Sentencia Penal Nº 154/2011, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 5, Rec 56/2011 de 18 de Mayo de 2011

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  • Núm. Cendoj: 30016370052011100342
Resumen:
DELITO SIN ESPECIFICAR

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

CARTAGENA

SENTENCIA: 00154 /2011

SENTENCIA Nº 154

En la ciudad de Cartagena, a dieciocho de Mayo de dos mil once.

El Iltmo. Sr. Don José Manuel Nicolás Manzanares, Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Quinta de Cartagena, ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones de orden penal, Rollo número 56/2011, dimanante del Juicio de Faltas número 750/2007, tramitado en el Juzgado de Instrucción Número Tres de San Javier por la falta de imprudencia, en el que han sido partes Flor , Claudio y la compañía de seguros GROUPAMA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Flor contra la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2010 , dictada en el referido Juicio de Faltas.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción Número Tres de San Javier, con fecha 27 de septiembre de 2010, dictó sentencia en los autos de que este Rollo dimana declarando probados los siguientes hechos: "El 12 de agosto de 2007, sobre las diez horas de la mañana circulaba doña Flor en el ciclomotor propiedad de su madre doña Ramona marca Suzuki matrícula X .... XVV por la calle Cánovas del Castillo de la localidad de Santiago de la Ribera, San Javier, Murcia, cuando llegar al cruce con la calle san Ginés, el conductor del vehículo marca Peugeot modelo 205 matrícula SI-....-US y asegurado en la mercantil Groupama, don Claudio no respetó una señal de Ceda el Paso de regía al cruce, procediéndose una colisión con el vehículo ciclomootor.

De resultas del accidente doña Flor sufrió una serie de lesiones que requirieron para su sanidad 486 días de curación, 13 de los cuales fueron de hospitalización, 28 no impeditivos y el resto impeditivos para realizar sus tareas habituales quedándole como secuela un material de osteosíntesis, una gonolgia, una dismetría del miembro inferior, una limitación de la flexión de la rodilla y un perjuicio estético ligero valorados en 10, 1, 3, 5 y 5 por el médico forense y produciéndose una incapacidad permanente parcial para el desarrollo de sus actividades habituales.

Asimismo, para atender los gastos médicos tuvo que desembolsar las cantidades de 193,15 euros en concepto de gastos de farmacia y ortopedia y 660 € en concepto de taxi.

Doña Flor trabajaba a la fecha del accidente".

CUARTO.- Contra la anterior sentencia, en tiempo y forma, se interpuso, para ante esta Audiencia Provincial, Sección Quinta, RECURSO DE APELACION por Doña Flor , admitido en ambos efectos, y en el que expuso por escrito y dentro del plazo que al efecto le fue conferido, la argumentación que le sirve de sustento, dándose seguidamente a la causa, por el Juzgado de primer grado, el trámite dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con traslado del escrito de Recurso a las demás partes personadas para alegaciones y plazo común de diez días, remitiéndose seguidamente los autos a este Tribunal, formándose el correspondiente rollo y designándose Magistrado por turno a fin de conocer de dicho recurso, que ha quedado para sentencia sin celebración de vista.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Hechos

UNICO.- Se aceptan los hechos declarados probados por la sentencia apelada, debiendo tenerse por reproducidos, pero sustituyen la referencia a "incapacidad permanente parcial" por la de incapacidad permanente total.

Fundamentos

PRIMERO.- La impugnación objeto del recurso de apelación se centra en el pronunciamiento indemnizatorio, y en concreto en lo que se refiere a la incapacidad permanente, pues, mientras que la resolución apelada considera que es parcial en el recurso se sostiene que es total; la cantidad concedida por gastos de taxi, impugnándose en el recurso la reducción en un 33 % que respecto a los reclamados aplica la resolución apelada; y los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro , considerándose en el recurso que, en contra de lo que resuelve dicha resolución, han de operar sobre el importe total de la condena y desde la fecha del accidente.

SEGUNDO.- En orden a la resolución de la primera cuestión se ha de recordar que, como en otras ocasiones ya ha dicho este tribunal, la incapacidad permanente de que se habla no responde a los criterios de la jurisprudencia social sobre incapacidad, ya que el punto de partida es distinto: estamos ante un concepto civil, que sirve a la responsabilidad civil como instituto estrictamente civil y no de un concepto laboral, que es más restringido. Para poder apreciar una incapacidad permanente la parte que la alega debe probar tanto que existen las secuelas, como que, además, limitan la capacidad de la persona afectada y el alcance de la limitación; y no sólo eso, sino que tiene que probarse que su alcance tiene el grado de permanente y, sobre todo, que tiene un contenido limitativo de la actividad habitual (no necesariamente ocupación laboral, al ser aquél un concepto más amplio que éste), con determinación del grado de limitación, o inhabilitante para la realización de cualquier ocupación o actividad. La resolución administrativa reconociendo algún tipo de incapacidad en modo alguno puede ser vinculante para el órgano judicial, aunque sí constituya un referente valorativo en cuanto a la convicción que se pueda alcanzar sobre la presencia del menoscabo y su alcance.

Dicho lo anterior, es la propia resolución apelada la que está declarando probado que a la ahora apelante le quedaron secuelas consistentes, además de otras, en material de osteosíntesis, una dismetría del miembro inferior y una limitación de la flexión de la rodilla; secuelas que, como la misma resolución apelada viene a reconocer en sus fundamentos jurídicos, impiden la realización de actividades que requieran un estado prolongado de bipedestación. Y he aquí que la profesión de la apelante era la de camarera-limpiadora, cuyo desarrollo, obviamente, conlleva esos prolongados estados de bipedestación; a lo que incluso se suma el hecho, también reconocido en esos fundamentos jurídicos, de que Flor jugaba al fútbol. Operando la incapacidad permanente total cuando las secuelas impiden totalmente la realización de las tareas de la ocupación o actividad habitual del lesionado, sin llegar a la incapacidad permanente absoluta, pues ésta viene determinada por la existencia de secuelas que inhabilitan al lesionado para la realización de cualquier ocupación o actividad, con aquellas secuelas yerra el Juzgador "a quo" al reconocer a Flor únicamente una "incapacidad permanente parcial para el desarrollo de sus actividades habituales" y no la permanente total. Tanto es así que los mismos razonamientos por los que descarta ésta y se reconoce aquélla resultan incongruentes o contradictorios con la conclusión, pues si con algo resultan acordes es con la incapacidad permanente total. En este sentido dice el Juez de instancia en su sentencia que el informe forense le "ha merecido gran credibilidad por su alto grado de preparación y experiencia y por su incuestionable imparcialidad", y que "Tras las rectificaciones operadas asumo íntegramente sus conclusiones"; y resulta que, en la sesión del juicio celebrada el día 11 de marzo de 2010, el forense dejó claro su parecer de que la denunciante, Flor , tiene una incapacidad permanente total para su profesión habitual; a todo lo cual se suman otras consideraciones de la sentencia apelada que avalan la existencia de una incapacidad permanente total, tales como que las referidas secuelas "aunque efectivamente suponen dificultad para el desempeño de algunas de las tareas cotidianas no impide a la misma la realización de otro tipo de tareas profesionales e incluso de ocio, que no requieran un estado prolongado de bipedestación -por tanto, como se ha apuntado, sí impide tareas que requieran este estado-; que "la incidencia -de las secuelas- para el normal desarrollo de su vida sea nada menos que para poder permanecer en pie un determinado tiempo"; y que "ello le supone un importante grado de afectación para el normal desarrollo de una vida cotidiana, pues no sólo cierra una amplia posibilidad de ocio que de hecho practicaba hasta la fecha, pues jugaba al fútbol, sino que también cierra numerosas puertas profesionales a la misma".

En cuanto a la indemnización que, como factor de corrección, corresponde por esa incapacidad permanente total, teniendo en cuenta las características y el alcance acreditado de la limitación, en los términos ya apuntados, y la edad de la perjudicada, 20 años en la fecha del accidente (téngase en cuenta que la Tabla III del baremo contempla cinco tramos o grupos de edad del lesionado inversamente proporcionales a esa edad), procede, frente a la casi máxima interesada por la recurrente, fijarla en 50.000 euros.

TERCERO.- En cuanto a los gastos de taxis, asiste la razón a la recurrente y, por tanto, el motivo del recurso ha de prosperar. Efectivamente, con relación a los gastos de taxis, dice la sentencia apelada que "puesto que no se puede fijar exactamente la fecha en que los desplazamientos tuvieron lugar, habida cuenta la factura presentada, y partiendo de que efectivamente puede considerarse su utilización como imprescindible durante los primeros meses, parece desproporcionado apreciar sin embargo su necesidad durante todo el periodo de recuperación, debiendo, en consecuencia moderarse en un 33 %"; y este razonamiento no puede ser compartido. Flor sufrió graves lesiones en una pierna por las que precisó tratamiento quirúrgico, médico y rehabilitador; alcanzó la estabilización lesional a los 486 días y le quedaron importantes secuelas, por lo que ese "parece desproporcionado" no resulta justificado, más aún si se tiene en cuenta que las facturas de los gastos de taxi no fueron impugnadas y, más que ello, que, ocurrido el accidente el día 12 de agosto de 2007, además de la primera intervención quirúrgica, el día 26 de junio de 2008 fue nuevamente intervenida; el 29 de julio deambulaba con muletas, no siendo retiradas estas hasta el día 1 de septiembre; prácticamente hasta el alta, tuvo que someterse a tratamiento rehabilitador y a revisiones médicas periódicas; y las facturas son por servicios de taxi prestados con anterioridad al 1 de septiembre de 2008. En definitiva, la ahora apelante tiene derecho a ser indemnizada por la totalidad del controvertido gasto, que asciende la cantidad de 660 euros.

CUARTO.- También el recurso ha de prosperar en lo relativo a los intereses del artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro . La sentencia apelada, amparándose en las previsiones del apartado 8 de dicho artículo, impone esos intereses sólo respecto de "las secuelas y días de curación que fueron recogidos por el primero de los informes forenses", considerando que "las modificaciones que posteriormente efectuó el mismo suponen una circunstancia que hace que concurran dudas justificadas sobre el alcance de las lesiones y secuelas, de tal manera que no debe recaer sanción civil alguna a la compañía de seguros por no haber abonado ninguna cantidad correspondiente a estos conceptos hasta la fecha de la propia sentencia..."; y tampoco esta argumentación puede ser compartida, habida cuenta que la responsabilidad del accidente estaba clara y que, como consecuencia del mismo, Flor sufrió graves lesiones; y esa misma Sección, para supuestos similares, ha considerado que la negativa a asumir la responsabilidad del siniestro en modo alguno se puede entender como una causa justificada a los efectos del artículo 20.8 LCS para evitar la mora de la aseguradora si luego se declara dicha responsabilidad en el correspondiente proceso, pues precisamente en esta condena determina la inexistencia de causa justificativa de la negativa al pago de la indemnización en el plazo de tres meses desde el siniestro; y que, por otro lado, resulta claro que la discusión sobre el importe indemnizatorio procedente tampoco puede entenderse como tal causa justificada, sobre todo si se tiene en cuenta que la aseguradora siempre podría pagar o consignar la cantidad que ella considerara la procedente. O, en otras palabras, la aseguradora, por dedicarse profesionalmente al ramo de aseguramiento de esta clase de responsabilidad, debía conocer el significado de la que se le exigía y, consciente de ese deber, debió indemnizar en tiempo oportuno o proceder conforme a lo previsto en el artículo 9 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, para evitar la imposición de los intereses por mora, lo que no hizo. Por supuesto, una vez que incurrió en mora, el cómputo de los intereses ha de hacerse en todo caso desde la fecha del siniestro, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6 de dicho artículo 20 .

QUINTO.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 239 y 240-1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey

Fallo

Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por Doña Flor contra la sentencia de fecha 27 de septiembre de 2010, dictada por el Juzgado de Instrucción número Tres de San Javier , en los autos de Juicio de Faltas seguidos en dicho Juzgado con el número 750 del año 2007, debo REVOCAR Y REVOCO en parte la misma, únicamente en el sentido de fijar en la cantidad de 110.899,12 euros la indemnización que por todos los conceptos corresponde a la Sra. Flor y de imponer a la compañía aseguradora GROUPAMA los intereses del artículo 20.4 de la Ley de Contrato de Seguro sobre dicha cantidad y desde la fecha del accidente, CONFIRMANDO el resto de los pronunciamientos que no se opongan a éste, y declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.

Notifíquese esta sentencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 248.4º de la Ley Orgánica del Poder Judicial , haciéndose saber que contra la misma no cabe recurso alguno, y, con certificación de la presente para su ejecución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

Responsabilidad
Factor de corrección
Pago de la indemnización