Sentencia Penal Nº 1421/2010, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27, Rec 1879/2009 de 27 de Septiembre de 2010

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 27

MADRID

SENTENCIA: 01421/2010

Apelación RP 1879/09

Juzgado Penal nº 307/09

Procedimiento Abreviado nº 1 Móstoles

SENTENCIA Nº 1421/10

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

ILTMOS. SRES. DE LA SECCION VIGÉSIMO SÉPTIMA

Dña. Maria Tardón Olmos (Presidenta)

Dña. Maria Teresa Chacón Alonso

D. Jesús de Jesús Sánchez (Ponente)

En Madrid, a veintisiete de septiembre de dos mil diez.

Vistos por esta Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral nº 307/09 procedente del Juzgado de lo Penal nº 1 de Móstoles y seguido por un delito AMENAZAS de siendo partes en esta alzada como apelante Petra con adhesión del El Ministerio Fiscal al recurso de apelación y como apelado Marcelino y Ponente el Magistrado Sr. D. Jesús de Jesús Sánchez.

Antecedentes

PRIMERO: Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 25 de junio de 2009 que contiene los siguientes Hechos Probados: " ÚNICO.- El día 11 de junio de 2009, el acusado D. Marcelino se acudió al domicilio de su expareja Dª Petra a buscar a su hijo menor en común sito en la CALLE000 número NUM000 de Alcorcon, cuando llamando aquél al telefonillo se entabló entre ellos una discusión que concluyó, en circunstancias no determinadas, la llegada al domicilio de una dotación de la Policía Nacional. El acusado, a presencia del agente de Policía Nacional con número de identificación NUM001 y NUM002 , dijo hija de puta, te voy a matar, déjeme ver a mi hijo. No resulta probado que Dª. Petra , que no se hallaba próxima por estarse marchando del lugar, escuchara lo manifestado por el reo".

En la parte dispositiva de la sentencia se establece: " Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a D. Marcelino del delito que se le venía imputando con todos lo pronunciamientos favorables y expresa declaración de oficio de las costas procesales".

SEGUNDO: Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la procurador D.David Toboso Pizarro en nombre y representación procesal de D Petra , que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

TERCERO: Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 27 de septiembre de 2010 .

Hechos

Se aceptan los hechos probados contenidos en la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- Se formula recurso de apelación por la representación procesal de Petra al cual se ha adherido el MINISTERIO FISCAL, contra la sentencia de fecha 25 de junio de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Móstoles , invocando como motivo de recurso, la concurrencia de error en la valoración de la prueba e infracción legal por indebida inaplicación del artículo 171.4 del Código Penal .

SEGUNDO.- Así, y en cuanto a la alegación relativa al único motivo de recurso, esto es, la concurrencia de error en la valoración de la prueba, se ha de partir de que, interponiéndose recurso contra una sentencia absolutoria, hay que recordar que el Tribunal Constitucional STC 167/2002 de 18 de Septiembre de 2002 /RTC 2002/167), STC 197/2002 (RTC 2002/197), STC 198/2002 (RTC 2002/198 ), 200/2002 (RTC 2002/200) todas ellas de 28 de Octubre de 2002 y Sentencia STC 118/2003 de 16 de junio ; ha considerado contrario al artículo 24.2 de la Constitución (RCL 1978/2836) la posibilidad de condenar en segunda instancia, a una persona absuelta en primera instancia, sin oír directamente el denunciado o acusado y a los testigos, pues se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías en el que se incluye la garantía de inmediación y la contradicción. En este sentido ha declarado dicho Tribunal que en el caso de los recursos de apelación contra sentencias absolutorias cuando la apelación se funda en la apreciación de la prueba, si en la segunda instancia no se practican nuevas pruebas, no puede el tribunal "ad quem" revisar la valoración de las pruebas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas, es exigible la inmediación y la contradicción ( STS 167/2002 de 18 de noviembre ).

Incluso en los supuestos en que se trate de apreciar pruebas objetivas junto con otras de carácter personal que dependen de los principios de inmediación y contradicción, el Tribunal Constitucional veda la posibilidad de revocar el criterio absolutorio de la primera instancia sin que se practique la prueba testifical con arreglo a todos los principios ante el Tribunal "ad quem" ( STC 198/2002 (RTC 2002/198).

La Audiencia Provincial no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado inicialmente absuelto en un juicio de faltas o en el ámbito del procedimiento abreviado, en tanto no presencia las pruebas personales que fundaran aquella declaración absolutoria. El Tribunal de apelación puede valorar la prueba, coincidiendo o no con la apreciación del Juez de primera instancia, pero tratándose de la declaración del acusado o de prueba testifical que exigen inmediación, sólo puede llevar a cabo una nueva y distinta valoración si se cumplen las exigencias aludidas.

Ahora bien, en la mencionada sentencia 167/02 el Tribunal Constitucional afirma que, aún no existiendo un derecho a la sustanciación de una audiencia pública en segunda instancia, sí lo estima adecuado cuando el debate se refiere a cuestiones de hecho y se estudia en su conjunto la culpabilidad del acusado, y ello aunque las partes no hubieran solicitado la celebración de vista.

Sin embargo, el art. 790.3º, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 188216 ) limita los supuestos de práctica de diligencias de prueba en el recurso de apelación, a las que no pudieron proponerse en la primera instancia, a las propuestas que le fueron indebidamente denegadas, siempre que fuese formulada en su momento la oportuna reserva, y a las admitidas que no fueron practicadas por causas ajenas al solicitante. Consiguientemente, la posibilidad de sustanciación de la vista oral queda reducida a la realización de pruebas no admitidas o no practicadas, en su caso, o a la exposición oral de las razones que fundan el recurso de apelación. El precepto mencionado es de naturaleza evidentemente restrictiva, en cuanto en esos únicos supuestos puede pedirse y admitirse la práctica de prueba en el ámbito de la apelación.

La doctrina sentada por el Tribunal Constitucional tiene naturaleza vinculante para los órganos judiciales cuando interpreta los preceptos y principios constitucionales, según dispone el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (RCL 19851578, 2635). Pero dicha eficacia sólo es predicable de las afirmaciones relativas al ámbito interpretativo que le es propio y exclusivo, es decir, la interpretación de las normas constitucionales; no en cambio cuando realiza afirmaciones instrumentales o incidentales relacionadas con la legalidad ordinaria. No puede reconocerse al órgano mencionado una función de legislador positivo, ni cabe la creación de trámites no recogidos en la Ley procesal, en tanto las normas de esta naturaleza son de derecho necesario y de orden público, y las instituciones procesales están sujetas al principio de legalidad, de manera que la norma determina el complejo de derechos y obligaciones o cargas procesales de las partes, y el haz de facultades del órgano judicial. Así, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva se desenvuelve en el ámbito de las normas procesales vigentes.

La conjugación de ambos criterios, es decir, la imposibilidad de sustanciar medios de prueba en apelación al margen de los supuestos legales, y la imposibilidad de valorar en perjuicio del acusado los medios probatorios de naturaleza personal, supone la prohibición de revocar la sentencia absolutoria dictada en la instancia cuando el órgano de apelación valore diversamente la declaración del acusado y la prueba testifical. No ocurre lo mismo cuando el debate planteado en el recurso sea de naturaleza estrictamente jurídica, o cuando la nueva valoración de la prueba se reduzca a la de naturaleza documental, porque entonces no está en juego el principio de inmediación.

En el caso de autos, y examinada la sentencia de instancia, y visionada la grabación del acto del juicio oral, apreciamos que la Juzgadora de instancia basó su fallo absolutorio en la valoración de la prueba personal, consistente en este caso en las declaraciones que prestaron el propio acusado, la perjudicada, y el Agente de la Policía Nacional nº NUM002 . En este sentido, la Juzgadora, y para alcanzar la consideración de que concurren dudas razonables acerca de la culpabilidad del acusado en los hechos, presuntamente constitutivos de un delito de amenazas leves del artículo 171.4 del Código Penal utiliza como factores el hecho de que, la perjudicada reconoció en el plenario que cuando estaba en la calle sólo escuchó que el acusado le dijo "te vas a enterar", pero que no pudo escuchar amenaza de muerte alguna frente a ella. Añadió que fue la propia Policía la que le preguntó si le iba a denunciar, a lo que ella les dijo que no porque ya tenía otra denuncia previa, siendo entonces cuando los Agentes le dijeron que debería denunciarle, porque en su presencia le había amenazado de muerte. Por tanto, la Juez a quo emplea como dato esencial de cara a absolver al acusado el hecho de que las palabras proferidas por este, que incluían una amenaza de muerte no fueron escuchadas por la perjudicada, con lo cual quebró uno de los requisitos esenciales del delito objeto de acusación, que no es sino que la amenaza proferida por el sujeto activo llegue directamente a su destinataria.

Por tanto, en definitiva, no cabe duda que el fallo absolutorio se ha producido sobre la base de la valoración por el Juez de lo Penal de pruebas de naturaleza personal, valoración que sólo al mismo le corresponde, no pudiendo este Tribunal cambiar tal valoración a menos que se ponga de manifiesto, lo cual no es el caso, que la misma sea irracional, absurda, o carente de toda lógica. Se pretende en definitiva sustituir la valoración soberana de la prueba que ha realizado correctamente la Juzgadora de instancia por la interesada valoración conforme a sus intereses de la parte recurrente.

Es por ello, que con base en la doctrina anteriormente expuesta, no puede este Tribunal volver a valorar las pruebas practicadas en el juicio oral, pues no se trata de una cuestión jurídica lo que se somete a la consideración de este Tribunal, sino una nueva valoración de pruebas para las cuales la inmediación es esencial, debiendo tenerse en cuenta en cualquier caso, que no se solicitó por el recurrente la práctica de prueba alguna en esta alzada que, en su caso, podría haber permitido a esta Sala entrar a valorar la cuestión.

TERCERO.- En cuanto a costas procesales y por aplicación de lo prevenido en el artículo 240 de la Lecrim., y al no apreciarse mala fe ni temeridad en la parte recurrente, procede declarar de oficio las costas de la presente alzada.

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, la Sala alcanza el siguiente,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Petra al cual se había adherido el MINISTERIO FISCAL, confirmando en todos sus extremos la sentencia de fecha 25 de junio de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Móstoles , declarando de oficio las costas procesales de la presente alzada.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

-PUBLICACIÓN.- En Madrid a

Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por los Ilmos. Sres. Magistrados que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.