Última revisión
28/05/2010
Sentencia Penal Nº 194/2010, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 6, Rec 128/2010 de 28 de Mayo de 2010
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Relacionados:
Tiempo de lectura: 8 min
Orden: Penal
Fecha: 28 de Mayo de 2010
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: SERRANO GASSENT, FRANCISCO JESUS
Nº de sentencia: 194/2010
Núm. Cendoj: 28079370062010100395
Encabezamiento
ROLLO DE APELACION Nº 128/2010.
JUICIO DE FALTAS Nº 65/2010.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 2 DE ARANJUEZ.
S E N T E N C I A Nº :
AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID
SECCION SEXTA
----------------------------------------------------
En Madrid a 28 de Mayo de 2010.
VISTA, en segunda instancia, por el Ilmo. Sr. D. Francisco Jesús Serrano Gassent, Magistrado de la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, actuando como Tribunal unipersonal en turno de reparto, conforme a lo establecido en el art. 82.2º, párrafo 2º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial , la presente apelación contra la sentencia dictada por la Sra. Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranjuez, de fecha 24 de Febrero de 2010, en la causa citada al margen, siendo parte apelante D. Remigio .
Antecedentes
PRIMERO.- Por la Sra. Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranjuez, se dictó sentencia de fecha 24 de Febrero de 2010 , siendo su relación de hechos probados como sigue: "Resulta probado y así, expresa y terminantemente se declara que Remigio tiene problemas económicos con Juan Alberto .
No ha quedado acreditado que el día 2 de febrero de 2010, Juan Alberto mandara un mensaje a Remigio diciéndole "te mato".
Y siendo su parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "Debo absolver y absuelvo libremente a Juan Alberto de los hechos que han dado lugar al presente Juicio, con declaración de las costas de oficio".
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso, en tiempo y forma, por D. Remigio recurso de apelación, que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso se dio traslado del mismo a las demás partes personadas para que alegasen lo que estimaran oportuno, remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- En fecha 13 de Abril de 2010, tuvo entrada en esta Sección Sexta el precedente recurso, formándose el correspondiente rollo de apelación, señalándose para la resolución del recurso la audiencia del día 27 de Mayo de 2010 , sin celebración de vista.
CUARTO.- SE ACEPTAN y se dan por reproducidos los hechos probados que figuran en la sentencia apelada.
Fundamentos
PRIMERO.- Por Remigio se recurre en apelación contra la sentencia dictada en la primera instancia del presente procedimiento por considerar que en dicha sentencia se incurre en error en la apreciación de la prueba, al considerar que la declaración del denunciante es clara, precisa y contundente, señalando desde la denuncia inicial que el denunciado le ha remitido mensajes a su teléfono móvil de carácter amenazante, mientras que el denunciado no compareció al acto del juicio, por lo que renunció a dar una explicación y defenderse de la imputación de que era objeto.
Frente a ello la sentencia recurrida no consideró probada la participación del denunciado, Juan Alberto , en los hechos objeto de enjuiciamiento, porque no otorgó credibilidad a la versión del denunciante al tener problemas económicos con el denunciado, y así señala el Juez a quo: " Remigio tiene problemas económicos con el denunciado. Esta circunstancia determina la existencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones entre el denunciante y denunciado que puedan suponer la existencia de móviles de interés de cualquier clase, que impiden otorgar credibilidad a su versión" y por eso concluye el Juez a quo señalando que: "Dado que las pruebas aportadas no son suficientes para determinar el modo en que se produjeron los hechos, de conformidad con el principio "in dubio pro reo",... el "dubium" ha de decantarse a favor del reo, procede la libre absolución de Juan Alberto ".
Por lo tanto, la parte recurrente pretende que este Tribunal de apelación realice una nueva valoración de la declaración del denunciante practicada en el juicio oral celebrado en la primera instancia de la causa, y llegue a la conclusión de considerar probado que el denunciado fue el autor de los hechos que se le imputan por dicha parte. Por lo que el objeto concreto del recurso es valorar si el Juez de la primera instancia acertó en la valoración de la prueba practicada en juicio oral.
SEGUNDO.- Centrado así el objeto del presente recurso, debe tenerse en cuenta para la debida valoración de las pruebas personales, que son aquellas en que los hechos a probar son relatados por personas, clase de pruebas entre las que evidentemente se incluye la declaración del denunciante, que tal tipo de pruebas se practica en la primera instancia a presencia del juez que dicta la sentencia en dicha instancia procesal con observancia de los principios de inmediación, oralidad y contradicción, por lo que es dicho juez quien puede apreciar las pruebas personales de forma directa, lo que es de gran interés procesal pues con la inmediación judicial en la práctica de las pruebas personales, el juez a cuya presencia se practican puede apreciar y valorar no sólo lo que se dice, sino también cómo se dice, lo que es de gran importancia para valorar la credibilidad de lo dicho ya que las circunstancias concurrentes en la expresión de quien relata un hecho, tales como coherencia o contradicción en el relato, contundencia, vacilaciones o dudas en las manifestaciones, espontaneidad y rapidez en las contestaciones o dilación entre las preguntas y las contestaciones, tranquilidad o nerviosismo, gestos o movimientos corporales que acompañan a la expresión verbal, etc., son circunstancias esenciales para valorar la credibilidad de dichas pruebas y poder cumplir así con lo establecido en el Art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , precepto que otorga al juez ante el que se practican las pruebas en el acto del juicio oral la facultad y el deber de apreciar "según su conciencia las pruebas practicadas en el juicio", facultad de la que carece el tribunal de la apelación al no practicarse las pruebas personales a su presencia, por lo que es de elemental sentido común que en la apelación se respeten y mantengan los hechos probados declarados en la sentencia de primera instancia salvo cuando concurran circunstancias que evidencien objetivamente el error del juez de primera instancia en la apreciación y valoración de las pruebas ante él practicadas, pero dejando a salvo siempre las conclusiones probatorias derivadas de la inmediación judicial en la práctica de las pruebas personales por parte del juez que dicta la sentencia que se recurre.
TERCERO.- A mayor abundamiento, el criterio que se acaba de exponer viene confirmado por la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en sus sentencias números 167/2002, 197/2002, 198/2002, 200/2002, 212/2002, 41/2003, 68/2003 y 118/2003 en relación con la valoración de las pruebas personales en el recurso de apelación contra sentencias absolutorias en la primera instancia; doctrina de la que resulta que las facultades del tribunal de apelación no son idénticas a las del juez de la primera instancia que dictó la sentencia recurrida, pues el respeto a los principios de inmediación y contradicción en la práctica de las pruebas impide la modificación de la sentencia absolutoria para condenar al acusado en la segunda instancia en virtud de una nueva valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia cuando la debida valoración de dichas pruebas exige la inmediación judicial, pues en caso de que así se hiciera por el tribunal de apelación, se vulneraría el derecho constitucional del acusado a un proceso con todas las garantías.
Por lo tanto, este Tribunal de apelación no puede proceder ahora a valorar nuevamente la declaración del denunciante vertida en la primera instancia para, en su caso, corregir el criterio seguido por el Juez de la primera instancia en la valoración de dichas pruebas, y más cuando el Juez a quo expone las razones por las que no resulta creíble tal declaración. Lo que lleva necesariamente a la desestimación de recurso de apelación que ahora se resuelve, declarando de oficio las costas de esta alzada, al no haber méritos para su imposición a la parte apelante, pues aunque el recurso ha sido rechazado, se trata de un recurso fundado.
Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey,
Fallo
Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por D. Remigio , contra la sentencia dictada por la Sra. Juez del Juzgado de Instrucción nº 2 de Aranjuez, de fecha 24 de Febrero de 2010 , y a los que este procedimiento se contrae, debo CONFIRMAR y CONFIRMO íntegramente la misma, declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno a tenor de lo dispuesto en el art. 977 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y con certificación de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de apelación definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

