Sentencia Penal Nº 22/2007, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1418/2006 de 22 de Enero de 2007

Primero.- La sentencia de 11 de Mayo de 2006 de la Sección IX de la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a Jesus Miguel del delito electoral de que fue acusado --no concurrencia a la Mesa Electoral para la que había sido nombrado como Vocal suplente-- con ocasión del Referéndum de la Constitución Europea.

La base de la absolución se encuentra, según la sentencia sometida al presente trance casacional, en la concurrencia de un error de prohibición invencible en la persona del absuelto, en razón a que no fue informado de las consecuencias en que podía incurrir de no comparecer al llamamiento ni de presentar excusa justificada.

La sentencia ha sido recurrida en casación por el Ministerio Fiscal a través de un único motivo que encauzado por la vía del error iuris del art. 849-1º LECriminal denuncia como indebida la inaplicación de los arts. 143 y 137 de la L.O. 5/85 de Régimen Electoral General , así como por aplicación indebida del art. 14-3º del Código Penal .

Segundo.- En la argumentación de la sentencia, partiendo de que se está en presencia de un delito doloso y no obstante reconocer que la colaboración activa a un proceso electoral cuando se es nombrado para formar parte de una Mesa Electoral, forma parte del conjunto de obligaciones cívicas de todo ciudadano en una sociedad democrática, efectúa un brusco y voluntarista cambio en la argumentación para concluir con que de ello no puede extraerse la conclusión de que todo ciudadano sepa que puede incurrir en responsabilidad penal en caso de incumplimiento de esa obligación, que por ello no puede establecerse una presunción contra reo y que en definitiva, en el presente caso, al tratarse, el que resultó absuelto, de persona profana en conocimientos jurídicos y que no consta se le instruyese de la responsabilidad en que podría incurrir de desobedecer la orden, se concluye con la aplicación de la doctrina del error de prohibición invencible y con la absolución de la persona concernida.

No podemos compartir en modo alguno esta forma de razonamiento.

Partiendo del lugar comúnmente admitido de que el error de prohibición invencible --el aplicado en la sentencia-- supone la ausencia de responsabilidad en el sujeto que así obra porque ignora totalmente el carácter antijurídico de su actuar --error en la antijuridicidad--, hay que concluir que quien trata de alegarlo en su favor, deberá acreditar de forma suficiente que se encuentra situado extramuros del conjunto de normas de cultura, entre las que se encuentran las penales, que definen la Sociedad Democrática. No se trata de un desplazamiento de la carga de la prueba sobre el imputado, sino que éste, en la medida que ya forma parte de la Sociedad deberá acreditar su autoexclusión vía errónea e invencible creencia de que ignoraba aquello que es de común conocimiento por todos.

Evidentemente, el conocimiento de la ilicitud de su actuar no exige el cabal y completo conocimiento de todas y cada una de las consecuencias en que podría incurrir, cuando es lo cierto que toda norma jurídica, como expresión de la voluntad colectiva formada en la sede parlamentaria se impone a todos los ciudadanos como consecuencia de la convicción social de que dicha norma debe ser obedecida.

Se afirma en la sentencia que el delito que se comenta no es de los que todo el mundo conoce "....por ejemplo robar, matar...." y que el delito electoral "....no es de conocimiento público que tal infracción sea constitutiva de delito....".

Se insinúa de esta manera la vieja clasificación de delitos de mala quia prohibita, prohibita quia mala.

Se olvida con ello que hoy son valores indiscutibles de la actual social democrática protegidos con la respuesta penal algunos que eran desconocidos en épocas anteriores: los delitos contra la hacienda pública, o los derechos de los trabajadores, contra el medio ambiente. Estos delitos protegen valores que hoy forman parte del canon esencial de toda sociedad democrática y en tal sentido deben ser considerados como delitos "tan naturales" como los delitos contra la vida o la libertad sexual.

Recordemos vía ejemplo al respecto la excepcional previsión contenida en el propio texto constitucional --art. 45 --, que impone la respuesta penal para los infractores de las normas que protegen los recursos naturales y el medio ambiente.

¿Qué decir de los delitos electorales?.

Sin duda forman parte de ese mismo canon. Como consecuencia del derecho a la participación política de todos los ciudadanos que se contiene en el art. 9-3º de la Constitución Española --con obligación de remover los obstáculos que a ella se opongan, lo que constituye una expresa manifestación del Principio de Efectividad de los valores constitucionales--, también todos los ciudadanos son corresponsables en el mantenimiento de la Sociedad Democrática, y entre las colaboraciones que se les puede exigir destaca, con luz propia, la de su participación en las Mesas Electorales en los procesos electorales, que constituye la esencia de la democracia, pues a través de ellas, el ciudadano decide de entre las distintas propuestas que le efectúan los partidos políticos, permitiendo la renovación y cambio de las opciones políticas e impidiendo la perpetuación en el poder, lo que es incompatible esencialmente con la Sociedad Democrática. Por ello, quien perteneciendo y formando parte de la sociedad así organizada, pretende oponer ignorancia a la protección de estos valores y a la necesaria colaboración en su mantenimiento, deberá argumentar eficazmente las razones de su exclusión.

Nada de esto se dice en la sentencia, y por contra, del estudio de las actuaciones singularmente de sus declaraciones en fase sumarial y en el Plenario se deriva que el absuelto Jesus Miguel no padece ninguna enfermedad o déficit intelectivo que pudiera justificar una ignorancia sobre este elemental deber ciudadano. Jesus Miguel nació el 30 de Diciembre de 1974, cuatro años antes de la aprobación de la Constitución, su educación, en esa fase primaria de la socialización familiar y escolar lo fue ya en la época plenamente democrática, por otra parte su lugar de nacimiento, lejos de situarse en alguna aldea perdida, se sitúa en Barcelona, no se trata tampoco de persona carente de estudios pues trabaja como autónomo en la regulación y control de instalaciones automáticas, por otra parte en su condición de vocal suplente nombrado, es claro que posee los conocimientos y estudios aptos para tal nombramiento --art. 26 de la LOREG --, pero más aún, de su propia declaración no puede derivarse ni siquiera de forma indirecta, desconocimiento de su obligación cívica, a lo sumo un olvido o despreocupación o si se quiere la situación de frustración/depresión propia de un proceso separatorio de matrimonio, pero sin que exista el menor dato que permita apuntar a algún tipo de patología ni siquiera leve.

Así, en su declaración en la Policía Judicial obrante al folio 10 de la encuesta judicial, tras reconocer que recibió la citación manifiesta como única explicación de su actuar, por mejor decir de su inactividad "....en aquella época se acaba de separar y estaba pasando un mal momento, estaba muy deprimido, y llegado el día, no se acordó para nada de esa comunicación y que debía haber acudido al acto de constitución de la mesa electoral....", lo que ratificó en sede judicial en su declaración del 29 de Diciembre --folio 17-- y en el Plenario "....no prestaba atención a lo que pasaba a su alrededor....".

En esta situación, es clara la prosperabilidad del recurso del Ministerio Fiscal. No existió error de prohibición ni invencible ni vencible. El absuelto conoció su nombramiento, conocía de su carácter obligatorio y de que incurría en responsabilidad en caso de no acudir, no se precisa que tuviese un cabal conocimiento del alcance de su responsabilidad ni del completo programa previsto para los infractores, por lo tanto, ni puede estimarse indubitado y palpable el error, ni siquiera puede estimarse en su versión de vencible.

En tal sentido, podemos citar la STS 1056/2004 de 4 de Octubre , en caso idéntico al ahora estudiado (inexistencia a la mesa electoral por quien había sido nombrado Presidente suplente).

Procede la estimación del recurso.

Tercero.- De conformidad con el art. 901 LECriminal, con declaración de oficio de las costas del recurso.