Sentencia Penal Nº 214/2016, Audiencia Provincial de Tarragona, Sección 2, Rec 8/2016 de 12 de Mayo de 2016

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL
DE TARRAGONA
SECCIÓN SEGUNDA
Rollo de apelación faltas nº 8/2016
Juicio Faltas: 139/2015
Juzgado Instrucción 1 de El Vendrell
MAGISTRADO:
Antonio Fernández Mata
S E N T E N C I A NÚM. 214/2016
En Tarragona a 13 de mayo de 2016
Ha sido tramitado ante la Sección 2ª de esta Audiencia Provincial el recurso de apelación interpuesto
por la representación procesal de la Sra. Inmaculada , contra la sentencia de fecha de 5 de junio de 2015
dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell en Juicio de Faltas nº 139/2015.

Antecedentes

ACEPTANDO los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, y Primero.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes: 'Ha quedado acreditado que se produjo una discusión entre la Sra. Inmaculada y el Sr. Lázaro , motivado por el hallazgo, por parte del hijo de la denunciante, de un teléfono móvil propiedad de la mujer del denunciado, sin que haya quedado acreditado el origen de las lesiones sufridas por la Sra. Inmaculada .' Segundo.- Dicha sentencia contiene el siguiente fallo: 'ABSUELVO a Lázaro de la falta de objeto de la denuncia, declarando las costas de oficio.' Tercero.- Contra la mencionada sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de Doña. Inmaculada .

Cuarto.- Admitido el recurso y dado traslado por diez días a las demás partes para que presentasen escritos de impugnación o adhesión el Ministerio Fiscal se adhirió al recurso de apelación interpuesto y solicitó la revocación de la resolución recurrida.

Fundamentos

ÚNICO.- Con carácter previo a entrar a valorar el motivo de fondo del recurso, esta Sala debe entrar a valorar la temporaneidad del mismo. La sentencia hoy recurrida se dictó en fecha 5 de junio de 2015 . En fecha 3 de julio de 2015 se notificó dicha sentencia a Doña. Inmaculada ahora apelante y, no formula recurso de apelación hasta el día 22 de septiembre de 2015 La cuestión, como todas las que afectan a los presupuestos de ejercicio de los derechos fundamentales es grave y reclama del órgano jurisdiccional someterla a un estricto test de proporcionalidad que arroje un resultado respetuoso con los derechos en conflicto.

Debe partirse de un principio troncal, bien delimitado conceptual y funcionalmente por la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, relativo a que el derecho a obtener de los Jueces y Tribunales una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes se erige en un elemento esencial del contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art.

24.1 CE , que, no obstante, también se satisface con la obtención de una resolución de inadmisión, que impide entrar en el fondo de la cuestión planteada si esta decisión se funda en la existencia de una causa legal que así lo justifique, aplicada razonablemente por el órgano judicial ( SSTC 19/1981, de 8 de junio ; 69/1984, de 11 de junio ; 6/1986, de 21 de enero ; 118/1987, de 8 de julio ; 57/1988, de 5 de abril ; 124/1988, de 23 de junio ; 216/1989, de 21 de diciembre ; 154/1992, de 19 de octubre ; 55/1995, de 6 de marzo ; 104/1997, de 2 de junio ; 108/2000, de 5 de mayo , entre otras muchas), pues, al ser el derecho a la tutela judicial efectiva un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y prestación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que, en cada caso, haya establecido el legislador, que no puede, sin embargo, fijar obstáculos o trabas arbitrarios o caprichosos que impidan la tutela judicial garantizada constitucionalmente ( STC 185/1987, de 18 de noviembre ) El derecho a obtener una resolución sobre el fondo, como se sabe, rige tanto en el acceso a la primera instancia judicial como en la fase de recurso, resultando ambos estadios exponentes de los contenidos típicos de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, mientras en el acceso a la jurisdicción el principio pro actione actúa con toda su intensidad, por lo que las decisiones de inadmisión sólo serán conformes con el art. 24.1 CE cuando no eliminen u obstaculicen injustificadamente el derecho a que un órgano judicial conozca y resuelva la pretensión formulada ( SSTC 6/1986, de 21 de enero ; 118/1987, de 8 de julio ; 216/1989, de 21 de diciembre ; 154/1992, de 19 de octubre ; 55/1995, de 6 de marzo ; 104/1997, de 2 de junio ; 112/1997, de 3 de junio ; 8/1998, de 13 de enero ; 38/1998, de 17 de febrero ; 130/1998, de 16 de junio ; 207/1998, de 26 de octubre ; 16/1999, de 22 de febrero ; 63/1999, de 26 de abril , y 108/2000, de 5 de mayo ), en la fase de recurso el principio pro actione pierde intensidad, pues el derecho al recurso no nace directamente de la Constitución, sino de lo que hayan dispuesto las leyes procesales, correspondiendo al ámbito de libertad del legislador, salvo en materia penal, en particular cuando de lo que se trata es de la revisión de la sentencia condenatoria, el establecimiento y regulación de los recursos procedentes en cada caso ( STC 37/1995, de 7 de febrero ) Por ello, las resoluciones judiciales que declaren la inadmisibilidad de un recurso, excluyendo el pronunciamiento sobre el fondo en la fase impugnativa del proceso, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos, cuando se funden en una interpretación de la legalidad que proceda estimar como arbitraria o manifiestamente irrazonable ( STC 133/2000, de 16 de mayo ), se apoyen en una causa legal inexistente ( SSTC 69/1984 , de 11 de junio; 57/1988, de 5 de abril ; 18/1993, de 18 de enero ; 172/1995, de 21 de noviembre ; 135/1998, de 29 de junio ; 168/1998, de 21 de julio ; 63/2000, de 13 de marzo ; 230/2000, de 2 de octubre ), o, en fin, sean el resultado de un error patente ( SSTC 295/2000, de 11 de diciembre ; 134/2001, de 13 de junio ) Sentado lo anterior y aun cuando, como en el caso que nos ocupa, por la naturaleza del gravamen, el principio pro actione 'reduzca' los marcadores de la interpretación favorable, ello no dispensa que, en todo caso, la decisión sobre la inadmisión del recurso se base en una causa legal, para cuya apreciación tampoco pueden aplicarse criterios rigoristas o que hipertrofien las exigencias formales. En todo caso, aun cuando partiéramos del canon maximalista de interpretación pro actione, ello no desplaza las legítimas facultades judiciales de ordenación del proceso y, en particular, la necesidad de preservar los importantes fines a los que sirven los requisitos legales de acceso al recurso, tales como la seguridad jurídica, la economía procesal, la celeridad procedimental y la preservación de los derechos e intereses de todas las partes del mismo ( SSTC 88/97 , 91/2002 , 11/03, 182/03 ) Sentado lo anterior, a esta Sala le incumbe, por tanto, identificar, en primer término, si concurre causa legal de inadmisión y, en segundo lugar, en caso afirmativo, valorar las circunstancias concurrentes, en particular la conducta procesal de la parte, por si pudiera apreciarse razones excepcionales que desplacen la consecuencia jurídica que pueda derivarse de la concurrencia de una causa de inadmisión (STEDH, Caso Pérez Rada v. Reino de España, de 28 de octubre de 1998 y SSTC 41/2001 , 90/2002 ).

Desde los estándares anunciados, el recurso debe ser declarado inadmitido a trámite.

En efecto, la sentencia que se pretende recurrir se dictó en fecha 5 de junio de 2015 . Fue notificada a la hora apelante el día 3 de julio de 2015 y tras petición de Letrado de oficio en fecha 6 de julio de 2015 le fue designado Letrado en fecha 13 de julio de 2015. En fecha 1 de septiembre de 2015 se dicto diligencia de ordenación acordando levantar plazo para la presentación de recurso de apelación en el termino que le resta de dos días (folio 20). En fecha 22 de septiembre 2015 la representación procesal de la Sra. Inmaculada presento escrito de formalización de recurso de apelación de la misma fecha. Por providencia de fecha 21 de enero de 2016 se acordó elevar los autos a la Audiencia Provincial.

Así, tras la última notificación de sentencia ahora apelada de 3 de julio de 2015 , atendiendo al cómputo más favorable de los plazos que venimos aplicando y que hemos tenido en cuenta en anteriores resoluciones, en el presente caso, el recurso de apelación se formaliza el pasado 22 de septiembre de 2015, es decir, ha transcurrido con creces el plazo legal de 5 días para su interposición ( artículo 212 de la LECRIM ).

Por tanto, la Letrada una vez designada tuvo la oportunidad y tiempo suficiente para interponer el recurso pretendido, sin que concurra motivo alguno que justifique tal importante transcurso del tiempo sin su interposición, es decir, hasta el 22 de septiembre de 2015.

Siendo ello es así, es obvio que el incumplimiento del plazo no puede tener otros efectos que los de la inadmisión de la pretensión revocatoria, pues la parte beneficiada por la decisión recurrida ostenta un derecho de no menor importancia, cual es el de su derecho a la firmeza de las resoluciones judiciales, muy vinculado a los efectos de la cosa juzgada y al valor general de la seguridad jurídica.

Las costas de esta alzada se declaran de oficio.

Fallo

LA SALA UNIPERSONAL ACUERDA declarar mal admitido a trámite el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 5 de junio de 2015 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de El Vendrell en su Procedimiento Juicio de Faltas 139/15 procediendo declarar la firmeza de dicha resolución y el archivo del presente rollo de apelación, declarando de oficio las costas de la presente instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes intervinientes.

Esta es mi sentencia, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, que pronuncio, acuerdo y firmo.