Sentencia Penal Nº 199/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 755/2014 de 16 de Septiembre de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00199/2014

ROSALIA DE CASTRO NÚM. 5

Teléfono: 986.80.51.19

213100

N.I.G.: 36038 43 2 2011 0013656

ROLO: RP APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000755 /2014 I

Juzgado de origen: XDO. DO PENAL N.2 DE PONTEVEDRA

Procedemento de orixen: PROCEDEMENTO ABREVIADO 354/2013

Delito/falta: FALSIFICACIÓN DOCUMENTOS PÚBLICOS

RECURRENTE: Ovidio

Procuradora: SONIA AGRA PIÑEIRO

Abogado: JAVIER LOPEZ ROMERO

RECURRIDO: María Angeles , MINISTERIO FISCAL FISCAL

Procurador/a: PEDRO SANJUÁN FERNÁNDEZ

Abogado: FILIPPO PALA TORRES

SENTENZA NÚM. 199

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MAXISTRADOS/AS:

Ilmo. Sr. don José Juan Barreiro Prado, presidente

Ilma. Sra. dona Rosa del Carmen Collazo Lugo

Ilma. Sra. dona Rosario Cimadevila Cea

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Pontevedra a, dezaseis de setembro de dous mil catorce.

Visto, pola Sección Segunda desta Audiencia Provincial, na causa instruída co número 354/2013, o recurso de apelación interposto pola procuradora Sra. Sonia Agra Piñeiro, en representación de Ovidio contra a sentenza ditada polo Xulgado do Penal núm. 2 de Pontevedra. Constituíronse como partes o mencionado recorrente e como apelado María Angeles representado polo procurador Sr. Pedro Sanjuan Fernández e o Ministerio Fiscal, na representación que lle é propia, e actuou como relator o maxistrado don José Juan Barreiro Prado.

Antecedentes

Primeiro.-No acto do xuízo oral de referencia ditouse unha sentenza con data do vinte e tres de xaneiro de dous mil catorce, cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

'Que debo condenar y condeno a Ovidio y a Benito como autores de un delito continuado de falsedad documental previsto y penado en el artículo 395 del Código Penal en relación con el art. 390.1, 1 y 3 del Código penal en concurso medial conun delito de estafa previsto y penado en los artículos 248 y 249 del Código Penal , a la pena, para Ovidio , concurriendo la circunstancia atenuante analógica de reparación del daño, de 21 meses y 1 día de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y para Benito , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de 23 meses de prisión e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; así como al abono de las costas procesales causadas en la parte correspondiente e incluidas la de la acusación particular; decretando la nulidad del contrato de compraventa y debiendo indmenizar conjunta y solidariamente a María Angeles en la suma de 43429 euros.

Que debo absolver y absuelvo a Ovidio del delito de estafa previsto y penado en el artículo 248,1 en relación con el artículo 251,1 del Código Penal , declarando de oficio la parte correspondiente de las costas procesales causadas.

Que debo absolver y absuelvo a Benito del delito de apropiación indebida previsto y penado en el artículo 249 del Código Penal en relación con el artículo 252 del Código Penal , declarando de oficio la parte correspondiente de las costas procesales causadas.'

E, como feitos probados, recóllense expresamente os da sentenza contra a que se apela:

'UNICO.- Resulta probado y así se declara que Ovidio estaba casado, con Remedios , siendo ambos titulares en régimen de gananciales, de la finca e inmueble sito en el lugar DIRECCION000 , NUM000 , en Vilaboa.

A mediados del año 2010, Ovidio decidió vender la mencionada propiedad, poniéndose de acuerdo con su amigo Benito , propietario de la inmobiliaria 'Asesoría Técnia Inmobiliaria'a fin de que le ayudara en la venta.

Benito consiguió como cliente a María Angeles que estuvo conforme en la compra de la propiedad por la suma de 290000 euros. Pese a que Remedios no estaba de acuerdo con el precio ni con la forma de pago que habían acordado, Ovidio y Benito continuaron con la venta, para lo cual Benito elaboró un contrato privado de compraventa, que fue entregado a Ovidio y que éste entregó firmado por él y simulándose la firma de Remedios .

Benito entregó el contrato en blanco a María Angeles que lo firmó entregando una cantidad a cuenta, siéndole después entregado el contrato ya firmado por todas las partes.

Pactados pagos mensuales para el abono del precio, además de ingresarse por parte de María Angeles cantidades en el banco, también se entregaban cantidades en mano como parte del precio, recibos que unas veces se firmaban por Benito o por Ovidio , presentes ambos y otras ya se llevaban firmados; habiendo hecho constar en algunos de los recibos la firma de Remedios , sin que ésta hubiera firmando ninguno de ellos.

Entre los años 2010 y 2011 se hicieron reiterados pagos parciales a cuenta del precio, siendo la cantidad total abonada por la compradora la de 67850 euros, cantidad de la cual Benito se quedó con 42000 euros.

Previamente al acto del juicio, Ovidio abonó a María Angeles la suma de 21821 euros.

Encargado de las gestiones para la adquisición de la vivienda y del abono de los pagos parciales fue Eulogio , por mandato de su cuñada, María Angeles .'

Segundo.-Contra a devandita sentenza, a representación procesual do/da recorrente interpuxo un recurso de apelación, que formalizou expondo as alegacións que constan no seu escrito, o cal está unido ás actuacións.

Terceiro.-Logo de trasladarlle o escrito de formalización do recurso ao Ministerio Fiscal e ás outras partes, presentouse un escrito de impugnación baseándose en que a sentenza obxecto de recurso se axusta plenamente a dereito e solicitouse a súa confirmación.

Cuarto.-O xulgado do penal referido anteriormente remitiu a este Tribunal os autos orixinais con todos os escritos presentados.

Aceptamos e damos por reproducidos os feitos que se declaran probados na sentenza obxecto de recurso.

Fundamentos

Primeiro.- Os acusados Ovidio e Benito foron condenados na instancia como autores responsables dun delito continuado de falsidade documental, previsto e penado no artigo 395, en relación co artigo 390.1.1 º e 3º, en concurso medial cun delito de estafa dos artigos 248 e 249, todos eles do Código penal . Só recorre en apelación Ovidio e, na procura da súa absolución, alega en primeiro lugar, ao abeiro do artigo 790.2 da Lei de axuizamento criminal , a vulneración da presunción de inocencia do artigo 24.2 da Constitución española por non practicarse na vista oral que tivo lugar no Xulgado a quoproba de cargo bastante que, segundo el, acreditase a súa culpabilidade. A que acollamos este motivo de apelación, e os que despois se mencionarán, opóñense tanto o fiscal como a acusación particular formulada por María Angeles .

Segundo.- O dereito á presunción de inocencia configúrase, a modo de regra de xuízo e dende a perspectiva constitucional, como o dereito a non ser condenado sen probas de cargo válidas, o que implica que deba existir unha suficiente actividade probatoria realizada coas garantías necesarias, referida a todos os elementos esenciais do delito, e que dela se poidan inferir razoablemente os feitos e a participación do acusado neles. Así o lembra a recente STS, Penal, Sección 1ª do 1 de xullo de 2014 (ROJ: STS 2699/2014 ) cando reflicte:

[...]que, como declara la STC 189/1998 de 28 de septiembre «sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado». Constituye también doctrina consolidada de este Tribunal que no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, sustituyendo de tal forma a los Jueces y Tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.3 CE , sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta, porque el recurso de casación no es un recurso de apelación, ni éste Tribunal una tercera instancia.

Como hemos declarado en múltiples resoluciones de esta Sala, por todas STS 672/2007 de 19.7 , cuando se alega infracción de este derecho a la presunción de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del Tribunal de instancia, porque a este solo corresponde esa función valorativa pero sí puede este Tribunal verificar que, efectivamente, el Tribunal «a quo» contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos los criterios de la lógica y de la experiencia ( STS 1125/2001 de 12.7 ).

Así, pues, el tribunal de casación debe comprobar que el tribunal de instancia ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió, porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y su práctica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional de la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que de la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo ( STS 209/2004 de 4.3 ). Esta estructura racional del discurso valorativo puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva arbitrarias ( art. 9.1 CE ), o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio 'nemo tenetur' ( STS 1030/2006 de 25.10 ).[...]

No caso que agora nos ocupa, obtívose e practicouse proba de máis que suficiente carga incriminatoria como para poder entender cometidos os feitos declarados probados pola sentenza contra a que se apela e como para inferir a participación neles, en concepto de autor, do agora recorrente, Ovidio . Así, a documental achegada ás actuacións e as declaracións no acto da vista oral de Remedios -dona do apelante-, Eulogio -cuñado da acusadora particular e encargado por ela para as xestións relativas á compravenda e aos correspondentes pagamentos- e María Angeles -a directamente prexudicada polos feitos-. O esencial contido das manifestacións destas tres persoas -e dos propios acusados- figura transcrito na mesma sentenza contra a que se apela. E a única interpretación desapaixonada e imparcial delas, unida ao exame da documental, non permite chegar a unha conclusión distinta que a da maxistrada xuíza a quo, isto é, ao pronunciamento condenatorio contra o que agora só loita un dos acusados.

En resumo, o matrimonio formado polo apelante, Ovidio , e Remedios quería vender un predio e inmoble ganancial que tiñan no concello de Vilaboa, de Pontevedra. Cando apareceu unha posible compradora - María Angeles -, a dona do acusado amosou o seu desacordo co prezo ofertado e coa forma do seu pagamento. Malia isto, os dous acusados non se arredaron e seguiron coas formalidades da compravenda, elaboraron o correspondente documento privado que consta nas actuacións, no cal se simulou a sinatura da discordante, Remedios , e a parte compradora fixo os pagamentos do xeito que se detalla na instancia. Algún destes pagamentos documentouse nos recibos que tamén forman parte destas actuacións, que os acusados xa entregaban asinados, outros foron asinados en presenza da testemuña Eulogio e noutros constaba a sinatura de Remedios , sen que esta nunca a estampara como tal. A radical e contundente declaración desta última negando o seu coñecemento da venda, do documento privado que a autorizou e dos recibos de pagamento, e que as sinaturas que naquel e nestes figuraban fosen súas, amosa a trama urdida polo seu referido ex- marido e coacusado para cometer a falsidade que lles permitise estafar a quen se cría lexítima compradora da propiedade pertencente como ganancial á amentada testemuña.

Por maior abastanza, a non menos fundamental testemuña Eulogio , pola súa directa intervención nas xestións da compravenda e na recepción dos recibos de pagamento, dun xeito ben nidio e incontestable referiu que el entregou o contrato asinado pola súa cuñada - María Angeles - e logo os acusados llo devolveron coas demais sinaturas -entre elas a suposta de Remedios -. Así mesmo indicou que os recibos de pagamento eran asinados polos dous acusados, outras veces xa viñan con eles asinados e outros -como o que consta na folla 50- foi o propio apelante, Ovidio , quen o asinou diante del.

A falsidade documental non é un delito de propia man en que unicamente é autor quen executa física e persoalmente a alteración do documento, senón que deben reputarse autores todos aqueles aos cales lles sexa imputable xurídica e obxectivamente a mutación relevante da verdade que se decidiu introducir no documento ( SSTS 64/2014, do 11 de decembro ; 84/2010, do 18 de febreiro ; 469/2008, do 9 de xullo ; 919/2007, do 20 de novembro ; 57/2006, do 27 de xaneiro ; 163/2004, do 16 de marzo ; e 79/2002, do 24 de xaneiro ). Por iso se reflicte, nestas sentenzas e en moitas outras, que no delito de falsificación documental se pode distinguir entre unha autoría intelectual e unha material. Aquela está integrada polo recoñecemento da falsidade feita por un terceiro e pola utilización do documento a sabendas da súa falsidade. E o autor material sería o que de feito leva a cabo a falsificación. Polo demais, no delito de falsidade documental cabe a indución e a cooperación necesaria ( SSTS 1/2004, do 16 de xaneiro ; 1325/2003, do 13 de outubro ; 661/2002, do 19 de setembro ; e do 27 de maio de 2002 ). Mellor aínda o explica a recente STS, Penal, Sección 1ª, do 14 de maio de 2014 (ROJ: STS 2048/2014 ) cando conclúe que:

En definitiva, como se dice en STS. 552/2006 de 16.5 el delito de falsedad documental no es un delito de propia mano, entre otras razones, por cuanto se admite la posibilidad de la autoría mediata. De ello se deduce que, aunque normalmente, el autor será el que materialmente ha confeccionado (alterado o dañado) el documento, sin embargo es posible admitir la autoría (no sólo por la vía de la autoría mediata o la inducción) en casos en los que la persona no ha sido quien materialmente confeccionó el documento. Son los supuestos de coautoría en los que existe un dominio funcional del hecho conforme al plan trazado por los autores. En este sentido la STS. 146/2005 de 7.2 se recuerda que la autoría en el delito de falsedad no se limita a la persona concreta que realice la materialidad de la imitación de la firma, u otro elemento mendaz en que tal falsedad consista, sino que cabe la coautoría siendo reiterada y uniforme la doctrina de esta Sala que afirma que en supuestos de falsedad documental no se impide la condena por autoría, aunque se ignore la identidad de quien ejecutara materialmente la confección falsaria del documento, siempre que conste la intervención del acusado en el previo concierto para llevar la misma o haya dispuesto del 'dominio funcional del hecho', bastando el concierto y reparto previo de papeles para la realización, de modo que tanto es autor quien falsifica materialmente, como quien se aprovecha de la acción, con tal que tenga u ostente el condominio del hecho, SSTS. 744 de 27.4.2002 , 37 de 25.1.2006 ). Por ello no es óbice para que se pueda reputar a una persona como autora del delito de falsedad que no haya quedado probado quien hubiera realizado personal o materialmente las manipulaciones, sino que el uso conscientemente delictivo del documento es un elemento decisivo para tener por probada la autoría mediata del documento falso.

Por todo o dito, e con plena asunción do razoado no mesmo sentido na sentenza contra a que se apela, rexeitamos o primeiro dos motivos de apelación.

Terceiro.- Non mellor sorte ca o anterior merecen correr os demais motivos de apelación formulados polo recorrente na procura da súa absolución nesta alzada. A infracción do principio de tipicidade e a indebida aplicación dos preceptos penais a teor dos cales precisamente resultou condenado o apelante ( artigo 395, en relación co artigo 390.1.1 º e 3º, en concurso medial cun delito de estafa dos artigos 248 e 249, todos eles do Código penal ) tampouco as podemos acoller. Condutas como as adoptadas polo recorrente merecen que o lexislador as prevexa como merecentes de reproche penal a teor dos referidos preceptos legais vixentes; e o ánimo de lucro por parte do apelante resulta manifesto vendendo, ás escondidas da súa ex-muller, un ben que de sobra sabía que non podía dispoñer sen o seu concurso, enganando a compradora agachándolle este particular mediante a simulación da intervención da súa ex-dona tanto no contrato como nos sucesivos recibos de pagamentos parciais da cantidade, que só a el aproveitaron.

A maxistrada xuíza a quoapreciou a atenuante analóxica de reparación do dano dentro da responsabilidade penal do agora apelante por pagar parcialmente as cantidades que a prexudicada, María Angeles , foi entregando. Velaí a razón da devandita aplicación da circunstancia modificadora da responsabilidade criminal. E o feito de que parte dos cartos fosen parar ao recorrente e outros ao outro coacusado en nada empece a súa condena á devolución da totalidade ( artigo 116.2 do Código penal ).

En consecuencia, rexeitamos o recurso e confirmamos a sentenza contra a que se apelaba.

Cuarto.- Impoñemos as custas da presente alzada á parte apelante por mor do rexeitamento do seu recurso.

Tras seren vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,

Fallo

Que debemos REXEITAR o recurso de apelacióninterposto pola representación procesual de Ovidio contra a sentenza ditada con data do 23/01/2014 no procedemento abreviado 354/2013, polo Maxistrado/a Xuíz/a do Xulgado do Penal núm. 2 de Pontevedra , e CONFIRMAR esta sentenza. Impóndolle as custas ao apelante.

A presente resolución é firme e contra ela non cabe recurso ningún.

Ao notificar esta sentenza, déaselle cumprimento ao previsto no artigo 248.4º da Lei orgánica do poder xudicial .

Así o pronunciamos, mandamos e asinamos, mediante esta sentenza, da que se levará certificación ao rolo de sala e que se anotará nos rexistros correspondentes.

PUBLICACIÓN.-A anterior sentenza foi lida e publicada polo maxistrado don José Juan Barreiro Prado durante a audiencia pública. Dou fe.