Sentencia Penal Nº 1641/2010, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27, Rec 454/2010 de 11 de Noviembre de 2010

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  • Núm. Sentencia: 1641/2010
  • Núm. Recurso: 454/2010
  • Núm. Cendoj: 28079370272010101435

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 27

MADRID

SENTENCIA: 01641/2010

Apelación RP 454/10

Juzgado Penal nº 2 de Alcalá de Henares

Procedimiento Abreviado nº 6/10

SENTENCIA Nº 1641/10

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

ILTMOS. SRES. DE LA SECCION VIGÉSIMO SÉPTIMA

Dña. Consuelo Romera Vaquero

Dña. Lourdes Casado López

D. Jesús de Jesús Sánchez (Ponente)

En Madrid, a once de noviembre de dos mil diez.

Vistos por esta Sección Vigésimo Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, en Audiencia pública y en grado de apelación, el juicio Oral nº 6/10 procedente del Juzgado de lo Penal nº 2 de Alcala de Henares y seguido por un delito AMENAZAS de siendo partes en esta alzada como apelante Jose Pedro y como apelado EL MINISTERIO FISCAL y Tomasa y Ponente el Magistrado Sr. D. Jesús de Jesús Sánchez.

Antecedentes

PRIMERO: Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó sentencia el 27 de enero de 2010 que contiene los siguientes Hechos Probados: " En fecha 13 de enero de 2010, Jose Pedro en el domicilio familiar sito en la CALLE000 nº NUM000 de Arganda del Rey, en el transcurso de una discusión con su mujer Tomasa , con clara intención de amedrentarla, le dijo que si se le ocurría ir a la Policía la iba a matar y que tuviera por seguro que lo haría".

En la parte dispositiva de la sentencia se establece: " CONDENO a Jose Pedro , como autor de un delito de AMENAZAS EN EL AMBITO FAMILIAR, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las penas de 9 meses DE PRISIÓN, INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA, PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS DURANTE DOS AÑOS Y PROHIBICIÓN DE ACERCARSE A MENOS DE DOSCIENTOS METROS A Tomasa , A SU PERSONA, LUGAR DE TRABAJO O CUALQUIER OTRO QUE ESTA FRECUENTE O COMUNICARSE CON ELLA DE CUALQUIER FORMA DURANTE TRES AÑOS, condenándole asimismo al pago de las costas procesales.

Se mantienen las medidas cautelares impuestas por auto de 14 de enero de 2010, dictadas en DU 11/2010, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arganda del Rey , durante la tramitación de los oportunos recursos contra la presente sentencia".

SEGUNDO: Notificada la sentencia, se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la procurador Dª. Gloria Galán Fenoll en nombre y representación procesal de D. Jose Pedro , que fue admitido en ambos efectos y del que se confirió traslado por diez días a las demás partes para que pudieran adherirse o impugnarlo.

TERCERO: Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, y se señaló para la deliberación y resolución del recurso el día 11 de noviembre de 2010 .

Hechos

Se aceptan los hechos probados contenidos en la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO: Formula recurso de la representación procesal de Jose Pedro contra la sentencia de fecha 27 de enero de 2010 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Alcalá de Henares .

Por parte del recurrente se invocan como motivos de recurso la concurrencia de vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia, y error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO: Seguidamente se resolverán de manera conjunta los motivos de recurso relativos a vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia y error en la valoración de la prueba. Llama la atención que se aleguen conjuntamente dichos motivos pues ambos resultan recíprocamente excluyentes. Es decir, la alegación de violación de la presunción de inocencia, supone la afirmación de que la condena del recurrente se ha producido en una situación de total ausencia de pruebas, mientras que la alegación de error en la valoración de la prueba, implica por el contrario admitir que en el plenario se han practicado pruebas con respeto a los principios básicos del proceso penal, discrepándose únicamente en la valoración o apreciación que de las mismas se ha efectuado por el Juzgador de instancia.

En cualquier caso, y en relación a la alegación relativa a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, las reglas básicas y consolidadas jurisprudencialmente por su reiteración, pueden resumirse de acuerdo con múltiples pronunciamientos de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, como las sentencias de 4 de octubre de 1999 y 26 de junio de 1998 , entre otras, en el sentido de que para poder apreciar en el proceso penal una vulneración del principio a la presunción de inocencia se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean objeto del proceso, o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se ha practicado en relación a tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada valoración del Tribunal de Instancia, a quien , por ministerio de la ley, corresponde con exclusividad dicha función (artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3 de la Constitución Española).

Y, en el presente supuesto, la Juzgadora de instancia ha contado con material probatorio suficiente para destruir tal presunción, puesto que se practicó en el plenario la declaración testifical de la perjudicada, Tomasa , la cual prestó una declaración evidentemente incriminatoria frente al acusado, al señalar que el día de los hechos, cuando se encontraban en el domicilio de la pareja, el acusado le solicitó mantener relaciones sexuales, y que como quiera que ella no quiso, se inició una discusión, en el curso de la cual el acusado le persiguió por la casa al tiempo que le decía que como le denunciara la iba a matar. Igualmente, debe destacarse que se ha practicado en el plenario la declaración testifical de uno de los Agentes de la Guardia Civil que se desplazaron al domicilio de la pareja al ser llamados por la víctima. Dicho Agente explicó que encontraron a la señora muy asustada, nerviosa y llorosa, y que les contó que había sido amenazada de muerte por su pareja, reconociendo el acusado que habían tenido una discusión fuerte.

Por tanto, y partiendo de que la vulneración del derecho a la presunción de inocencia sanciona el caso de una condena que se haya dictado en total ausencia de pruebas incriminatorias, o que bajo ningún concepto puedan ser tenidas como de cargo, entiende este Tribunal que no puede aceptarse este motivo de recurso, pues sin duda se practicaron pruebas aptas para destruir la presunción de inocencia del recurrente, sin perjuicio del examen de su valoración que a continuación se efectuará.

TERCERO: De otro lado, y en cuanto a la alegación de concurrencia de error en la apreciación de la prueba, señalaremos que la construcción del recurso de apelación penal como una oportunidad de revisión plena sitúa al órgano judicial revisor en la misma posición en que se encontró el que decidió en primera instancia el valor material probatorio disponible para la fijación de los hechos que se declaran probados y para el tratamiento jurídico del caso.

Sin embargo, cuando la prueba tiene carácter personal, como ocurre en el caso de los testigos, importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad.

El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada, la síntesis forzosamente incompleta contenida en el acta del juicio. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

La existencia de la grabación del juicio oral ha permitido en este caso al Tribunal, a través de su visionado, conocer la integridad de lo declarado por el acusado y los testigos, lo que, sin duda supone una diferencia importante respecto tradicional sistema del acta del juicio extendido por el Secretario judicial, para el control de la interpretación de las pruebas personales efectuadas por el Juez a quo, pues permitirá al tribunal de apelación percibir, de forma directa, lo que dijeron los declarantes, el contexto y hasta el modo en cómo lo dijeron.

Pero no se puede equiparar la inmediación de las fuentes de prueba por parte del Juez en régimen de contradicción con la mera visualización y audición de las mismas, al no concurrir la percepción directa por este Tribunal de tales declaraciones, mediatizadas por la grabación, y limitadas a la calidad informativa de los datos verbalizados, y, lo que es más importante, carecer de la posibilidad de tomar parte activa en las mismas, esencial para despejar dudas, o aclarar cuestiones que puedan interesar a la adecuada resolución del recurso, y no hayan sido introducidas en el plenario. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo núm. 2198/2002 (Sala de lo Penal), de 23 diciembre (RJ 2003413) establece que la inmediación debe ser entendida esta no sólo como un «estar» presenciando la prueba, sino como aceptar, entender, percibir, asimilar y formar opinión en conducta de todos, sus reacciones, gestos a través de su narrar.

En el presente caso, los argumentos de la parte apelante para cuestionar la valoración de la prueba producida en la instancia se centran en el hecho de que a su juicio no existen testigos directos de lo sucedido, y en que lo declarado por la perjudicada está presidido por un ánimo espurio, consistente en conseguir que su pareja salga del domicilio conyugal de cara al proceso civil de divorcio. Al respecto diremos en primer lugar que no es cierto que no existan testigos directos, pues no en vano consta la declaración de la perjudicada, Tomasa , la cual es evidentemente testigo directo de los hechos. Al respecto, conocida es la constante doctrina jurisprudencial que acoge que la mera declaración del testigo perjudicado puede servir a los efectos de conformar prueba de cargo en el caso de delitos que se cometen en ausencia de otros testigos, pues lo contrario llevaría a consagrar la impunidad de determinados hechos delictivos por el mero hecho de que no haya más personas presentes. No obstante, también es cierto que tal doctrina jurisprudencial establece que no debe admitirse sin más acríticamente la versión de los hechos ofrecida por el perjudicado, sino que debe hacerse una valoración crítica de la misma en la sentencia, citándose como criterios a tener en cuenta al efecto los siguientes:

1º Ausencia de incredibilidad subjetiva; esto es, inexistencia de relaciones procesado/víctima o denunciante, que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad o de otra índole que privase al testimonio de la aptitud necesaria para generar ese estado subjetivo de certidumbre en la que la convicción judicial descansa esencialmente. En este sentido no puede considerarse que existe tal resentimiento o enemistad cuando estos sentimientos deriven o tengan su origen precisamente en el ataque que contra su patrimonio o su persona haya podido sufrir la víctima de manos del acusado, y no de situaciones anteriores, en la medida que no resulta exigible de nadie que mantenga relaciones de indiferencia, y menos aún cordiales, respecto de la persona o personas que le han perjudicado, y contra las que, precisamente por tales hechos, ha presentado la denuncia iniciadora del procedimiento penal.

2º Verosimilitud del testimonio, que no es propiamente tal, en cuanto la víctima puede mostrarse parte en el procedimiento (arts. 109 y 110 LECrim [LEG 188216 ]), este testimonio ha de estar rodeado de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que lo doten de aptitud probatoria, especialmente cuando tal corroboración es posible dadas las características del hecho concretamente denunciado. En definitiva, lo fundamental es la constatación de la real existencia de un hecho.

3º Persistencia en la incriminación. Esta ha de ser prolongada en el tiempo, plural, sin ambigüedades ni contradicciones, lo que puede ser compatible con que el relato no haya sido siempre y en todo momento idéntico milimétricamente, ya que es normal que existan modificaciones y alteraciones: lo relevante es que el núcleo central sea mantenido.

No se trata de requisitos o exigencias legales, de modo que su concurrencia conjunta sea necesaria para que el Juzgado o Tribunal que preside la prueba y dicta sentencia con inmediación pueda conceder su crédito a las manifestaciones de la víctima, sino de elementos a tener en cuenta para argumentar sobre ellos en el caso concreto, de modo que quien lo examine pudiera considerar razonable la conclusión positiva que respecto de la prueba se hubiera adoptado. En el presente caso, como bien razona la Juez a quo, la declaración de la perjudicada ha sido sostenida en el tiempo, y no ha variado los términos de los hechos en ninguna de las declaraciones que ha prestado. De igual modo, debe de tenerse en cuanta que la misma ha ofrecido todos los detalles que podía ofrecer en relación a los hechos, como son el contexto en el que se produjeron las amenazas, el motivo por el cual se inicia la discusión, y lo que hizo a continuación. Es relevante que la misma alertó inmediatamente a la Guardia Civil, personándose una patrulla en el domicilio, no pareciendo pues que la denuncia obedezca, como sostiene la parte recurrente, a un ánimo de lograr ventajas de cara a un ulterior proceso civil, pues en tal caso, no se entendería la inmediatez y espontaneidad en la denuncia de los hechos. De otro lado, y en esta misma línea, no parece que la situación personal de la perjudicada se ala que cabría esperar en una persona que actúe movida por un mero interés económico, pues no en vano, percibe ingresos muy superiores a los del acusado, de en torno a 2.100 euros al mes. Finalmente, el testimonio prestado por el Agente de la Guardia civil, viene a corroborar que la situación que se encontró el mismo al llegar al domicilio no parece compadecerse con una situación fingida, inventada o simulada con otro tipo de propósitos.

En último término, debe decirse al recurrente que la pena establecida en sentencia no es ni más ni menos que la prevista por el Legislador, de suerte que el Juzgador queda absolutamente vinculado por su mandato en atención al principio de legalidad, siendo incluso remarcable que la pena impuesta es la mínima que prevé el Código Penal para un hecho como el declarado probado.

Así las cosas, la valoración efectuada por el Magistrado Juez de lo Penal, que, aprovechando todas las ventajas que ofrece la inmediación, es quien puede apreciar la consistencia, fiabilidad y autenticidad de las distintas pruebas personales ante el practicadas, debe ser respetada por este Tribunal, que no aprecia en tales valoraciones elementos que demuestren error alguno.

CUARTO: En cuanto a costas procesales y por aplicación de lo prevenido en el artículo 240 de la Lecrim., y al no apreciarse mala fe ni temeridad en la parte recurrente, procede declarar de oficio las costas de la presente alzada.

Vistos los citados preceptos y demás de general y pertinente aplicación, la Sala alcanza el siguiente,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Jose Pedro , confirmando la sentencia dictada en fecha 27 de enero de 2010 por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Alcalá de Henares ; todo ello, declarando de oficio las costas procesales de la presente alzada.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de la Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

-PUBLICACIÓN.- En Madrid a

Leída y publicada fue la anterior Sentencia, por los Ilmos. Sres. Magistrados que la dictó, estando celebrando Audiencia Pública, de lo que yo la Secretaria, doy fe.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.

Presunción de inocencia
Error en la valoración de la prueba
Declaración del testigo
Prueba de cargo
Representación procesal
Violación
Grabación
Objeto del proceso
Valoración de la prueba
Sentencia de condena
Ope legis
Violación constitucional
Práctica de la prueba
Hecho delictivo
Amenazas
Mala fe
Principio de legalidad
Temeridad