Sentencia Penal Nº 172/2015, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 10874/2014 de 26 de Marzo de 2015

Encabezamiento

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiséis de Marzo de dos mil quince.

En el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, infracción de Ley y quebrantamiento de forma que ante Nos pende, interpuesto por la representación legal del condenado Laureano contra Sentencia de fecha 22 de Octubre de 2014 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección 2ª; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación, votación y Fallo, bajo la Presidencia del primero de los indicados y Ponencia de la EXCMA. SRA. DÑA. Ana Maria Ferrer Garcia; siendo parte el Ministerio Fiscal, y estando el recurrente Laureano representado por el Procurador de los Tribunales D. Pedro Antonio González Sánchez, defendido por la Letrada Dña. Mª. Ángeles Gullón Pérez.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca, abrió Diligencias Previas con el número 927/14, contra Laureano y, una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Sección 2ª) que, con fecha 22 de Octubre de 2014, dictó sentencia que contiene los siguientes HECHOS PROBADOS:

PRIMERO.- Con ocasión de los controles rutinarios de paquetes procedentes de terceros países efectuados por funcionarios de la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de Palma de Mallorca, el día cuatro de Abril de dos mil catorce se detectó la existencia de un paquete procedente de Brasil, cuyos datos identificativos eran: NUM000 en Brasil y NUM001 en España, cuyo destinatario era Valentín , C/ DIRECCION000 , NUM002 NUM003 , 07600 de El Arenal-Llucmajor (Islas Baleares) y cuyo remitente era Juan Manuel , DIRECCION001 , NUM004 de Sau Paulo, 01004-000, Brasil, con un peso de 3339 gramos. Ello despertó las sospechas de los citados funcionarios, ya que recientemente se había efectuado el intento de entrega vigilada de otro paquete en el mismo edificio, y en cuyo interior se habían encontrado sustancias estupefacientes.

Al ser examinado el citado envío por rayos X, se apreció en su interior la existencia de varios paquetes que parecían corresponder a sustancias estupefacientes, determinando ello que se solicitase autorización judicial para la entrega vigilada del referido paquete, siendo autorizada la misma mediante auto de fecha cuatro de Abril de dos mil catorce, dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca , en funciones de guardia.

SEGUNDO.- Sobre las 10:30 horas del día doce de Abril de dos mil catorce, Laureano , con NIE Nº NUM005 , nacido el día NUM006 de mil novecientos setenta y siete, de nacionalidad nigeriana, con domicilio en CALLE000 NUM007 NUM008 NUM009 de Palma de Mallorca, condenado ejecutoriamente mediante sentencia dictada por la Ilma. Audiencia Provincial de Baleares, Sección Primera, de fecha tres de Noviembre de dos mil once , como autor responsable de un delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, a la pena de tres años y diez meses de prisión, se personó en las oficinas de Correos del Arenal, sita en la calle Cuarter Nº 27, y se identificó ante el empleado allí presente como destinatario de un paquete procedente de Brasil cuyos datos identificativos eran: NUM000 en Brasil y NUM001 en España, y cuyo destinatario era Valentín , C/ DIRECCION000 , NUM002 NUM003 , 07600 de El Arenal-Llucmajor (Islas Baleares).

Reclamado el citado envío postal y mostrado a tal efecto un documento manuscrito en el que se reseñaban los datos del destinatario, domicilio y número del paquete del envío postal, Laureano no llegó sin embargo a recoger el paquete, pues abandonó precipitadamente el lugar antes de serle entregado.

Con posterioridad a estos hechos, con fecha veinticinco de Abril de dos mil catorce, se procedió por el Jugado de Guardia a la apertura del citado paquete, encontrándose en su interior ocho bolsas, las cuales contenían 228,26 gramos de una sustancia que, debidamente analizada, resultó ser cocaína, con una riqueza del 68,6 % y un valor en mercado de 22.875,32 euros. La referida sustancia iba a ser destinada a la venta y distribución a terceras personas.

Ese mismo día, en el transcurso de un operativo de vigilancia montado como consecuencia de otra entrega controlada en la CALLE001 Nº NUM010 de Palma, los funcionarios de la Unidad Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera con NUMAS NUM011 , NUM012 , NUM013 , NUM014 , NUM015 y NUM016 observaron que en las inmediaciones de dicho domicilio se encontraban dos varones, uno en el interior de un bar y otro en la citada vía pública, en actitud vigilante y de espera. La persona que se encontraba en el bar, situada de forma que le permitía en todo momento estar en línea recta visual con el domicilio facilitado para la entrega, fue reconocido por los funcionarios actuantes como Laureano , procediendo a su detención, lo cual no había sido posible con anterioridad por su desconocida localización.

SEGUNDO.- La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento: FALLO:

CONDENAMOS a Laureano como autor criminalmente responsable de un delito CONTRA LA SALUD PÚBLICA, en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, EN GRADO DE TENTATIVA, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de reincidencia, a la pena de DOS AÑOS Y ONCE MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 40.000 euros, con responsabilidad personal subsidiaria de cinco meses de privación de libertad en casi de impago, así como al pago de las costas del presente proceso.

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por el procesado que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

CUARTO.- Las representación procesal del procesado Laureano , basa su recurso en los siguientes MOTIVOS DE CASACIÓN:

PRIMER MOTIVO.- Infracción de Ley por inaplicación del apartado segundo del art. 16 del CP .

SEGUNDO MOTIVO.- Infracción de precepto constitucional. Derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 CE .

TERCER MOTIVO.- Infracción de precepto constitucional. Derecho a un proceso con las debidas garantías y tutela judicial efectiva art. 24.2 CE , por indebida aplicación del principio in dubio pro reo.

CUARTO MOTIVO.- Infracción de Ley. Indebida aplicación del art. 62 CP . debiéndose haber operado una rebaja penológica en dos grados.

QUINTO MOTIVO.- Infracción de Ley. Indebida aplicación del art. 62 CP , debiéndose haber operado una rebaja penológica en uno o dos grados respecto a la pena de multa.

QUINTO.-Conferido el traslado de los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, una vez instruido, presentó escrito en el que apoya el quinto motivo del recurso e interesa la desestimación de los restantes motivos del recurso de casación interpuesto por la representación de Laureano en su informe de fecha 12 de Diciembre de 2014. Y por la representación procesal del procesado se presentó escrito dándose por instruido.

SEXTO.-La Sala admitió el recurso, quedando conclusos los autos para deliberación y decisión el día 12 de Marzo de 2015, sin vista.

Fundamentos

PRIMERO.-La Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenó a Laureano , como autor responsable de un delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud, en grado de tentativa, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal agravante de reincidencia, a las penas señaladas en los antecedentes de hecho.

Frente a dicha resolución judicial se interpuso por Laureano recurso de casación que apoyó parcialmente el Ministerio Fiscal en su motivo quinto, y que pasamos seguidamente a analizar.

SEGUNDO.-Los tres primeros motivos de recurso por inaplicación indebida del artículo 16.2 del CP , por vulneración de la presunción de inocencia y de la tutela judicial efectiva inciden en la misma cuestión.

El recurrente ha sido condenado como autor de un delito intentado contra la salud pública, en uno de los supuestos en los que restrictivamente la jurisprudencia de esta Sala admite las formas imperfectas de ejecución en este tipo de delitos. Esto es, la recogida de un paquete que contiene droga y que ha sido sometido al régimen de entrega controlada, sin que conste que el acusado hubiera tenido intervención previa en las actuaciones que confluyeron en ese envío, ni siquiera vía concierto con aquellos que lo organizaron.

Según el relato de hechos probados de la sentencia recurrida, Laureano se presentó en las oficinas de Correos en las que se identificó ante el empleado allí presente como destinatario del paquete en cuestión y lo reclamó, si bien no llegó a culminar su retirada ' pues abandonó precipitadamente el lugar antes de serle entregado.'

La discrepancia que mantiene el recurso incide sobre la razón que determinó ese comportamiento. La Sala sentenciadora concluyó que actuó de esa manera porque detectó que había sido descubierto. Sin embargo para el recurrente no fue esa razón, fue un desistimiento voluntario y espontáneo tras plantearse la eventualidad de que el encargo de recogida recibido pudiera ser delictivo.

Sostiene el recurso que no existe prueba de cargo que avale la inferencia de la Sala sentenciadora y que el derecho a la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo deben jugar a favor de tomar como creíble la narración del acusado y entender que desistió de manera libre y voluntaria, lo que justificaría la aplicación del artículo 16.2 del CP que la Sala sentenciadora rechazó.

TERCERO.-La STS 383/2014 de 16 de mayo expone la doctrina de esta Sala en relación al derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y explica que su invocación permite a este Tribunal constatar si la sentencia de instancia se fundamenta en: a) una prueba de cargo suficiente, referida a todos los elementos esenciales del delito; b) una prueba constitucionalmente obtenida, es decir que no sea lesiva de otros derechos fundamentales, requisito que nos permite analizar aquellas impugnaciones que cuestionan la validez de las pruebas obtenidas directa o indirectamente mediante vulneraciones constitucionales y la cuestión de la conexión de antijuridicidad entre ellas; c) una prueba legalmente practicada, lo que implica analizar si se ha respetado el derecho al proceso con todas las garantías en la práctica de la prueba y d) una prueba racionalmente valorada, lo que implica que de la prueba practicada debe inferirse racionalmente la comisión del hecho y la participación del acusado, sin que pueda calificarse de ilógico, irrazonable o insuficiente el iter discursivo que conduce desde la prueba al hecho probado.

El análisis en profundidad de estos parámetros permite una revisión integral de la sentencia de instancia, y garantiza al condenado el ejercicio de su derecho internacionalmente reconocido a la revisión de la sentencia condenatoria por un Tribunal Superior ( artículo 14.5º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ).

En reiterados pronunciamientos esta Sala ha mantenido que el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.

Pero también es reiterada la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate irracionalidad o arbitrariedad, este cauce casacional no está destinado a suplantar la valoración por parte del Tribunal sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o las manifestaciones de los imputados o coimputados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y válida, y la haya valorado razonablemente.

Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal convicción tras el examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ellas confirmar la valoración del Tribunal de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y razonabilidad.

CUARTO.-La sentencia recurrida no apreció prueba de que el acusado participara de las gestiones iniciales relativas al pacto o acuerdo para el envío de la droga, por lo que excluyó su disponibilidad previa sobre la misma y, consecuentemente, la existencia de delito consumado.

Sin embargo, rechazó el error invencible inicialmente invocado por la Defensa respecto al contenido del paquete que ocultaba la droga y la voluntariedad del desistimiento. Descartó por inverosímil la versión del acusado que mantuvo haber creído que el paquete trasportaba piezas y utensilios para la práctica del vudú, y tuvo en cuenta que el acusado había sido previamente condenado por unos hechos similares, extremo no combatido, y que fue detenido en el contexto de otra entrega controlada, lo que quedó constatado a través de la prueba testifical. Son hitos fácticos con virtualidad incriminatoria, y que sustentan la inferencia de la Sala sentenciadora sobre la experiencia del recurrente en comportamientos de este tipo, que le permitió advertir el especial movimiento de personal que, también según la testifical practicada, se produce detrás del mostrador de Correos en estas situaciones, una vez que se identificó como persona habilitada para retirar el paquete que contenía la droga y solicitó su entrega.

Esta Sala tiene establecido de forma reiterada que la prueba indiciaria, indirecta o circunstancial presenta dos perspectivas relevantes para el control casacional. Desde el punto de vista formal, deben constar los indicios o hechos-base plenamente acreditados que permitan acceder mediante un juicio de inferencia al hecho-consecuencia; el razonamiento de inferencia también ha de ser debidamente explicitado en la sentencia. Desde una perspectiva material, el control casacional se contrae en la verificación de que existan varios indicios plenamente evidenciados, o uno de singular potencia acreditativa, de naturaleza inequívocamente incriminatoria, que no estén destruidos por contraindicios, que se refuercen entre sí y que permitan obtener un juicio de inferencia razonable, entendiendo tal razonabilidad como enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (139/2009, de 24 de febrero; 322/2010, de 5 de abril; 208/2012, de 16 de marzo; 690/2013, de 24 de julio y 481/2014, de 3 de junio, entre otras).

En este caso existieron esos indicios plurales y directamente acreditados y la inferencia que de ellos extrajo la Sala sentenciadora, desde la óptica casacional no puede tacharse de infundada o arbitraria. La reacción del acusado, con una cierta experiencia en la recogida de paquetes con droga, es propia de quien, cuanto menos, sospechó que había sido descubierto y decidió no asumir riesgos. Resulta razonable concluir que esa, y no otra, fue la causa de que desistiera de recoger el paquete y optara por abandonar la escena.

Para que el desistimiento alcance virtualidad excluyente es necesario el abandono de la acción delictiva emprendida sea consecuencia de una decisión personal y plenamente voluntaria del agente. La doctrina mayoritaria entiende que el desistimiento no es libre cuando el autor renuncia a su propósito a causa de la aparición de impedimentos con los que no contaba. Y aunque, en principio, tales impedimentos pudieran calificarse de absolutos o de relativos, la jurisprudencia de conformidad con la doctrina mayoritaria viene considerando que en ambos casos debe excluirse, en principio, la hipótesis del desistimiento voluntario (entre otras STS 637/2014 de 23 de septiembre ).

La STS 1140/2010 29 de diciembre razonó acerca de los presupuestos aplicativos del artículo 16.2 del CP , que sintetizó del siguiente modo: a) la comisión de un delito en grado de tentativa, cualquiera que fuere el grado de ejecución alcanzado, siempre que el mismo no hubiere llegado a consumarse; b) que la ausencia de consumación se deba a una actuación llevada a cabo por el propio autor del delito, no de la víctima o de terceros; c) que esa actuación consista bien en un comportamiento pasivo, como el mero 'desistimiento de la ejecución ya iniciada', o activo, 'impidiendo la producción del resultado'; d) que semejante comportamiento del autor sea completamente voluntario y no influido o condicionado por causas ajenas a su voluntad libre. Y concluyó que tales condicionamientos implican su inaplicación a los efectos de la total y absoluta irresponsabilidad en delitos de consumación anticipada y permanente, en los que basta la búsqueda de la finalidad delictiva, aunque no se produzca resultado delictivo alguno.

QUINTO.-La Sala de instancia concluyó que el desistimiento del acusado no fue espontáneo, sino consecuencia de saberse descubierto. En cualquier caso, fuere cual fuere la razón que determinó la reacción del recurrente, no fue ésta la que impidió la consumación del delito. Su presencia en la oficina de Correos con la documentación que le habilitaba para la retirada del paquete supuso no sólo un comienzo de ejecución, sino la posesión mediata sobre su contenido que, habida cuenta la naturaleza de los delitos contra la salud pública, de peligro abstracto y consumación anticipada, hubiera implicado la consumación. Consumación que excluye cualquier posible desistimiento y que si no se produjo fue por otro factor determinante, aunque extraño: la intervención de la droga que impedía, salvo situaciones prácticamente impensables, que el acusado pudiera hacerse con ella. De ahí que su comportamiento no resultara idóneo para impedir la consumación.

El artículo 16.2 del C. Penal dispone que 'quedará exento de responsabilidad penal por el delito intentado quien evite voluntariamente la consumación del delito, bien desistiendo de la ejecución ya iniciada, bien impidiendo la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido por los actos ejecutados, si éstos fueren ya constitutivos de otro delito o falta'. Y lo cierto es que en el supuesto enjuiciado no fue la huida del acusado la que evitó la consumación, que estaba truncada ya por la previa detección de la droga y el sometimiento del paquete que la ocultaba al régimen de 'entrega vigilada'.

En relación con la consumación o no del delito contra la salud pública, recuerda la STS 359/2012 de 9 de mayo , que esta Sala ha indicado en repetidas ocasiones que la posibilidad de concurrencia de formas imperfectas de ejecución en el delito de tráfico de drogas, ha sido admitida por la jurisprudencia con criterio restrictivo, por entender que constituye un delito de mera actividad, en el que es difícil admitir la inejecución del resultado propuesto. En el tipo básico de tráfico de drogas establecido en el artículo 368 del CP , la mera posesión de la sustancia tóxica implica comisión del delito, y es difícil que cualquier acción dirigida a acercar el estupefaciente al consumidor no pueda subsumirse en alguno de los verbos generales de 'promover', 'facilitar' o 'favorecer' el consumo de sustancias tóxicas, previsto en el tipo penal. En línea con ello esta Sala ha entendido que siempre que, aún sin alcanzarse una detentación material de la droga, se consigue una disponibilidad de la misma, que queda sujeta a la voluntad del adquirente, el delito queda perfeccionado ( SSTS 766/2008, 27 de noviembre , 658/2008, 24 de octubre y 1265/2002, 1 de julio , entre otras muchas).

Esta Sala ha rechazado la apreciación del desistimiento en relación con el delito previsto en el artículo 368 del CP en otros precedentes, entre ellos los que son objeto de las SSTS 322/2008, 30 de mayo o 1053/2007, 18 de diciembre . En esta última se razona que el desistimiento del artículo 16.2 del Código Penal supone que el delito no ha sido consumado. Y es bien sabido que el delito contra la salud pública por tráfico de drogas se consuma con la mera posesión, mediata o inmediata, cuando pueda inferirse adecuadamente el destino al tráfico. La ley no contempla la posibilidad de desistimientos incompletos que pudieran actuar como atenuantes analógicas.

Idéntica doctrina inspira las SSTS 661/2008 de 29 de octubre ; 980/2009 de 6 de octubre y 325/2011 de 29 abril .

En ese contexto, ninguna trascendencia podemos reconocer el comportamiento evasivo del recurrente de cara a evitar la consumación del delito contra la salud pública que se le atribuye. Si ésta no se produjo fue por una causa ajena a su voluntad, la previa incautación de la droga, prescindiendo de la cual, el delito se habría consumado con la actuación del recurrente al disponerse a retirar el paquete que sabía contenía droga, una vez contaba con la documentación que le habilitaba para ello.

El recurso insiste en un precedente jurisprudencial que entiende le es aplicable. Se trata de esta Sala 369/2011 de 11 de mayo, que admitió el desistimiento respecto de un acusado en relación con el cual nada decía el hecho probado de su participación en el concierto previo para el transporte de la cocaína. Sin embargo mantiene una notable diferencia con el que ahora nos ocupa en el grado de ejecución alcanzado. En aquél, una vez que fue requerida su colaboración, el acusado desistió de aportar la documentación que resultaba necesaria para la retirada de los bidones en que se alojaba la droga. Es decir, dio comienzo a la ejecución que se mantuvo en un estadio incipiente, en cuanto que no llegó a obtener la documentación que le hubiera conferido la disponibilidad de la droga, la que sí tuvo el ahora recurrente que se presentó a retirar la mercancía con la documentación que le habilitaba a ello y que le confirió la disponibilidad mediata de la sustancia. Distinto grado de ejecución que justifica el distinto tratamiento punitivo.

En atención a lo expuesto, los tres motivos de recurso que incidían en esta cuestión van a ser desestimados.

SEXTO.-El cuarto motivo de recurso denuncia infracción de Ley por indebida aplicación del artículo 62 CP en cuanto a la extensión de la pena privativa de libertad.

Sostiene el recurso que el grado de ejecución alcanzado justificaría que, en el ámbito de degradación penológica que posibilita el artículo 62 del CP , se hubiera optado por la rebaja de dos grados respecto de la pena correspondiente al delito consumado.

La Sala sentenciadora entendió que, precisamente, el grado de ejecución alcanzado y el peligro inherente al intento justificaban la rebaja penológica en un grado, dentro del que determinó la pena privativa de libertad tomando en consideración la agravante de reincidencia que apreció. Se trata de un criterio razonable, adoptado por el Tribunal de instancia dentro del margen legal que le corresponde, y no se aprecian motivos que justifiquen su modificación. Especialmente tomando en consideración que, tal y como hemos expuesto, el acusado realizó todos los actos que hubieran debido producir la consumación del delito contra la salud publica, que si no llegó a perfeccionarse fue por causa ajena a su voluntad.

El motivo se desestima.

SÉPTIMO.-El quinto y último motivo de recurso, también formulado por infracción de Ley, denuncia aplicación indebida del artículo 62 del CP en cuanto a la extensión de la pena de multa proporcional.

Tiene razón el recurrente:

Según el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de fecha 22 de julio de 2008: 'En los casos de multa proporcional, la inexistencia de una regla específica para determinar la pena superior en grado, impide su imposición, sin perjuicio de las reglas especia establecidas para algunos tipos delictivos.

El grado inferior de la pena de multa proporcional, sin embargo, sí podrá determinarse mediante una aplicación analógica de la regla prevista en el artículo 70 del CP . La cifra mínima que se tendrá en cuenta en cada caso será la que resulte una vez aplicados los porcentajes legales.'

Siguiendo el criterio de la Sala sentenciadora que optó por la rebaja en un grado de la pena prevista para el delito consumado, la multa procedente habrá de quedar determinada entre un límite máximo, que no podrá alcanzar al tanto del valor de la droga y la mitad de éste. Al rebasar la que fijó la sentencia de instancia el valor de la droga incautada, el motivo se va a estimar.

OCTAVO.-En atención a la estimación parcial del recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 901 de la LECrim procede declara de oficio las costas de éste recurso.

Fallo

Que debemos declarary declaramos HABER LUGAREN PARTEal recurso de casación promovido por la representación legal de Laureano contra la sentencia de fecha 22 de Octubre de 2014, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el Rollo de Sala 87/2014 que anulamos parcialmente, declarando de oficio las costas del recurso.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa que en su día remitió interesando acuse de recibo.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Candido Conde-Pumpido Touron D. Jose Ramon Soriano Soriano D. Antonio del Moral Garcia Dª. Ana Maria Ferrer Garcia D. Carlos Granados Perez