Sentencia Penal Nº 1499/2004, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1026/2003 de 16 de Diciembre de 2004

PRIMERO.- El recurrente ha sido condenado a la pena de cuatro años de prisión y multa como autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud. Según el hecho probado, agentes de policía observaron cómo el acusado arrojaba al suelo un objeto al percatarse de su presencia, que resultó ser un preservativo conteniendo un huevo Kinder con 27 papelinas de heroína con un peso de 3,71 gramos y una pureza de 3,90%. En su domicilio se intervinieron además 1,30 gramos de heroína con una pureza de 4,5% y 2,65 gramos de hachís.

Contra la sentencia interpone recurso de casación formalizando dos motivos. En el primero alega vulneración de la presunción de inocencia. Entiende que se produce tal vulneración al imputarle la propiedad del bulto contenedor de heroína (sic); luego por considerar que estaba destinada al tráfico, y, finalmente, al estimar que la droga encontrada en su domicilio también estaba destinada al tráfico.

El motivo debe ser desestimado. El derecho a la presunción de inocencia viene consagrado en nuestro sistema con rango de derecho fundamental en el artículo 24 de la Constitución. Implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Esto supone que es preciso que se haya desarrollado una actividad probatoria de cargo, cuya iniciativa corresponde a la acusación, que desvirtúe racionalmente esa presunción inicial.

Su alegación en el recurso sitúa al Tribunal de casación ante la necesidad de realizar una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia ha tenido en cuenta prueba que pueda considerarse de cargo, es decir, de contenido suficientemente incriminatorio, de tal manera que se pueda considerar acreditada la realidad de unos hechos concretos, con sus circunstancias agravatorias relevantes jurídico-penalmente, y la participación o intervención del acusado en los mismos. En segundo lugar, que la prueba es válida, es decir, que ha sido obtenida e incorporada al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena no se aparta de las reglas de la lógica y no es, por lo tanto, irracional o arbitraria.

El recurrente se refiere a tres aspectos distintos. En primer lugar, la imputación de la propiedad del envoltorio que contenía la heroína. El Tribunal ha tenido en cuenta la testifical de los agentes de policía, quienes manifiestan que se dirigieron al lugar estableciendo un dispositivo de vigilancia al haber sabido por informaciones previas que una persona apodada " Bola ", que presentaba una afectación en una falange de un dedo de una mano, vendía sustancias estupefacientes. En el lugar, situado en las inmediaciones del Centro de Dispensación de metadona del Hospital General de Asturias, comprobaron la presencia del acusado, que salía del referido centro, se dirigía a unos setos próximos y permanecía unos momentos en cuclillas, tras lo cual se disponía a abandonar el lugar, portando algo en la mano que arrojó al suelo al percatarse de la presencia policial. Una vez detenido, uno de los agentes permaneció en las inmediaciones del objeto hasta que pudo ser debidamente recogido, comprobándose que se trataba de un preservativo con restos de heces, conteniendo un huevo Kinder que tenía en su interior las 27 papelinas de heroína. El acusado recurrente es identificado con el apodo antes mencionado y presenta una afectación en una mano que el Tribunal comprobó directamente.

No se aprecian razones para rectificar la decisión del Tribunal que presenció la prueba al otorgar credibilidad a estas manifestaciones testificales, referidas a hechos de conocimiento directo de quienes declaran, que presentan muy escasa complejidad y que no se enfrentan a hechos o datos objetivos que puedan reducir su poder probatorio.

La segunda cuestión es la referida al destino al tráfico. Se trata de un aspecto subjetivo cuya existencia generalmente se afirma a través de un razonamiento inferencial apoyado en datos objetivos suficientemente acreditados. Cuando se trata del delito de tráfico de drogas, habitualmente se acude a la cantidad, naturaleza y distribución o preparación de la droga; a la condición de consumidor de quien la posee; a la existencia de instrumentos propios de actividades de tráfico; al lugar donde es aprehendida, y a otros datos, dependiendo de las características del hecho concreto.

En el caso actual, la Audiencia Provincial reconoce que se trata de un consumidor esporádico de heroína y, por lo tanto, no en un grado alto. Sin embargo, considera que el lugar, al que se desplazan numerosos adictos a recibir el tratamiento con metadona, y la concreta forma en que la droga estaba distribuida, 27 papelinas, son indicativos del destino al tráfico. Es una conclusión que debemos aceptar como razonable, dada la cantidad de papelinas, el lugar de posesión y el hecho de que en su domicilio guardara otra pequeña cantidad de la misma sustancia, lo que hace irrazonable otra posible explicación de su posesión en la calle, donde no es previsible que procediera al consumo de tal alta cantidad de papelinas.

El que la droga que se encontró en el domicilio se destinara también al tráfico resulta intrascendente, una vez afirmado ese destino respecto de la ocupada en su poder.

El motivo se desestima.

SEGUNDO.- El segundo motivo se formaliza por infracción de ley al amparo del artículo 849.1º de la LECrim por inaplicación indebida de los artículos 20 y 21 del Código Penal. Dice el recurrente que nada se menciona respecto a la eximente o atenuante a pesar de que existen dos informes periciales médicos relativos a su dependencia a las drogas. Al folio 22 el Médico forense deja clara la extrema drogodependencia y admite la posibilidad de que imputabilidad se vea disminuida. Al folio 14, la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías del Hospital General de Oviedo confirma la dependencia a drogas desde 1997.

El recurrente, que anunció su propósito de interponer el recurso por error de hecho en la apreciación de la prueba, omite ahora referirse expresamente al artículo 849.2º de la LECrim, aunque su planteamiento, al mencionar expresamente los informes periciales y basar en ellos su argumentación, indica que se trata de un mero error que no debe perjudicar al condenado.

En el documento obrante al folio 14 del Rollo de la Audiencia, emitido por la Unidad de Tratamiento de Toxicomanías del Hospital General de Asturias, sito en Oviedo, se recoge que se trata de un paciente de 37 años, a tratamiento de sustitución con metadona por síndrome de dependencia a los opiáceos desde julio de 1997. Que según su historia clínica inició el consumo de cannabis a los 18 años y de heroína a los 20 años, y que ha estado a tratamiento previo con metadona en esa Unidad entre marzo de 1994 y agosto de 1995.

El documento del folio 22 es un informe del Médico Forense que concluye en compatible con toxicómano respecto de la heroína, de evolución, con tratamiento con terapia sustitutiva, y que para hechos relacionados con conseguir medios para obtener la sustancia adictógena su imputabilidad puede verse levemente disminuida. En el informe recoge que presenta numerosas señales antiguas de punciones venosas en ambos antebrazos; que refiere hepatitis C y anticuerpos anti VIH positivos con estadiaje B3; que toma antirretrovirales y sigue controles periódicos en Unidad de infecciosos del Hospital Central de Oviedo; y que su exploración psicopatológica revela un toxicómano de evolución que sigue un programa con terapia sustitutiva a la heroína, con metadona y con enfermedades infecciosas crónicas derivadas del consumo de drogas por vía parenteral. Señala asimismo que su inteligencia es normal y su estado aceptable a tenor del padecimiento de hepatitis C y ser portador de anticuerpos anti VIH.

En el hecho probado no se recogen datos fácticos respecto de esta cuestión. Pero por lo que diremos seguidamente, el contenido de ambos informes valorado conjuntamente resulta relevante a efecto de determinar la influencia que el consumo prolongado de drogas, muy especialmente de heroína, ha podido producir en la capacidad de culpabilidad del recurrente, por lo que deberán ser incorporados al relato fáctico.

La doctrina de esta Sala en la materia ha establecido que la aplicación de la eximente completa del artículo 20.1ª será posible cuando se haya acreditado que el sujeto padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión, lo cual puede tener lugar en ocasiones, y ello deberá ser acreditado debidamente, a causa del consumo prolongado e intenso de sustancias que pueden producir graves efectos en el psiquismo del agente, como ocurre con la heroína. Por otro lado, en el artículo 20.2ª se contemplan los supuestos en los que esos efectos anulatorios de las funciones cognoscitivas y volitivas del sujeto se producen en el momento del hecho como consecuencia de una intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, o bien por encontrarse bajo un síndrome de abstinencia severo a causa de su dependencia de tales sustancias.

Cuando los efectos de la anomalía, de la intoxicación o del síndrome de abstinencia, aun siendo profundos, no sean totales, será de aplicación la eximente incompleta del artículo 21.1ª, y en este sentido esta Sala ha admitido que la adición, cuando es prolongada en el tiempo e intensa, o reciente pero muy intensa, a sustancias que causan graves efectos, provoca una disminución profunda de la capacidad del sujeto, aun cuando generalmente no la anule. La Sentencia de esta Sala 26 de marzo de 1997 aprecia la concurrencia de una eximente incompleta en una situación de larga dependencia de drogas acompañada de fenómenos patológicos somáticos que suelen ir unidos a tales formas de dependencia (hepatitis, SIDA), que producen una considerable modificación de la personalidad que, orientada a la consecución de medios para proveerse la droga, sumada a la seria disminución de la capacidad para lograrlos mediante un trabajo normalmente remunerado, afecta de una manera especial la capacidad de comportarse de acuerdo con la comprensión de la ilicitud.

Esta afectación profunda podrá apreciarse también cuando la drogodependencia grave se asocia a otras causas deficitarias del psiquismo del agente, como pueden ser leves oligofrenias, psicopatías y trastornos de la personalidad, o bien cuando se constata que en el acto enjuiciado incide una situación próxima al síndrome de abstinencia, momento en el que la compulsión hacia los actos destinados a la consecución de la droga se hace más intensa, disminuyendo profundamente la capacidad del agente para determinar su voluntad (STS de 31 de marzo de 1997), aunque en estos últimos casos solo deberá apreciarse en relación con aquellos delitos relacionados con la obtención de medios orientados a la adquisición de drogas.

Finalmente, en los casos en los que concurra una grave adicción a esas sustancias y además se acredite que ésta sea la causa del delito enjuiciado, nos encontraremos ante la atenuante prevista en el artículo 21.2ª del Código Penal.

La aplicación de esta doctrina lleva a la estimación del motivo. El recurrente es un consumidor de heroína de larga evolución a lo que une padecimientos somáticos como Hepatitis C y SIDA, lo que ha de apreciarse que, en conjunto, disminuye seriamente su capacidad para comprender la ilicitud del hecho y, muy especialmente, para acomodar su conducta a esa comprensión cuando se trata de actos relacionados con la obtención de drogas para su consumo, como ocurre con las ventas de pequeñas cantidades que le permitan sufragar los gastos de su adición. Por lo tanto, debe apreciarse la concurrencia de una eximente incompleta y reducir la pena tipo en un grado, al no concurrir otras circunstancias que justifiquen una reducción mayor. Ello sin perjuicio de que, en ejecución de sentencia, el Tribunal de instancia, previos los informes que estime convenientes, considere procedente la imposición de alguna medida de seguridad con observancia de las previsiones contenidas en los artículos 95 y siguientes del Código Penal.

Por lo tanto, el motivo se estima.