Sentencia Penal Nº 171/2019, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 1, Rec 443/2019 de 21 de Mayo de 2019

Encabezamiento

?
SECCIÓN PRIMERA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
C/ Málaga nº2 (Torre 3 - Planta 3ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 42 99 30
Fax: 928 42 97 76
Email: s01audprov.lpa@justiciaencanarias.org
Rollo: Apelación Juicio inmediato sobre delitos leves
Nº Rollo: 0000443/2019
NIG: 3501643220190008219
Resolución:Sentencia 000171/2019
Proc. origen: Juicio inmediato sobre delitos leves Nº proc. origen: 0001647/2019-00
Jdo. origen: Juzgado de Instrucción Nº 7 de Las Palmas de Gran Canaria
Denunciante: Ramón
Apelante: Rogelio ; Abogado: Claudio Pulido Robaina
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de Mayo de 2019
Vistos por el Ilmo. Sr. D. Pedro Joaquín Herrera Puentes, Magistrado de la Audiencia Provincial de
Las Palmas, adscrito al orden penal (Sección Primera), actuando como órgano unipersonal y en grado de
apelación, los autos de Juicio por delito leve más arriba referenciado, sobre amenazas entre partes y como
apelante Don Rogelio , (denunciado), quien actúa asistido por el Abogado Don Claudio Pulido Robaina; y
como apelados Don Ramón y el Ministerio Fiscal..

Antecedentes

PRIMERO: Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada y, entre ellos, la DECLARACIÓN DE HECHOS PROBADOS, que se da aquí por reproducida y que a continuación se transcribe: ÚNICO. - En fecha 04 de abril de 2019, sobre las 14:00 horas, Rogelio quien convive con su padre Ramón en el domicilio de este sito en CALLE000 número NUM000 - NUM001 NUM002 de esta Ciudad, tras ingerir abundante alcohol, se dirigió a su progenitor en los siguientes términos 'voy a matar a mi hermana y a apuñalar a su marido; voy a quemar la casa y a destrozarla' procediendo después a romper el mobiliario de la vivienda así como arrojar el teléfono contra el suelo, rompiendo el mismo en varios pedazos.

El perjudicado no reclama por los daños causados.



SEGUNDO: Por el Juzgado de Instrucción se dictó sentencia en los referidos autos con fecha 5 de Abril de 2019, con el siguiente fallo: Debo condenar y condeno a Rogelio como autor responsable de un delito leve de amenazas del artículo 171.7 del Código Penal , a la pena de multa de un mes con una cuota diaria de 6 euros si el condenado no satisficiere, voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta, quedará sujeto a una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas, que, tratándose de delitos leves, podrá cumplirse mediante localización permanente y, costas.

Prohíbo a Rogelio aproximarse a menos de 100 metros de su padre Ramón así como de su domicilio sito en CALLE000 número NUM000 - NUM001 NUM002 de esta Capital y cualquier lugar frecuentado por este y comunicarse de cualquier modo y manera con el mismo durante un tiempo de SEIS MESES.



TERCERO: Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación, con las alegaciones que constan en el escrito presentado, sin proponer nuevas pruebas y, dado traslado a las demás partes, el Ministerio fiscal presentó escrito de impugnación.

Seguidamente, sin que se considerara necesario la práctica de prueba en esta alzada, ni la celebración de vista, quedaron las actuaciones pendientes de resolución.



CUARTO: En la tramitación de esta alzada se han observado todas las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La STS de 31 de marzo de 2006 señala que 'la relevancia del juicio oral reside en la posibilidad que tiene el Juez de percibir directamente las pruebas que se desarrollan, que en el caso de la prueba testifical adquiere una mayor importancia, al poder discernir las condiciones del testigo, el origen de su conocimiento, su capacidad de comprensión de la realidad, lo que en definitiva, se resume en la fuerza de convicción de sus testimonios. El Juez 'a quo' analiza los testimonios de cargo y le lleva a la convicción establecida en el relato de hechos. Como decía la STS de 31-10-2000 , en el proceso penal, el testigo se limita a participar al Tribunal unos hechos desprovistos de cualquier valoración que puede realizar y su testimonio será eficaz o no para el enjuiciamiento y meditación de los hechos en función de lo que haya visto y presenciado y lo comunique al Tribunal de enjuiciamiento que lo valorará teniendo en cuenta la capacidad de percepción y convicción del testigo'.

Igualmente, es de tener presente el contenido de la STS, Sala 2ª, de 24 de Febrero del año 2009, (número 139/2009 ), en cuyo fundamento tercero se recoge lo que sigue: . el derecho a la presunción de inocencia se configura. como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que como declara la STC 189/98, de 28 de Septiembre , 'solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de aquella valoración, o finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce a la prueba del hecho probado'. Así pues, y como bien resume la STS, Sala 2ª, de 25 de Noviembre de 2.008, (número 745/2008 ), cuando se alega vulneración del derecho a la presunción de inocencia la labor del órgano ad quem queda delimitada por tres aspectos: 1º.- La comprobación si el juez de instancia contó con suficiente prueba de cargo, aunque fuese mínima, para dictar el pronunciamiento condenatorio recurrido. Ello integra la afirmación de que la carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal corresponde en exclusiva a la parte acusadora, sin que le sea exigible a la defensa una probatio diabólica de los hechos negativos. 2º.- La comprobación de que tales pruebas se han obtenido sin violar los derechos fundamentales, lo que las haría invalidas a efectos probatorios, debiendo estar incorporadas dichas pruebas con respeto a los principios de inmediación y contradicción, a salvo de lo previsto en la prueba preconstituida en los casos permitidos en la ley. 3º.- Constatación de racionalidad de las declaraciones y conclusiones alcanzadas por el Tribunal Sentenciador.

Por otro lado, debe recordarse que es pacífica la Jurisprudencia en el sentido de que, cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de la instancia, en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, siendo este juzgador y no el de alzada, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de las pruebas y de valorar correctamente su resultado. Por ello, para que el Tribunal de la segunda instancia pueda variar los hechos declarados en la primera, se precisa que, por quien se recurra, se acredite que así procede por concurrir alguno de los siguientes casos: -inexactitud o manifiesto error en la apreciación de la prueba.

-Que el relato fáctico sea oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo.

-O cuando haya sido desvirtuado por probanzas practicadas en segunda instancia.



SEGUNDO.- Lo expuesto cabe conectarlo con el motivo de apelación esgrimido el cual se sustenta en esencia en la insuficiencia de prueba de cargo que justifique un pronunciamiento condenatorio.

En el presente caso el Magistrado de instrucción explica con solvencia el proceso intelectivo que le condujo a construir los hechos probados y en consonancia con ellos dictar la sentencia condenatoria que nos ocupa. Da las razones que sirvieron de apoyatura a la decisión adoptada, quedando así de manifiesto que no se ha actuado con arbitrariedad. En su conjunto hace una global valoración de los elementos probatorios con los que cuenta, destacando al respecto la prueba testifical del denunciante, la cual es analizada de manera razonable y lógica, dando a entender el porqué le resulta creíble y convincente. Todo ello, evidencia la existencia de la necesaria motivación y de prueba de cargo lícita, válida y suficiente para trocar y desvirtuar la presunción de inocencia en certeza de culpabilidad contra la ahora apelante. Y así concreta cual ha sido la dinámica comisiva y el resultado que de la misma ha derivado, sin que los argumentos esgrimidos en el recurso desvirtúen tal conclusión. Ante lo cual nada que objetar a los claros y solventes fundamentos valorativos esgrimidos en la instancia y que sirven de base para el pronunciamiento condenatorio que nos ocupa, sin que quepa ahora ser sustituidos por los subjetivos que esgrime en su recurso el denunciado apelante.

En este concreto caso, queda está claro que el denunciad alterado y acalorado pierde las necesaria corrección y arremete verbalmente contra su padre, a quien conmina y atemoriza con meterle fuego a se casa.

Por tanto, al ser ese actuar conminatorio fruto de un puntual y concreto momento, cabe, como así hizo con acierto el juez a quo, incardinarlo dentro del delito leve de amenazas del art. 171.7 del C. Penal .

El comportamiento del denunciado es obviamente sancionable conforme a lo expuesto en la resolución recurrida y la pena impuesta es acorde con el delito cometido, siendo el actuar judicial conforme a lo previsto en el art. 66.2 del C. Penal y posibilidades legales que de su contenido derivan.



TERCERO.- Visto cuanto antecede, procede desestimar el recurso de apelación interpuesto, significando que las costas procesales de esta alzada, si las hubiere, se imponen a la parte apelante.

Vistos los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación, por la Autoridad que me confiere la Constitución Española,

Fallo

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de 5 de Abril de 2019 del Juzgado de Instrucción Número Siete de Las Palmas dictada en el Juicio por delito leve a que se contrae el presente Rollo, que confirmo en todos sus extremos. Las costas procesales de esta alzada se imponen a la parte apelante.

Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, lo pronuncio, mando y firmo.