Sentencia Penal Nº 224/2012, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 3, Rec 67/2012 de 26 de Octubre de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 26 de Octubre de 2012
  • Tribunal: AP - Murcia
  • Ponente: Ruiz Hernandez, Juan Miguel
  • Núm. Sentencia: 224/2012
  • Núm. Recurso: 67/2012
  • Núm. Cendoj: 30030370032012100535
Resumen:
FALTA DE LESIONES

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 de MURCIA

-

Domicilio: PASEO DE GARAY Nº 5, 5ª PLANTA (PALACIO DE JUSTICIA) MURCIA

Telf: 968229124

Fax: 968229118

Modelo: N54550

N.I.G.: 30030 37 2 2012 0311422

ROLLO: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000067 /2012 MC

Juzgado procedencia: JDO.1A.INST.E INSTRUCCION N.2 de TOTANA

Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 0000232 /2009

RECURRENTE: Julio

Procurador/a:

Letrado/a: ANA ISABEL IRUELA MARTINEZ

RECURRIDO/A: Dulce

Procurador/a:

Letrado/a:

Procedimiento: APELACION JUICIO DE FALTAS 0000067 /2012

SENTENCIA Nº 224/12

En la Ciudad de Murcia, a 26 de octubre de 2.012.

D. Juan Miguel Ruiz Hernández-Magistrado de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección Tercera, ha visto en grado de apelación las presentes actuaciones, Rollo 67/12, dimanantes del Juicio de Faltas nº 232/09 del Juzgado de Instrucción Número Dos de Totana, seguido por una falta de lesiones por imprudencia leve, en virtud de denuncia formulada por D. Julio , Serafina y Custodia frente a Dª Dulce y la aseguradora GROUPAMA PLUS ULTRA SEGUROS Y REASEGUROS, habiendo recaído sentencia absolutoria de fecha 6 de mayo de 2.011 , frente a la que interpone recurso de apelación la representación procesal de los denunciantes, conferida a la letrada Dª Ana Isabel Iruela Martínez.

Antecedentes

PRIMERO: Por el Juzgado de Instrucción Número Dos de Totana se dictó sentencia de fecha 6 de mayo de 2.011 , recogiendo el fallo de la misma el siguiente tenor:

"Que DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO libremente a Dulce como autora de una falta de lesiones por imprudencia. Se declaran las costas de oficio."

Dispone el relato de hechos probados de la sentencia de instancia que " Julio , Serafina y Custodia interpusieron sendas denuncias contra Dulce , y en condición de responsable civil directo, contra su aseguradora Seguros Groupama- por haber provocado un accidente de tráfico el día 19 de febrero de 2.009, cuando, con su automóvil, matrícula .... DGX , invadió el carril de sentido contrario de circulación de una calle del centro urbano de Totana y colisionó con el automóvil que ocupaban los denunciantes, que habrían resultado con lesiones para cuya curación fue preciso tratamiento médico".

SEGUNDO: Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación, atacando la recurrente el juicio valorativo realizado por el juez " a quo", interesando la revocación de la sentencia dictada y la condena de la acusada conforme a lo solicitado en el acto del juicio celebrado.

Conferido traslado del recurso formulado al resto de partes personadas y evacuados los correspondientes escritos de impugnación o adhesión se elevaron las actuaciones a disposición de la audiencia Provincial de Murcia para la resolución del recurso correspondiente.

TERCERO: Recibidas las actuaciones, se formó por esta Sección Tercera el oportuno Rollo de Apelación de Juicio de Faltas con el nº 67/12.

En atención al artículo 82.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha correspondido a este Magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia conocer del presente recurso de apelación.

Hechos

ÚNICO: Se aceptan y se dan por reproducidos los que se contienen como declarados probados en la sentencia de instancia.

Fundamentos

PRIMERO: Interesa la apelante la revocación de la sentencia discutida y el dictado de un pronunciamiento condenatorio, invocando de un lado error valorativo del juez " a quo", suscitando igualmente una alegato implícito de infracción de ley, pues afirma que el relato de hechos probados de la sentencia acoge el contenido de la denuncia, advirtiendo de un proceder negligente en la denunciada y que debió acarrear el dictado del pronunciamiento de condena, que se reclama ahora de esta alzada.

Por lo que se refiere al error en la apreciación y valoración de la prueba, constituye doctrina jurisprudencial reiterada la que indica que , cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1 q y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete, conducen a que, por regla general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez en cuya presencia se practicaron, por lo mismo que es este Juzgador, y no el Órgano "ad quem", quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en las declaraciones de las personas que declaran en el acto del juicio, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido.

De tales ventajas, derivadas de la inmediación, contradicción y oralidad en la práctica probatoria carece, sin embargo, el Órgano de la apelación, llamado a revisar esa valoración en segunda instancia; lo que justifica que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, reconocida por el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal EDL 1882/1 , y plenamente compatible con los derechos de presunción de inocencia y de tutela judicial efectiva, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( SSTC de 17 de diciembre de 1985 EDJ 1985/148 , 23 junio de 1986 , 13 mayo de 1987 EDJ 1987/55 y 2 julio de 1990 EDJ 1990/7093 , entre otras). Únicamente su criterio valorativo deberá rectificarse cuando no exista, previamente al proceso valorativo, el imprescindible soporte probatorio, constituido por la existencia objetiva de prueba de cargo validamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia o bien cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud que haga necesaria, empleando criterios objetivos, y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia.

SEGUNDO . En todo caso, cuando se cuestionen hechos o la posible valoración errónea de la prueba referente a pruebas personales practicadas bajo los principios de inmediación y contradicción, el juez ad quem no puede corregir la sentencia absolutoria de la instancia precisamente por aplicación de los principios y valores constitucionales que destacan dichas sentencias del Tribunal Constitucional a salvo aquellos supuestos, que serán excepcionales, en que del propio relato de hechos de la sentencia de instancia surja perfectamente, con todos sus requisitos fácticos de tipicidad, la calificación jurídica correspondiente a una infracción penal determinada por la que se haya acusado en ese procedimiento.

De ahí que, cuando no estemos en el supuesto de unos hechos declarados probados que resulten claramente típicos, no pueda revocarse la sentencia absolutoria de instancia por cuestiones de hecho relativas a la valoración de declaraciones de acusados, testigos, o que impliquen o precisen de la modificación total o parcial del citado relato de hechos probados.

TERCERO . Alega la recurrente que el relato de hechos probados de la sentencia de instancia, declara justificada la realidad del siniestro y admite igualmente la mecánica del accidente tal y como la describen los denunciantes, suscitando así un alegato implícito de infracción de ley, en cuanto del relato histórico de la sentencia surgirían los elementos típicos de la infracción penal de la que luego incongruentemente se absuelve.

Examinado el alegato de incongruencia que se suscita, una mera lectura de la sentencia avoca a su frontal rechazo, pues se advierte fácilmente como el juez " a quo" se limita a declarar como hecho probado la mera presentación de la denuncia con el contenido que refieren los denunciantes, no surgiendo, ni mucho menos, de dicha descripción fáctica los elementos objetivos y subjetivos que conforman la infracción penal por la que se formula acusación.

No obstante lo anterior, si bien es cierto que la fundamentación jurídica de la sentencia advierte de la presencia de un proceder negligente o culposo en la denunciada, atribuyéndole la invasión imprudente del carril contrario de circulación, dicha previsión en cualquier caso, no integra tampoco " per se" la infracción cuya condena reclama la apelante, pues rechaza el juez " a quo", de un lado que las denunciantes Serafina y Custodia viajaran como ocupantes en el vehículo conducido por Julio y de otro rechaza igualmente la realidad de las lesiones que afirma el Sr Julio sufrió a resultas del accidente.

CUARTO. Recaída por tanto sentencia absolutoria, funda el juez de instancia su decisión en el examen y valoración conforme a los principios de percepción directa e inmediación, de pruebas de índole eminentemente personal, especialmente las declaraciones de los implicados en los hechos objeto de enjuiciamiento, advirtiendo la presencia de contradicciones, lagunas e inexactitudes en la declaración de las denunciantes y que minoran su credibilidad y valor probatorio.

Invoca finalmente la apelante que el juez "a quo" desatiende las conclusiones alcanzadas por el médico forense en los informes de sanidad de los denunciantes, descartando que la Sras Serafina y Custodia viajaran como ocupantes del vehículo y rechazando igualmente la realidad de las lesiones que sufrió el Sr Julio a resultas del accidente, calificándolas como de meramente sintomáticas.

Revisado el motivo de censura que se invoca, se anticipa su igual rechazo pues, atendido el informe de sanidad forense de D. Julio , se describen en el mismo lesiones que precisaron para su sanidad de " una primera y única asistencia facultativa", no completando así la exigencia típica del artículo 621.3 del Código Penal , deviniendo irrelevante y penalmente intrascedente el alcance lesivo sufrido por las dos denunciantes que apelan, Sr Serafina y Custodia , por cuanto la sentencia niega su presencia en el vehículo conducido por el denunciante Sr Julio .

En cualquier caso, el tenor absolutorio del fallo de la sentencia de instancia, vinculado a un relato histórico de hechos probados en el que ninguna conducta penalmente trascendente se describe, veda el juicio revisor alternativo que propone el recurrente, procediendo la desestimación del recurso de apelación interpuesto y la confirmación de la sentencia apelada.

QUINTO : Se declaran de oficio las costas de esta alzada, en atención a los artículos 239 y 240.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Julio , Dª Serafina y Dª Custodia contra la sentencia dictada en fecha 6 de mayo de 2.011 por el Juzgado de Instrucción Número Dos de Totana en juicio de faltas 232/09 , Rollo de Apelación 232/12, CONFIRMANDO dicha resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese esta sentencia en forma en atención a los artículos 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 976.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (contra esta sentencia no cabe recurso alguno).

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia con certificación de la presente resolución.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.

Valoración de la prueba
Práctica de la prueba
Medios de prueba
Derecho a la tutela judicial efectiva
Presunción de inocencia
Prueba de cargo
Principio de presunción de inocencia
Tipicidad
Fuerza probatoria
Falta de lesiones