Sentencia Penal Nº 189/2014, Audiencia Provincial de Badajoz, Sección 3, Rec 89/2013 de 24 de Junio de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N.3

MERIDA

SENTENCIA: 00189/2014

AUD.PROVINCIAL SECCION N.3 de MERIDA

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N.I.G.:06083 41 2 2012 0004282

ROLLO:APELACION JUICIO DE FALTAS 0000089 /2013

Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.1 de MERIDA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000286 /2012

RECURRENTE: Apolonio , Inmaculada

Procurador/a: ,

Letrado/a: FERNANDO CUMBRES ALVAREZ, FERNANDO CUMBRES ALVAREZ

RECURRIDO/A: Soledad , Casilda , Francisco , MINISTERIO FISCAL

Procurador/a: , , ,

Letrado/a: JULIA FERREIRA LOPEZ, JULIA FERREIRA LOPEZ , JULIA FERREIRA LOPEZ ,

Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000089 /2013

S E N T E N C I A 411/2013

ILMO. SR. MAGISTRADO: DON ANTONIO FERNÁNDEZ CARABALLO.

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Rollo penal: Recurso de apelación número 89/2013.

Procedimiento de origen: Juicio de faltas número 286/2012.

Juzgado procedencia: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida.

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En Mérida, a veinticuatro de junio de dos mil catorce.

Visto en trámite de apelación ante esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz, por el Ilmo. Sr. Magistrado D. ANTONIO FERNÁNDEZ CARABALLO, el juicio de faltas número 286/2012, procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida, seguido por lesiones; en el que aparece como apelantes, don Apolonio y doña Inmaculada , defendidos por el letrado don Fernando Cumbres Álvarez, y como apelados doña Soledad , doña Casilda y don Francisco , defendidos por la letrada doña Julia Ferreira López, y el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida se tramitó juicio de faltas bajo el número 286/2012, en el que se ha dictado sentencia con fecha de 15 de marzo de 2013 .

SEGUNDO.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por don Apolonio y doña Inmaculada , que fue admitido a trámite y del que se dio el oportuno traslado a las demás partes, con el resultado obrante en autos, tras lo cual se remitieron las actuaciones a este Tribunal, donde se formó el correspondiente rollo de Sala y se turnó de ponencia. Sin celebración de vista, ha quedado el presente recurso visto para su resolución.

TERCERO.-Mediante diligencia de ordenación de fecha 25 de junio de 2013, y conforme al turno establecido, se designó como Magistrado encargado de resolver el recurso a la Ilma. Sra. Magistrada doña Marina Muñoz Acero.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acordó en la sesión celebrada el 24 de marzo de 2014 nombrar al Ilmo. Sr. Magistrado don ANTONIO FERNÁNDEZ CARABALLO para actuar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz a partir del 14 de abril de 2014, en relación a las ponencias de la Ilma. Sra. Magistrada doña Marina Muñoz Acero.

Mediante providencia de fecha 28 de mayo de 2014 se designó como Magistrado encargado de resolver el recurso al Ilmo. Sr. Magistrado don ANTONIO FERNÁNDEZ CARABALLO.

PRIMERO.-No se entra a conocer sobre los mismos.

SEGUNDO.-Esta causa ha estado paralizada por tiempo superior a seis meses, desde el día 25 de junio de 2.013 hasta el día 28 de mayo de 2014.

Fundamentos

PRIMERO.-Con independencia de los motivos del recurso formulado por la parte apelante, una vez examinadas las actuaciones por este Tribunal, se constata que en este procedimiento, desde la diligencia de ordenación de fecha 25 de junio de 2013, en la que se designaba como Magistrado encargado de resolver el recurso a la Ilma. Sra. Magistrada doña Marina Muñoz Acero, hasta que se designó como Magistrado encargado de resolver el recurso al Ilmo. Sr. Magistrado don ANTONIO FERNÁNDEZ CARABALLO, el 28 de mayo 2014 mediante providencia, ha estado paralizado el procedimiento durante más de seis meses, debiéndose apreciar la prescripción de las faltas enjuiciadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130 del Código Penal .

El instituto de la prescripción en el ámbito penal se vincula por la Jurisprudencia al principio de necesidad de la pena y de intervención mínima del ius puniendi, de forma que se toma en cuenta para determinar si ha habido o no prescripción los dos elementos fijados en la Ley: el tiempo transcurrido desde la fecha de comisión del hecho y la paralización del procedimiento desde el plazo establecido; bien entendido que tal paralización equivale a la inacción procesal que no se interrumpe ni aún por rebeldía del acusado, siendo la prescripción apreciable de oficio por el órgano Jurisdiccional, o bien, invocable por las partes en cualquier fase del proceso. Este instituto tiene como base, en el ámbito penal, que el transcurso del tiempo produce la destrucción del desvalor social y jurídico del delito o falta por razones de interés general y política criminal, y una consolidada jurisprudencia rechaza el carácter procesal de la prescripción punitiva y afirma resueltamente su naturaleza material o sustantiva ( Sentencias del Tribunal Supremo 28 de junio de 1.988 , 10 de mayo de 1.989 , 25 de abril de 1.990 y 19 de diciembre de 1.991 ), por lo que no han de emplearse interpretaciones restrictivas de esta institución, que deberá admitirse siempre que concurran los presupuestos materiales en que se asienta -paralización del procedimiento y lapso de tiempo correspondiente- y debiendo referir el dies a quo, cuando existe actividad procesal, a la fecha en que cesa o se paraliza con abstracción de su motivaciones ( Sentencias del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1.990 , 24 de diciembre de 1.991 , 15 de enero , 2 de junio de 1.992 , 10 de marzo de 1.993 ).

Por su parte, el Tribunal Constitucional ya declaró de antiguo ( STC de 10 mayo 1.989 ), que la aplicación de la prescripción de una falta, por paralización del procedimiento, es una garantía cuya apreciación es de orden público, debiendo ser examinada y proclamada de oficio, por ser de naturaleza sustantiva, de legalidad ordinaria, próxima al instituto de la caducidad, y siendo indiferente cuál haya sido la causa inmediatamente productora del transcurso del plazo que la Ley señala. Establece que una vez transcurrido ese plazo -ha de ser examinado con particular rigor, sin posibilidad de interpretaciones in malam partemen contra del reo-, la Ley desapodera a los órganos judiciales de su potestad de imposición de la correspondiente pena, lo cual no contradice el derecho concedido en el artículo 24.1 de la Constitución española , puesto que este precepto constitucional reconoce el derecho a la acción y, en concreto, a la acción penal, pero no garantiza el éxito de la pretensión punitiva de quien ejercita la acusación, ni obliga al Estado, titular del ius puniendi, a imponer sanciones penales.

A lo anterior hay que agregar que es copiosa la doctrina jurisprudencial que declara que el instituto de la prescripción, en el campo penal, responde a la necesidad de que no se prolonguen indefinidamente situaciones jurídicas expectantes del ejercicio de acciones penales, teniendo su fundamento en el aquietamiento de la conciencia social y de la intranquilidad producida, y en la enmienda que el tiempo produce en la personalidad del delincuente, lo que comporta que la prescripción deba ser estimada, concurrentes los principios en que se asienta (paralización del procedimiento y transcurso del lapso de tiempo correspondiente).

Y todo ello, sin que ofrezca dudas, por otra parte, que la prescripción del delito o la falta puede concurrir y ser estimada, después de pronunciada una sentencia carente aún de firmeza. El propio concepto de procedimiento apunta, como límite final, a la firmeza de la sentencia, momento en que la prescripción del delito o la falta cede el paso a la prescripción de la pena.

SEGUNDO.-Aplicando estas consideraciones al supuesto que nos ocupa, resulta claro que el procedimiento ha estado paralizado durante más de seis meses, conforme se describe al inicio del fundamento de derecho anterior, por lo que es procedente apreciar la prescripción de las faltas que se imputaron a don Apolonio , doña Inmaculada , doña Soledad , doña Casilda y don Francisco , quedando extinguida, por tanto, su responsabilidad penal por los hechos enjuiciados ( artículo 131.2 del Código Penal ), reservándose a la parte perjudicada la acción civil que, en su caso, corresponda por los mismos hechos, computándose el plazo de prescripción de ésta, desde el momento en que se notifique a la víctima la última actuación judicial que se disponga en el ámbito penal.

Asumida la prescripción, huelga entrar, por ocioso, en cualquier otro motivo de los invocados en el recurso de apelación.

TERCERO.-Conforme a los artículos 239 y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , en los autos y sentencias que pongan término a la causa o a cualquiera de los incidentes deberá resolverse sobre el pago de las costas procesales; esta resolución podrá consistir, en declarar las costas de oficio; en condenar a su pago a los procesados, señalando la parte proporcional con que cada uno de ellos deba responder, si fuesen varios.

Disponiendo la presente resolución la absolución de don Apolonio , doña Inmaculada , doña Soledad , doña Casilda y don Francisco al haber transcurrido el plazo máximo previsto en el art. 131.2 del Código Penal y, como consecuencia, el archivo de la causa sin declaración de responsabilidad de aquella clase, procede declarar de oficio las costas de ambas instancias.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, y en nombre de Su Majestad el Rey,

Fallo

Que apreciando de oficio la extinción de la responsabilidad penal por prescripción, debo revocar la sentencia de fecha de 15 de marzo de 2013 dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mérida , a que se contrae el presente rollo, y absuelvo a don Apolonio , doña Inmaculada , doña Soledad , doña Casilda y don Francisco de las faltas por la que venían acusados, con toda clase de pronunciamientos favorables, declarando de oficio las costas procesales causadas en ambas instancias.

Y todo ello, con reserva a la parte perjudicada de las acciones civiles que la asisten por los mismos hechos.

Notifíquese a las partes interesadas esta resolución y con certificación literal a expedir por el Sr. Secretario de esta Audiencia Provincial y del oportuno despacho, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, para cumplimiento y ejecución de lo acordado. Archívese el original en el libro-registro correspondiente de esta Sección.

Contra la presente sentencia no cabe ulterior recurso.

Así, por esta mi sentencia, lo acuerdo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado que la suscribe, estando el Tribunal celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que doy fe.