Sentencia Penal Nº 144/2012, Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 6, Rec 87/2012 de 24 de Febrero de 2012

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  • Orden: Penal
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  • Ponente: Arevalo Lassa, Jose Ignacio
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  • Núm. Recurso: 87/2012
  • Núm. Cendoj: 48020370062012100004

Encabezamiento

OFICINA COMUN DE TRAMITACION PENAL

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BIZKAIA

Sección 6ª

BARROETA ALDAMAR 10 3ª planta

Tfno.: 94 401.66.68 Fax: 94 401.69.92

Rollo Apelación Abreviado: 87/12

Proc. Origen: PAB 78/11

Jdo. de lo Penal nº 5 de Bilbao

Apelante/s: Jesús Ángel

Procurador/a Sr/a.: Elorduy Simón

Abogado/a Sr/a.: Bordagaray Amirola

SENTENCIA Nº 144/12

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE D. Angel GIL HERNÁNDEZ

MAGISTRADO D. José Ignacio ARÉVALO LASSA

MAGISTRADA D Miren Nekane SAN MIGUEL BERGARETXE

En la Villa de Bilbao, a 24 de febrero de 2.012.

Vistos en segunda instancia por la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de Rollo de Apelación de Procedimiento Abreviado nº 87/12, dimanante del Procedimiento Abreviado 78/11 del Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao, en la que figura como acusados Alvaro y Jesús Ángel , cuyas circunstancias personales constan en autos, representados respectivamente por el/la Procurador/a Sr/a. Lanzagorta Mayor y Elorduy Simón y defendido por el/la Letrado/a Sr/a. González Pinto y Bordagaray Amirola, siendo parte acusadora el Ministerio Fiscal.

Expresa el parecer de la Sala como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. José Ignacio ARÉVALO LASSA.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao, se dictó con fecha 23 de septiembre de 2011 sentencia cuyos hechos probados son del tenor literal siguiente:

" UNICO.- Que Alvaro , mayor de edad y sin antecedentes penales , Jesús Ángel , mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia , y una tercera persona, puestos de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito, sobre las 06:20 horas del 17 de abril de 2010 accedieron al interior del edificio en obras sito en la calle Licenciado Poza nº 32 de Bilbao donde tras trepar por un andamio para saltar la valla fracturaron las cerraduras de tres puertas propiedad de UMPRO ATERKI, SA empresa del grupo EMARAYAS, SL causando desperfectos que han sido tasados en 191,40 euros, y se apoderaron de herramientas propiedad de "Germán Echevarria, SA" y "Electricidad Izarra, SL" objetos que metieron en varias mochilas y las cuales fueron ocupadas por agentes de la Ertzaintza a Alvaro en las cercanías de la Plaza Indautxu y entregadas a sus propietarios.

Alvaro , en el momento de ser preguntado por la patrulla de la Ertzaintza sobre las mochilas que portaba indicó el nombre de las dos personas que le acompañaron en la sustracción de los objetos, entregó a los agentes los objetos que llevaba y les llevó hasta el lugar de los hechos".

El Fallo de la indicada sentencia dice textualmente:

"Debo CONDENAR Y CONDENO a Alvaro como autor de un DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, con la ATENUANTE MUY CUALIFICADA DE CONFESIÓN del art. 21.4 del Código Penal , a la pena de OCHO MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y abono de la mitad de las costas.

Debo CONDENAR Y CONDENO a Jesús Ángel como autor de un DELITO DE ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y abono de la mitad de las costas.

Asimismo Alvaro y Jesús Ángel deberán indemnizar conjunta y solidariamente a UMPRO ARTEKISA, SA en la cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS (191,40 euros) con los intereses del art. 576 de la LEC ".

SEGUNDO .- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la representación de Jesús Ángel con base en los motivos que en el correspondiente escrito se indican, recurso al que se ha dado la tramitación legal con el resultado que obra en autos.

TERCERO .- Elevados los autos a esta Audiencia, se dio traslado de los mismos al Magistrado Ponente a los efectos de acordar sobre celebración de vista y, en su caso, sobre admisión de la prueba propuesta.

CUARTO .- No estimándose necesaria la celebración de vista, quedaron los autos vistos para sentencia.

Se dan por reproducidos los antecedentes de la sentencia apelada.

Hechos

Se admiten íntegramente, dándose expresamente por reproducidos, los hechos declarados probados en la sentencia objeto de recurso.

Fundamentos

PRIMERO .- Frente a la sentencia que lo condena como autor de un delito de robo con fuerza, se alza en apelación la representación de Jesús Ángel , en un recurso que impugna la valoración de la prueba, con la consiguiente vulneración del principio de presunción de inocencia.

El recurso de apelación no parte de la intangibilidad del relato de hechos probados ni tampoco está sujeto a limitaciones legales en relación con la valoración de la prueba. Esto no quiere decir, sin embargo, que el órgano de apelación pueda adentrarse en este terreno en las mismas condiciones que el de la primera instancia. No puede cuestionarse la mejor disposición del órgano de primera instancia en relación con el de apelación para valorar adecuadamente la prueba practicada. La inmediación y la apreciación conjunta de la prueba, con todas las connotaciones que les son inherentes, son decisivas para pronunciarse sobre la credibilidad de la prueba testifical. Con independencia del alcance conceptual del recurso de apelación, lo cierto es que ha de mantenerse un elemental criterio de prudencia que, como consecuencia de esa inferior calidad en la recepción de los elementos probatorios, lleve a no quebrar la declaración de hechos de la sentencia apelada salvo en los supuestos de inexactitud o error manifiesto en la apreciación de la prueba (1), relato oscuro o dubitativo, ininteligible, incongruente o contradictorio en sí mismo (2), o cuando queda el mismo desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia (3).

Muestra inequívoca y extrema de todas estas consideraciones, por lo demás, consagradas en numerosas resoluciones de las Audiencias Provinciales, es la doctrina del Tribunal Constitucional, recaída a propósito del recurso de apelación, cuando se pronuncia sobre la revisión de las sentencias absolutorias. El Alto Tribunal contesta afirmativamente y con rotundidad a la pregunta de si en el contenido del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, entre las que se integra la exigencia de inmediación y contradicción, puede encontrarse un límite para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación, y llega a la conclusión de que no es posible, sin vulneración del artículo 24.2 en el que se recoge el mencionado derecho fundamental, revocar una sentencia absolutoria dictando otra condenatoria con fundamento en pruebas que no han sido practicadas a la vista de la Sala de segunda instancia. Desde las iniciales SSTC 167/2002, de 18 de septiembre , 197/2002 , 198/2002 y 200/2002, de 28 de octubre , y 68/2003, de 9 de abril , se ha mantenido esta línea jurisprudencial hasta las más actuales, por ejemplo, SSTC 2/2010, de 11 de enero y 30/2010, de 17 de mayo .

Ahora bien, como proclama, por ejemplo, la STS 866/2010, de 7 de julio , y esto es aplicable tanto a efectos casacionales como en sede del recurso de apelación, el juicio de autoría ha de construirse "con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción penal" y no puede hacerse depender "de una persuasión interior, de una convicción marcadamente subjetiva y, como tal, ajena al contenido objetivo de las pruebas". No valen, pues, las intuiciones, los presentimientos o las percepciones íntimas que no puedan ser enlazados con el resultado de la actividad probatoria desplegada en el juicio oral. Lo que, por decirlo de otro modo, como señalan numerosas resoluciones del Alto Tribunal, que en la valoración de la prueba, fundamentalmente de los testimonios prestados en el juicio oral, cabe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno al control en vía de recurso por un Tribunal superior que no ha presenciado la prueba, y un segundo nivel en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior que descarta o prima determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos. Es esta estructura racional del discurso valorativo la que puede ser revisada en segunda instancia, censurando las fundamentaciones que resultan ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias, o bien que sean simplemente contradictorias con el principio constitucional de presunción de inocencia.

SEGUNDO .- Todo lo anterior supuesto, en modo alguno se advierten en esta alzada motivos para revisar la apreciación probatoria de la sentencia apelada, la cual aparece razonada de forma adecuada con base en la prueba practicada en el juicio oral.

La resolución apelada cumple con las exigencias constitucionales inherentes al derecho a la presunción de inocencia en cuanto que valora prueba de cargo válidamente practicada y de significado inequívocamente incriminatorio, exteriorizando el análisis de su resultado de modo suficiente para concluir que se ha producido una valoración racional, en la línea anteriormente anunciada.

El razonamiento del apelante es que la declaración del coimputado Alvaro no puede ser tomada como elemento de prueba fiable, pues se encuentra viciada por la pretensión de obtener una atenuación de la pena, como así ha sucedido finalmente en la sentencia apelada. Se pretende reforzar este argumento con la alegación de que la imputación se ha producido en el mismo plenario y no en ningún momento anterior.

El argumento no se sostiene precisamente porque la alegación en la que se pretende apoyar no se ajusta a la realidad. El coimputado mencionado ya apuntó a la participación de al menos otras dos personas de las que dio diversos datos, entre ellos un tal Luis , del que indicó el lugar en el que creía que vivía. Sus indicaciones a la autoridad policial fueron decisivas para la localización del acusado ahora apelante, para su identificación y para que el procedimiento se dirigiera también contra él. En la declaración prestada en período de instrucción también apuntó a la participación de esta persona. La atenuación le ha sido concedida no por sus manifestaciones en el plenario sino por su colaboración desde el primer momento en el esclarecimiento del delito, incluida la identificación de las personas que le acompañaban. Existe plena coincidencia y coherencia de estas manifestaciones con lo indicado igualmente en el juicio oral, no pudiéndose deducir racionalmente de esta actuación un ánimo espurio en la obtención de futuros beneficios penales. En un inicio pudo no dar, por no conocer, los datos completos; en el juicio oral, siguiendo con la contundencia de sus afirmaciones, no deja lugar a dudas en cuanto a que Luis es Jesús Ángel .

De manera que la declaración del coimputado puede y debe ser tenida en cuenta a pesar de que por su colaboración desde el inicio se haya visto posteriormente beneficiado. Y para llegar a esta conclusión juega de modo relevante el hecho de que sus manifestaciones cuenta con un elemento de corroboración importante. En efecto, tal como indica la sentencia, la declaración de los agentes va en el mismo sentido, pues, aunque en un primer momento no pudieron detener a la persona que vieron, luego al identificar al acusado al que se refirió Alvaro , lo reconocieron como el partícipe en los hechos y con el que tuvieron contacto en ocasiones posteriores; incluso comprobaron que el apelante, tal y como les había dicho Alvaro , había sido identificado días antes en otra actuación policial encontrándose los dos juntos.

En definitiva, contamos con prueba suficiente para llegar al mismo convencimiento que el órgano de instancia, sin que se adviertan motivos que autoricen a la modificación de la valoración efectuada, por lo que la sentencia ha de ser confirmada.

TERCERO .- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 CP y 239 y ss. LECrim ., no ha lugar a efectuar expreso pronunciamiento de las costas causadas, debiendo declararse de oficio las devengadas en la segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación dentro de la legislación orgánica, procesal y penal,

Fallo

Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por la representación de Jesús Ángel contra la sentencia de fecha 23 de septiembre de 2011 del Juzgado de lo Penal nº 5 de Bilbao , dictada en el Procedimiento Abreviado 78/11, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la misma con declaración de oficio de las costas del procedimiento.

Contra la presente resolución no cabe la interposición de recurso de carácter ordinario alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, para su conocimiento y cumplimiento.

Así por esta sentencia, de la que se unirá la pertinente certificación al rollo, juzgando en esta instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- La anterior sentencia ha sido pronunciada, leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, celebrando Audiencia Pública en el día de su fecha, doy fe.

Valoración de la prueba
Práctica de la prueba
Robo con fuerza
Principio de presunción de inocencia
Prueba de testigos
Presunción de inocencia
Declaración del coimputado
Prueba de cargo
Coimputado
Declaración de agente de la autoridad