Sentencia Penal Nº 216/2014, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 27, Rec 621/2014 de 03 de Abril de 2014

Encabezamiento

Sección nº 27 de la Audiencia Provincial de Madrid

Domicilio: C/ Santiago de Compostela, 96 - 28071

Teléfono: 914934469,4470,4471

Fax: 914934472

NEG. 2 / ML

37051540

N.I.G.: 28.079.00.1-2014/0009190

Apelación Sentencias Violencia sobre la Mujer 621/2014

Origen:Juzgado de lo Penal nº 37 de Madrid

Procedimiento Abreviado 143/2013

Apelante: D./Dña. Fidela

Procurador D./Dña. JUAN MANUEL CALOTO CARPINTERO

Letrado D./Dña. RAQUEL AMIGO HERNANDEZ

Apelado: D./Dña. Casimiro y D./Dña. MINISTERIO FISCAL

Procurador D./Dña. PATRICIA GOMEZ-PIMPOLLO DEL POZO

Letrado D./Dña. LUCIA COBO HUERTA

MAGISTRADOS

Ilustrísimos Señores:

Doña María Tardón Olmos (Presidenta)

Don José de la Mata Amaya (Ponente)

Doña María Teresa Chacón Alonso

La Sección 27ª de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, en la causa de referencia, ha dictado,

EN NOMBRE DE S.M., EL REY,

la siguiente

S E N T E N C I A NUMERO 216/2014

En la Villa de Madrid, a 3 de Abril de 2014.

La Sección 27ª de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilustrísimos Señores Magistrados Doña María Tardón Olmos, Presidenta, Don José de la Mata Amaya y Doña María Teresa Chacón Alonso, ha visto, los presentes autos de recurso de apelación seguidos, con el número 621/2014 de rollo de Sala, correspondiente al juicio oral número 143/2013, del Juzgado de lo Penal número 37 de los de Madrid, por supuesto delito de maltrato y amenazas, en el que han sido partes como apelante Doña Fidela , representado por el Procurador de los Tribunales Don Juan Manuel Caloto; y defendido por la Abogada Doña Raquel Amigo Hernández, así como el Ministerio Fiscal, y apelado Don Casimiro , representado por la Procuradora Doña Patricia Gómez-Pimpollo del Pozo y defendido por el Abogado Don Miguel Angel Pinel Herrero. El Ilustrísimo Señor Magistrado Don José de la Mata Amaya, actuó como Ponente, y expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO.-Por el indicado Juzgado de lo Penal se dictó Sentencia el día 22 de enero de 2014 que contiene los siguientes Hechos Probados:

'Se considera probado y así se declara que el acusado Casimiro mayor de edad y sin antecedentes penales, tras haber finalizado su relación sentimental con Fidela , le envió desde su teléfono móvil nº NUM000 y NUM001 al teléfono de su ex pareja con número NUM002 los siguientes mensajes:

A las 13:45 horas del 10 de julio de 2012 'siempre me has puesto los cuernos. Conocio. De puta como. Puta. Te voi a tratar..no es nada.para mi todo es puterio. Mierda. Encima me denuncias. Porque te digo la verdad. Quiero que me digas quien eres'.

A las 17:04 del 1 de agosto de 2012: ' Fidela eres fea, gorda, vieja y mentirosa e hipócrita por fuera, por dentro. Enana, creida, tonta celulítica, cerdo y ter.doc, vergüenza y lo peor de todo el corte, cornuda, confirmando, cornuda'.

A las 17:17 horas del día 1 de agosto de 2012 'se que estas. Ahí. Ahora.. Te regalas nadies se fija en ti pero, verás como terminas. Gorda apestosa aguanta los peruanos somos mierda como vienen jajajajajajajajaja.

Sin que resulten acreditados los restantes hechos objeto de acusación'.

En la Parte Dispositiva de la Sentencia se establece:

'Que debo condenar y condeno a Casimiro como autor de una falta de injurias, sin circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de seis dias de localización permanente y a la prohibición de aproximación a Fidela a un radio inferior a 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro que ésta frecuente, así como de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis meses y al pago de las costas procesales causadas en esta instancia.

Que debo absolver y absuelvo a Casimiro de los dos delitos de lesiones en el ámbito familiar del que venía siendo acusado, con todos los pronunciamientos favorable'.

SEGUNDO.-Notificada la misma, interpuso contra ella recurso de apelación Doña Fidela que fue admitido en ambos efectos y tramitado de acuerdo con lo dispuesto en el vigente art. 795 LECrim -trámite en el que el Ministerio Fiscal y Don Casimiro solicitaron la confirmación de la sentencia apelada- elevándose las actuaciones a esta Audiencia Provincial.

TERCERO.-Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial se formó el correspondiente rollo de apelación, señalándose para la deliberación y resolución del recurso, quedando los autos visto para sentencia.

SE ACEPTANíntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida, los cuales se tienen aquí por reproducidos.

Fundamentos

PRIMERO.-Sustenta la apelante Doña Fidela su recurso en un único motivo: error en la apreciación de la prueba. Alega que el Juez a quo efectúa una valoración de los hechos en la cual no se da credibilidad a la versión de la víctima, corroborada por prueba pericial forense, sin justificación alguna.

SEGUNDO.-El supuesto que analizamos es la impugnación de una sentencia absolutoria a través de un recurso de apelación en el que se alega la existencia de error en la valoración de la prueba, en particular de las pruebas de carácter personal practicadas en el juicio oral. Tal característica es sumamente relevante, como seguidamente se verá, en la medida en que de los tres fundamentos posibles del recurso de apelación, según resulta de lo dispuesto en el citado art. 790.2 LECrim , es propiamente el relacionado con la apreciación de la prueba el directamente concernido por las limitaciones derivadas de las exigencias de los principios de inmediación y contradicción, que tienen su genuino campo de proyección cuando en la apelación se plantean cuestiones de hecho.

En estos casos, debe aplicarse la doctrina fijada a partir de la STC 167/2002, de 18 de septiembre , según la cual 'en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción' (FJ 1 in fine).

Es decir, que como recuerda la STC 120/2009, de 18 de mayo de 2009 , FJ 2, los órganos de apelación están facultados no sólo para revocar el pronunciamiento absolutorio del Juez a quo sino también para sustituirlo por otro de signo condenatorio. Pero cuando ello tiene lugar, dos circunstancias cobran relevancia constitucional: una, que el Tribunal de apelación va a ser el órgano judicial que por primera vez condene al acusado; y otra, que toda declaración de condena ha de sustentarse en una valoración directa de la actividad probatoria de cargo. De la conjunción de ambas facetas, la jurisprudencia del TEDH ha extraído la exigencia -que ha vinculado al art. 6.1 CEDH - de que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia del acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostenga que no ha cometido la acción considerada infracción penal; doctrina que ha sido acogida por el Tribunal Constitucional, de conformidad con el art. 10.2 CE , a partir de la STC 167/2002, de 18 de septiembre , vinculándola al derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ).

Esta inmediación no puede sustituirse por el visionado por el Tribunal de apelación de la grabación audiovisual del juicio oral celebrado en la primera instancia, por cuanto la inmediación en relación con las pruebas caracterizadas por la oralidad, esto es, las declaraciones, cualquiera que sea el concepto en el que se presten, implica el contacto directo con la fuente de prueba, su examen personal y directo, que implica la concurrencia temporo-espacial de quien declara y ante quien se declara ( STC 120/2009, de 18 de mayo de 2009 , FJ 6).

Consecuentemente, la única posibilidad de alteración de los hechos probados, en estos supuestos, no puede realizarse a base de sustituir al órgano de enjuiciamiento en la valoración de los medios probatorios, cuya apreciación requiere inmediación, sino que debe proyectarse sobre la corrección o coherencia del razonamiento empleado en la valoración de la prueba, no provocando, así, consecuencia significativa alguna respecto de la inmediación en la práctica de tales pruebas y su valoración por el Juzgador a cuya presencia fueron practicadas. Así, la función de este Tribunal no consiste en enjuiciar el resultado alcanzado, sino el control externo del razonamiento lógico seguido para llegar a él. Esto es, que sólo podrá dejarse sin efecto la apreciación de las pruebas personales practicadas en la instancia, cuando el razonamiento probatorio alcanzado por el juzgador -a quo- vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, resulte absurda la conclusión allí alcanzada, sea irracional o incongruente el fallo con relación a los hechos allí declarados probados, o bien si se prefiere y según los casos, el fallo dictado fuese arbitrario, ( STC 82/2001 y SSTS 434/2003 , 530/2003 , 614/2003 , 401/2003 y 12/2004 , entre otras).

TERCERO.-En el presente caso no se aprecia ninguno de los aludidos defectos, por cuanto la Juzgadora efectúa un análisis preciso y detallado de las pruebas personales practicadas que, tras el visionado del desarrollo del juicio oral, este Tribunal advierte que resulta conforme con el contenido de las pruebas practicadas.

En particular, en lo que ahora interesa, que son los delitos de malos tratos en el ámbito familiar ( art. 153.1 CP ) objeto de acusación, la juzgadora a quo indica que las versiones sobre los hechos sostenidas por denunciante y acusado son completamente contradictorias, afirmando la primera que fue agredida por el acusado en dos ocasiones, mientras que el acusado niega los hechos.

Cierto es que la existencia de versiones contradictorias entre denunciante y denunciado no debe llevar de manera inexorable a la absolución, sino que es labor del órgano judicial formar su convicción valorando ambos declaraciones percibidas de manera directa e inmediata, junto con las restantes pruebas que hayan sido practicadas. Y también es cierto y debe recordarse que no pueden situarse en el mismo plano de valoración las declaraciones del acusado -cuya naturaleza probatoria resulta más que discutida- y las de la víctima de los hechos. Porque mientras aquél comparece amparado por el derecho que le otorga el artículo 24.2 CE , a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, pudiendo mentir, incluso, abiertamente, sin que de ello se le siga consecuencia adversa de ninguna clase, la declaración de la víctima sólo accede al proceso como testigo, y, en tal condición, con la obligación de contestar a cuantas preguntas se le formulen y a decir la verdad, pudiendo, en otro caso, ser perseguida por los delitos de desobediencia a la autoridad y falso testimonio.

El problema es que en este caso existen ciertas circunstancias que arrojan ciertas dudas sobre la declaración de la víctima, que fueron puestas de manifiesto por la Juzgadora

Tales dudas tienen que ver con la verosimilitud del testimonio, ante la falta de elementos de corroboración, y con la persistencia en la incriminación habida cuenta que en su testimonio se produjeron distintas contradicciones en su relato de los hechos, afirmando en su denuncia policial haber sufrido empujones y bofetadas, para añadir luego en su declaración judicial que el día anterior le había mordido el labio, a lo que no había hecho referencia el día anterior.

Por su parte, en relación con el informe médico, es cierto que objetiva la existencia de lesiones en la víctima, pero la falta de elementos de corroboración unido a las contradicciones en que la víctima incurrió en su testimonio llevan a la juez a quo a tener dudas sobre la mecánica causal y sobre la autoría de las mismas.

En estas condiciones es perfectamente comprensible que el Juez a quo concluyera que no quedaron formalmente despejadas las dudas acerca de cómo se produjeron los hechos y aplicara el principio in dubio pro reo ante las versiones contradictorias a las que se enfrentaba y la inexistencia de medios de prueba o al menos de elementos de corroboración que contribuyeran a despejar estas dudas.

No se trata de negar la credibilidad del relato de la víctima. Es, simplemente, que concurren una serie de inconsistencias que hacen generar una duda sobre los hechos. Y en estos casos resulta de aplicación el principio in dubio pro reo, condición o exigencia subjetiva del convencimiento del órgano judicial en la valoración de la prueba inculpatoria existente aportada al proceso. Así como la presunción de inocencia parte de la carencia de actividad probatoria de cargo desarrollada de manera legítima, aquel principio implica la existencia de una prueba contradictoria, incluida desde luego la de cargo, que el Juzgador, de acuerdo con el art. 741 LECrim , valora y, como consecuencia, como indican las SSTS de 8 de junio y 22 de octubre de 1989 , si en esa valoración se introduce un elemento de duda razonable y lógico respecto a la realidad de los hechos o a la existencia de elementos psicológicos, debe absolver ( S.T.C. de 20 de febrero de 1989 y SSTS de 9 de mayo de 1988 , 8 de junio y 2 de octubre de 1989 ).

Por todo ello, ha de confirmarse la valoración efectuada en la sentencia de las pruebas de carácter personal, por cuanto la misma resulta correcta y adecuada, y el juicio de verosimilitud y credibilidad que otorga a las partes, se advierte como suficientemente razonado, y plenamente razonable.

CUARTO.-Pese a la desestimación del recurso, no existen motivos para imponer a la apelante las costas derivadas del mismo.

Por cuanto antecede,

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Doña Fidela contra la sentencia de 22 de enero de 2014 dictada por el Juzgado de lo Penal número 37 de los de Madrid en Autos de Juicio Oral número 143/2013 y, en consecuencia, confirmamos íntegramente dicha resolución, con declaración de oficio de las costas derivadas de este recurso.

La presente sentencia es firme.

Devuélvanse las diligencias originales al Juzgado de procedencia, con certificación de la presente resolución, para su ejecución y cumplimiento, solicitando acuse de recibo y previa su notificación a las partes, con arreglo a las prevenciones contenidas en el art. 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

Notifíquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales, con indicación de su firmeza.

Así, por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-

Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaría para su notificación, dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo. Certifico.