Sentencia Penal Nº 227/2018, Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3, Rec 617/2018 de 20 de Abril de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL
VALÈNCIA
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SECCIÓN TERCERA
Apelación de Juicio sobre Delitos Leves nº 617/2018
Dimana del Juicio sobre Delitos Leves nº 1133/2017 del
Juzgado de Instrucción de Gandia número 1
SENTENCIA
Nº 227/2018
En la ciudad de València, a veinte de abril de dos mil dieciocho.
D. Lamberto J. Rodríguez Martínez, Magistrado de la Audiencia Provincial de València, constituido
en Tribunal unipersonal, ha visto el presente recurso de apelación en ambos efectos, interpuesto contra la
sentencia nº 355/2017 de fecha 26-09-2017 del Juzgado de Instrucción de Gandia nº 1 en Juicio sobre Delitos
Leves nº 1133/2017 , por delito leve de amenazas.
Han intervenido en el recurso Anton , en calidad de apelante, defendido por la Letrada Dª María Gloria
Oliver Aznar, y Federico , en calidad de apelado, defendido por la Letrada Dª María Esther Martínez del Olmo.
El Ministerio Fiscal ha intervenido en calidad de apelado.

Antecedentes

PRIMERO.- La sentencia recurrida declaró probados los hechos siguientes: 'Se declara probado que el día 7 de junio de 2017 el denunciante D. Anton acudió a la empresa FRIO ALQUERIA, S.L. sito en la calle Llanterners nº 4 de Xeresa donde prestas sus servicios como trabajador por cuenta ajena a los efectos de recoger el cheque de su nómina, a lo que el denunciado D. Federico le dijo que fuera otro mes, a lo que se negó el denunciante produciéndose una discusión entre denunciado y denunciante.

El día 12 de junio de 2017 el denunciante D. Anton acudió nuevamente a la mencionada empresa donde el denunciado D. Federico le comunicó que estaba despedido negándose el denunciante a firmar su despido si bien cogió el cheque, produciéndose una discusión entre los dos.

De la extinción de la relación laboral está conociendo un Juzgado de lo Social de Valencia'

SEGUNDO.- El fallo de la sentencia apelada dice: 'Que debo ABSOLVER y ABSUELVO a D. Federico de un delito leve de amenazas, declarando las costas procesales de esta causa de oficio.'

TERCERO.- Notificada dicha sentencia a las partes, por Anton se interpuso contra la misma recurso de apelación ante el órgano judicial que la dictó.



CUARTO.- Recibido el escrito de formalización del recurso, el Juez de Instrucción dio traslado del mismo a las demás partes por un plazo común de diez días para la presentación, en su caso, de los correspondientes escritos de impugnación o de adhesión al recurso. Transcurrido dicho plazo, se elevaron a esta Audiencia Provincial los autos originales con todos los escritos presentados. Recibidos los autos, por la Oficina de Servicios Comunes de esta Audiencia fue turnado el presente juicio al Magistrado que ahora resuelve y fue remitido a la Secretaría de la Sección Tercera de dicha Audiencia para la formación del correspondiente rollo, señalándose el día 20-04-2018 para estudio y resolución.

II. HECHOS PROBADOS Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia apelada, que han quedado anteriormente transcritos.

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la sentencia absolutoria dictada en la instancia, la apelante interpone recurso de apelación que funda en los artículos 222 y 766.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el que solicita que ' se sirva acordar la revocación de la sentencia impugnada, dictándose otra, al propio tiempo, por la que se acuerde condenar a Dº Federico por la comisión del delito leve de amenazas del art. 171.7 del Código penal a la pena solicitada en primera instancia o, en su defecto, a la pena que la Sala considere ajustada a derecho '.

Por lo demás, el cuerpo del recurso se limita a impugnar la valoración de la prueba que se ha hecho en la sentencia de instancia y a propugnar una sentencia condenatoria.

Un recurso formulado en tales términos no puede ser estimado.

En efecto, ante una alegación de error en la apreciación de la prueba tan solo podría el recurrente interesar la anulación de la sentencia recurrida en los términos que previene el tercer párrafo del artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

La pretensión expresada en el recurso de apelación debe, pues, ser desestimada por resultar contraria al citado artículo 792.2, al que se remite para el procedimiento sobre delitos leves el artículo 976.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , preceptos todos ellos cuyo contenido es omitido en el recurso que se resuelve.

Tan defectuoso planteamiento de una apelación contra una sentencia penal absolutoria no puede ser subsanado mediante el recurso a la doctrina jurisprudencial de la voluntad impugnativa porque la misma solo podrá operar en beneficio del reo y no en su perjuicio.

Dice en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13-03-2017, rec. 1225/2016 , que ' esta Sala ha aplicado tradicionalmente la denominada doctrina de la voluntad impugnativa, considerándola implícitamente comprendida en la infracción de ley, al estimar que el derecho a la tutela judicial efectiva no puede verse mermado por formalismos exacerbados en la interpretación de los motivos de recurso, por lo que el Tribunal Supremo puede aprovechar la instancia casacional para corregir, en beneficio del reo, los errores legales de que adolezca la sentencia recurrida siempre que se encuentren relacionados con los motivos de casación interpuestos.

Son exponentes de esta reiterada doctrina, las Sentencias de 28 de septiembre de 1994 , 18 de septiembre de 1998 , 10 de marzo , 8 , 17 y 29 de junio , 8 y 17 de julio , 10 y 17 de septiembre , 18 y 30 de noviembre y 20 de diciembre de 1999 , 22 de febrero de 2000 , 6 de junio de 2002 , 9 de octubre de 2003 , 28 de octubre de 2005 y 8 de noviembre de 2006 , entre otras muchas, y por referirnos a sentencias más recientes las 625/2010 de 6 de julio , 148/2011, de 9 de marzo , 258/2011, de 28 de marzo , 976/2011, de 8 de noviembre , 141/2012, de 8 de marzo y 65/2016, de 8 de febrero , entre otras. ' Y, en esa línea, excluye cualquier subsanación en contra del reo la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 28-05-2015, rec. 2348/2014 , al declarar que ' solo una eventual infracción del derecho a la tutela judicial efectiva podría haber articulado la posibilidad de revocación del pronunciamiento absolutorio, en el caso de que se basara en una valoración absolutamente arbitraria de la prueba, con la consiguiente nulidad de la sentencia y devolución de las actuaciones.

En este caso no se ha denunciado esa concreta infracción ni se ha solicitado la nulidad por el recurrente, presupuesto necesario para que ésta se pueda acordar más allá de los supuestos en los que se aprecie falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o vicio grave de la voluntad de los integrantes del órgano judicial causado por violencia o intimidación. En alguna ocasión se ha admitido por esta Sala la posibilidad de acordar la nulidad sin expresa petición, cuando la misma sea la consecuencia natural e inevitable de la pretensión impugnativa (entre otras SSTS 299/2013 de 27 de febrero ó 146/2014 de 14 de febrero ) propugnando así cierta holgura en la aplicación del artículo 240.2º LOPJ en tanto se asienta la actual panorámica en materia de recursos contra sentencias absolutorias. Sin embargo tal posibilidad, en la medida en que supone una interpretación extensiva en perjuicio del reo, debe ser observada con cautela. ' En el caso de autos, el apelante, debidamente asistido de Letrado, se limita en su recurso a solicitar que se deje sin efecto una sentencia absolutoria sin interesar la nulidad de la sentencia o la nulidad del juicio oral y de la sentencia.

Como no cabe en esta alzada completar de oficio el recurso de apelación en perjuicio del reo y la pretensión expresada en el mismo no se ajusta a los parámetros que previene el artículo 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no cabe más que la desestimación del recurso sin necesidad de entrar a valorar si la apreciación de la prueba que se contiene en la sentencia recurrida, llega a alcanzar ' la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia ' ( artículo 790.2.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ), infracciones que hubieran justificado no la mera revocación solicitada por el recurrente, sino su anulación en los términos legalmente previstos y no interesados por el apelante.

En cualquier caso, incluso aunque se hubiera formulado una petición en los términos expresados, el resultado desestimatorio sería el mismo porque el examen de la fundamentación que contiene la sentencia recurrida no permite apreciar ni la omisión de alguna prueba aportada (pues se valoran todas las practicadas en el juicio oral), ni una falta de racionalidad en su motivación: el Juzgador de instancia constata que se le plantean unas versiones contradictorias entre los dos implicados y constata que la relación entre ellos (y, por tanto, la fiabilidad del testimonio del apelante) puede venir perjudicada por la pendencia de un procedimiento ante la jurisdicción social. Ante esa doble constatación no puede atribuir el valor probatorio que pretende el recurrente a la grabación de audio aportada porque sin entrar en su contenido, no ha podido aceptar como indubitada la intervención en la conversación grabada del denunciado.

De este modo, en todo caso es procedente la confirmación de la sentencia recurrida.



SEGUNDO.- No se considera procedente hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en esta alzada.

Vistos los preceptos aplicables del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en especial sus artículos 962 y siguientes .

Fallo

En atención a todo lo expuesto, el Magistrado D. Lamberto J. Rodríguez Martínez ha decidido: Primero: Desestimar el recurso de apelación interpuesto Anton .

Segundo: Confirmar la sentencia apelada.

Tercero: No hacer un especial pronunciamiento sobre el pago de las costas causadas en esta instancia.

Contra la presente sentencia no cabe ningún recurso.

Cumplidas que sean las diligencias de rigor, y notificada esta sentencia a las partes, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución, para su conocimiento, observancia y cumplimiento.

Así, por esta sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.