Sentencia Penal Nº 159/2013, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7, Rec 146/2013 de 31 de Mayo de 2013

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN SÉPTIMA

ROLLO Nº 146/2013-RJ-

Procedimiento de Origen:JUICIO DE FALTAS Nº 675/2012

Órgano de Procedencia:JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 11 DE MADRID

SENTENCIA Nº 159/2013

AUDIENCIA PROVINCIAL

Ilma. Sra. Magistrada de la Sección Séptima

Doña Ángela Acevedo Frías

En Madrid a treinta y uno de mayo de dos mil trece.

La Ilma. Sra. Magistrada de la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial Doña Ángela Acevedo Frías, actuando como Tribunal unipersonal de acuerdo con lo previsto en el artículo 82-2º párrafo 2º de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial , ha visto en segunda instancia el presente juicio de faltas seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dña Raquel Vilas Pérez en nombre y representación de María Purificación , contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez del expresado Juzgado, habiendo sido partes en el presente recurso la y el apelante y el apelado Urbano , actuando por medio de su representación procesal.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado antes citado en el juicio de faltas a que este rollo se refiere se dictó sentencia con fecha seis de marzo de 2013 en la que se establecen como hechos probados que: '(...) el 31 de marzo de 2011 el denunciado Urbano entregó, como Presidente de la Mancomunidad de Propietarios ' DIRECCION000 ', y en la Junta General Ordinaria de Propietarios de la ' DIRECCION000 ' (Mancomunidad de Propietarios) de la CALLE000 de Madrid 28047, un documento al secretario-administrador sobre cuestiones comunitarias, sin que haya quedado acreditado que fuera el denunciado el autor de dicho texto. En éste se decía que Pura 'ejerce un acoso laboral sobre los jardineros...' y 'acomete sobre los jardineros a través del habitáculo del 229...''

El fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida es del tenor literal siguiente: 'Que debo absolver y absuelvo a Urbano de la falta por la que fue enjuiciado, declarando de oficio las costas procesales.'

SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia Provincial por la representación procesal de Pura ; al dar traslado del mismo al resto de las partes personadas, se opuso al mismo Urbano , por medio de su presentación procesal. Repartidas las actuaciones a esta Sección se formó el rollo correspondiente con el nº 146/2013; señalándose día para la resolución del recurso.

SE ACEPTANíntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.-La representación de Dª Pura , formula recurso de apelación contra la sentencia de fecha 6 de marzo de 2013 que absuelve a D. Urbano de la falta imputada interesando la revocación de la misma y la condena del denunciado por mantener que el Juzgador no se ha pronunciado sobre la petición subsidiaria de que fuera condenado como cooperador necesario al proceder, aunque no fuera el autor, a la lectura del escrito presentado, manteniendo que, ante la negativa del administrador a la lectura del escrito el denunciado insiste en que se lea, y que el denunciado conocía y compartía el texto entregado puesto que lo había leído previamente.

El T.C. en sentencias como la de 18 de mayo de 2008 ó la del Pleno de dicho Tribunal de 11 de marzo de 2008 ha reiterado la interpretación que viene manteniendo relativa a la valoración por el Tribunal ad quem de la prueba practicada por el Juez a quo cuando se trata de recursos de apelación de sentencias absolutorias, afirmando que 'el problema constitucional de la garantía de inmediación se ha planteado en nuestra doctrina jurisdiccional como un 'límite' para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 2 ; 192/2004, de 2 de noviembre , FJ 2) derivado 'del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en particular del principio de inmediación que rige el proceso penal' ( STC 192/2004 , FJ 2). Así, la STC 167/2002 , perfilando tal límite, concluye que 'en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción' (FJ 1). La ratio de la decisión que adoptamos en nuestra STC 167/2002 de que 'ha resultado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías' es, por tanto, que la Audiencia Provincial había procedido 'a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción' (FJ 11). A la misma conclusión y por la misma razón se llega en numerosas Sentencias posteriores: 'la revocación en segunda instancia de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4 ; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 2 ; 200/2002, de 28 de octubre, FJ 6 ; 212/2002, de 11 de noviembre, FJ 3 ; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8 ; 41/2003, de 27 de febrero, FJ 5 ; 68/2003, de 9 de abril, FJ 3 ; 118/2003, de 16 de junio, FJ 4 ; 189/2003, de 27 de octubre, FJ 4 ; 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 3 ; 4/2004, de 16 de enero, FJ 5 ; 10/2004, de 9 de febrero, FJ 7 ; 12/2004, de 9 de febrero, FJ 4 ; 28/2004, de 4 de marzo, FJ 6 ; 40/2004, de 22 de marzo, FJ 5 ; y 50/2004, de 30 de marzo , FJ 2, entre otras)' ( STC 31/2005, de 14 de febrero , FJ 2).

Así, 'la Constitución veda ex art. 24.2 que un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena sobre su propia apreciación de lo sucedido a partir de su valoración de testimonios a los que no ha asistido; esto es: sin inmediación en pruebas cuya valoración requiere la garantía de inmediación' ( STC 112/2005, de 9 de mayo , FJ 9); así, 'forma parte del derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen -sólo por el órgano judicial que asiste al testimonio- y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Esta exigencia de inmediación de la práctica de este tipo de pruebas respecto al órgano judicial que las valora perdería su finalidad de garantía de la defensa efectiva de las partes y de la corrección de la valoración si una instancia superior pudiera proceder a una nueva consideración de los testimonios vertidos en el juicio a partir de la fundamentación de la Sentencia recurrida o de la sola constancia documental que facilita el acta del mismo' ( SSTC 105/2005, de 9 de mayo, FJ 1 ; 111/2005, de 9 de mayo, FJ 1 ; 112/2005, FJ 2 ; 185/2005, de 4 de julio , FJ 2).

En consecuencia, y pese a las manifestaciones de la recurrente este Tribunal unipersonal no puede sustituir la valoración de la prueba que realiza la Juzgadora respecto a la declaración de las partes y de los testigos, y a partir de la cual llega a una conclusión absolutoria, todo ello salvo aquéllos supuestos en los que, a partir de la valoración de dicha prueba se llegue a conclusiones arbitrarias o irrazonables. Respecto al visionado de la grabación del acto del juicio oral como recuerda la reciente STC de 18 de mayo de 2009 el mismo no puede sustituir a la inmediación que supone el examen personal y directo de las personas que declaran, lo que implica la concurrencia temporo-espacial de quien declara y ante quien se declara, ya que la garantía constitucional estriba tanto en que quien juzga tenga ante sí a quien declara como en que el declarante pueda dirigirse a quien está llamado a valorar sus manifestaciones.

SEGUNDO.-Aplicando la anterior doctrina al supuesto analizado llegamos a la conclusión que la valoración de la prueba realizada por el juez a quo, está basada en los criterios del artículo 741 de la L.E.Crim ., que se trata de pruebas estrictamente personales, como la declaración de la denunciante, del denunciado y del testigo. Son pruebas que exigen por tanto la inmediación para su valoración, y teniendo en cuenta que las conclusiones a las que se llega en la sentencia recurrida tras dicha valoración no son arbitrarias o irrazonables, aunque sean discrepantes con las vertidas por el recurrente, puesto que el Juzgador considera que ni resulta probado de dichas declaraciones que el denunciado sea el autor de dicho escrito que, por otra parte entiende que trata de resolver sobre problemas de la comunidad de propietarios derivados de una supuesta conducta de la denunciante hacia los jardineros y su trabajo, procede la desestimación del recurso interpuesto y la íntegra confirmación de la sentencia recurrida, puesto que, además en base a lo expuesto no cabría considerar al denunciado ni como autor ni como cooperador necesario de una injuria que no se considera como tal.

TERCERO.-Se declaran de oficio las costas procesales de esta alzada a tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey

Fallo

Que desestimandoel recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª Pura contra la sentencia pronunciada en el Juicio de Faltas nº 675/12 por el Juzgado de Instrucción nº 11 de Madrid con fecha 6 de marzo de 2013 , debo declarar y declaro no haber lugar al mismo y, en su consecuencia, CONFIRMOla resolución apelada en todas sus partes declarando de oficio las costas de esta alzada

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas y devuélvanse las actuaciones al Juzgado a quo a los fines procedentes con certificación de esta resolución.

Contra la presente resolución, y en virtud de lo previsto en el artículo 981 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Dña Ángela Acevedo Frías, que la dictó estando celebrando audiencia pública de lo que certifico.