Sentencia Penal 21/2008 Audiencia Provincial de Soria Civil-penal Única, Rec. 18/2008 de 13 de mayo del 2008

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

SORIA

SENTENCIA: 00021/2008

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SORIA

Rollo nº 18/08

Procedimiento Abreviado: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 307 /2007

Juzgado de origen: JDO. DE LO PENAL nº 001 de SORIA

SENTENCIA PENAL NÚM.: 21/08 (P. Abreviado)

ILMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSE LUIS RODRIGUEZ GRECIANO

MAGISTRADOS

D. JOSE RAMON ALONSO MAÑERO PARDAL

DOÑA BELEN PÉREZ FLECHA

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En SORIA, a trece de Mayo de dos mil ocho.

La Audiencia Provincial de Soria compuesta por los Magistrados reseñados al margen, ha visto en segunda instancia el recurso

de apelación núm. 18/08 interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Soria, en el Procedimiento

Abreviado núm. 24/08, seguido por un delito de quebrantamiento de condena.

Han sido partes:

Apelante: Evaristo , representado por la Procuradora Sra. Alcalde Ruiz y representado por el

Letrado Sr. Folch Santamaría.

Apelado: EL MINISTERIO FISCAL, en la representación que le es propia.

Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrado, Doña BELEN PÉREZ FLECHA Díaz.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción nº 3 de Soria, tramitó las Diligencias Previas nº 536/07 , que una vez conclusas, se elevaron al Juzgado de lo Penal, incoándose el procedimiento abreviado núm. 307/07 , que contiene los hechos probados del tenor literal siguiente: "Se declara expresamente probado que Evaristo fue ejecutoriamente condenado por un delito de maltrato en el ámbito familiar contra Julieta , y que teniendo perfecto conocimiento que no podía acercarse en modo alguno a la misma, desde el día 14 de noviembre de 2006, hasta el día 7 de mayo de 2008, según liquidación de condena del Juzgado de lo Penal de Soria, sobre las 2,50 horas del día 16 de julio de 2006 , se encontraba en el domicilio de Julieta , con su consentimiento y en su compañía.

Evaristo es mayor de edad penal y tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia".

SEGUNDO.- La referida sentencia contiene el siguiente Fallo: "Que debo condenar y condeno a D. Evaristo , como autor de un delito de quebrantamiento de condena, previsto y penado en el art. 468.2 del Código Penal , a la pena de seis meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena, y al pago de las costas causadas en el presente procedimiento.

TERCERO.- Notificada dicha resolución a las partes se interpuso recurso de apelación por la representación de Evaristo .

Una vez admitido a trámite el recurso, se dio traslado a las demás partes personadas, remitiéndose las actuaciones a esta Audiencia Provincial de Soria, donde se formó el Rollo de Apelación Penal núm. 18/08 , pasando las actuaciones a La Sala para resolver.

Fundamentos

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Soria que condena a D. Evaristo , como autor de un delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 C.P ., sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena de seis meses de prisión, y accesorias, interpone recurso de apelación el acusado, alegando en síntesis, que debe darse relevancia a la conducta de la Sra. Julieta , la cual consintió la compañía del Sr. Evaristo , solicitando el dictado de una sentencia absolutoria.

SEGUNDO.- El relato de hechos probados de la sentencia de instancia refleja que el acusado fue condenado en sentencia firme por un delito de maltrato en el ámbito familiar, a una medida de alejamiento de Dª Julieta , que abarcaba desde el día 14 de noviembre de 2006, hasta el día 7 de mayo de 2008; y que D. Evaristo , estaba en compañía de la mujer citada el día 16 de julio de 2006, en el domicilio de ella y con el pleno consentimiento de ésta.

La sentencia de instancia considera que estos hechos son constitutivos de un delito de quebrantamiento del artículo 468.2 C.P ., considerando que el consentimiento de la víctima no excluye la tipicidad del hecho.

Llegados a este punto debemos manifestar que la fundamentadísima sentencia de instancia, aporta unos argumentos totalmente razonables sobre la aplicación del precepto penal de desobediencia al caso de autos, y lo mismo cabe decir del escrito de oposición al recurso del Ministerio Fiscal, sin embargo, esta Sala, en Sentencias de 12 de abril de 2005, de 11 de diciembre de 2006, 19 de febrero y 15 de mayo de 2007 , entre otras, en supuestos similares al examinado, tiene establecido que "el Título XX del Libro II del Código Penal vigente, bajo la rúbrica genérica de «Delitos contra la Administración de Justicia», incluye en el Capítulo VIII (arts. 468 a 471) las diversas modalidades de quebrantamiento de condena. La rúbrica que enmarca los citados preceptos del Código refleja de forma clara que bien jurídico protegido lo constituye básicamente la efectividad y el obligado acatamiento de las resoluciones que emanan de los Tribunales de Justicia (arts. 118 de la CE y 17.2 de la LOPJ), concretadas en la imposición de determinadas penas y medidas cautelares de carácter personal dentro del proceso penal. Se trata, por tanto, de proteger las funciones atribuidas constitucionalmente a los órganos jurisdiccionales, dando una respuesta penal adecuada a las infracciones que lesionan o quebrantan el contenido de las resoluciones que pueden ser dictadas en las diversas etapas o estadios del ejercicio de dicha función y, especialmente, en la etapa final del proceso penal, aun cuando es evidente que al propio tiempo se están tutelando de forma indirecta los intereses de la parte o partes en el proceso que se ven beneficiados o protegidos por la resolución judicial o medida cautelar quebrantada, particularmente en aquellos casos en los que dicha medida está enderezada principalmente a salvaguardar la vida, integridad personal o incolumidad de alguna de las víctimas de los delitos o faltas a los que se refiere el art. 57 Código Penal en su redacción vigente. No obstante, si bien es cierto que el bien jurídico protegido por el art. 468 del vigente Código Penal es la efectividad y el obligado acatamiento de las resoluciones judiciales, con relación a la pena de prohibición de acercamiento o comunicación, no lo es menos que la conducta de la víctima puede tener influencia en la atipicidad de la conducta del obligado por la prohibición de acercamiento.

Efectivamente, son tres los elementos del tipo del delito de quebrantamiento de medida cautelar, previsto y penado en el art. 468 del vigente Código Penal : el primero, normativo consistente en la previa existencia de una medida cautelar acordada judicialmente. El segundo, objetivo o material consistente en la acción natural descrita por el verbo quebrantar, en el sentido de incumplir, infringir, desobedecer o desatender la precitada medida cautelar. Y el tercero, subjetivo, consistente en el dolo típico, entendido éste como conocimiento de la vigencia de la medida que pesa sobre el sujeto y conciencia de su vulneración, sin que para el quebrantamiento punible sea necesario que el sujeto actúe movido por la persecución de ningún objetivo en particular o manifestando una especial actitud interna.

Por ello, aunque las decisiones judiciales se dictan para ser cumplidas, no podemos obviar el hecho de que puede resultar contrario al espíritu y finalidad de la norma protectora que una medida cautelar se imponga o se mantenga contra la voluntad contraria de la persona a la que se intenta proteger. En su consecuencia, analizando tal argumento desde el punto de vista estrictamente penal, debemos concluir que en los casos en los que la persona protegida por la prohibición de acercamiento manifiesta al obligado por la medida cautelar su renuncia a la misma, bien sea expresamente, bien mediante actos concluyentes, debemos entender que la infracción de la medida cautelar resulta atípica penalmente, de una parte, porque la conducta del acusado no atenta contra el bien jurídico que constituye el fin último de protección de la norma punitiva (la seguridad y tranquilidad de la víctima), y de otra, puesto que el obligado por la medida cautelar no es consciente de la vigencia ni de la vulneración de la prohibición que pesa sobre él".

Por su parte, el Tribunal Supremo en Sentencia de 26 de septiembre de 2005 (a la que se refiere sin contradecirla la sentencia del mismo Tribunal de 3 de noviembre de 2006 ) consideró que "la efectividad de la medida depende -y esto es lo característico- de la necesaria e imprescindible voluntad de la víctima -en cuya protección se acuerda- de mantener su vigencia siempre y en todo momento. ¿Qué ocurre si la víctima reanuda voluntariamente la convivencia con su marido o ex-conviviente que tiene dictada una medida de prohibición de aproximación a instancias de aquélla? Si se opta por el mantenimiento a todo trance de la efectividad de la medida, habrá que concluir que si la mujer consiente en la convivencia posterior a la medida, cabría considerarla coautora por cooperación necesaria o al menos por inducción, ya que su voluntad tendría efectos relevantes cara al delito de quebrantamiento de medida del art. 468 del Código Penal , lo que produciría unos efectos tan perversos que no es preciso razonar, al suponer una intromisión del sistema penal intolerable en la privacidad de la pareja cuyo derecho más relevante es el derecho a «vivir juntos», como recuerda las SSTEDH de 24 de marzo de 1988 y 9 de junio de 1998, entre otras. Por otra parte, es claro que la vigencia o anulación de la medida no puede quedar al arbitrio de aquella persona en cuya protección se otorga, porque ello la convierte en árbitro de una decisión que no sólo le afecta a ella, sino también a la persona de quien se debe proteger, por lo que un planteamiento que dejara la virtualidad de la medida a la voluntad de la persona protegida, tampoco es admisible por la absoluta falta de seguridad jurídica para la otra persona, que prácticamente podría aparecer como autor del quebrantamiento según la exclusiva voluntad de la protegida, además de que ello supondría dejar la efectividad del pronunciamiento judicial a la decisión de un particular, lo que no le consiente la naturaleza pública de la medida. En esta materia parece decisión más prudente, compatibilizando la naturaleza pública de la medida dando seguridad jurídica a la persona, en cuya protección se expide, y al mismo tiempo, el respeto al marco inviolable de su decisión libremente autodeterminada, estimar que, en todo caso, la reanudación de la convivencia acredita la desaparición de las circunstancias que justificaron la medida de alejamiento, por lo que ésta debe desaparecer y queda extinguida, sin perjuicio que ante una nueva secuencia de violencia se pueda solicitar y obtener -en su caso- otra medida de alejamiento. Podemos concluir diciendo que en cuanto la pena o medida de prohibición de aproximación está directamente enderezada a proteger a la víctima de la violencia que pudiera provenir de su anterior conviviente, la decisión de la mujer de recibirle y reanudar la vida con él, acredita de forma fehaciente la innecesariedad de protección, y por tanto supone de facto el decaimiento de la medida de forma definitiva, por lo que el plazo de duración de la medida fijado por la autoridad judicial, quedaría condicionado a la voluntad de aquélla, sin perjuicio de que ante un nuevo episodio de ruptura violenta pueda solicitarse del Juzgado, si es preciso para la protección de su persona, otra resolución semejante".

Esta doctrina ha sido seguida, en supuestos similares al que ahora nos ocupa, por diversas Audiencias Provinciales: así, la de León en sentencia de 15 de junio de 2006 ; Murcia, en sentencia de 12 de junio de 2006 ; Madrid, en sentencia de 23 de febrero de 2006, 20 de julio, 3 y 5 de septiembre de 2007 ; Sevilla en sentencia de 17 de febrero de 2006 y Barcelona, 5 de junio de 2007 .

Y si bien es cierto que los Juzgados y Tribunales deben aplicar la Ley, no lo es menos que la interpretación última de la misma corresponde al Tribunal Supremo, estando los demás órganos judiciales vinculados por tal interpretación superior. Por ello, proyectando esta doctrina al supuesto sometido a la consideración de la Sala, comprobamos que Dª Julieta , consintió el acercamiento con el acusado. Ello supone, de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo referida, el decaimiento de la pena de forma definitiva, por lo que no le puede ser imputado al acusado el delito de quebrantamiento.

El recurso merece, por consiguiente, ser estimado, debiendo ser absuelto D. Evaristo del delito de quebrantamiento por el que venía siendo acusado.

TERCERO.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , se declaran de oficio las costas, tanto de la primera, como de esta segunda instancia.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

Fallo

Que estimando el recurso de apelación formulado por D. Evaristo , representado por la Procuradora Dª Nieves Alcalde Ruiz, contra la sentencia dictada el día 15 de enero de 2008, por el Juzgado de lo Penal de Soria en el Procedimiento Abreviado 307/07 , revocamos la expresada resolución, y en su lugar, acordamos que debemos absolver y absolvemos libremente a D. Evaristo del delito de quebrantamiento de condena del artículo 468.2 C.P ., por el que venía acusado, con declaración de oficio de las costas de ambas instancias.

Así por esta sentencia, que será notificada a las partes en legal forma haciéndoles saber que la misma es firme por no caber contra ella recurso alguno.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a. Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.