Sentencia Penal Nº 237/2011, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 1, Rec 62/2011 de 05 de Julio de 2011

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 05 de Julio de 2011
  • Tribunal: AP - Lleida
  • Ponente: Jimenez Marquez, Maria Lucia
  • Núm. Sentencia: 237/2011
  • Núm. Recurso: 62/2011
  • Núm. Cendoj: 25120370012011100234

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE LLEIDA

SECCIÓN 1

Rollo Apelación faltas nº 62/2011 -

Juicio de faltas núm.:39/2010

Juzgado de Instrucción nº 1 de Tremp

S E N T E N C I A NÚM.: 237/11

En la ciudad de Lleida, a cinco de julio de dos mil once.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida, constituida por mí, Maria Lucia Jimenez Marquez Magistrada de la Sección 1ª ha visto, en grado de apelación constituido en Tribunal unipersonal, los autos de Juicio de Faltas núm.: 39/2010 del Juzgado de Instrucción nº 1 de Tremp y del que dimana el Rollo de Sala núm.:62/2011, habiendo sido partes, en calidad de apelante, Raúl , defendido por la Letrada Dª. Gemma Torra Vilajosana, y en calidad de apelado Alejandra y el MINISTERIO FISCAL .

Antecedentes

PRIMERO. - Por el Juzgado de Instrucción se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice lo siguiente: "Que he de condemnar i condemno a Raúl com autor responsable d'una falta de lesions a la pena de QUINZE DIES de localització permanent i per via de responsabilitat civil a que indemnitzi a Alejandra en la quantitat de QUATRE MIL QUATRE-CENTS VUITANTA EUROS per les seves lesions i seqüeles, quina quantitat meritarà l'interès legal des de la data d'aquesta sentència i al pagament de les costes." En fecha 25 de marzo de 2011, se dictó auto de aclaración, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:" SE ACLARA LA SENTENCIA 148/2010 de fecha 27 de mayo de 2010 , en el FALLO en los siguientes términos: 7 DIAS DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE , y al pago de la responsabilidad civil de 4.480 euros. "

SEGUNDO.- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación mediante escrito del que se dio traslado a las partes contrarias para impugnación o adhesión, evacuando dicho trámite en el sentido de impugnarlo solicitando la íntegra confirmación de la sentencia recurrida.

TERCERO.- Seguidamente se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial Sección Primera, que acordó formar rollo y designar Magistrado competente para conocer del recurso, al que pasaron las actuaciones para dictar la resolución correspondiente.

Hechos

Se aceptan y se hacen propios los de la sentencia recurrida, en cuanto no contradigan lo argumentado en la presente resolución

Fundamentos

PRIMERO.- La defensa del acusado recurre la sentencia por la que se le condena como autor de una falta de lesiones, alegando infracción legal en la pena impuesta y en la no apreciación de la eximente prevista en el art. 20.2 del CP , error en la valoración probatoria y vulneración del principio "in dubio pro reo".

El Ministerio Fiscal impugna el recurso e interesa la confirmación de la sentencia, al hallarla ajustada a Derecho.

SEGUNDO.- Por una cuestión de orden , conviene comenzar por la alegación respecto de una errónea valoración probatoria.

Al respecto es preciso recordar que el Tribunal "ad quem" asume la plena jurisdicción sobre el supuesto objeto del recurso, con idéntica situación a la del juez "a quo", con posibilidad de un nuevo anàlisis crítico de la prueba practicada y comprobación de si existe o no prueba incriminatoria razonable y suficiente para enervar la presunción de inocencia. No obstante lo anterior, la valoración de la prueba realizada por el Juzgador "a quo" en uso de la facultad que la confiere el art. 741 de la L.E .crim y sobre la base la actividad desarrollada en el juicio oral, goza de una especial singularidad, ya que dicho acto - núcleo del proceso penal-- se ha desarrollado en su presencia, con plena eficacia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad, a través de los cuales se satisface la exigencia constitucional de que el acusado sea sometido a un proceso público con todas las garantías (art. 24.2 C.E .) Por ello, el Tribunal de apelación debe limitarse a examinar si el juzgador de instancia ha incurrido en razonamientos arbitrarios, ilógicos o irracionales, o si hubo o no vulneración del derecho a la presunción de inocencia, analizando la existencia y suficiencia de actividad probatoria de cargo practicada en el acto del juicio ( en este sentido se ha pronunciado de forma uniforme y reiterada la jurisprudencia - SSTS de 3.3.99 , 13.2.99 , 24.5.96 y 14.3.91 , entre otras).

En base a lo expuesto hay que entender que el uso que haya hecho el juez de su facultad de libre apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el acto del juicio, siempre que resulte debida y adecuadamente motivado, únicamente deberá ser rectificado, cuando haya incurrido en un manifiesto y claro error, de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, habiendo señalado la jurisprudencia del TS que para acoger el error en la valoración de las pruebas, se exige la existencia en la narración descriptiva de supuestos inexactos, con error evidente, notorio y de importancia, de significación suficiente para modificar el sentido del fallo.

En este supuesto no se ha aportado nada nuevo que permita modificar o desvirtuar el relato de hechos probados realizado por el juez "a quo", quien ha basado sus conclusiones en el resultado de la prueba practicada en el acto del juicio, valorándola de forma que no puede ser tachada de arbitraria, irracional ni ilógica, dotando de credibilidad a la declaración de la víctima, credibilidad que le viene reservada como parte esencial de la valoración judicial, comprobándose en esta alzada, además, la racionalidad de la misma en relación con el resultado probatorio, pues la denunciante mantuvo su versión de que el acusado la había agredido , dando detalles de que la había cogido por el cuello queriéndola extrangular, constando en las actuaciones informe medico- forense en el que se objetivan lesiones compatibles con dicha versión, la cual incluso no ha descartado el propio acusado, aunque alegando que no se acordaba de los hechos.

TERCERO.- También alega la parte que ha existido infracción legal al haberse impuesto una pena de 15 días de localización permanente cuando la prevista legalmente en el art. 617 del CP ha de mantenerse en un marco punitivo de entre 6 y 12 días, cuestión sobre la que ya no cabe entrar al haberse dictado auto de aclaración de la sentencia en el que se rectifica el error, con imposición al acusado de una pena de 7 días de localización permanente.

CUARTO.- Por otro lado aduce el recurrente que debiera haberse aplicado al acusado la eximente del art. 20.2 del CP , por cuanto el mismo se encontraba drogado y bebido en el momento de cometer los hechos.

Según dispone el art. 20.2 del CP , extá exento de responsabilidad criminal el que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometerla o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión".

En el presente supuesto no se ha aportado al procedimiento elemento objetivo con entidad suficiente para justificar, más allá del estado ebrio en que se encontraba el acusado, que el mismo le supusiera un impedimento para comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a dicha comprensión y sabido resulta que para apreciar las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal tales circunstancias han de resultar tan probadas como el hecho mismo y así como la prueba de los hechos corresponde a las acusaciones, la de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal incumbe a la parte que las alegue ( SSTS de 6 de marzo de 1989 , 25 de enero de 1990 y 16 de marzo de 1991 , entre otras muchas).

Ello no ha obstado, sin embargo, para que el estado ebrio del acusado haya sido tenido en cuenta por el juez "a quo" para atemperar su responsabilidad criminal no por la vía de la exención prevista en el art. 20 , sino por la de la atenuación, lo cual se ajusta a lo previsto en el art. 21 del CP para los supuestos en que la afectación de las capacidades volitivas e intelectivas no revistan la gravedad y la entidad prevista en el art. 20 .

QUINTO.- En cuanto al principio "in dubio pro reo", la jurisprudencia del Tribunal Supremo ( SSTS de 03-10-2001 , de 27-02-2004 , o de 20-12-2004, núm. 1543/2004 ) determina que en la alzada solo cabe examinar la aplicación del principio ""in dubio pro reo"" cuando dentro de la sentencia impugnada se refleje alguna duda sobre la existencia de los hechos constitutivos de la infracción que se sanciona, lo cual forzosamente deberá conducir a la absolución del acusado, pero si el tribunal de instancia en ningún momento manifestó tener dudas sobre la participación en los hechos del acusado, resulta inoperante el principio ( STS 14.10.05 ).

Siguiendo estos parámetros, tampoco puede encontrar acogida la alegación de violación de este principio, no desprendiéndose del contenido de la sentencia duda alguna en el juzgador que debiera haberle llevado a decidirse por la absolución, sino más bien todo lo contrario, reflejándose a través del contenido de la resolución recurrida su pleno convencimiento, a través de las pruebas practicadas, de la culpabilidad del acusado.

Por todo ello, procede la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia impugnada.

SEXTO.- Ante la desestimación del recurso, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de la LECriminal, procede imponer las costas de esta alzada al recurrente.

En atención a lo argumentado

Fallo

Desestimo el recurso planteado por la representación procesal de Raúl , contra la sentencia dictada en fecha 27 de mayo de 2010 por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Tremp, en Juicio de Faltas nº 39/10, y confirmo dicha resolución, imponiendo a la parte recurrente las costas procesales derivadas de esta alzada.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme, al no caber contra la misma recurso alguno.

Devuélvase la causa al Juzgado de procedencia, con certificación de esta resolución, para su debido cumplimiento.

Así por ésta mi sentencia, de la que se llevarà certificación al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.

Valoración de la prueba
Práctica de la prueba
Error en la valoración
Presunción de inocencia
In dubio pro reo
Falta de lesiones
Localización permanente
Declaración de la víctima
Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
Drogas tóxicas
Eximentes completas
Estupefacientes
Intoxicación plena por consumo de alcohol
Psicotrópicos
Síndrome de abstinencia
Responsabilidad penal
Violación