versiones contrapuestas -como ocurre en casi todos los procesos de cualquier índole- a la que nazca en el ánimo del Juez, cuando oídas por el directamente las personas que, respectivamente, las sostienen, llega la hora de acoger una u otra, ya que solo y exclusivamente en ese momento decisivo debe atenderse al principio pro reo, inoperante cuando el Juez ha quedado convencido de la mayor veracidad de una de las versiones. Y, en suma, no albergando la Sala, como tampoco expresa la Juzgadora a quo, duda alguna sobre la autoría del acusado en los términos señalados, ha de excluirse la aplicación del principio en dubio pro reo.

SEXTO : Se imponen a la parte apelante las costas procesales causadas en esta alzada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los preceptos legales invocados, y demás de pertinente aplicación al caso, en atención a todo lo expuesto.

Fallo

Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la procuradora de los tribunales Dª Mª Luisa Marco Ciria, en nombre y representación de D. Gonzalo , contra la sentencia, de fecha 23 de febrero de 2012, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Logroño en autos de procedimiento abreviado en el mismo registrado al nº 125/2010, de que dimana el Rollo de apelación nº 292/2012, confirmando referida sentencia en todos sus pronunciamientos.

Se imponen a la parte apelante las costas procesales de la alzada.

Esta sentencia es firme por no caber contra ella más recurso, en su caso, que el extraordinario de revisión. Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón, quedando el original en el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Bebida alcohólica
Valoración de la prueba
Delitos de lesiones
Atestado
Práctica de la prueba
Delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas
Error en la valoración de la prueba
Consumo de bebidas alcohólicas
Presunción de inocencia
Prueba de testigos
In dubio pro reo
Estupefacientes
Drogas tóxicas
Delito contra la Seguridad Vial
Psicotrópicos
Consumo de drogas
Prueba de cargo
Calificación de los hechos
Prueba pericial
Prueba documental
Indefensión
Lesión imprudente
Drogas