Sentencia Penal Nº 138/2012, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 6, Rec 135/2012 de 27 de Julio de 2012

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Encabezamiento

SENTENCIA

ROLLO: 135/12

Apelación Juicio de Faltas

_____________________________

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de julio de dos mil doce.

Vistos por el Ilmo. Sr. D. Emilio J. J. Moya Valdés, Presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de Juicio de Faltas más arriba referenciados, por la falta de danos, entre partes y como apelante Victorino y como parte apelada Marta , siendo asimismo parte el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO: Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y, entre ellos, la DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS, que se da aquí por reproducida.

SEGUNDO: Por el Juzgado de Instrucción se dictó sentencia en los referidos autos con fecha 22 de febrero de 2012, con el siguiente fallo:

"Que debo condenar y condeno a Victorino , como autor responsable de una falta antes descrita de danos, a la pena de diez días de multa a razón de seis euros por día ( 60 euros de multa). En caso de impago de la multa se cumplirá un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias insatisfechas.

Victorino deberá indemnizar a la denunciante con la cantidad de 561,60 euros.

Impongo al acusado, asimismo, el pago de las costas procesales, si las hubiera.".

TERCERO: Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, con las alegaciones que constan en el escrito presentado, sin proponer nuevas pruebas y, dado traslado a las demás partes, se presentó escrito de impugnación con las alegaciones que constan en el mismo, sin que se considerara necesario la celebración de vista.

CUARTO: En la tramitación de esta alzada se han observado todas las prescripciones legales.

SE ACEPTAN LOS FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

Fundamentos

PRIMERO: Se alega por el apelante como motivos de impugnación error en la apreciación de la prueba, y vulneración del principio de presunción de inocencia. Por último, se refiere a la ponderación de la pena, en realidad de la cuota diaria de la multa impuesta, interesando se le imponga la mínima. En primer lugar esta Sala ha de precisar, una vez más que, la alegación conjunta de vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba, resulta incompatible como viene estableciendo desde hace tiempo el Tribunal Supremo (v. S.T.S. de 28.11.1990 , con cita de las del mismo Tribunal de 07.05 y 12.12.1988 en la que puede leerse lo siguiente: "... Se ha dicho ya, con reiteración que, al invocarse la infracción de dicho principio constitucional, el estudio del mismo lleva implícito igualmente el del presunto error, y también que por lo general resulta incompatible la conjunta alegación de quebrantamiento del principio de presunción de inocencia y el "error facti" en la apreciación de la prueba ya que denunciar un error es partir de la existencia de prueba incriminatoria y sabido es que lo que realmente constituye la esencia del derecho a la presunción de inocencia, o verdad interina de inculpabilidad, es la constatación en la causa de una prueba de cargo, que pueda ser reputada suficiente y obtenida en forma regularmente procesal, y una vez verificado tal acreditamiento, no cabe sustituir al Tribunal sentenciador en su exclusiva valoración de la prueba, conforme al artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Espanola ...").

SEGUNDO: Respecto a la valoración de la prueba hecha por el Juez de Instrucción en la sentencia apelada, y como en otras ocasiones hemos tenido oportunidad de decir, el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal acoge, de entre los diversos sistemas que pueden tomarse en consideración en cuanto a la valoración de la prueba, el de libre valoración por el Juzgador, que ha de hacerlo según su conciencia, lo que no significa, desde luego, apreciación arbitraria; la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reconducido siempre la valoración de la prueba a una operación que se realiza por medio del razonamiento y, por tanto, regida por criterios de racionalidad que, de modo expreso, establece el artículo 717 respecto a la prueba testifical. Esta operación, sin embargo, se realiza "con la libertad de criterio que establece el artículo 741" ( sentencia de 26 de Febrero de 1990 ). Es al Tribunal de instancia -en este caso al Juzgado- a quien corresponde apreciar las pruebas y, previa la motivación correspondiente, decidir; dar más credibilidad a un testigo que a otro, decidir sobre la radical oposición entre la denunciante y denunciado es tarea del Juzgador "a quo", que puede ver y oír a quiénes ante él declaran. En el caso presente, no solo se ha contado con la coherente declaración de la denunciante, sino también con la diligencia de inspección ocular y las fotos, en las que se observa el actual estado de la pared, compatible con los martillazos que alega la denunciante haber dado el denunciado al no obtener el dinero que reclamaba por los arreglos realizados. La expresión del denunciado de que estaba agobiado, realmente no tiene demasiado interés, salvo que es un indicio más de la falta cometida, resultando por tanto, el pronunciamiento condenatorio que se contiene en la resolución dictada conforme a derecho. Existió prueba de cargo suficiente para la condena obtenida de forma absolutamente lícita y practicada con todas las garantías procesales de inmediación, publicidad, igualdad de partes y contradicción, por lo que no debe modificarse el sentido del fallo dictado.

TERCERO: También se recurre la imposición de la cuota dela pena de multa de seis euros diarios. En cuanto a la cuota de 6 Eur. por día multa baste recodar a este respecto que el artículo 50 párrafo 5 del Código Penal senala que los tribunales fijaran en la sentencia el importe de las cuotas diarias "teniendo en cuenta, para ello exclusivamente la situación económica del reo deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones, cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo" Como senalan las sentencias 175/2001 de 12 de Feb y 1337/2001 de 11 de julio con ello no se quiere significar que los tribunales deban efectuar una investigación exhaustiva del patrimonio del acusado, lo que resulta imposible y es, además, desproporcionado, sino únicamente que deben tomar en consideración aquellos datos esenciales que permitan efectuar una razonable ponderación de la cuantía proporcionada de la multa que haya de imponerse. La insuficiencia de estos datos, no debe llevar automáticamente y con carácter generalizado a la imposición a la pena de multa con una cuota diaria cifrada en su umbral mínimo absoluto 2 euros (332'7ptas.) a no ser que en lo que en realidad se pretenda sea vaciar de contenido el sistema de penas establecido por el poder legislativo en el nuevo Código Penal convirtiendo la pena de multa por el sistema de día multa en algo simbolicen el que el contenido efectivo de las penas impuestas por hechos tipificados en el Código Penal acabe resultado inferior a las sanciones impuestas por infracciones administrativas similares, que tienen menor entidad que las penales. Ha de tenerse en cuenta el reducido nivel mínimo de la pena de multa del Código Penal 2 euros (332'7ptas.) debe quedar relegado a los casos extremos de indigencia o miseria por lo que en casos ordinarios en lo que no concurren estas circunstancias extremas resulta adecuado la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próximo al mínimo absoluto, pero sin necesidad de alcanzarlo como, por ejemplo, la cuota diaria de 6 euros (1.000 ptas.). Si el ámbito abarcado penalmente para la pena de multa de 2 a 400 euros (332'7 a 66.554 ptas.) lo dividiésemos hipotéticamente en diez tramos o escalones de igual extensión 39'8 euros cada uno (6.622'16 ptas.), el primer escalón iría de 2 euros a 39'8 euros (332'7 ptas. a 6.622'16 ptas.) por lo que cuando se aplica la pena en la mitad inferior de ese primer tramo, senalando, por ejemplo una cuota diaria de 6 euros (1.000 ptas.), ha de estimarse que ya se está poniendo la pena en su grado mínimo absoluto. En el caso que se examina que el acusado ha manifestado tener un salario de unos 700 euros, a pesar de la alegación de mantenimiento de esposa y dos hijos, la cuota impuesta es la adecuada según el Código Penal. El recurso, por tanto, no puede prosperar.

CUARTO: Por todo ello, con desestimación del recurso interpuesto, procede la confirmación de la sentencia recurrida, con imposición al apelante de las costas procesales del recurso.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, por la Autoridad que me confiere la Constitución Espanola,

Fallo

DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia CUATRO (antiguo Mixto Cuatro) de San Bartolomé de Tirajana dictada en el Juicio de Faltas a que se contrae el presente Rollo, que confirmo en todos sus extremos, con imposición al apelante de las costas procesales de esta alzada, si las hubiera.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.

Valoración de la prueba
Error en la valoración de la prueba
Principio de presunción de inocencia
Presunción de inocencia
Prueba de cargo
Prueba de testigos
Inspección ocular