Sentencia Penal Nº 19/2012, Audiencia Provincial de Huelva, Sección 1, Rec 330/2011 de 30 de Enero de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 30 de Enero de 2012
  • Tribunal: AP - Huelva
  • Ponente: Fernandez Entralgo, Jesus
  • Núm. Sentencia: 19/2012
  • Núm. Recurso: 330/2011
  • Núm. Cendoj: 21041370012012100131

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

SECCIÓN PRIMERA

RECURSO

ORDEN JURISDICCIONAL

NÚMERO Y AÑO

DE APELACIÓN PENAL

PENAL

0330/2011

DILIGENCIAS PREVIAS

NÚMERO Y AÑO

JUZGADO

LOCALIDAD Y NÚMERO

PROCEDIMIENTO

NÚMERO Y AÑO

JUZGADO

LOCALIDAD Y NUMERO

1354/2006

DE INSTRUCCION

MOGUER 2

ABREVIADO

0327/2009

DE LO PENAL

HUELVA 4

MAGISTRADOS : Ilustrísimos Señores:

Don Jesús Fernández Entralgo

(Presidente)

Don Santiago García García

Don Francisco Bellido Soria

La Sección Primera de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Huelva, en la causa de referencia, ha dictado,

EN NOMBRE DE S.M., EL REY,

la siguiente

S E N T E N C I A

REGISTRO GENERAL

NÜMERO

En la Ciudad de Huelva, a treinta de enero del dos mil doce.

La Sección Primera de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Huelva, formada por los Ilustrísimos Señores Magistrados Don Jesús Fernández Entralgo (quien la preside), Don Santiago García García y Don Francisco Bellido Soria, ha visto el recurso de apelacióninterpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Fernando González Lancha, en nombre y representación procesal de Juan Ignacio , contra la sentencia número 103 del 2000, dictada, con fecha ocho de marzo del dos mil, en Procedimiento Abreviado número 327 del 2009, del Juzgado de lo Penal número 4 de los de Huelva .

Intervinieron como parte apelada , el Ministerio Fiscal y Armando , representado procesalmente por el Procurador de los Tribunales Don Alfonso Padilla de la Corte.

El Ilustrísimo Señor Magistrado Don Jesús Fernández Entralgo , actuó como Ponente , y expresa el parecer unánime del Tribunal.

Antecedentes

Primero:

Con fecha ocho de marzo del dos mil, se dictó sentencia en Procedimiento Abreviado número 327 del 2009, del Juzgado de lo Penal número 4 de los de Huelva .

En dicha resolución se fijaron los siguientes hechos, como probados:

«... Primero: Entre los días 27 de mayo y 9 de noviembre de 2006 Juan Ignacio (a la sazón de 54 años de edad, ejecutoriamente condenado, entre otras, mediante sentencia dictada, por el Juzgado de lo Penal n° 3 de Huelva con fecha 3 de marzo de 2006 , ejecutoria 173/06, como autor de un delito de injurias a pena de mulla) , redactó personalmente varios textos que difundió posteriormente por Internet a través del blog DIRECCION000 y en octavillas repartidas al público en la localidad de Niebla (Huelva) en los que, entre otras expresiones dirigidas contra D. Armando , D. Isaac y D. Marcos , Alcalde-Presidente de la localidad citada el primero y miembros del equipo de gobierno municipal los dos últimos, y al objeto de dañar el buen nombre personal y público de todos ellos, se contenían, en el blog indicado, las siguientes:

(A) Texto de fecha 6 de junio de 2006:

- " Zurdo (en alusión al apodo familiar por el que es conocido el Sr. Armando ), eres un sinvergüenza", "fantoche de dos patas que cuando deambula por el pueblo distinguimos como el Zurdo como alias personal", "no sé si el Zurdo , cuando escribió semejante infamia, estaba en un trance mental característico de sus enfermedades psíquicas del ex policía (esquizofrenia paranoica, manías persecutorias y depresión aguda)", "vulgar trápala", "sucio sinvergüenza", "granuja sin escrúpulos".

(B) Texto de fecha 16 de junio de 2006:

- "rebuznaba a pleno pulmón el semianalfabeto concejal de Cultura Bicho " (en alusión al Sr. Marcos , al que Juan Ignacio designaba con este apodo para menospreciarle).

(C) Texto de 20 de junio de 2006:

- "exigiremos ante los Tribunales la devolución de todo lo ilícitamente percibido por Armando desde que fue elegido Concejal del Ayuntamiento de Niebla en la anterior legislatura y en la presente, y además de los correpondientes montos en concepto de multa e indemnizaciones ejemplarizantes, podrían sumar unos 180 millones de pesetas (3 millones por cada año declarado falsariamente incapaz, diez años de percepción fraudulenta)".

(D) Texto de 26 de junio de 2006:

- "desalmados asaltatrenes sin escrúpulos", "aquí hay un triunvirato cabecilla y dos satélites comparsas que han tomado al asalto la institución bajo el criterio de Eladio ; estos trincones de cuello blanco, abrazados al mecanismo de la garrapata".

(E) Texto de 3 de julio de 2006:

- "parásitos sociales en el Ayuntamiento de Niebla, Bicho ", "desvergonzados pancistas vividores del erario público", "asaltatrenes de la política", "intimidad personal de los parásitos", "concejal semianalfabeto Bicho ", "banda de gañanes y parásitos sociales que conforman la trama de el Zurdo y compañía", "el Concejal de Educación representa la nada, no es nada ni es capaz de gestionar nada, ahora bien, eso sí, TRINCAR, sí que trinca".

(F) Textos de 11 de julio de 2006:

- "Alcalde responsable sí, sinvergüenza profesional no", "que preside los plenos municpales con su cuidada barba de chivo y talante de sinvergüenza profesional", "aquel vulgar sinvergüenza, conocido como el Zurdo y su habitual compañía, integrada por su habitual séquito de parásitos mendaces", "cuyo más destacado mérito consiste en haber esquilmado hasta lo impensable la capacidad financiera del Ayuntamiento".

- "el Zurdo y compañía versus Alí Baba y los cuarenta ladrones", "hermanastro de Alí baba", "se atrevía a denunciar infamemente a los demás aun sabiendo él mismo que todo era una burda mentira, pero ahora calla como un zorro cuando se le pregunta por los ostentosos incrementos patrimoniales de sus familiares más cercanos... calla como todo ladrón convicto cuando se le piden cuentas acerca de los casi cien millones de pesetas percibidos por la venta de los terrenos municipales en los Bermejales, impide que los concejales de la oposición puedan acceder a los libros de contabilidad municipal".

- "¿a quién beneficia el Zurdo , sino a los más allegados de su círculo vicioso decantado por el fraude contractual, el engaño operativo y la farsa como excusa de sus fechorías?", "la última gran farsa del Zurdo y compañía es la protagonizada por la desaparición de los cinco mil euros recaudados de aquella convocatoria festiva cuyos ingresos se destinarían al sustento de la hermandad de la Patrona. Valiente sin paliativos ha sido Adriana , una mujer de grandes méritos y digna de elogios, al poner al Zurdo y compañía en la tesitura de que esclarezcan el reparto de aquel botín; que se sepa cómo los ladrones de unos recursos que deberían ser sagrados, se han jerarquizado para embolsarse y fundirse patas abajo los cinco mil euros de la Patrona".

(G) Texto de 17 de julio de 2006:

- "turbios tejemanejes y actuaciones de complot de ese clan de asaltatrenes que forman el Zurdo y compañía, más nos convencemos de que esta ristra de gentuzas", "paga de esquizofrénico paranoico que también trinca como todo estafador que se precie de las arcas públicas, es decir de la Seguridad Social", "sostenimiento de parásitos, mangantes, farsantes, estafadores y otros especímenes del tipo Zurdo y compañía, o lo que es lo mismo: Zurdo S.L. Fíjense hasta qué punto este vulgar sinvergüenza tiene espíritu de trincón, intenciones de golfo sin reparos y condición personal de chorizo insaciable".

(H) Texto de 23 de julio de 2006:

- "decidimos coger al chivo por la barba y al macho cabrío por los cuernos, a esa manada de mangantes, engañabobos, mentirosos, asaltatrenes, chorizos y delincuentes"

Textos de 30 de julio de 2006:

- "me parece muy bien, estupendo, que el Zurdo y su compañía, entre ellos el Niño de la Sevillana hagan un llamamiento a la juventud de Niebla no para que les DESCUBRAN, sino para que le ayuden a OCULTAR el manto de corrupción urbanística que ambos personajes tienen tramado desde hace meses".

- "Pero el asunto estrella del Pleno del día 3, no quieren el Zurdo y compañía que se divulgue, para jugar con el factor sorpresa, y porque además tiene una connotación directísima con una maniobra impregnada de corrupción urbanística y fruto de la cual entre el Zurdo , su selecta compañía y el niño de la sevillana se habrán de repartir más de mil millones de pesetas, fruto de un pelotazo inmobiliario sin precedentes en Niebla, pero que desde esta plataforma ni lo vamos a consentir ni lo vamos a silenciar. Quieren el Zurdo y compañía que el pleno municipal legalice una promoción inmobiliaria de SETENTA VIVIENDAS, previstas de construir en el solar de las maderas de Camacho para de este modo enriquecer al mencionado niño de la sevillana en la nada despreciable cifra de los mil millones de pesetas y, a cambio, dice el Zurdo atiborrado de oculta tramposa intencionalidad, proveer a la juventud de Niebla de la CASA DE LA JUVENTUD". "Mentira, mentira grosera, esto es un atraco al sentido común; una patada a la lógica empresarial; un desprecio a los intereses muncipales, una maniobra corrupta para beneficio DESHONROSO de sus participantes y un quiebro a la riqueza del Ayuntamiento en un momento tan crucial que el Zurdo , el niño... y los demás, saben que ahora o nunca. Van todos a una, a por los MIL MILLONES de beneficio ilícito, injustificado, inmerecido, dinero sucio... en una palabra".

- "Según las normas de Planeamiento muncipal, el solar de las maderas de Camacho tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados; ha sido adquirido por 150 millones de pesetas y tiene autorizado por el PGOU una edificabilidad de 32 viviendas. Pero al Zurdo y al niño de la sevillana, 32 viviendas les sabe a poco; quieren 70 adosados, para venderlos a 25 millones cada uno, con una facturación cierta de 1.750 millones de pesetas".

(J) Textos de 7 de agosto de 2006:

- "ya sus mentiras e infamias dibujan el perfil de un estafador", "acciones de desmantelamiento de choriceo, mangoneo y corrupción que caracterizan al Zurdo y compañía", "se refiere a las contrataciones y despidos de personal municipal; turbios manejos contables de dineros públicos, chanchullos urbanísticos; enredado asunto GANDIVER en el que está enfangado hasta el cuello".

- "También se le exige a la camorra municipal encabezada por el Zurdo que haga públicos los contratos de intencionalidad pestilente que desde el Ayuntamiento se han suscrito con profesionales externos, a los que pagan cantidades millonarias al solo objeto de asesorar al equipo de gobierno municipal para que VULNEREN la legalidad sin dejar pruebas incriminatorias", "hemos de suponer que lo que el Zurdo y compañía tienen contratado es a un equipo de profesionales del Derecho que le asesoran en COMO DELINQUIR SIN SER ACUSADO DE DELINCUENTE, artífices y malabaristas del FRAUDE A LA LEY".

- "Destaca muy especialmente la relativa a la desaparición fraudulenta de aquellos CINCO MIL EUROS recaudados en la velada organizada expresamente para dotar de recursos a la Hermandad de la Virgen del Pino."

(K) Textos de 19 de agosto de 2006:

"resulta que el Zurdo , como todo el mundo sabe, es pensionista-estafador de la Seguridad Social como policía de porra y pistola; dicen los médicos que padece inclinaciones suicidas-homicidas-depresivas... y, al parecer, le han recomendado desde el Departamento de Psiquiatría del Hospital Infanta Elena que se vaya de Niebla una temporadita"

"Este gato sin cascabel en su pescuezo hinchado", "sus trinques oficiales del Ayuntamiento que le han acabado para siempre, las fechorías de GANDIVER empiezan a psarlc factura y es muy probable que finalmente reserva habitación en el hotel la Ribera".

- "Y a todo esto nos preguntamos: ¿Quién ha patrocinado el crucero del Zurdo and family? ¿Puede un pensionista de Niebla gastarse más de UN MILLÓN DE PESETAS en dos semanas en viaje de placer? ¿Para tanto da la pensión de esquizofrénico- paranoico de la Policía Nacional? ¿No hay mucho misterio en este alarde de poderío financiero? Estas realidades me recuerdan a quien es su gran valedor inmobiliario: EL NIÑO DE LA SEVILLANA. ¿Habrá sido sufragado el crucero del Zurdo con un regalito a cambio del pelotazo diseñado con el solar de las maderas de Camacho?".

(L) Textos de 29 de agosto de 2006:

- "Marabunta de asaltatrenes y desvergonzados exhibicionistas de la bajuncz política que conforman el Equipo de Gobierno local. Regresa el GRAN Zurdo , como jefe supremo de toda la payasería que encabezan la cartera de ese show permanente en que se ha convertido el devaluado Ayuntamiento de Niebla".

- "De ser majareta clínicamente documentado de este calibre, ha pasado a ser Alcalde de Niebla y lógicamente de un majareta indiscutiblemente acreditado no se puede espera más que sus acciones se conviertan en un verdadero circo, el CIRCO DE EL GRAN Zurdo Y LOS KIKARRONES".

(M) Textos de 2 de septiembre de 2006:

- "carnada de profesionales de la mentira convertida en historias chistosas... desatinos, desvarios, excentricidades y mangoneos de los payasos que conforman la cabecera del equipo de gobierno local", "chupópteros", "la porra de pito y chorro de polvo con la que golpear al compañero de número circense la blande el payaso jefe, de nombre artístico el gran Zurdo , con extraordinaria habilidad, no en balde antes ha sido experto en su utilización fraudulenta en las fronteras de la sierra, en Rosal de la idem".

- "una buena entrada de dinero por taquilla, según manifiesta públicamente Ganso (apodo asignado por Juan Ignacio a D. Isaac para menospreciarle), habría sido la aceptación por parte del público del programa circense LOS GOLFOS MAJALITOS JUEGAN AL GOLF, pero el rechazo popular a tan abominable proyecto circense les ha impedido estrenar chalet de lujo junto al campo de golf, coches nuevos de alta gama, viajar en crucero por todos los mares y océanos del mundo y, en definitiva, garantizarse una pasta suficiente para poder dejar de ser payasos del CIRCO MUNICIPAL CERNICALERO en el momento que les hubiera venido en gana. Ganso está que trina; ha perdido el aliciente hasta para salir a pista cada día; dice que del aplauso no se come, sino de las recaudaciones en taquilla, y ésta, la taquilla del circo, va de mal en peor".

(N) Textos de 14 de septiembre de 2006:

- "las afirmaciones de que en MONTERREY hay terrenos municipales ocupados o cedidos contrariando a la legalidad vigente, es una DIFAMACIÓN ESCANDALOSA que define a los autores de dicha infamia. Aquellas afirmaciones, además de ser fruto de UNA BURDA MENTIRA, esconden la desvergonzante intencionalidad de enriquecimientos ilícitos pretendidos y no alcanzados por los autores conocidos de dicha infamia. Hablemos en plata, EL Zurdo Y COMPAÑÍA lo único que pretenden es coaccionarme, intimidarme, amenazarme con quitarnos terrenos municipales para que sucumba a sus pretensiones nunca confesadas de sacar una gran tajada personal derivada de la recalificación urbanística de la finca MONTERREY".

- "Estas difamaciones, que como decimos encierran intereses personales de trinques millonarios y bajo cuerda, que se han visto impedidos a disfrutar, constituyen la excusa fundamental con la que el Zurdo y compañía quieren descalificar personal y políticamente a este firmante promotor de la Plataforma Independiente de Ciudadanos de Niebla".

(Ñ) Textos de 17 de septiembre de 2006:

- "El Zurdo y compañía (entiéndase por Cía al trío dominante en el equipo de gobierno municipal, principalmente) quisieron hacer su gran negocio privado, pagando un gran pelotazo, a costa de MONTERREY, pretendiendo forzar una venta a favor de la inmobiliaria BAYO y el Ayuntamiento de Niebla de cuyos resultados, indudablemente, saldrían grandemente beneficiados tanto el comprador como el inductor a la compra".

- "Y aquí radica el descubrimiento del pastel: AL Zurdo Y CÍA LES INTERESABA EL CONVENIO CON BAYO... Claro está, el acuerdo preestabledio supondría poner en circulación determinados maletines que, en caso contrario, dejarían de percibirse".

(O) Textos de 21 de septiembre de 2006:

- "por formalizar convenios urbanísticos con inversores privados, previamente selecciondos con gran sigilo y cautela, y que son los que le posibilitarán llevar a cabo sus ansias enriquecedoras en el marco de una aparente impunidad".

- "El uso fraudulento de los convenios urbanísticos es el instrumento más eficaz que el equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Niebla entiende que es la forma menos arriesgada, solapada y discreta que ellos pueden afrontar para conseguir sus aspiraciones personales más inconfesables: garantizarse un futuro económico familiar sin esfuerzos ni méritos para su consecución".

(P) Textos de 26 de septiembre de 2006:

- "la trama de delincuencia urbanística del Zurdo y Cía. Abundando en esta actuación delictiva, comprenderemos sus difamaciones acerca de los falsos ilícitos de Monterrey", "desmantelar la trama de corrupción municipal que el Zurdo y los suyos tienen organizada en el Ayuntamiento de Niebla".

- "Del interés mostrado por el Zurdo y Cía, me quedó muy bien a las claras que para disfrutar de este tipo de favores había que PAGAR PEAJE, por supuesto que subrepticio, pero en ningún momento quise darme por enterado". "El Zurdo y Cía incidían y repetían su intención de declarar SUELO URBANIZABLE toda la franja de terreno que hay desde el regajo de la Adelfa hasta los Colegios, incluyendo como es lógico MONTERREY y sus fincas colindantes, pero se me dejó bien claro , clarísimo, para que no lo dudase en ningún momento, que esos privilegios urbanísticos se disfrutarían si se llegaba previamente a un ACUERDO DE PAGOS CIFRADOS EN PROPORCIÓN AL NEGOCIO GENERADO POR LA RECALIFICACION DE TERRENOS, o de lo contrario, aquellos propietarios incluidos en dicha franja tendrían que esperar años y años hasta que un nuevo Plan General de Ordenación Urbana los incluyese como suelos urbanos".

- "Al instante le volví a llamar para pedirle explicaciones de lo que me estaba exigiendo y me dejó bien claro lo siguiente: que te digo que o partimos por la mitad o no hay CONVENIO; además, que sepas que si no hay generosidad por tu parte, lucharé con uñas y dientes por quitarte las parcelas de MONTERREY que tienes ocupadas y aún están registradas a nombre del Ayuntamiento. Esto es lo que hay, ya sabes dónde estoy, piénsatelo pero no me vuelvas a llamar por teléfono porque no te lo descuelgo. Y aquí empiezan las difamaciones de EL Zurdo para amedrentarnos, coaccionarnos, intimidarnos para que callemos, o la represalia de los terrenos ilícitamente ocupados pesará sobre nosotros".

(Q) Texto de 1 de octubre de 2006:

- "si saber simular una incapacidad laboral, estafando al tribunal calificador, es motivo suficiente para ser receptor de un subsidio vitalicio, entendemos que cualquier ciudadano de Niebla...", "se permita la osadía de prevalerse de su cargo representativo para anteponer sus intereses particulares con prioridad al interés público que dice representar y por el que, para más recochineo, percibe comisiones, dietas y otras fuentes de ingresos que tampoco compartimos", "dicha desigualdad jurídica deviene en enriquecimientos ilícitos, posiblemente constitutivas de un delito continuado de cohecho", "estamos plenamente convencidos de que constituye un acto injusto que el Zurdo y compañía suscriban pre-acuerdos urbanísticos con inversores especulativos y sin escrúpulos, perciban indician amenté sustanciosas compensaciones en forma de sobornos", "a los que se nos pretende callar con difamaciones, amenazas, coacciones, bajunas y otros métodos de igual tradición mañosa y reconocida naturaleza ilícita".

(R) Texto de 5 de octubre de 2006:

- "ha establecido un acuerdo con el Zurdo y compañía en términos que, según nuestra experiencia negociadora con estos individuos, se compone de dos partes, UNA CONFESABLE y otra que contendría la parte ILÍCITA de lo convenido, que llamaríamos INCONFESABLE".

(S) Textos de 28 de octubre de 2006:

- "quienes a todas luces han convertido sus potestades institucionales en instrumentos para el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la prevaricación y la falsedad documental, entre otras lindezas de su particular forma de entender la representación popular que ciudadanos de buena fe le han conferido temporalmente", "le ofrezco mi total apoyo para el esclarecimiento de las actividades delictivas que vienen protagonizando, a modo de complot, la cabecera gobernante en Niebla y ese inversor especulativo conocido como EL NIÑO DE LA SEVILLANA, entre otros beneficiarios coautores y cooperadores necesarios sin los cuales las fechorías urbanísticas de aquel equipo de delincuentes de la política carecerían del incentivo económico suficiente para reincidir en sus intentos de legalizar lo ilegalizable, de normalizar lo excepcional y de percibir torticeramente comisiones y recompensas por su labor desarrollada como profesionales de la política reconvertidos en discípulos aventajados de aquellos capos del urbanismo que aparecen a diario como epicentro del noticieron municipal a nivel nacional".

- "Sino como el testimonio de un convicto de que la actuación política y administrativa que están siguiendo quienes encabezan nuestra política municipal, es a todas luces prevaricadora en su forma de adoptar acuerdos individuales, deleznable en sus intentos de involucrar al resto de la Corporación en sus pretendidos acuerdos peínanos y típicamente punibles desde la perspectiva del Derecho penal en cuanto a la intencionalidad (delitos de tentativa) y logros previstos de alcanzar desvirtuando la institución que encabezan hasta su transformación en un simple y vulgar instrumento para su supervivencia presente y futura, una vez pertrechados de recursos de procedencia ilícita conseguidos gracisas a su desvergüenza política en la persecución de objetivos a todas luces reprochables".

(T) Texto de 9 de noviembre de 2006:

- "el firmante de aquella denuncia es Juan Ignacio , lo que pongo en conocimiento de Zurdo y compañía a los efectos que ellos consideren oportunos, entre los que no descarto las medidas de represalia propias de quienes se vienen erigiendo, desde hace más de tres años, en unos auténticos profesionales de la delincuencia política y de la corrupción municipal".

Segundo: Asimismo, en una octavilla elaborada por Juan Ignacio y repartida en la vía pública en el mes de agosto de 2006, recogía las siguientes expresiones con la finalidad de escarnecer a los aludidos:

"desvergonzados exhibicionistas de la bajunez política que conforman el Gobierno Local. Regresa el gran Zurdo , como Jefe Supremo de toda la payasería que encabezan la cartelera de ese show permanente en que se ha convertido el devaluado Ayuntamiento de Niebla; y el regreso de este payaso Jefe lo hace de la mano de sus comparsas Bicho y Ganso ", "circo municipal cernicalero", "jauría de payasos sin gracia", "el gran Zurdo , payaso jefe e ideólogo del circo en cuestión", "su protector y promotor el niño de la sevillana, el candidato al pelotazo de los mil millones en el solar de las maderas de Camacho y por tanto, el individuo más interesado en que el gran Zurdo y los kikarrones sigan haciendo circo para deleite de la cartera de unos cuantos", "el policía de porra y fronteras llamado Armando ha pasado de ser por obra y gracia de un psiquiatra engañado, Alcalde de Niebla, después de superar la barrera médica que le cualificó como majareta en grado extremo, es decir, con tendencias agudas al suicidio, al homicidio... y a la fantasía de las manías persecutorias. El niño de la sevillana, aspirante a ser nominado como señorito de Sevilla, ya forma parte alícuota de los sucios tejemanejes de los artífices payasos que guardan las gracias del gran Zurdo ".

Y en un folleto que simulaba un cartel taurino, hecho público el 8 de septiembre de 2006, vertía con la misma finalidad las siguientes expresiones:

"con el superior permiso de la sevillana, el Zurdo y su troupe se celebrará una sensacional charlotada ccrnicalcra. Se lidiarán cuatro becerros con barba de chivo, de la ganadería los kikarrones, divisa verde y blanca como los billetes de 100€, que pastan en la finca DIRECCION001 de Lavapiés", "el gran Zurdo , que lucirá dos trajes de payaso sin luces; uno de policía majareta decomisando paquetes de café en la frontera, y otro de chivo mocho pero con barbas, para que no puedan herir al becerro en sus payasadas"

" Bicho , quien en vez de un traje, exhibirá un pijama, con aspecto de perro recién levantado, como es habitual en ese payaso de la 7,anganería. Ganso , erudito payaso felino que en vez de un traje de preso con cascabel lucirá una camiseta con el letrero EN LAS ARENAS MANDO YO; debido al grosor deformado de su pescuezo, se le colgará un buen piquete de cobre. Hace promesa de ser más becerro que el becerro".

Tercero: El 27 de julio de 2006 Juan Ignacio realizó personalmente una serie de pintadas en varias fachadas de edificios de la localidad de Niebla, concretamente en el sito en la CALLE000 (propiedad de D. Leoncio ) y en el ubicado en la CALLE001 , a la altura del número NUM000 (propiedad de D. Urbano ); ambos propietarios han renunciado expresamente a la indemnización que por los desperfectos así ocasionados pudieran corresponderles.

Cuarto: No se ha acreditado que en el curso de una conversación telefónica mantenida con D. Armando en un momento imprecisado del mes de marzo de 2005 Juan Ignacio dijera a éste, para amedrentarle, "tú no sabes con quién te estás metiendo, esto va a pesarte toda tu vida, te voy a hundir igual que hice con el Fiscal de la Audiencia y el Delegado de Asuntos Sociales Estanislao . porque tú eres un mierda de alcalde, voy a arruinar tu vida". ....»

Su parte dispositiva contenía el siguiente fallo:

«... DEBO CONDENAR Y CONDENO A Juan Ignacio , cuyas restantes circunstancias personales ya constan, como autor penalmente responsable de un delito continuado de injurias graves cometidas con publicidad, un delito continuado de calumnias cometidas con publicidad y una falta contra el patrimonio, ya definidos, con apreciación de la circunstancia agravante de reincidencia en los delitos de injurias y calumnias, a las penas de multa de catorce meses, a razón de diez euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas, por el delito de injurias; multa de veintidós meses, a razón de diez euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas no satisfechas, por el delito de calumnias; y cuatro días de localización permanente por la falta contra el patrimonio, imponiéndole tres cuartas partes de las costas de este juicio, incluidas las de la acusación particular, con declaración de oficio del resto, y la obligación de indemnizar a los perjudicados, D. Armando , D. Isaac y D. Marcos , en la forma establecida en el Fundamento de Derecho Cuarto de esta sentencia.

Asimismo, ABSUELVO libremente, con todos los pronunciamientos favorables, al citado Juan Ignacio del delito de amenazas del que venía inicialmente acusado por la representación procesal de D. Armando y D. Marcos .

Precédase a la cancelación definitiva de la página web y blog donde se produjo la difusión de los textos injuriosos, denominada " DIRECCION000 ", y a la difusión de la presente sentencia a costa del condenado....»

Segundo:

Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por el Procurador de los Tribunales Don Fernando González Lancha, en nombre y representación procesal de Juan Ignacio .

Tercero:

Se dio traslado a las demás partes personadas, a fin de que pudieran formular sus alegaciones.

Remitidas las actuaciones a este Tribunal, no se estimó precisa la celebración de vista.

Deliberado y votado el pasado día 27, quedó el recurso pendiente de resolución en esta segunda instancia.

Hechos

Se mantienen los fijados, como tales, en la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos.

Fundamentos

Primero:

Se tienen por reproducidos los argumentos invocados en la resolución impugnada, que se comparten en lo sustancial y coincidente.

Segundo:

El recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia, cualquiera que sea el procedimiento (juicio de faltas, o alguno de los modelos abreviados por delito), está construido sobre la idea de la atribución de una plena cognitio al órgano decisor, con la única restricción que impone la prohibición de la reforma peyorativa o reformatio in peius (Sentencias 54 y 84 de 1985, de 18 de abril y de 8 de julio, respectivamente, del Tribunal Constitucional).

En orden a la valoración de la prueba, tanto el Juez de instancia como el de apelación son igualmente libres para apreciarla en conciencia ( Sentencia 124/1983, de 21 de diciembre, del Tribunal Constitucional ).

Valoración en conciencia no es sinónima de valoración arbitraria o inmotivada, sino antónima de tasación legal del valor probatorio de las diferentes pruebas; de manera que el órgano jurisdiccional habrá de explicar cuáles fundamentan su convicción y por qué se les concede o se les niega eficacia persuasiva.

Esta concepción del recurso de apelación como oportunidad de revisión plena de la resolución impugnada se vino manteniendo sin fisuras como doctrina constitucional.

Las Sentencias 167/2002, de 18 de septiembre , y 197/2002 , 198/2000 y 200/2002, las tres, de 28 de octubre , 212/2002, de 11 de noviembre y 230/2002, de 9 de diciembre , que «... el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium , con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo , no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4 ; 120/1999, de 28 de junio , FF JJ 3 y 5; ATC 220/1999, de 20 de septiembre ). Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim . otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE " (FJ 11). ...«.

Claro que el propio Tribunal Constitucional en Pleno, a partir de su fundamental Sentencia 167/2002, de 18 de septiembre , advierte que «... no basta con que en apelación el órgano ad quem haya respetado la literalidad del art. 795 LECrim ., en el que se regula el recurso de apelación en el procedimiento abreviado [aplicable, por remisión del 976, al juicio de faltas], sino que es necesario en todo caso partir de una interpretación de dicho precepto conforme con la Constitución, hasta donde su sentido literal lo permita ... para dar entrada en él a las exigencias del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías ...», con especial atención a las exigencias de inmediación y de contradicción.

Tercero:

Juan Ignacio fue condenado, en la sentencia apelada,como autor penalmente responsable de un delito continuado de injurias graves cometidas con publicidad, un delito continuado de calumnias cometidas con publicidad y una falta contra el patrimonio.

Cuarto:

El juzgador en primera instancia concluyó que los hechos declarados probados en los apartados primero y segundo del relato de los que considera como tales son «... constitutivos de un delito continuado de injurias graves con publicidad tipificado en los artículos 208 y 209, primer inciso, en relación con el 74, todos ellos del Código Penal , toda vez que el acusado Juan Ignacio dirigió por escrito, en múltiples ocasiones diferentes y a través de un medio de difusión masivo (Internet), así como mediante octavillas y carteles repartidos o expuestos en la vía pública, expresiones insultantes a los denunciantes, D. Armando , D. Isaac y D. Marcos , tanto en sus respectivos ámbitos puramente personales como en relación con supuestas actuaciones vinculadas con el ejercicio de sus cargos públicos de Alcalde, Teniente de Alcalde y Concejal, respectivamente, del Ayuntamiento de Niebla. ...».

Y argumenta de este modo su valoración: «... Como ha señalado la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 9 de enero de 2004 , los elementos constitutivos del delito de injurias, según la doctrina jurisprudencial, son de naturaleza objetiva, constituida por expresiones o acciones que menoscaben, por su propio contenido y entidad, la honra, el crédito o la dignidad de la persona a la que se dirijan o afecten; y subjetiva, representado por la finalidad de la acción que ha de estar dirigida precisamente a producir aquella lesión del honor y la dignidad de una persona y que se conoce en la doctrina y jurisprudencia bajo la denominación de animus iniuriandi', requisito este último que como todo elemento interno e intencional debe inferirse del comportamiento y manifestaciones externas del autor de la conducta, siendo uno de los medios inductivos de aquel ánimo, el propio contenido e interpretación de las expresiones o frases que objetivamente se consideren deshonrosas por su significado literal (así, sentencias del Tribunal Supremo de 3 de junio de 1985 , 12 y 13 de febrero de 1991 y 14 de julio de 1993 ), elemento que queda excluido cuando se pruebe que la finalidad o tendencia de la acción era diferente a la de injuriar a la persona afectada.

Así, tradicionalmente, la doctrina ha destacado una serie de animi que se consideran incompatibles con aquella finalidad y, por ende, excluyentes del animus iniuriandi y de la consiguiente antijuridicidad típica de la conducta. Por ello, las imputaciones o expresiones que pudieran objetivamente ser consideradas como injuriosas por afectar, en abstracto, a la fama, crédito o interés del agraviado, deben ponerse necesariamente en relación con el momento, ocasión o circunstancias tempero- espaciales o personales en que son proferidas, como dice la Sentencia de 24 de junio de 1995 .

Tras la reforma introducida por el Código Penal de 1995, la sanción penal como delito para la injuria se reduce a las lesiones de carácter y naturaleza grave, y así se hace expresa alusión a las que sean tenidas en el concepto público por graves. El alcance de la gravedad, a su vez, vendrá determinado por las circunstancias personales de los implicados, la propia naturaleza de las expresiones y o acciones, los efectos y su alcance.

Por otro lado la diferencia entre las injurias livianas sancionadas como falta y las graves sancionadas como delito es esencialmente circunstancial, correspondiendo al ponderado criterio judicial trazar la línea delimitadora atendiendo al contenido de las expresiones y las circunstancias de personas, de tiempos, de lugar, de ocasión, etc. ...»

Y aplica esta doctrina general al caso enjuiciado.

«... Bajo este punto de vista, resulta indudable que tildar a otras personas de "sinvergüenza", "fantoche", "vulgar trápala", "sucio sinvergüenza", "granuja sin escrúpulos", "trincones", "gañanes", "parásitos sociales", "semianalfabeto", "gentuza", "esquizofrénico paranoico", "mangantes, farsantes, estafadores", "golfo" o "chorizo insaciable" -por citar únicamente algunos de los apelativos utilizados por el acusado- constituye una ofensa reiterada y grave, dado el tinte inequívocamente difamatorio de tales epítetos, que en nuestro caso va más allá de la pura descalificación personal para entrar también en el terreno profesional. Se trata de formas gravísimas de insulto, cuyo encuadramiento en el ámbito del delito previsto en el artículo 206 del Código Penal no ofrece mayores dudas y no ha sido objeto tampoco de discusión por las partes intervinientes. A ello debe sumarse la adjudicación de motes ridículos ( Bicho , Ganso ) en un contexto de burla o farsa orientado al escarnio, del que son buena muestra los carteles o pasquines publicados por el acusado en los que comparaba al Alcalde y al equipo de gobierno municipal con una charlotada o espectáculo taurino bufo; ello, sin ahorrar a los agraviados crudas alusiones a aspectos tan irrelevantes desde el punto de vista de una supuesta intención crítica como su aspecto físico ("chivo", "perro recién levantado"), sus estudios ("analfabeto", "rebuzna", en referencia a D. Marcos ) o su pasado profesional ("policía majareta decomisando paquetes de café en la frontera", en referencia al Sr. Alcalde).

Debe por otra parte descartarse de raíz, dada la naturaleza de tales expresiones, todo ánimo o intención que no sea un puro y estricto ánimo de vilipendio. Pocas dudas ofrece, en efecto, la concurrencia de tal elemento subjetivo del injusto, dado el carácter absolutamente gratuito de las expresiones utilizadas y la ausencia de toda posible intención legítima que pudiera servir de remota justificación a tan duras y reiteradas ofensas.

Se rechaza en particular el supuesto animus criticandi de carácter político aducido por el acusado, no sin recordar en este punto la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en la 76/95, de 22 de mayo , y en la que se afirma que efectivamente, cualquiera que fuere la condición de las personas involucradas como autores o víctimas en una información o en una critica periodística, existe un limite insalvable impunemente. No cabe duda de que la emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se realice supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al prestigio de las instituciones, teniendo en cuenta que la Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería por lo demás incompatible con la dignidad de la persona que se proclama en el artículo 10.1 del propio texto constitucional. ...»

Los delitos de calumnia y de injuria aparecen tratados conjuntamente (como viene siendo tradicional en la Codificación penal española) en el Título XI del Libro II del vigente Código Penal bajo el epígrafe «delitos contra el honor».

En ese epígrafe se indica ya cuál es el bien jurídico protegido: el honor, como objeto de uno de los derechos fundamentales que se proclaman en el apartado primero del artículo 18 de la Constitución Española de 1978 .

No se define en él en qué consiste el honor, pero, al menos desde el punto de vista de su protección penal, la pregunta encuentra adecuada respuesta en el artículo 208 del Código Penal , descriptivo del tipo del delito de injurias.

En él se hace referencia, ante todo, a la dignidad de la persona, que el artículo 10.1 de la Constitución enumera entre los «fundamentos del orden político y de la paz social», entroncando -como se pone de relieve por los especialistas- con la tradición del Derecho Natural de raíz cristiana y con el humanismo racionalista de la Ilustración, y, ya más próximamente, con el artículo 1.1 de la Constitución Alemana que la reconoce «intangible», «inviolable» (« unantatsbar »).

El contenido de la dignidad se intuye más fácilmente que se describe. Remite al valor esencial de la persona, de toda persona, poniéndose en relación con la proscripción de cualquier trato degradante, lesivo de la integridad moral (asociando los artículos 10 y 15 de la Constitución ) y, más concretamente con los dos puntos de referencia mencionados cumulativamente en el artículo 208 del Código Penal : la fama y la propia estimación.

Se trata, como reconocen los comentaristas, de dos conceptos jurídicamente indeterminados, de perfiles difusos.

La fama evoca lo que se ha dado en llamar el «honor objetivo», esto es, la consideración (se presupone positiva) en que una persona es tenida socialmente, mientras que la propia estimación reenvía a una conciencia de la propia valía que sólo puede coincidir (si no se quiere tutelar penalmente la pura subjetividad) con la conciencia (y el sentimiento) de la propia dignidad como persona y del concepto social alcanzado.

En definitiva, la tipificación penal del delito de injurias (del que el de calumnia, tipificado por el artículo 205 del Código Penal , constituye, en cierta medida, una modalidad agravada) trata de proteger a toda persona contra cualquier imputación de hechos encaminados a hacerla despreciable, a desprestigiarla ante la opinión pública o a menoscabar su también pública credibilidad, por utilizar la terminología empleada por los artículos 186 y 187 del Código Penal alemán.

El artículo 208 del Código Penal español vigente dispone:

« ... Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. ...»

Y el artículo 209 establece:

«... Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses. ...»

A tenor del artículo 210 , «... el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas ...».

Completa lo anterior el artículo 620 , que dispone:

«... Serán castigados con la pena de multa de diez a veinte días:

... 2º) Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve, salvo que el hecho sea constitutivo de delito .

Los hechos descritos en los dos números anteriores sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. ...»

Analizando el primero de los dos preceptos últimamente transcritos, se puede concluir que comprende dos modalidades comisivas .

Una de ellas consiste en lesionar la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación .

Se trata de un tipo «de resultado», que consiste en la producción de una lesión a la dignidad de una persona por uno de estos medios: o menoscabando su imagen pública (fama, buen concepto social, honor objetivo) o atentando contra su propia estimación (autoestima, honor subjetivo o sentimiento del honor), graduándose su intensidad (para calificarla como grave o leve) en atención a su naturaleza, efectos y circunstancias. La calificación del hecho es importante puesto que sólo las que se consideren graves serán constitutivas de delito.

Aquel menoscabo o este atentado pueden causarse también mediante la imputación de hechos que conllevan una reprobación colectiva . En tal caso, no se considerarán graves (ni, por tanto, delictivas en sentido estricto), salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

Las injurias leves sólo constituirán una falta. Las descripciones de los respectivos tipos del delito servirán para llenar la laguna de concreción del comportamiento típico penado por el artículo 620 .

Puesto en relación con los párrafos primero y último del artículo 208 parece desprenderse que constituirá falta de injurias la imputación de hechos que lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, cuando no se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

El artículo 457 del anterior Código Penal definía: «... Es injuria toda expresión proferida o acción ejecutada, en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. ...».

El empleo de la preposición «en» se interpretó como indiciario de la inclusión, como elemento estructural del tipo del delito (extensible al de la falta de injuria leve), de la exigencia -como «elemento subjetivo del injusto»- de una específica intencionalidad denigratoria o «animus iniuriandi» cuya prueba podía resultar (como la de todo fenómeno psíquico) especialmente difícil, salvo en aquellos casos en los que la expresión proferida o la acción ejecutada carecía de otro posible sentido comunicativo que no fuera el ofensivo de la dignidad o de la imagen pública de la persona aludida.

Ocurre que en el Código vigente ha desaparecido ese inciso, lo que dio lugar a que los especialistas interpretaran que actualmente no resulta exigible ánimo particular alguno añadido al propio dolo del delito, al que la Sentencia de 28 de mayo del 1999 califica como «... intención específica y propia de injuriar ...».

No obstante, la práctica judicial pareció no reparar en la trascendencia de esta modificación y siguió reclamando (salvo casos de univocidad injuriosa de las frases dichas o escritas, en los que « res ipsa loquitur ») la prueba de la concurrencia del ánimo denigratorio.

En este sentido se pronuncian las Sentencias 452/2006, de 5 de julio , de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Granada, 215/2006, de 26 de julio de la Sección 7ª de la de Madrid , 242/2006, de 4 de octubre , de la sección 3ª de la de Cádiz, 395/2006, de 10 de octubre , de la Sección 5ª de la de Pontevedra, 272/2006, de 20 de diciembre , de la Sección 1ª de la de Almería, 69/2007, de 9 de marzo , de la Sección 23ª de la de Madrid, 57/2007 , 126/2007, de 15 de marzo , de la Sección 3ª de la de Sevilla, de 23 de marzo , de la Sección 2ª de la de Valladolid, 35/2007, de 12 de abril , de la Sección 4ª de la de Murcia, 53/2007, de 7 de mayo , de la Sección 1ª de la de Badajoz, 95/2007, de 22 de mayo , de la sección 2ª de la de Jaén (citando, como referencia, la de 31 de marzo del 2006 , de la sección 3ª de la de Cantabria, en la que explícitamente se considera aplicable la doctrina jurisprudencial derivada de la interpretación y aplicación de los preceptos del Código anterior al hoy vigente), 8/2008, de 9 de enero, de la Sección 1ª de la de Valencia, 38/2008, de 4 de febrero, de la Sección 15ª de la de Madrid, 292/2008, de 9 de abril, de la Sección 17ª también de la de Madrid.

Esta misma Audiencia Provincial de Huelva se adhirió al criterio expuesto, en el Auto 126/2000, de 12 de junio , y en la Sentencia 246/2004, de 30 de septiembre .

En la Sentencia últimamente calendada se explicaba que la falta de injurias «... requiere la presencia de dos elementos, uno objetivo constituido por actos o expresiones que tenga la suficiente carga ofensiva para lesionar la dignidad de una persona, menoscabando su fama y atentando contra su propia estimación, y otro subjetivo, lo que se ha venido llamando "animus iniuriandi", que como dolo especifico de esta infracción penal, eminentemente tendencial, implica la intención de causar un ataque a la dignidad ajena, y que por ser un elemento interno e íntimo, patrimonio exclusivo de la conciencia humana, escapa normalmente a la observación directa, debiendo ser deducido indiciariamente de toda una serie de circunstancias, anteriores y coetáneas, que ayudarán a conocer los móviles que movieron anímicamente al sujeto activo.

El delito (o falta) de injurias, particularmente incidente sobre el patrimonio moral de las personas, viene caracterizado por una peculiar dinámica, consistente en palabras, expresiones o actos, por sí mismos lacerantes, desvalorizadores o afrentosos, con un especial "animus" tendente a escarnecer o vituperar a otro, derivando de ello que, a la hora de buscar la subsunción de una conducta en los diferentes tipos penales, haya que estar no sólo al valor de las palabras o expresiones proferidas o acciones ejecutadas, sino que, dado el carácter eminentemente intencional de este delito, habrá de atender y estimar las circunstancias concurrentes en cada supuesto, realizando un ponderado y reflexivo análisis de los factores coexistentes capaces de hacer incardinar la conducta examinada en la figura penal de la injuria o, por el contrario, extraerla de su seno, pues ante la ausencia del propósito tendencial infamatorio otros "animus", singularmente el "informandi" o el "criticandi" y el mismo reivindicatorio o defensivo, pueden aparecer antepuestos y sobreestimables sobre el "injuriandi", con virtud eliminadora o de desplazamiento del mismo. ...».

No obstante, la Sentencia de 28 de marzo del 2001 había optado por un criterio diferente:

«... La injuria en el nuevo Código Penal ha sufrido una importante modificación en su definición formal, pues aunque sigue consistiendo tanto en actos como en expresiones verbales, ahora se precisa que se produzca lesión, si a ello le unimos, que en el derecho penal moderno rige el principio de intervención mínima, podemos llegar a la conclusión de que no concurre el llamado "animus iniuriandi". Ciertamente, es un elemento esencial, en su aspecto subjetivo del delito de injurias, como problema central de la antijuridicidad, animus que es aquel, según nuestra jurisprudencia y doctrina, que tiene por finalidad deshonrar, desacreditar o menospreciar, esto es perjudicar la reputación y la buena fama del agraviado, y si tal ánimo no existe, no se puede hablar del delito de injurias.

Por ello, dado el carácter eminentemente intencional de este delito, tras un reflexivo análisis de este factor, no puede hacerse incardinar la conducta examinada en la figura penal de la injuria, ( STS 28 febrero 1.995 . Asimismo, en el Código Penal vigente el párrafo 3 del art. 208 , cuando la injuria consiste en la imputación de hechos, cual es el caso, no las considera graves, " salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio de la verdad", pareciendo pues exigirse un dolo directo. ...»

En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia 740/2007, de 21 de septiembre, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Barcelona :

«... El concepto legal de injuria, al que debe remitirse también la injuria leve constitutiva de falta, se halla acotada en el artículo 208 del CPen el siguiente sentido: es injuria " la acción o expresión que lesiona la dignidad de la persona, menoscabando su fama o atentando a su propia estimación". Con esta definición legal, el CP de 1995 , por un lado, otorgó protección penal no solo al honor objetivo concretado en la fama o crédito que uno tiene frente a los demás sino también a la autoestima (honor subjetivo) y, por otro, despejó cualquier duda respecto de si era exigible un especifico elemento subjetivo del injusto ("animus iniuriandi) configurando la figura como estrictamente dolosa en el sentido de que basta el dolo para entender cumplido el tipo (conocer que la expresión es susceptible de menoscabar la dignidad de la persona o su autoestima y aun así proferirla). ...»

Las Sentencias 577/2006, de 23 de octubre, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Sevilla , y la 536/2006, de 14 de diciembre, de la Sección 4ª de la misma Audiencia , dejan constancia -como mera reflexión incidental («obiter dicta»)- de que «... es más que discutible que en la redacción del artículo 208 del Código Penal vigente el llamado animus iniuriandi constituya propiamente un elemento subjetivo del injusto distinto del mero dolo ...».

La reforma arranca de una enseñanza de la experiencia vulgar. La divulgación gratuita de los vicios y defectos ajenos, más allá del mero cotilleo, suele ser excepcional. Normalmente (de acuerdo con « id quod plerumque accidit »), responde a un deseo de desprestigiar a la persona cuyas miserias se propalan.

De este modo (y así se pone de manifiesto la diferencia que separa el vigente tratamiento de la injuria del establecido por el Código Penal anterior), quien gratuitamente las pone en circulación, responderá como autor cuando menos de una falta, si no justifica o exculpa su comportamiento. Esta nueva perspectiva revisa la vieja doctrina de las intenciones socialmente admitidas capaces de neutralizar la reprobación que lleva consigo la actuación por « animus iniuriandi ».

En definitiva, pues, el tipo del delito y de la falta de injurias se conforman con la emisión consciente y libre de palabras, expresiones o frases objetivamente denigratorias, a sabiendas de que lo son, conocimiento que cabe presuponer, de acuerdo con las enseñanzas de la experiencia común, cuando aquéllas carecen de otra posible intencionalidad a tenor de su objetiva inequivocidad semántica.

Desde otro punto de vista, ni antes ni ahora se exige que el autor de las injurias persiga u obtenga un beneficio económico. Las motivaciones del comportamiento denigratorio pueden ser muy variadas y ajenas por completo a lo patrimonial.

Ciertamente, el derecho al honor puede entrar en colisión con los derechos también fundamentales a la libre expresión y difusión de pensamientos, ideas y opiniones y a comunicar o recibir libremente información veraz, consagrados por los apartados a ) y d) del apartado 1 del artículo 20 de la Constitución Española vigente.

Sin embargo, como todos, también estos derechos tienen límites que hay que respetar y cuyo quebrantamiento impide invocarlos para justificar o exculpar la conducta denigratoria.

Se extiende sobre ello el Auto de 17 de marzo del 2009, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo :

En él se lee que «... es oportuno recordar la doctrina del Tribunal Constitucional cuando entra en conflicto la libertad de expresión e información con el derecho al honor, y así, dicho Tribunal nos recuerda, entre otras, en Sentencia 39/2005, de 28 de febrero , que si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas y a la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de injuria y calumnia, este Tribunal ha declarado reiteradamente que el reconocimiento constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la conducta a considerar haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto hace insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos que ahora, con arreglo a la doctrina de este Tribunal, no basta por sí solo para fundar una condena penal por un delito de injurias ( SSTC 104/1986, de 17 de julio ; 107/1988, de 25 de junio ; 105/1990, de 6 de junio ; 320/1994, de 28 de diciembre ; 42/1995, de 18 de marzo ; 19/1996, de 12 de febrero ; 232/1998, de 30 de diciembre ; 297/2000, de 11 de diciembre ; y 2001, de 15 de enero).

Ello entraña la necesidad de que el enjuiciamiento se traslade a un distinto plano, en el que el Juez penal debe examinar, en aquellos casos en los que se haya alegado el ejercicio legítimo de las libertades del art. 20.1 a ) y d) CE , si los hechos no han de encuadrarse, en rigor, dentro de ese alegado ejercicio de los derechos fundamentales protegidos en el citado precepto constitucional, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción penal no podría prosperar, puesto que las libertades del art. 20.1 a ) y d) CE operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta ( STC 104/1986, de 13 de agosto , reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio ; 85/1992, de 8 de junio ; 136/1994, de 9 de mayo ; 297/1994, de 14 de noviembre ; 320/1994, de 28 de diciembre ; 42/1995, de 18 de marzo ; 19/1996, de 12 de febrero ; 232/1998, de 30 de diciembre ).

Es obvio que los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un delito ( SSTC 2/2001, de 15 de enero ; 185/2003, de 27 de octubre ).

Tanto el Tribunal Constitucional, como esta Sala, han reiterado el valor preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución : así en la Sentencia ya citada 39/2005, de 28 de febrero , se declara que cuando las libertades de expresión e información operan como instrumentos de los derechos de participación política debe reconocérsele, si cabe, una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles "especialmente resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar. Igualmente se dice en esa STC que, en estos casos, quedan amparadas por las libertades de expresión e información no sólo críticas inofensivas o indiferentes, "sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar" ( STC 110/2000 ; en el mismo sentido, STC 85/1992, de 8 de junio , y SSTEDH, de 7 de diciembre de 1976, caso Handyside contra Reino Unido , y de 8 de julio de 1986 caso Lingens contra Austria ).

En esa misma línea, el propio Tribunal Constitucional, considera -Cfr. STC 101/1990, de 11 de noviembre - que las libertades del art. 20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado democrático, que por lo mismo trascienden el significado común y propio de los demás derechos fundamentales.

Coincide esta doctrina del Tribunal Constitucional con la que emana del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en Sentencia 38/2004, de 27 de mayo, caso Vides Aizsardzïbas Klubs contra Letonia , al interpretar el artículo 10, declara que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del desarrollo de cada individuo (ver Sentencia Lingens contra Austria de 8 julio 1986 ).

Con la salvedad del párrafo segundo del artículo 10, no sólo comprende las "informaciones" o "ideas" acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan; así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una "sociedad democrática" ( Sentencias Handyside contra Reino Unido de 7 diciembre 1976 , y Jersild contra Dinamarca de 23 septiembre 1994 ).

Como precisa el artículo 10, el ejercicio de la libertad de expresión está sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones y sanciones que deben no obstante interpretarse estrictamente, debiendo establecerse su necesidad de forma convincente (ver, entre otras, Sentencias Observer y Guardian contra Reino Unido de 26 noviembre 1991 ; Jersild contra Dinamarca, anteriormente citada; Janowski contra Polonia; Nielsen y Johnsen contra Noruega).

Esta Sala del Tribunal Supremo igualmente tiene declarado (Cfr. Sentencia 26 de abril de 1991 ), que la libertad de expresión tiene la jerarquía propia de una garantía esencial de un Estado en el que se reconoce a la libertad y al pluralismo político el carácter de "valores superiores de su ordenamiento jurídico" ( art. 1 CE ) y que, consecuentemente no puede excluir el derecho a expresar las ideas y convicciones cuando éste aparezca como un interés preponderante sobre el honor, particularmente cuando se trata de la formación de la opinión pública en cuestiones político-estatales, sociales, etc.

Pero no es menos cierto que la propia Constitución, no obstante la trascendencia y el carácter preponderante que se debe atribuir a la libertad de expresión, reconoce -art. 20.4 - que no es un derecho ilimitado y absoluto, y que existen límites por el respeto debido a otros derechos fundamentales y en concreto hace expresa referencia al derecho al honor.

Ello igualmente ha sido recogido en Sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de esta propia Sala del Tribunal Supremo.

Así, en la STC 39/2005, de 28 de febrero , se dice que el valor especial que la Constitución otorga a las libertades de expresión e información "no puede configurarse como absoluto, puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, es decir, que resulten relevantes para la formación de la opinión pública sobre asuntos de interés general, careciendo de tal efecto legitimador cuando las libertades de expresión e información se ejerciten de manera desmesurada y exorbitante del fin en atención al cual la Constitución les concede su protección preferente" ( STC 171/1990, de 12 de noviembre ).

E igualmente se declara que ello no significa en modo alguno que, en atención a su carácter público, dichas personas queden privadas de ser titulares del derecho al honor que el art. 18.1 CE garantiza ( SSTC 190/1992 ; y 105/1990 )" ( STC 336/1993, de 15 de noviembre ).

También en este ámbito es preciso respetar la reputación ajena ( art. 10.2 CEDH , SSTEDH caso Lingens, de 8 de julio de 1986 y caso Bladet Tromso y Stensaas, de 20 de mayo de 1999 , y el honor, porque estos derechos "constituyen un límite del derecho a expresarse libremente y de la libertad de informar" ( SSTC 232/2002, de 9 de diciembre ; 297/2000, de 11 de diciembre , de 26 de febrero; y 76/2002, de 8 de abril ).

Sigue diciendo que, en efecto, desde la STC 104/1986, de 17 de julio , hemos establecido que, si bien "el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos ( art. 20.1 a) CE ) dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para su exposición ( SSTC 105/1990, de 6 de junio ), no es menos cierto que también hemos mantenido inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo alguno (ni en ese ni en ningún otro precepto) un pretendido derecho al insulto.

La Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes, molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate ( SSTC 107/1988, de 8 de junio ; 1/1998, de 12 de enero ; 200/1998, de 14 de octubre ; 180/1999, de 11 de octubre ; 192/1999, de 25 de octubre ; 6/2000, de 17 de enero ; 110/2000, de 5 de mayo ; 49/2001, de 26 de febrero ; y 204/2001, de 15 de octubre ).

Asimismo ha declarado que se deben excluir del ámbito de protección de dicha libertad de expresión las frases y expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, que sean innecesarias a este propósito, dado que el art, 20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto ( SSTC 6/2000 de 17 de enero y 158/2003, de 15 de septiembre ).

Con igual criterio se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional 127/2004, de 19 de julio , en la que se expresa que el art. 20.1 a) CE EDL 1978/3879 no tutela un pretendido derecho al insulto, pues la "reputación ajena", en expresión del art. 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ( SSTEDH, caso Lingens, de 8 de julio de 1986 EDJ 1986/8807 ; caso Barfod, de 22 de febrero de 1989 ; caso Castells, de 23 de abril de 1992 ; caso Thorgeir Thorgeirson, de 25 de junio de 1992 ; caso Schwabe, de 28 de agosto de 1992 ; caso Bladet Tromsø y Stensaas, de 20 de mayo de 1999 ), constituye un límite del derecho a expresarse libremente y de la libertad de informar. ...»

Es notorio que, en el curso de la lucha política, las reglas del juego han ensanchado considerablemente los márgenes de dureza expresiva que rigen en la Sociedad en general. La «retórica del insulto» (siempre que no rebase ciertos límites) ha adquirido carta de naturaleza entre quienes intervienen en ese cotidiano campo de batalla de ideas e intereses. Los que voluntariamente se involucran en él deben saber que asumen aquellas duras reglas del juego, como los púgiles que se enfrentan en combate saben que van a golpearse siempre que no excedan de ciertos límites; o, menos dramáticamente, como los que participan en algunas tertulias de cotilleo.

No se trata, desde luego, de convertirlo en una suerte de «espacio jurídicamente exento» (« Rechtsfrei »), sino de aceptar lo que constituye -si se quiere, lamentablemente- una parte de esa «realidad social», que el intérprete de toda norma jurídica ha de tener en cuenta, a tenor de las guías que proporciona el artículo 3.1 del vigente Código Civil .

También de esto se ocupa el antes citado (y parcialmente transcrito) Auto de 17 de marzo del 2009, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo .

Estas son sus palabras:

«... Ciertamente nuestra legislación, fundamental y ordinaria, no reconoce un derecho al insulto, pero lo dicho por el querellado como bien se señala por el Ministerio Fiscal, tiene que verse atemperado por el contexto en el que se pronunciaron, ceñido a un debate o contienda pública y política sobre el uso indebido de un teléfono móvil del Ayuntamiento, contexto en el que el ejercicio de las libertades de expresión e información están en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos intervienen y contribuyen, en consecuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita, proporcionalmente, como límite externo de las libertades de expresión e información, en cuanto sus titulares son personas públicas, ejercen funciones públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a soportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones o informaciones de interés general, pues así lo requieren el pluralismo político, para no correr el riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en un Estado democrático ( STC 105/1990 EDJ 1990/5991 ; STEDH, caso Castells, 23 de abril de 1992 EDJ 1992/13836 ).

Así, las exigencias inherentes al principio de mínima intervención del derecho Penal, que tiene una particular relevancia en el ámbito propio de la controversia política por las especiales características de ésta, toda vez que el verdadero Juez de estas contiendas sociales, en principio, es el cuerpo electoral.

Sin que pueda obviarse el grave riesgo que, en todo caso, supone encomendar a los Tribunales de Justicia "salvo casos verdaderamente excepcionales", la función de árbitros de las contiendas políticas, en general, cual es el caso presente habida cuenta el ámbito y circunstancias en que se producen los hechos considerados delictivos, sin perjuicio de recordar la existencia de otras vías jurisdiccionales para la protección del honor. ...».

En resumen, el ámbito propio del delito de injurias se encuentra limitado por lo que puedan ser la tosquedad literaria, la falta de educación, incluso ciertos excesos verbales socialmente admitidos y que suelen ser producto de la incultura de quien habla o escribe, que permanecen extramuros del Derecho Penal, y lo que es crítica -incluso formalmente cáustica- de un comportamiento ajeno, para contenerse en las imputaciones conscientes y objetivas de hechos denigratorios y en los insultos y vejaciones que carecen de funcionalidad proporcional reconocible al servicio de finalidades socialmente atendibles.

En el presente caso, los insultos son tantos, tan repetidos, tan graves y tan patentemente encaminados a desprestigiar a su víctima que explican y justifican el tratamiento jurídico que se les da en la sentencia recurrida.

Analizando los hehcos que se declaran probados, cabe seleccionar los siguientes textos:

[a] Texto de fecha 6 de junio de 2006:

" Zurdo (en alusión al apodo familiar por el que es conocido el Sr. Armando ), eres un sinvergüenza", "fantoche de dos patas que cuando deambula por el pueblo distinguimos como el Zurdo como alias personal", "no sé si el Zurdo , cuando escribió semejante infamia, estaba en un trance mental característico de sus enfermedades psíquicas del ex policía (esquizofrenia paranoica, manías persecutorias y depresión aguda)", "vulgar trápala", "sucio sinvergüenza", "granuja sin escrúpulos".

[b] Texto de fecha 16 de junio de 2006:

"rebuznaba a pleno pulmón el semianalfabeto concejal de Cultura Bicho " (en alusión al Señor Marcos ).

[c] Texto de 26 de junio de 2006:

"desalmados asaltatrenes sin escrúpulos", "aquí hay un triunvirato cabecilla y dos satélites comparsas que han tomado al asalto la institución bajo el criterio de Eladio ; estos trincones de cuello blanco, abrazados al mecanismo de la garrapata".

Este fragmento sugiere la perpetración de hechos no concretados de aprovechamiento de funciones de gobierno municipal en provecho propio, socialmente reprochable, si no ilícito o delictivo.

[d] Texto de 3 de julio de 2006:

"parásitos sociales en el Ayuntamiento de Niebla, Bicho ", "desvergonzados pancistas vividores del erario público", "asaltatrenes de la política", "intimidad personal de los parásitos", "concejal semianalfabeto Bicho ", "banda de gañanes y parásitos sociales que conforman la trama de el Zurdo y compañía", "el Concejal de Educación representa la nada, no es nada ni es capaz de gestionar nada, ahora bien, eso sí, TRINCAR, sí que trinca".

No parece preciso gran esfuerzo dialéctico para convencer del tono gravemente denigratorio de estas palabras, desde luego innecesarias para el ejercicio de la crítica de una determinada política municipal y que, una vez más, sugiere (ya que el autor se mantiene en el terreno de la más absoluta falta de concreción) la realización de actividades irregulares, ilícitas o delictivas.

[e] Texto de 23 de julio de 2006:

"decidimos coger al chivo por la barba y al macho cabrío por los cuernos, a esa manada de mangantes, engañabobos, mentirosos, asaltatrenes, chorizos y delincuentes"

Lo transcrito constituye una sarta de graves insultos que culmina con ese calificativo de «delincuentes» que, aun tomado en su acepción más benigna del uso vulgar del lenguaje (persona de comportamiento ilícito desde el punto de vista éticosocial), tiene un contenido inequívocamente injurioso.

[f] Textos de 29 de agosto de 2006:

"Marabunta de asaltatrenes y desvergonzados exhibicionistas de la bajuncz política que conforman el Equipo de Gobierno local. Regresa el GRAN Zurdo , como jefe supremo de toda la payasería que encabezan la cartera de ese show permanente en que se ha convertido el devaluado Ayuntamiento de Niebla".

"De ser majareta clínicamente documentado de este calibre, ha pasado a ser Alcalde de Niebla y lógicamente de un majareta indiscutiblemente acreditado no se puede espera más que sus acciones se conviertan en un verdadero circo, el CIRCO DE EL GRAN Zurdo Y LOS KIKARRONES".

[g] Textos de 2 de septiembre de 2006:

"carnada de profesionales de la mentira convertida en historias chistosas... desatinos, desvarios, excentricidades y mangoneos de los payasos que conforman la cabecera del equipo de gobierno local", "chupópteros", "la porra de pito y chorro de polvo con la que golpear al compañero de número circense la blande el payaso jefe, de nombre artístico el gran Zurdo , con extraordinaria habilidad, no en balde antes ha sido experto en su utilización fraudulenta en las fronteras de la sierra, en Rosal de la idem".

"una buena entrada de dinero por taquilla, según manifiesta públicamente Ganso (apodo asignado por Juan Ignacio a Isaac ), habría sido la aceptación por parte del público del programa circense LOS GOLFOS MAJALITOS JUEGAN AL GOLF, pero el rechazo popular a tan abominable proyecto circense les ha impedido estrenar chalet de lujo junto al campo de golf, coches nuevos de alta gama, viajar en crucero por todos los mares y océanos del mundo y, en definitiva, garantizarse una pasta suficiente para poder dejar de ser payasos del CIRCO MUNICIPAL CERNICALERO en el momento que les hubiera venido en gana. Ganso está que trina; ha perdido el aliciente hasta para salir a pista cada día; dice que del aplauso no se come, sino de las recaudaciones en taquilla, y ésta, la taquilla del circo, va de mal en peor".

El contenido injurioso de estos párrafos se infiere de su sola lectura. Al margen de los insultos gratuitos, y de una deliberadamente confusa alusión a una actuación «frudulenta» anterior del Alcalde en Rosal de la Frontera, se incluye una referencia -como todas las demás, reducida a unas pocas pinceladas, insuficientes para hacerse una cabal idea de lo ocurrido pero bastantes para que el lector se represente una operación de legalidad dudosa a fin de que los aludidos se enriquecieran con ocasión de la construcción de un campo de golf y de una urbanización aneja.

[h] En la octavilla elaborada por Juan Ignacio y repartida en la vía pública en el mes de agosto de 2006, recogía las siguientes expresiones con la finalidad de escarnecer a los aludidos:

"desvergonzados exhibicionistas de la bajunez política que conforman el Gobierno Local. Regresa el gran Zurdo , como Jefe Supremo de toda la payasería que encabezan la cartelera de ese show permanente en que se ha convertido el devaluado Ayuntamiento de Niebla; y el regreso de este payaso Jefe lo hace de la mano de sus comparsas Bicho y Ganso ", "circo municipal cernicalero", "jauría de payasos sin gracia", "el gran Zurdo , payaso jefe e ideólogo del circo en cuestión", "su protector y promotor el niño de la sevillana, el candidato al pelotazo de los mil millones en el solar de las maderas de Camacho y por tanto, el individuo más interesado en que el gran Zurdo y los kikarrones sigan haciendo circo para deleite de la cartera de unos cuantos", "el policía de porra y fronteras llamado Armando ha pasado de ser por obra y gracia de un psiquiatra engañado, Alcalde de Niebla, después de superar la barrera médica que le cualificó como majareta en grado extremo, es decir, con tendencias agudas al suicidio, al homicidio... y a la fantasía de las manías persecutorias. El niño de la sevillana, aspirante a ser nominado como señorito de Sevilla, ya forma parte alícuota de los sucios tejemanejes de los artífices payasos que guardan las gracias del gran Zurdo ".

En un contexto de excesos literarios se presenta a los aludidos como carroñeros de los recursos municipales, proyectistas (si no también ejecutores) de «sucios tejemanejes» y de maniobras urbanísticas de las que obtener un lucro de dudosa licitud.

Y en un folleto que simulaba un cartel taurino, hecho público el 8 de septiembre de 2006, vertía con la misma finalidad las siguientes expresiones:

"con el superior permiso de la sevillana, el Zurdo y su troupe se celebrará una sensacional charlotada ccrnicalcra. Se lidiarán cuatro becerros con barba de chivo, de la ganadería los kikarrones, divisa verde y blanca como los billetes de 100€, que pastan en la finca DIRECCION001 de Lavapiés", "el gran Zurdo , que lucirá dos trajes de payaso sin luces; uno de policía majareta decomisando paquetes de café en la frontera, y otro de chivo mocho pero con barbas, para que no puedan herir al becerro en sus payasadas"

" Bicho , quien en vez de un traje, exhibirá un pijama, con aspecto de perro recién levantado, como es habitual en ese payaso de la zanganería. Ganso , erudito payaso felino que en vez de un traje de preso con cascabel lucirá una camiseta con el letrero EN LAS ARENAS MANDO YO; debido al grosor deformado de su pescuezo, se le colgará un buen piquete de cobre. Hace promesa de ser más becerro que el becerro".

En este caso, los desafueros expresivos son tantos y tan graves que no cabe sino concluir que están escritos para desprestigiar a las personas a quienes se refiere.

Y no se alegue que el artículo 210 del Código Penal vigente dispone que «... El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones administrativas ...».

Este precepto extiende la llamada « exceptio veritatis » exclusivamente a la imputación de hechos.

Por imputación de hechos hay que interpretar la atribución de unos, concretos y determinados, no constitutivos de delito pero que, de ser ciertos, menoscabarían su imagen pública, al ser tenidos por reprochables desde el punto de vista ético social o por ser indiciarios de cualidades que desmerecen aquélla.

Cuando los hechos imputados no quedan debidamente identificados, como ocurre en el caso revisado, sino que aparecen enunciados de modo vago y difuso, no pueden ser tenidos en cuenta realmente como imputaciones sino como ejemplos de una socorrida técnica que consiste en sugerirlo de forma que el destinatario del acto comunicativo los complete por su cuenta, dando por descontado que la enunciación responde a la realidad.

No alcanza, por lo demás, los puros y simples insultos, como los que se identifican en la sentencia apelada; ni podrían alcanzarlos porque la exención de responsabilidad que consagra el artículo 210 tiene una finalidad social, permitiendo la crítica de la acción de los servidores públicos cuando se crea que es merecedora de reproche aunque no sea constitutiva de delito.

Quinto:

El juzgador en primera instancia entendió que, además de un delito continuado de injurias, los hechos enjuiciados constituían otro delito también continuado de calumnia cualificada por haberse proferido con publicidad , aplicando lo previsto por los artículos 205 , 206 , 211 y 7ª del vigente Código Penal , pues «... en diversas ocasiones próximas entre sí en el tiempo el acusado Juan Ignacio atribuyó pública e injustificadamente a D. Armando , D. Isaac y D. Marcos , en su calidad de Alcalde-Presidente de la localidad de Niebla el primero y miembros del equipo de gobierno municipal los dos últimos, la comisión de supuestos delitos de cohecho, corrupción urbanística o malversación de caudales públicos (apartados F, párrafos 2 y 3, y J, párrafos 2 y 3, del relato de hechos probados, entre otros) ...».

Define el artículo 205 del vigente Código Penal :

«... Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad ...».

«... Las calumnias -dispone su artículo 206- serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad y, en otro caso, con multa de seis a 12 meses ...».

No obstante lo anterior, a tenor del artículo 207 , «... [el] acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado ...» .

«... La calumnia y la injuria -precisa el artículo 211 - se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. ...»

En tales casos - dispone el 212 - «... será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria ...»

En la sentencia apelada se argumenta de esta modo la calificación judicial:

«... [El] delito de calumnias requiere para su integración la falsa imputación de unos hechos que sean constitutivos de delito y el animus difamandi, o ánimo tendencia! de difamar. La calumnia es una infracción de actividad que afecta al honor como sentimiento íntimo que se mueve alrededor de la dignidad moral, del pundonor, del amor propio o de la estimación personal, pero fuera del puro concepto meramente subjetivo. La honorabilidad objetivamente consiste en la apreciación o estima que los demás tiene en cuanto a las cualidades morales de la persona afectada como sujeto pasivo.

El delito de calumnia se caracteriza por la imputación inveraz, con manifiesto desprecio de la verdad, a una persona determinada de hechos inequívocos y determinados constitutivos de infracción penal, no bastando aseveraciones inconcretas, vagas o ambiguas, pues la falsa afirmación ha de contener los elementos definidores del delito atribuido, aunque sin necesidad de una calificación jurídica ( sentencia del T.S. de 26 de julio de 1993 ) y con el propósito de atentar al honor y a la fama del ofendido, lo que implica que la imputación falsa se realice a sabiendas de su inexactitud, conociendo el autor su carácter ofensivo y aceptando la lesión del honor como resultado de su actuación, sin perjuicio de que junto al animus difamandi, existan otros móviles inspiradores de la acción como la crítica, la información, etc. ( sentencias del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 1992 y 1 de febrero de 1995 ), no constituyendo el ilícito penal la llamada difamación por ligereza ( sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1991 ).

De manera sintética, la sentencia de la Audiencia Provincial de León de 8 de febrero de 2006 señala que la integración del delito de calumnias exige:

1°.- La atribución a una persona de un hecho delictivo concreto con un especifico animo de sabiendo que se falta a la verdad para de ese modo ofender a la persona a que se le atribuye el delito;

2°.- No son suficientes para la existencia de tal tipo penal las genéricas alegaciones de sucedidos, sino que se requiere la individualización de una acción o hecho que ostente una concreta nominación punitiva; y

3°.- existencia de un claro ánimo difamatorio en el sujeto agente, y por ende autor del hecho.

En nuestro caso, el acusado atribuyó a los querellantes, de manera precisa y directa, haber percibido fraudulentamente "casi cien millones de pesetas" por la venta de unos terrenos municipales (los de los Bermejales, concretamente), y haberse apoderado en propio beneficio de la suma de cinco mil euros recaudados por suscripción popular para las festividades de la Patrona. Son supuestos actos delictivos descritos de manera nítida e inconfundible, no vagas alusiones a corruptelas o actuaciones irregulares consideradas en abstracto. El acusado está achacando a D. Armando , D. Isaac y D. Marcos haber sustraído un cierto dinero ajeno y haberse lucrado mediante la especulación inmobiliaria a través de la venta a terceros de unos terrenos de propiedad municipal, indicando incluso la cantidad a que ascendió el supuesto beneficio fraudulento ("casi cien millones de pesetas"), y estas imputaciones integrarían cuando menos los delitos previstos en los artículos 432 , 425 y 426 del Código Penal ), lo que completa el tipo de calumnias objeto de acusación. ...».

La fundamentación de este capítulo de la condena es, para este tribunal, razonable y compartible, por lo que cualquier adición resultaría impertinente.

No obstante, parece oportuno examinar los textos que sustentan la acusación y la condena por delito continuado de calumnias.

[a] Texto de 20 de junio de 2006:

"exigiremos ante los Tribunales la devolución de todo lo ilícitamente percibido por Armando desde que fue elegido Concejal del Ayuntamiento de Niebla en la anterior legislatura y en la presente, y además de los correspondientes montos en concepto de multa e indemnizaciones ejemplarizantes, podrían sumar unos 180 millones de pesetas ([en realidad, 30 años:] 3 millones por cada año declarado falsariamente incapaz, diez años de percepción fraudulenta)".»

Una lectura de este fragmento permite concluir que se está afirmando que Armando fue declarado laboralmente incapaz como consecuencia de una maniobra fraudulenta, percibiendo de este modo ilegalmente una cantidad total que se estima en treinta millones de pesetas.

Sin embargo, finalmente reconoce en el escrito de defensa que infirió esa conclusión del hecho de que, incapacitado Armando para ser policía pueda desempeñar sin problema la función de Alcalde, que es Jefe de la Policía.

El argumento carece de toda fuerza persuasiva. Las funciones de gobierno municipal pueden ser ejercidas por una persona que, no obstante, haya perdido la forma física que requieren las de Policía Local, así como la gerencia de un club deportivo puede estar en manos de personas que no sean ya capaces de jugar competentemente un partido de la especialidad.

[b] Textos de 11 de julio de 2006:

"Alcalde responsable sí, sinvergüenza profesional no", "que preside los plenos municpales con su cuidada barba de chivo y talante de sinvergüenza profesional", "aquel vulgar sinvergüenza, conocido como el Zurdo y su habitual compañía, integrada por su habitual séquito de parásitos mendaces", "cuyo más destacado mérito consiste en haber esquilmado hasta lo impensable la capacidad financiera del Ayuntamiento".

"el Zurdo y compañía versus Alí Baba y los cuarenta ladrones", "hermanastro de Alí baba", "se atrevía a denunciar infamemente a los demás aun sabiendo él mismo que todo era una burda mentira, pero ahora calla como un zorro cuando se le pregunta por los ostentosos incrementos patrimoniales de sus familiares más cercanos... calla como todo ladrón convicto cuando se le piden cuentas acerca de los casi cien millones de pesetas percibidos por la venta de los terrenos municipales en los Bermejales, impide que los concejales de la oposición puedan acceder a los libros de contabilidad municipal".

"¿a quién beneficia el Zurdo , sino a los más allegados de su círculo vicioso decantado por el fraude contractual, el engaño operativo y la farsa como excusa de sus fechorías?", "la última gran farsa del Zurdo y compañía es la protagonizada por la desaparición de los cinco mil euros recaudados de aquella convocatoria festiva cuyos ingresos se destinarían al sustento de la hermandad de la Patrona. Valiente sin paliativos ha sido Adriana , una mujer de grandes méritos y digna de elogios, al poner al Zurdo y compañía en la tesitura de que esclarezcan el reparto de aquel botín; que se sepa cómo los ladrones de unos recursos que deberían ser sagrados, se han jerarquizado para embolsarse y fundirse patas abajo los cinco mil euros de la Patrona". ...»

En estos textos se deslizan acusaciones directas de malversación o de apropiación fraudulenta de cerca de cien millones de pesetas percibidos por la venta de los terrenos municipales en los Bermejales y de cinco mil euros recaudados de una festividad en honor de la Patrona de la localidad.

Afirma el acusado que por estos hechos se presentó denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva contra los cinco miembros que a la sazón formaban el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Huelva.

[c] Texto de 17 de julio de 2006:

"turbios tejemanejes y actuaciones de complot de ese clan de asaltatrenes que forman el Zurdo y compañía, más nos convencemos de que esta ristra de gentuzas", "paga de esquizofrénico paranoico que también trinca como todo estafador que se precie de las arcas públicas, es decir de la Seguridad Social", "sostenimiento de parásitos, mangantes, farsantes, estafadores y otros especímenes del tipo Zurdo y compañía, o lo que es lo mismo: Zurdo S.L. Fíjense hasta qué punto este vulgar sinvergüenza tiene espíritu de trincón, intenciones de golfo sin reparos y condición personal de chorizo insaciable".»

He aquí un ejemplo claro de imputación genérica de apropiación indebida de fondos públicos que no aclara el acusado, difiriendo cualquier otra concreción al acto del juicio oral.

[d] Textos de 30 de julio de 2006:

"me parece muy bien, estupendo, que el Zurdo y su compañía, entre ellos el Niño de la Sevillana hagan un llamamiento a la juventud de Niebla no para que les DESCUBRAN, sino para que le ayuden a OCULTAR el manto de corrupción urbanística que ambos personajes tienen tramado desde hace meses".

"Pero el asunto estrella del Pleno del día 3, no quieren el Zurdo y compañía que se divulgue, para jugar con el factor sorpresa, y porque además tiene una connotación directísima con una maniobra impregnada de corrupción urbanística y fruto de la cual entre el Zurdo , su selecta compañía y el niño de la sevillana se habrán de repartir más de mil millones de pesetas, fruto de un pelotazo inmobiliario sin precedentes en Niebla, pero que desde esta plataforma ni lo vamos a consentir ni lo vamos a silenciar. Quieren el Zurdo y compañía que el pleno municipal legalice una promoción inmobiliaria de SETENTA VIVIENDAS, previstas de construir en el solar de las maderas de Camacho para de este modo enriquecer al mencionado niño de la sevillana en la nada despreciable cifra de los mil millones de pesetas y, a cambio, dice el Zurdo atiborrado de oculta tramposa intencionalidad, proveer a la juventud de Niebla de la CASA DE LA JUVENTUD". "Mentira, mentira grosera, esto es un atraco al sentido común; una patada a la lógica empresarial; un desprecio a los intereses muncipales, una maniobra corrupta para beneficio DESHONROSO de sus participantes y un quiebro a la riqueza del Ayuntamiento en un momento tan crucial que el Zurdo , el niño... y los demás, saben que ahora o nunca. Van todos a una, a por los MIL MILLONES de beneficio ilícito, injustificado, inmerecido, dinero sucio... en una palabra".

"Según las normas de Planeamiento muncipal, el solar de las maderas de Camacho tiene una superficie de 10.000 metros cuadrados; ha sido adquirido por 150 millones de pesetas y tiene autorizado por el PGOU una edificabilidad de 32 viviendas. Pero al Zurdo y al niño de la sevillana, 32 viviendas les sabe a poco; quieren 70 adosados, para venderlos a 25 millones cada uno, con una facturación cierta de 1.750 millones de pesetas".

El texto imputa al querellante y a su entorno la ideación e intento de ejecución de un plan de enriquecimiento mediante la compra de un terreno con una edificabilidad determinada a fin de modificar luego el Plan General de Ordenación Urbana, aumentar aquélla a más del doble y obtener fraudulentamente una facturación que estima en mil setecientos millones de pesetas.

Lo anterior, sin embargo, es una interpretación de un texto redactado de forma farragosa, en el que menudean insultos que exceden de lo tolerable en la crítica política en el seno de una sociedad democrática que, por lo mismo, ha de aprender a razonar sin injuriar.

[e] Textos de 7 de agosto de 2006:

"ya sus mentiras e infamias dibujan el perfil de un estafador", "acciones de desmantelamiento de choriceo, mangoneo y corrupción que caracterizan al Zurdo y compañía", "se refiere a las contrataciones y despidos de personal municipal; turbios manejos contables de dineros públicos, chanchullos urbanísticos; enredado asunto GANDIVER en el que está enfangado hasta el cuello".

"También se le exige a la camorra municipal encabezada por el Zurdo que haga públicos los contratos de intencionalidad pestilente que desde el Ayuntamiento se han suscrito con profesionales externos, a los que pagan cantidades millonarias al solo objeto de asesorar al equipo de gobierno municipal para que VULNEREN la legalidad sin dejar pruebas incriminatorias", "hemos de suponer que lo que el Zurdo y compañía tienen contratado es a un equipo de profesionales del Derecho que le asesoran en COMO DELINQUIR SIN SER ACUSADO DE DELINCUENTE, artífices y malabaristas del FRAUDE A LA LEY".

"Destaca muy especialmente la relativa a la desaparición fraudulenta de aquellos CINCO MIL EUROS recaudados en la velada organizada expresamente para dotar de recursos a la Hermandad de la Virgen del Pino." .

En los párrafos transcritos se suceden dosordenadamente imputaciones de actividades descritas en términos tan generales que sugieren al lector la probabilidad de que se han cometido delitos de apropiación de fondos públicos mediante manejos contables o como consecuencia de ilícitos urbanísticos, y haber contratado servicios de profesionales del Derecho (que no se citan) para maquillar las operaciones y blanquear los ingresos conseguidos.

[f] Textos de 19 de agosto de 2006:

"resulta que el Zurdo , como todo el mundo sabe, es pensionista-estafador de la Seguridad Social como policía de porra y pistola; dicen los médicos que padece inclinaciones suicidas-homicidas-depresivas... y, al parecer, le han recomendado desde el Departamento de Psiquiatría del Hospital Infanta Elena que se vaya de Niebla una temporadita"

"Este gato sin cascabel en su pescuezo hinchado", "sus trinques oficiales del Ayuntamiento que le han acabado para siempre, las fechorías de GANDIVER empiezan a pasarle factura y es muy probable que finalmente reserva habitación en el hotel la Ribera".

"Y a todo esto nos preguntamos: ¿Quién ha patrocinado el crucero del Zurdo and family? ¿Puede un pensionista de Niebla gastarse más de UN MILLÓN DE PESETAS en dos semanas en viaje de placer? ¿Para tanto da la pensión de esquizofrénico- paranoico de la Policía Nacional? ¿No hay mucho misterio en este alarde de poderío financiero? Estas realidades me recuerdan a quien es su gran valedor inmobiliario: EL NIÑO DE LA SEVILLANA. ¿Habrá sido sufragado el crucero del Zurdo con un regalito a cambio del pelotazo diseñado con el solar de las maderas de Camacho?". ...»

Si los dos primeros párrafos constituyen una sucesión narrativamente poco estructurada de exabruptos en que se puede identificar una reiteración de la acusación de estafa a la Seguridad Social, con una nueva mención a un asunto Gandiver, del que no se aclara nada, y referencias a la salud psíquica del Alcalde, el último contiene una patente imputación de un delito de cohecho. La fórmula literaria interrogativa utilizada encubre la realidad de una afirmación

[g] Textos de 14 de septiembre de 2006:

"las afirmaciones de que en MONTERREY hay terrenos municipales ocupados o cedidos contrariando a la legalidad vigente, es una DIFAMACIÓN ESCANDALOSA que define a los autores de dicha infamia. Aquellas afirmaciones, además de ser fruto de UNA BURDA MENTIRA, esconden la desvergonzante intencionalidad de enriquecimientos ilícitos pretendidos y no alcanzados por los autores conocidos de dicha infamia. Hablemos en plata, EL Zurdo Y COMPAÑÍA lo único que pretenden es coaccionarme, intimidarme, amenazarme con quitarnos terrenos municipales para que sucumba a sus pretensiones nunca confesadas de sacar una gran tajada personal derivada de la recalificación urbanística de la finca MONTERREY".

"Estas difamaciones, que como decimos encierran intereses personales de trinques millonarios y bajo cuerda, que se han visto impedidos a disfrutar, constituyen la excusa fundamental con la que el Zurdo y compañía quieren descalificar personal y políticamente a este firmante promotor de la Plataforma Independiente de Ciudadanos de Niebla".

[h] Textos de 17 de septiembre de 2006:

"El Zurdo y compañía (entiéndase por Cía al trío dominante en el equipo de gobierno municipal, principalmente) quisieron hacer su gran negocio privado, pagando un gran pelotazo, a costa de MONTERREY, pretendiendo forzar una venta a favor de la inmobiliaria BAYO y el Ayuntamiento de Niebla de cuyos resultados, indudablemente, saldrían grandemente beneficiados tanto el comprador como el inductor a la compra".

"Y aquí radica el descubrimiento del pastel: AL Zurdo Y CÍA LES INTERESABA EL CONVENIO CON BAYO... Claro está, el acuerdo preestabledio supondría poner en circulación determinados maletines que, en caso contrario, dejarían de percibirse". ...»

En estos párrafos se acumulan la imputación clara y explícita de amenazas y coacciones delictivas y la reiteración de un delito urbanístico derivado de la recalificación de la finca MONTERREY, mediante u convenio con la Inmobiliaria BAYO.

[i] Textos de 21 de septiembre de 2006:

"por formalizar convenios urbanísticos con inversores privados, previamente selecciondos con gran sigilo y cautela, y que son los que le posibilitarán llevar a cabo sus ansias enriquecedoras en el marco de una aparente impunidad".

"El uso fraudulento de los convenios urbanísticos es el instrumento más eficaz que el equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento de Niebla entiende que es la forma menos arriesgada, solapada y discreta que ellos pueden afrontar para conseguir sus aspiraciones personales más inconfesables: garantizarse un futuro económico familiar sin esfuerzos ni méritos para su consecución".

[j] Textos de 26 de septiembre de 2006:

"la trama de delincuencia urbanística del Zurdo y Cía. Abundando en esta actuación delictiva, comprenderemos sus difamaciones acerca de los falsos ilícitos de Monterrey", "desmantelar la trama de corrupción municipal que el Zurdo y los suyos tienen organizada en el Ayuntamiento de Niebla". ...»

Lo anterior constituye una explicación de la estrategia genérica para llevar a cabo operaciones como la descrita en el apartado precedente, con el que guardan una clara relación de sentido, permitiendo su tratamiento unitario.

Mucho más explícito es el siguiente texto:

"Del interés mostrado por el Zurdo y Cía, me quedó muy bien a las claras que para disfrutar de este tipo de favores había que PAGAR PEAJE, por supuesto que subrepticio, pero en ningún momento quise darme por enterado". "El Zurdo y Cía incidían y repetían su intención de declarar SUELO URBANIZABLE toda la franja de terreno que hay desde el regajo de la Adelfa hasta los Colegios, incluyendo como es lógico MONTERREY y sus fincas colindantes, pero se me dejó bien claro, clarísimo, para que no lo dudase en ningún momento, que esos privilegios urbanísticos se disfrutarían si se llegaba previamente a un ACUERDO DE PAGOS CIFRADOS EN PROPORCIÓN AL NEGOCIO GENERADO POR LA RECALIFICACION DE TERRENOS, o de lo contrario, aquellos propietarios incluidos en dicha franja tendrían que esperar años y años hasta que un nuevo Plan General de Ordenación Urbana los incluyese como suelos urbanos".

"Al instante le volví a llamar para pedirle explicaciones de lo que me estaba exigiendo y me dejó bien claro lo siguiente: que te digo que o partimos por la mitad o no hay CONVENIO; además, que sepas que si no hay generosidad por tu parte, lucharé con uñas y dientes por quitarte las parcelas de MONTERREY que tienes ocupadas y aún están registradas a nombre del Ayuntamiento. Esto es lo que hay, ya sabes dónde estoy, piénsatelo pero no me vuelvas a llamar por teléfono porque no te lo descuelgo. Y aquí empiezan las difamaciones de EL Zurdo para amedrentarnos, coaccionarnos, intimidarnos para que callemos, o la represalia de los terrenos ilícitamente ocupados pesará sobre nosotros"

En este caso, la acusación de corrupción urbanística (una propuesta de compra a precio bajo y tal vez inferior al de mercado de inmueble para su posterior explotación previa recalificación.

El problema es que no parece haber otra prueba de la supuesta oferta de negocio ilícito que la declaración del hoy recurrente no articulada en una denuncia institucionalizada que hubiera permitido la apertura del correspondiente procedimiento de investigación, sino en su difusión pública.

[k] Texto de 1 de octubre de 2006:

"si saber simular una incapacidad laboral, estafando al tribunal calificador, es motivo suficiente para ser receptor de un subsidio vitalicio, entendemos que cualquier ciudadano de Niebla...", "se permita la osadía de prevalerse de su cargo representativo para anteponer sus intereses particulares con prioridad al interés público que dice representar y por el que, para más recochineo, percibe comisiones, dietas y otras fuentes de ingresos que tampoco compartimos", "dicha desigualdad jurídica deviene en enriquecimientos ilícitos, posiblemente constitutivas de un delito continuado de cohecho", "estamos plenamente convencidos de que constituye un acto injusto que el Zurdo y compañía suscriban pre-acuerdos urbanísticos con inversores especulativos y sin escrúpulos, perciban indiciariamenté sustanciosas compensaciones en forma de sobornos", "a los que se nos pretende callar con difamaciones, amenazas, coacciones, bajunas y otros métodos de igual tradición mañosa y reconocida naturaleza ilícita".»

No hace falta un gran despliegue argumentativo para justificar que en el texto se contiene una acusación de delitos de cohecho, urbanístico, de amenazas, coacciones y supuestamente injurias, enunciada en ocasiones en esos términos relativamente ambiguos que realmente transmiten al destinatario la apariencia de una afirmación inequívoca.

En este caso, las acusaciones no identifican hechos concretos sino que se mueven en el cómodo espacio de la generalidad, lo que coloca a la víctima en una difícil posición al impedirle prácticamente la defensa frente a aquéllas.

[l] Texto de 5 de octubre de 2006:

"ha establecido un acuerdo con el Zurdo y compañía en términos que, según nuestra experiencia negociadora con estos individuos, se compone de dos partes, UNA CONFESABLE y otra que contendría la parte ILÍCITA de lo convenido, que llamaríamos INCONFESABLE". ...»

La redacción de este párrafo es tan inconcreta que sólo podría descubrirse un sesgo calumnioso interpretada en el contexto de todas las restantes, método hermenéutico perfectamente admisible de tratamiento jurídico del caso.

[m] Textos de 28 de octubre de 2006:

"quienes a todas luces han convertido sus potestades institucionales en instrumentos para el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la prevaricación y la falsedad documental, entre otras lindezas de su particular forma de entender la representación popular que ciudadanos de buena fe le han conferido temporalmente", "le ofrezco mi total apoyo para el esclarecimiento de las actividades delictivas que vienen protagonizando, a modo de complot, la cabecera gobernante en Niebla y ese inversor especulativo conocido como EL NIÑO DE LA SEVILLANA, entre otros beneficiarios coautores y cooperadores necesarios sin los cuales las fechorías urbanísticas de aquel equipo de delincuentes de la política carecerían del incentivo económico suficiente para reincidir en sus intentos de legalizar lo ilegalizable, de normalizar lo excepcional y de percibir torticeramente comisiones y recompensas por su labor desarrollada como profesionales de la política reconvertidos en discípulos aventajados de aquellos capos del urbanismo que aparecen a diario como epicentro del noticiero municipal a nivel nacional".

"Sino como el testimonio de un convicto de que la actuación política y administrativa que están siguiendo quienes encabezan nuestra política municipal, es a todas luces prevaricadora en su forma de adoptar acuerdos individuales, deleznable en sus intentos de involucrar al resto de la Corporación en sus pretendidos acuerdos peínanos y típicamente punibles desde la perspectiva del Derecho penal en cuanto a la intencionalidad (delitos de tentativa) y logros previstos de alcanzar desvirtuando la institución que encabezan hasta su transformación en un simple y vulgar instrumento para su supervivencia presente y futura, una vez pertrechados de recursos de procedencia ilícita conseguidos gracias a su desvergüenza política en la persecución de objetivos a todas luces reprochables". ...»

Ahora ya se hace referencia explícita (e igualmente inconcreta) a actividades delictivas como el «enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la prevaricación y la falsedad documental», y a una « política municipal ... a todas luces prevaricadora en su forma de adoptar acuerdos individuales ...», aunque pudiera desprenderse de los términos en que los fragmentos están redactados que los delitos (o, al menos, algunos de ellos) no llegaron a consumarse, aunque sí hubieran alcanzado el grado de tentativa punible.

[n] Texto de 9 de noviembre de 2006:

"el firmante de aquella denuncia es Juan Ignacio , lo que pongo en conocimiento de Zurdo y compañía a los efectos que ellos consideren oportunos, entre los que no descarto las medidas de represalia propias de quienes se vienen erigiendo, desde hace más de tres años, en unos auténticos profesionales de la delincuencia política y de la corrupción municipal". ...»

En el texto, además de una predicción de posible futura represalia por parte de los denunciados, se aprovecha para presentar a sus oponentes como «... profesionales de la delincuencia política y de la corrupción municipal ...», expresión de significado tan impreciso desde el punto de vista de la relevancia jurídica penal de la imputación que hace difícil valorarla como verdadera calumnia o como injuria, lo que carecería de trascendencia práctica dada la concurrencia de otras ya transcritas.

En la octavilla elaborada por Juan Ignacio y repartida en la vía pública en el mes de agosto de 2006, se incluían párrafos que refuerzan o reiteran las imputaciones de estafa a la Seguridad Social (« Armando ha pasado de ser por obra y gracia de un psiquiatra engañado, Alcalde de Niebla, después de superar la barrera médica que le cualificó como majareta en grado extremo, es decir, con tendencias agudas al suicidio, al homicidio... y a la fantasía de las manías persecutorias ...»), urbanístico y de cohecho («el candidato al pelotazo de los mil millones en el solar de las maderas de Camacho»).

[o] Algo similar ocurre en el folleto que simulaba un cartel taurino, hecho público el 8 de septiembre de 2006, y en el que se vertían la siguiente frase: «... Se lidiarán cuatro becerros con barba de chivo, de la ganadería los kikarrones, divisa verde y blanca como los billetes de 100€, que pastan en la finca DIRECCION001 de Lavapiés ...»

No era preciso extenderse demasiado en la argumentación de la concurrencia de un ánimo injurioso puesto que el tipo del delito se conforma con la de un elemento objetivo que implica un juicio normativo (la imputación falsa de un hecho que, de ser cierto, constituiría delito) y de otro, un elemento subjetivo que puede ser alternativamente la conciencia de la falsedad o una actitud de reprochable temeraria indiferencia a que lo sea la imputación hecha.

Por lo demás, el tono de los textos transcritos evidencia que, aparte del alegado propósito de crítica de la acción política municipal y de denuncia de supuestas irregularidades, ilicitudes y delitos, trasluce claramente la intención de desprestigiar a las personas en que se centra el interés del acusado.

Sexto:

Porque la falsedad forma parte del tipo objetivo dispone el artículo 207 del Código Penal que «... [el] acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado ...».

El Título IV del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal r egula un procedimiento especial por delitos de injuria y calumnia contra particulares (aunque, como pone se pone de relieve en la bibliografía especializada, «... más que completos procedimientos, prevén reglas concretas a aplicar durante la fase de instrucción en el enjuiciamiento de aquellos comportamientos susceptibles de ser considerados constitutivos de un delito contra el honor ...»), dentro del cual se incluye el artículo 810 que establece lo siguiente:

«... De las reglas establecidas en los tres artículos anteriores se exceptúan las injurias dirigidas contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos, así como también la calumnia, cuando los acusados manifiesten querer probar antes del juicio oral la certeza de la imputación injuriosa o del hecho criminal que hubiesen imputado.

En uno y otro caso no podrá darse por terminado el sumario hasta que el querellante determine con toda precisión y claridad los hechos y las circunstancias de la imputación, para que el procesado pueda preparar sus pruebas y suministrarlas en el juicio oral. Si no lo hiciere en el plazo que el Juez le señale, se dará por terminado el sumario, teniendo en cuenta su falta u omisión para que no perjudique al acusado. ...»

Este precepto -que algunos especialistas consideran anacrónico- parte de la aplicación del que, al tiempo de entrar en vigor la Ley de Enjuiciamiento Criminal, era el procedimiento ordinario por delito, pero actualmente, dadas las penas con que se conminan los delitos contra el honor, se aplican las normas del Procedimiento Abreviado, lo que genera inevitables dificultades de ajuste procedimental.

Sí está claro que el objetivo del artículo 810 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que el querellante (ahora, las partes acusadoras) establezca con claridad y precisión los hechos que considera constitutivos de calumnia o injuria para que el procesado pueda preparar sus pruebas y suministrarlas en el juicio oral.

En el presente caso, así ha ocurrido: tanto el Ministerio Fiscal como el acusador particular determinaron detalladamente en los respectivos escritos de acusación los hechos supuestamente delictivos.

Carga la Ley sobre el acusado la prueba de la veracidad de los hechos imputados o de haber procedido con la mínima diligencia para cerciorarse de que sus imputaciones estaban fundadas para excluir el reproche por temerario desprecio por la verdad.

En la bibliografía especializada se han expresado críticas a este precepto legal que pudiera comprometer la eficacia de la afirmación interina (o presunción) de inocencia, consagrada por el inciso final del apartado segundo del artículo 24 de la vigente Constitución Española .

En efecto, a juicio de estos críticos, en buena técnica debiera cargar sobre la parte acusadora la prueba no sólo de la realidad de las imputaciones y de su autoría sino también de su falsedad.

Acaso, en el fondo, late la idea de que el supuesto calumniador tampoco respetó ese mismo derecho que también tiene la persona a la que se refirió y que, pudiendo haber acudido a las instituciones (aparatos policial y judicial) competentes para investigar, perseguir y juzgar hechos constitutivos de delito, prefirió moverse en el terreno de su propagación pública a través de los medios de difusión con los que contaba. Por eso, al haber procedido así, ha de soportar las consecuencias de sus propios actos y demostrar procesalmente que sus manifestaciones eran verdaderas o que, al menos, antes de propalarlas, trató de verificar mínimamente la fiabilidad de sus fuentes de información.

Esto no obstante, no existe pronunciamiento alguno del Tribunal Constitucional sobre este extremo, ni se ha cuestionado por las partes, durante todo el procedimiento, la contradicción de la norma invocada con nuestra Ley Fundamental.

La parte recurrente se queja de que la Juez de Instrucción denegó buena parte de la prueba propuesta por aquélla para su práctica en juicio oral, lo que habría hecho ilusorio su derecho a defenderse de las acusaciones formuladas contra ella.

En realidad, el acusado había redactado sus textos de forma que las imputaciones eran parcialmente incompletas, aunque lo suficientemente explícitas para que cualquier lector con medianas luces comprendiera el alcance de aquéllas.

Como, por otra parte, se acumulaban hechos diferentes y sucesivos de la vida municipal, el objeto litigioso se volvió extremadamente complejo.

Ello no hubiera excusado de hacer practicar la prueba de descargo correspondiente, pero a lo anterior se unió que la mayor parte de ella tenía carácter puramente prospectivo, como corresponde a la deficiente concreción fáctica de las afirmaciones supuestamente calumniosas.

En cualquier caso, tal vez por un conocimiento insuficiente de la técnica procesal penal, el acusado (como pone de relieve el acusador particular al oponerse al recurso) dejó pasar la oportunidad de reproducir, en la fase preliminar del juicio oral, la proposición de las pruebas a su juicio indebidamente denegadas, e incluso resulta chocante que, tras su queja, no haya propuesto tampoco su práctica en esta segunda instancia, por lo que sólo se puede concluir que no ha demostrado ni siquiera indiciariamente la veracidad de sus escritos calumniosos.

Lo anterior al margen, se debe recordar que los textos calumniosos se mantenían dentro de los márgenes del afirmado proyecto delictivo ajeno, no traducido en hechos concretos de modo que su prueba apenas podía consistir -como ocurrió- en la invocación de conversaciones privadas del recurrente con el Alcalde.

Y en el mismo escrito de recurso, a propósito de la desaparición de una cantidad de dinero obtenida en un festejo local, únicamente puede especular a base de la crítica del comportamiento del querellante.

En fin, ya se razonó por qué la incapacidad para ejercer la función de Policía Local no tenía por qué implicar la precisa para el ejercicio de la de Alcalde que, por lo demás, es un cargo electivo y no estatutario, que no requiere la superación de una prueba de sanidad mental, ni en definitiva ha podido precisar el apelante síntomas de un desequilibrio inhabilitante más allá de sus propias valoraciones personales, obviamente no respaldadas por una probada titulación en la materia.

Séptimo:

En otro lugar, el juzgador en primera instancia explica:

«... En otro orden de cosas, los hechos declarados probados integran una falta contra el patrimonio prevista en el artículo 626 del Código Penal , toda vez que el acusado Juan Ignacio ensució mediante pintadas las fachadas de varios inmuebles de propiedad ajena sin contar con consentimiento ni conocimiento de sus titulares. ...».

Dispone el precepto invocado:

«... Los que deslucieren bienes muebles o inmuebles de dominio público o privado, sin la debida autorización de la Administración o de sus propietarios, serán castigados con la pena de localización permanente de dos a seis días o tres a nueve días de trabajos en beneficio de la comunidad. ...»

Recuerda el juzgador en primera instancia que «... ha reconocido de manera expresa el acusado haber sido el autor de las pintadas efectuadas en varias fachadas del pueblo. Este extremo ha sido corroborado por los agentes de Policía Local que le sorprendieron in fraganti mientras se dedicaba a tal actividad, y que han venido a confirmar que se trataba en todos los casos se inmuebles de propiedad privada, lo que, con absoluta independencia de que los respectivos propietarios hayan decidido no formular denuncia por los hechos, integra la falta contra el patrimonio prevista en el artículo 626 del Código Penal , que es infracción perseguible de oficio. En concreto, el testimonio del agente de Policía Local n° NUM001 resulta sumamente clarificador, al resaltar que uno de los inmuebles pintados era propiedad de D. Leoncio (folio 13, vuelto, del acta de juicio oral) y constar al propio tiempo en autos la titularidad privada de otro de ellos (D. Urbano , folio 100 de autos). ...».

Alega, en su defensa, el apelante, que no produjeron daño real alguno, puesto que se realizaron en lugares cuyo estado estaba muy descuidado, lo que puede ser cierto en algunos casos, pero no en todos; y es oportuno recordar que sí se produjo un daño, a saber, la alteración de su aspecto exterior, cuya restauración causó a su vez el perjuicio resultante de tener que pagar los trabajos de su limpieza.

Octavo:

Interesa, el apelante, que se aprecie en él la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas .

La Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, modificó el artículo 21 del vigente Código Penal . La séptima de las circunstancias enunciadas en él es ahora la siguiente:

«... La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa. ...»

Revisando el curso del procedimiento, resultan una serie de hechos de gran interés para pronunciarse sobre la prosperabilidad de este capítulo recursivo.

Con fecha 28 de julio del 2006, Armando denunció que, el día anterior, Juan Ignacio había realizado varias pintadas en distintos lugares de Niebla en las que aparece la siguiente leyenda « Zurdo = CORRUPCIÓN A LA CARCEL».

Además, manifestó que, en el blog de Internet « DIRECCION000 », se habían publicado diversos escritos en los que se injuriaba y calumniaba al denunciante, tanto como particular cuanto como Alcalde del Ayuntamiento.

Y un Policía Local había sorprendido al denunciado, el 27 de julio, pintando con un atomizador de pintura en la fachada de un solar sito en la CALLE001 « Zurdo = CORRUPCIÓN», comprobando que había inscripciones similares en otras partes de la localidad.

El propietario, Urbano , denunció el mismo hecho con igual fecha.

El 12 de septiembre del 2006, Armando , en su condición de Alcalde de Niebla, denunció la aparición de unas hojas volanderas por diversos lugares de la ciudad que consideraba vejatorias para sí, como tal Alcalde, y para todo el Equipo de Gobierno municipal. Se adhirió a esta denuncia, el mismo día, Marcos , Primer Teniente de Alcalde.

El 15 de septiembre del 2006, Isaac presentó enuncia por la aparición de esas pintadas.

El mismo día, Juan Ignacio denunció que tenía conocimiento de que el Alcalde había dador orden de borrar las pintadas, manifestando que de este modo se violaban derechos cívicos a la libertad de expresión, denuncia pública y divulgación de hechos verdaderos, remitiéndose a supuestas publicaciones en distintos medios de comunicación alusivas a la existencia de una trama de corrupción municipal que se debería perseguir, a su juicio, hasta sus últimas consecuencias.

Por Auto de 9 de octubre del 2006, se abrieron Diligencias Previas número 1354/2006 en el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Moguer , por posibles delitos de calumnias y amenazas.

La denuncia de Isaac dio lugar a la inocación de Juicio de Faltas número 309 del 2006, en el mismo Juzgado de Instrucción número 2, por Auto de 28 de septiembre del 2006 .

Por Auto fechado el 22 de noviembre, dictado tras abrirse la sesión del Juicio de Faltas, se ordenó acumularlo a las Diligencias Previas.

El 30 de noviembre, el denunciante compareció en el Juzgado de Instrucción manifestando su voluntad de retirar la denuncia interpuesta.

Por providencia de 16 de febrero del 2007 se ordenó al Secretario del Juzgado consultar el web «Niebla Social, Urbana y Cooperativa, Plataforma independiente de Ciudadanos de Niebla».

Por providencia de 9 de octubre del mismo año se dispuso la reanudación del procedimiento y la práctica de diversos actos de investigación.

Entre ellas figuraba la declaración, como imputado, de Juan Ignacio , habiéndose señalado al efecto el 29 de noviembre del 2007. El citado excusó su comparecencia por escrito de 26 del mismo mes y año, en el que además se protestaba por lo que consideraba órdenes arbitrarias de detención en su contra, que pudieran constituir delitos de prevaricación y detención ilegal, a la vez que se cuestionaba la salud mental de la Juez de Instrucción, por sospechar que su actuación irresponsable y temeraria (así, en el escrito) pudieran ser consecuencia del padecimiento de esquizofrenias u otras paranoias.

Se le citó nuevamente para el 21 de febrero del 2008.

No fue posible citarlo en el domicilio facilitado (en Huelva, AVENIDA000 , número NUM002 , NUM003 piso) porque se encontraba constantemente de viaje.

Finalmente, se dispuso el archivo provisional de las Diligencias Previas por Auto de 10 de marzo del 2007.

El 28 de julio del 2008 fue finalmente localizado y puesto a disposición del Juzgado instructor, citándole para declaración el 11 de septiembre siguiente.

De nuevo excusó su asistencia, por comparecencia de 20 de agosto, alegando que coincidía con un examen de fin de carrera.

Fijada nueva fecha, el 16 de octubre, de nuevo interesó, por escrito del día 15, un aplazamiento por encontrarse aquejado por una lumbalgia, presentando un informe de urgencias de 2 del mismo mes.

Ordenada su detención, prestó finalmente declaración el 5 de diciembre del 2008.

En su curso formuló imputaciones concretas.

Por una de ellas, un supuesto fraude inmobiliario sobre un terreno llamado Monte Rey. Se recibió declaración al Alcalde sobre este extremo dando las explicaciones que constan documentadas en los folios 270 y 271.

Transformadas las Diligencias Previas, por Auto de 3 de febrero del 2009, en Preparación de Procedimiento Abreviado por porsible delito de calumnia, y recurrido por el querellante, por Auto de 5 de marzo del 2009 se amplió por posibles delitos de injurias y de amenazas.

Presentado escrito de acusación por el Ministerio Fiscal y por el querellante constituido en acusador particular, por posibles delitos continuados de calumnia e injuria y falta de daños. Por Auto de 22 de mayo del 2009 se abrió juicio oral.

Con fecha 7 de septiembre del 2009 se presentó escrito de defensa.

Se celebró juicio oral el día 3 de marzo del 2010 y se dictó sentencia el día 8 siguiente.

El día 29 de marzo se notificó al Procurador de la parte apelante.

La interposición del recurso se demoró el tiempo necesario para que la Defensa del recurrente dispusiera de grabación videográfica del juicio oral.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 131.1 del Código Penal vigente al tiempo de ocurrencia de los hechos enjuiciados, los delitos de injuria y de calumnia prescriben al año, contado desde su fecha e interrumpiéndose el plazo prescriptivo, de acuerdo con su artículo 132 , desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, volviendo a correr cuando se paralice y hasta su reanudación.

No hay razón alguna para concluir que la responsabilidad penal del acusado se haya extinguido por prescripción , ya que el procedimiento penal se abrió precisamente contra él mucho antes de pasado un año desde el hecho enjuiciado sin que nunca haya llegado a estar paralizado durante ese tiempo.

En conclusión , la razón fundamental de las demoras de tramitación es la dificultad que presentó, durante la investigación preliminar, la localización del imputado y su comparecencia a fin de prestar primera declaración.

En estas circunstancias, difícilmente podrá invocar el recurrente como causa de atenuación de su responsabilidad esa dilación.

Noveno:

Entiende el juzgador en primera instancia que procede imponer al acusado, en quien concurre la circunstancia agravante de reincidencia, la pena de «... multa de catorce meses por el delito continuado de injurias graves con publicidad, en tanto legalmente adecuada a la conducta enjuiciada ( artículos 74 y 66.1.3° del Código Penal ) y proporcionada a la entidad y gravedad de ésta, dada sobre todo la persistencia temporal de la conducta delictiva, que se extiende de manera insistente y reiterada a lo largo de varios meses, con el parejo incremento de antijuridicidad.

Por el delito continuado de calumnias con publicidad, procede la de multa de veintidós meses ( artículos 74 y 66.1.3° del Código Penal ). Se opta por la pena pecuniaria en vez de la privativa de libertad alternativamente imponible dado que las calumnias propiamente dichas presentan un carácter más ocasional, contrastando en este punto con el predominio material de la injuria o difamación pura que es de ver en los textos publicados por el acusado.

Por la falta contra el patrimonio se impone al acusado una pena de cuatro días de localización permanente, dada asimismo la reiteración de la conducta, que afecta cuando menos a dos inmuebles de propietarios diferentes.

Por lo que respecta a la cuantía de las multas a imponer, y teniendo en cuenta que el acusado es Letrado en ejercicio, lo que denota una cierta capacidad económica, procede la asignación de una cuota diaria de diez euros conforme a lo establecido en el artículo 50, párrafo 5, del Código Penal . ...»

Este tribunal comparte el criterio del juzgador en primera instancia, cuya razonabilidad no resulta suficientemente desvirtuada por los argumentos del apelante.

Ha tomado como base, por un lado, la gravedad objetiva del hecho, a la que ha de sumarse la consideración de la personalidad del autor, caracterizada por su agresividad verbal, la grosería chocante de su modo de expresarse, la falta de respeto a los límites más elementales del debate que rigen en una sociedad democrática y, por lo visto, su indiferencia al efecto de prevención especial de la pena, revelada por la concurrencia de la circunstancia avravante de reincidencia.

Por lo que toca a la cuantificación de la multa, el juzgador en primera instancia invocó indicios de capacidad económica que sugiere la experiencia vulgar y las circunstancias concurrentes. Diez euros, en el año 2020, era algo menos de la mitad del salario mínimo interprofesional, y no se olvide que la pena de multa, para que sea realmente disuasoria, ha de tener un grado de aflictividad suficiente para que sirva de recordatorio al culpable en caso de sentir la tentación de reincidir, como ya lo ha hecho en ésta.

Por lo demás, si realmente sobrevinieran hechos que hicieran patentemente desproporcionado el sacrificio que el pago de la multa implica, nada impediría que el condenado solicitara su fraccionamiento.

Décimo:

Por lo que se refiere a la responsabilidad civil , cuando se trata de bienes personalísimos, sustraídos a la negociación en el mercado, se carece de una referencia objetiva de valoración.

Superado hace mucho tiempo el prejuicio que negaba la inviabilidad de una indemnización de esta clase de bienes, al ser sustituída la idea del resarcimiento integral -o restitución plena al estado anterior a su lesión- por la de su compensación mediante la atribución de una cantidad de dinero que permita a la víctima proporcionarse ventajas o placeres que contrapesen el dolor sufrido, se admite sin problemas -explícitamente por el artículo 110.3 º y 113 del vigente Código Penal - la del llamado daño moral en sentido estricto , que procede aun cuando n o se haya acreditado otro de naturaleza económica.

El juzgador en primera instancia argumenta así su decisión:

«... A la hora de cuantificar el perjuicio moral se ha tenido en cuenta tanto la gravedad objetiva y la reiteración y saña de las expresiones injuriosas, ya suficientemente explicada, así como el hecho de su continuidad en el tiempo (son múltiples los textos injuriosos, publicados durante meses), su difusión potencialmente ilimitada a través de un medio de comunicación tan poderoso como es Internet -con el plus de daño moral que ello comporta- y el hecho de afectar tanto al aspecto profesional de los perjudicados como al puramente personal, al verterse contra ellos múltiples insultos de toda clase referidos a una y otra dimensión de la persona. Son todas éstas circunstancias que agravan si cabe el daño moral inherente a la difamación, y dentro de la dificultad de establecer una compensación económica para resarcir tan grave perjuicio se está en el caso de fijar tales cantidades, en tanto prudencialmente adecuadas a la deseable reparación del daño.

Se asigna una reparación superior a D. Armando por haber sido éste destinatario de una parte proporcionalmcntc muy superior del conjunto de expresiones injuriosas vertidas por el acusado, como es de ver en el relato de hechos probados. ...»

Este tribunal asume este razonamiento que considera suficientemente motivado.

Undécimo:

No se encuentran motivos para imponer las costas de esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes intervinientes.

Por cuanto antecede,

Fallo

que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Fernando González Lancha, en nombre y representación procesal de Juan Ignacio , contra la sentencia número 103 del 2000, dictada, con fecha ocho de marzo del dos mil, en Procedimiento Abreviado número 327 del 2009, del Juzgado de lo Penal número 4 de los de Huelva , debemos confirmar, y, en consecuencia, confirmamos, dicha sentencia, sin hacer imposición de las costas de esta instancia.

Contra esta sentencia no cabe ulterior recurso.

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de Instrucción de su procedencia, acompañando testimonio de esta sentencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- La anterior sentencia ha sido publica en el día de su fecha y en audiencia pública por el Ilustrísimo Señor Magistrado Ponente.

Doy fe.

Injuria
Calumnia
Delito de injurias
Dignidad de la persona
Insulto
Falta de injurias
Responsabilidad
Dolo
Injurias graves
Delitos continuados
Desprecio hacia la verdad
Agraviado
Antijuridicidad
Valoración de la prueba
Delito de calumnia
Delitos contra el honor
Amenazas
Coacciones
Delito continuado de calumnias
Faltas contra el patrimonio
Vejaciones
Corrupción urbanística
Malversación
Tipo penal
Corrupción
Reformatio in peius
Fuerza probatoria
Delito de cohecho
Trato degradante
Integridad moral