Sentencia Penal Nº 214/2016, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 26, Rec 385/2016 de 06 de Abril de 2016

Encabezamiento

Sección nº 26 de la Audiencia Provincial de Madrid

C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 10 - 28035

Teléfono: 914934479

Fax: 914934482

GRUPO TRABAJO MMM

37051540

N.I.G.: 28.079.00.1-2016/0030818

251658240

Apelación Sentencias Violencia sobre la Mujer 385/2016

Origen:Juzgado de lo Penal nº 34 de Madrid

Juicio Rápido 558/2015

Apelante: D. /Dña. Juan Alberto

Procurador D. /Dña. JAVIER GONZALEZ FERNANDEZ

Letrado D. /Dña. JOSE MANUEL HEREDIA MARTINEZ

Apelado: D. /Dña. Rafaela y D. /Dña. MINISTERIO FISCAL

Procurador D. /Dña. EVA MARIA ESCOLAR ESCOLAR

MAGISTRADOS

Ilustrísimos Señores:

DÑA. TERESA ARCONADA VIGUERA (Presidenta)

DON EDUARDO JIMÉNEZ CLAVERÍA IGLESIAS (Ponente)

DON JOSE MARIA CASADO PÉREZ

La Sección 26ª de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, en la causa de referencia, ha dictado,

EN NOMBRE DE S.M., EL REY,

la siguiente

S E N T E N C I A NUMERO 214/2016

En Madrid a 7 de Abril de 2016.

La Sección 26ª de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid ha visto, los presentes autos de recurso de apelación seguidos, con el número 385/16 de rollo de Sala, correspondiente al Juicio Rápido número 558/15 del Juzgado de lo Penal número 34 de los de Madrid, por supuesto delito de maltrato del art. 153.1 CP , en el que han sido partes como apelante, Juan Alberto , representado por el Procurador de los Tribunales Don Javier González Fernández y defendido por el Abogado Don José Manuel Heredia Martínez, así como Rafaela , representada por la Procuradora Dña Eva María Escolar y defendida por el letrado Don Alfonso Ferriz Jiménez y, el Ministerio Fiscal. El Ilustrísimo Señor Magistrado Don EDUARDO JIMÉNEZ CLAVERÍA IGLESIAS, actuó como Ponente, y expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó Sentencia el día 18 febrero 2015 que contiene los siguientes Hechos Probados:

'ÚNICO.- El día 15 de noviembre de 2015, Juan Alberto , mayor de edad, nacional de Rumanía y sin antecedentes penales, se encontraba con su pareja sentimental, Rafaela en las inmediaciones de la calle Camarena de la localidad de Madrid, cuando en el curso de un discusión, con ánimo de menoscabar la integridad física de Rafaela , le propinó un tortazo en la cara, mientras le decía te voy a matar. Como consecuencia de estos hechos Rafaela sufrió lesiones consistentes en eritema en región maxilar y malar derecha, las cuales curaron en el mismo día, sin necesidad de tratamiento médico ni quirúrgico.'

En la Parte Dispositiva de la Sentencia se establece:

'FALLO :Condeno a Juan Alberto como autor penalmente responsable de un delito de malos tratos en el ámbiato familiar a la pena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un período de 2 añso y a la prohibición de acercarse a Rafaela , a su domicilio o lugar de trabajo o lugar que ésta frecuente a una distancia inferior a 500 metros durante un período de 6 meses.

Se imponen al acusado el pago de las costas procesales'

SEGUNDO.-Notificada la misma, interpuso contra ella recurso de apelación el condenado, Juan Alberto , que fue admitido en ambos efectos y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el vigente art. 795 LECrim -trámite en el que el Ministerio Fiscal y la Procuradora Doña Eva María Escolar en nombre y representación de Rafaela solicitaron la confirmación de la sentencia apelada- elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, señalándose para la deliberación y resolución del recurso, quedando los autos visto para sentencia.

SE ACEPTANíntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales se tienen aquí por reproducidos.

Fundamentos

PRIMERO.-El recurrente sustenta su recurso en dos motivos: error en la valoración de la prueba y vulneración del derecho a la presunción de inocencia, al considerar que las pruebas practicadas son de todo punto insuficientes para sustentar la condena.

Además, alega como motivo de impugnación la inaplicabilidad de ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal que reconozca la embriaguez que considera que padecía el acusado.

SEGUNDO.-El análisis del recurso del apelante debe comenzarse recordando que en el ordenamiento jurídico procesal-penal español el pronunciamiento sobre si ha quedado desvirtuada la presunción 'iuris tantum' de inocencia del acusado en un proceso concreto (lo que es una operación necesaria para la fijación del relato de hechos probados en una sentencia penal), es de competencia exclusiva del Juez o Tribunal llamado a fallar sobre los hechos del proceso, sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral y aplicando el principio de libre valoración de la prueba que consagra el art. 741 LECrim . En nuestro caso, del Juez de lo Penal que resolvió en primera instancia. Nadie puede sustituir su íntima convicción psicológica en la formación de su estado de conciencia, lo que no significa que no esté constitucionalmente obligado a explicitar tal convicción a través de la motivación fáctica y jurídica de la sentencia.

Sólo cabe revisar la apreciación hecha por el Juez de la prueba recibida en el acto del juicio oral en la medida en que aquélla no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el mismo tuvo con exclusividad y, en consecuencia, el juicio probatorio sólo será contrastable por vía de recurso en lo que concierne a las inducciones y deducciones realizadas por el Tribunal «a quo», de acuerdo con las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y de los conocimientos científicos, pero no en lo relativo a la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídas por el Juzgador

Ello tiene singular importancia en casos como el presente, en que la prueba tiene fundamentalmente carácter personal. En estos casos importa mucho, para una correcta ponderación de su persuasividad, conocer la íntegra literalidad de lo manifestado y, además, percibir directamente el modo en que se expresa, puesto que el denominado lenguaje no verbal forma parte muy importante del mensaje comunicativo y es un factor especialmente relevante a tener en cuenta al formular el juicio de fiabilidad. El juzgador en primera instancia dispone de esos conocimientos, en tanto que el órgano competente para resolver el recurso de apelación sólo conoce del resultado de la prueba practicada, la síntesis forzosamente incompleta contenida en el acta del juicio. Por ello, un elemental principio de prudencia (la pauta de la sana crítica aplicada al control de la valoración de la prueba en la segunda instancia) aconseja no apartarse del criterio del juzgador de primera instancia, salvo cuando el error de valoración sea patente.

Cierto que la existencia de la grabación del juicio oral ha permitido en este caso al Tribunal, a través de su visionado, conocer la integridad de lo declarado por el acusado y los testigos, lo que, sin duda supone una diferencia importante respecto tradicional sistema del acta del juicio extendido por el Secretario judicial, para el control de la interpretación de las pruebas personales efectuadas por el Juez a quo, pues permitirá al tribunal de apelación percibir, de forma directa, lo que dijeron los declarantes, el contexto y hasta el modo en cómo lo dijeron. Pero no se puede equiparar la inmediación de las fuentes de prueba por parte del Juez en régimen de contradicción con la mera visualización y audición de las mismas, al no concurrir la percepción directa por este Tribunal de tales declaraciones, mediatizadas por la grabación, y limitadas a la calidad informativa de los datos verbalizados, y, lo que es más importante, carecer de la posibilidad de tomar parte activa en las mismas, esencial para despejar dudas, o aclarar cuestiones que puedan interesar a la adecuada resolución del recurso, y no hayan sido introducidas en el plenario.

En cualquier caso, el visionado de la grabación del juicio pone de relieve que el recurrente se limita a expresar su legítima discrepancia con la valoración de la prueba que ha realizado, de forma correcta y adecuada, el Magistrado del Juzgado de lo Penal. El apelante considera que de la prueba practicada no han quedado probados los hechos objeto de la acusación. Lo cierto es que, tras el visionado del desarrollo de las sesiones del juicio oral, este Tribunal no puede menos que compartir el criterio valorativo de las pruebas practicadas en el referido plenario que efectúa el Juzgador de instancia.

Como indica reiterada jurisprudencia del TS (por todas, STS de 28 de octubre de 2000 ), las manifestaciones de la víctima del hecho constituyen prueba de cargo válida siempre que se pueda constatar la ausencia de incredibilidad subjetiva teniendo en cuenta las relaciones previas entre acusado y víctima para excluir la existencia de móviles reprobables de enemistad, resentimiento, o venganza que pudieran tiznar su testimonio de falta de veracidad; que, además, se compruebe la verosimilitud de lo manifestado por el ofendido, que puede corroborarse con la persistencia en el tiempo de la incriminación, manteniendo la misma sin ambigüedades ni contradicciones, y constando también corroboraciones periféricas de carácter objetivo que avalen lo que no es propiamente un testimonio; en definitiva es fundamental la constatación objetiva de la existencia del hecho.

En este caso, el Juez a quo analiza cuidadosamente el testimonio de la víctima (la ex pareja del encausado), y explica cuidadosamente las circunstancias que rodean el caso, razonando que la imputación es persistente, creíble y que no incurre en contradicciones en el concreto episodio que se enjuicia.

Y efectivamente, este testimonio, como puede apreciarse con claridad visionando el video y leyendo las actuaciones, ha sido mantenido sin contradicciones. No sólo carece de modificaciones esenciales en las sucesivas declaraciones ( STS 667/2008 de 5 de noviembre ), sino que hay una constancia sustancial en todas ellas. Tampoco hay ambigüedades, generalidades o vaguedades. Al contrario, han especificado y concretado con precisión los hechos narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas circunstancias sería capaz de relatar. Y, en tercer lugar, su relato es coherente, manteniendo la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes.

Pero es que, adicionalmente, estos testimonios están corroborados, adicionalmente, por un elemento periférico determinante, los informes médicos obrantes en autos, que ponen de manifiesto la existencia de lesiones exactamente compatibles con el relato de hechos realizado por la víctima (f. 34 y 63). Exactamente igual ocurre con el testimonio de los agentes policiales desplazados al lugar de los hechos, policías municipales NUM000 y NUM001 , que pudieron ver las 'lesiones evidentes' (eritemas en el rostro) que presentaba la víctima y que confirmaron como esta les comentó que su ex pareja la había agredido, extremo que les confirmó los viandantes que precisamente solicitaron el auxilio policial.

Frente a este marco probatorio, el recurrente a pesar de no haber dado ninguna explicación sobre los hechos en el acto del plenario pues se acogió al derecho constitucional de no declarar, se limita a mantener su personal versión de los hechos favorable a sus propios intereses, negando su realidad y su participación, pero no puede prevalecer sobre la apreciación imparcial y debidamente motivada del órgano judicial, que ha otorgado credibilidad a las explicaciones de las víctima de la agresión.

Así pues, existieron elementos probatorios de cargo suficientes para fundamentar la convicción condenatoria del juzgador. El relato de hechos probados de la sentencia recoge la valoración de estas pruebas. Y esta valoración probatoria reúne las condiciones necesarias para su confirmación. Sólo cuando la apreciación de las pruebas practicadas en la instancia resulte absurda o irracional, o incurra en contradicciones obvias, resultará oportuno corregirla en el ámbito del recurso de apelación.

Tales circunstancias no concurren en este supuesto, en cuanto los razonamientos que obran en la sentencia recurrida se ajustan plenamente a las reglas de la lógica y a las máximas de experiencia común. De ahí que se acepte el relato de hechos probados de la sentencia recurrida. El recurso en relación a tal motivo de impugnación, por tanto, debe ser desestimado.

TERCERO.-El segundo motivo del recurso denuncia la inaplicación indebida de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal de embriaguez.

Debe recordarse que corresponde a la defensa la prueba de los elementos fácticos que sustentan la apreciación de una circunstancia modificativa de la responsabilidad eximente completa o incompleta o atenuante, como incumbe a la acusación la prueba de los elementos de hecho que implican la concurrencia de una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante ( SSTS de 3 de noviembre de 2003 ; 2 de octubre de 2003 , ....entre otras muchas).

Lo cierto es que no concurre elemento de prueba alguno, más allá de la propia manifestación del recurrente y de la víctima (indicó que a su juicio este no sabía lo que hacía porque ambos habían bebido) que permita entender que el acusado se encontraba embriagado cuando ocurrieron los hechos. Ninguna prueba se ha dirigido de forma eficaz en el acto del plenario para acreditar que a pesar de que el acusado presentara algún síntoma de embriaguez, extremo que ni siquiera fue puesto de manifiesto por la policía actuante pues el acusado huyó al percatarse de su presencia ni por ningún servicio médico, la ingesta de alcohol estuviera afectando, siquiera mínimamente, a sus facultades. El motivo, en definitiva, no puede prosperar.

CUARTO.-Pese a la desestimación del recurso, no existen motivos para imponer al apelante las costas derivadas del mismo.

Por cuanto antecede,

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Juan Alberto contra la sentencia de 18 de diciembre de 2015 dictada por el Juzgado de lo Penal número 34 de los de Madrid en Autos de Juicio Rápido número 558/15 y, en consecuencia, confirmamos íntegramente dicha resolución, con declaración de oficio de las costas derivadas de este recurso.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales, con indicación de su firmeza.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-

Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.