Sentencia Penal Nº 241/2012, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 20, Rec 632/2009 de 26 de Marzo de 2012

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

DE BARCELONA

SECCIÓN VIGÉSIMA

Rollo n.º 632/09-G Appen

Procedimiento Abreviado n.º 166/08

Juzgado de lo Penal n.º 2 de Mataró

SENTENCIA Nº 241/2012

ILMOS. SRES.:

D. FERNANDO PÉREZ MAIQUEZ

D.ª CONCEPCIÓN SOTORRA CAMPODARVE

D.ª ELENA ITURMENDI ORTEGA

En Barcelona, a veintiséis de marzo de dos mil doce.

Visto, en nombre de S.M. el Rey, por la Sección Vigésima de esta Audiencia Provincial, el Rollo de Apelación n.º 632/09-Appen, dimanante del Procedimiento Abreviado n.º 166/08 seguido por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Mataró, por delitos de malos tratos en el ámbito familiar, contra Mauricio , los cuales penden ante esta Superioridad en virtud del recurso de apelación interpuesto por aquél contra la sentencia dictada el día 1 de septiembre de 2009 por la Sra. Juez del expresado Juzgado.

Antecedentes

PRIMERO .- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a D. Mauricio como autor responsable de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar del art. 173.1 y 2 párrafo CP y de un delito continuado de amenazas leves contra la mujer en el ámbito de la pareja del artículo 171.4 y 5 CP , imponiéndole las penas de, por el primer delito, 21 meses y 1 día de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo de 3 años, 6 meses y 1 día, además de prohibición de aproximación a menos de 1000 metros de la persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado o en el que se encuentre la Sra. Paloma y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto durante el plazo de 2 años, 21 meses y 1 día. Se le impone por el segundo delito las penas de 10 meses y 16 días de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación de 2 años 6 meses y 2 días del derecho a la tenencia y porte de armas así como prohibición de aproximación a menos de 1000 metros de la persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado o en el que se encuentre Doña. Paloma y prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio, directo o indirecto durante el plazo de 2 años, 9 meses y 1 día, todo ello con imposición de las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular, y sin responsabilidad civil derivada".

SEGUNDO. - Contra la expresada sentencia se interpuso recurso de apelación por Mauricio con apoyo en los argumentos que constan en el escrito presentado, dándose traslado a las demás partes con el resultado que obra en las actuaciones, que fueron elevadas a esta Audiencia para su resolución.

TERCERO .- Recibidas las actuaciones en esta Sección, fueron sometidas a reparto, designándose como Magistrada Ponente a la Ilma. Sra. D.ª ELENA ITURMENDI ORTEGA, que expresa el parecer unánime del Tribunal.

Hechos

Se admiten y dan por reproducidos en esta alzada los hechos probados de la sentencia apelada, sin nada más que añadir o modificar.

Fundamentos

PRIMERO .- El presente recurso se circunscribe a dos cuestiones estrictamente jurídicas, pues, aun cuando se afirma no compartirlos, la recurrente se aquieta con los hechos que han sido declarados probados.

En primer lugar, se invoca infracción de precepto penal sustantivo por inaplicación del art. 8.3 del Código Penal en relación con los arts. 173.2 párrafos 1 y 2 y 174.4 º y 5º del mismo cuerpo legal e infracción de los principios de absorción y non bis in idem .

Se dice en el recurso que del comportamiento unitario descrito en el relato histórico de la sentencia el Juzgador deriva dobles consecuencias penales, incardinando la conducta del acusado en dos tipos delictivos de la misma naturaleza y cuyas descripciones legales se solapan entre sí, produciéndose un claro concurso de normas con la recusable consecuencia de sancionarse dos veces una misma conducta cuando, como aquí acontece, se produce identidad entre los sujetos activo y pasivo, de tal modo que desconocerlo mediante la aplicación conjunta y acumulativa de los arts. 171 y 173 del Código Penal , equivale a fragmentar el hecho punible quebrantando los principios de absorción y non bis in idem de obligado respeto en el marco de nuestro actual derecho penal. En consecuencia, continúa el recurrente, las amenazas leves por las que separadamente ha sido condenado el recurrente en aplicación de lo dispuesto en el art. 171.4 del Código Penal no pueden ser extraídas del contexto y sancionadas de forma autónoma y separada del resto de los supuestos comportamiento vejatorios atribuidos al acusado por hallarse incluidas en la expresión conceptual más amplia de "trato degradante", en ausencia de violencias físicas constatables, procediendo, de acuerdo con el art. 8.3 del Código Penal , considerar como norma de aplicación única y prioritaria, por su mayor amplitud, la contenida en el art. 173.2 del Código Penal , resolviéndose así el concurso normativo.

Para resolver la cuestión planteada basta con recordar lo dispuesto en el art. 173.2 del Código Penal : "2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia [...] será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años [...], sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica". Expresamente se prevé la doble punición -por el delito de violencia doméstica habitual y por los concretos actos de violencia física o psíquica cometidos- por lo que no nos encontramos ante un concurso de normas, sino ante un concurso de delitos.

Así lo ha declarado reiteradamente el Tribunal Supremo, pudiendo citarse, entre otras muchas, por su semejanza con el caso de autos, la sentencia de 19 de octubre de 2010 , en la que se afirma lo siguiente:

"El siguiente motivo vuelve a referirse al delito de maltrato familiar y al de amenazas en el ámbito doméstico, para denunciar aplicación indebida del art. 171.4 y 5 del C. Penal y vulneración del art. 25.1 C.E . por infracción del principio non bis in idem .

Alega el recurrente que la sentencia de instancia hace un doble uso de las amenazas por parte del procesado hacia su esposa que declara probadas, tanto para condenar por delito de amenazas en el ámbito doméstico como para condenar por delito de violencia psíquica habitual. Añade que la condena por separado de ambos delitos "supone una doble incriminación de los mismos hechos, plurales sin duda, pero que jurídicamente constituyen una sola conducta delictiva, porque cuando la violencia habitual que se imputa al reo es la denominada psíquica o psicológica, en tal caso las amenazas, normalmente, formarán parte de un conjunto, que no es otro que el propio maltrato psíquico".

El motivo no puede ser estimado.

El relato histórico, y los datos fácticos complementarios contenidos en la fundamentación jurídica reflejan una situación prolongada en el tiempo en la que el acusado venía ejercitando una indudable violencia psíquica mediante graves insultos, desprecios y vejaciones reiteradas que afrentan a la incolumidad moral de la víctima en cuanto suponen una agresión a la dignidad de la persona y al propio autorespeto de la víctima que se degrada y envilece ante sí misma por el trato vejatorio que recibe. Debe tenerse muy presente que la violencia psíquica del art. 173.2, se encuentra ubicada en el Título VII C.P . que trata del delito 'contra la integridad moral'.

La parte recurrente no discrepa de la subsunción de tal comportamiento del acusado en ese precepto penal, aunque pretende el mismo absorba las amenazas proferidas contra la misma víctima por considerarlas integradas en el contexto de una situación prolongada de trato vejatorio a la integridad moral que también se nutriría de esas conductas amenazantes.

No puede ponerse en duda que en el escenario de maltrato psicológico que describe el factum , las amenazas coadyuvan también a crear y mantener esa situación de agresión y de degradación espiritual y moral de la víctima. Pero lo que ocurre, es que el Legislador al modificar el art. 173.2 C.P. por la L. O. 11/2003 ha incluido una cláusula concursal excluyendo la infracción del principio non bis in idem , cuando dice que las penas se impondrán "sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica". Esta Sala ha dicho que los concretos actos de violencia sólo tienen el valor de acreditar la actitud del agresor y que la necesidad legal de penar separada y cumulativamente el delito de violencia doméstica habitual y los delitos o faltas en que se hubieren concretado los actos de violencia no suponen una infracción del citado principio. La violencia física o psíquica habitual es algo distinto de los concretos actos de violencia, aisladamente considerados y el bien jurídico protegido es mucho más amplio y relevante que el mero ataque a la integridad ( S. 13-9-2007).

Por eso, el Tribunal de instancia, al calificar los concretos hechos de las amenazas contra la vida de su esposa como constitutivos de amenazas leves a aquélla, cometido en el seno de la convivencia familiar y en presencia de los hijos menores, que expresamente contempla el art. 171.4 y 5 C.P . como ilícito penal autónomo, no infringe el principio non bis in idem , sino que su calificación es jurídicamente correcta como delito autónomo".

SEGUNDO .- Como segundo motivo de apelación, se alega desproporción en las penas impuestas y se solicita que la atenuante de dilaciones indebidas aplicada por la sentencia de instancia lo sea con el carácter de muy cualificada.

Es cierto que se ha producido una dilación en la tramitación de la presente causa, tanto durante la instrucción -lo que llevó a la defensa a solicitar en sus conclusiones definitivas la atenuante analógica de dilaciones indebidas del art. 21 n.º 6 del Código Penal -, como en el dictado de la sentencia de instancia -dato expresamente recogido en ésta para justificar la aplicación de dicha atenuante-; como, finalmente, en la resolución del presente recurso de apelación, de manera que la tramitación del procedimiento se ha prolongado durante casi seis años.

En consecuencia, se estimará la pretensión de la recurrente y, de acuerdo con la regla 2ª del art. 66 del Código Penal , se rebajarán en un grado las penas, imponiéndolas, como en la sentencia de instancia, en su límite mínimo.

Por la acusación particular, en su impugnación al recurso, se alega que no es posible la aplicación de la atenuante muy cualificada pretendida porque para ello sería necesario que el propio recurrente que sufrió la dilación hubiera hecho intento, en su momento, de impulsar la tramitación o, cuando menos, denunciase ante el órgano jurisdiccional competente ese retraso. No se comparte dicha argumentación, por que, aunque es cierto que se ha exigido en ocasiones para la aplicación de la referida atenuante que se haya puesto de manifiesto la dilación ante el órgano jurisdiccional, porque "no puede ser apreciada si previamente no se ha dado oportunidad al órgano jurisdiccional de reparar la lesión o evitar que se produzca, ya que esta denuncia previa constituye una colaboración del interesado en la tarea judicial de la eficaz tutela a la que obliga el art. 24.1 de la Constitución mediante la cual poniendo la parte al órgano Jurisdiccional de manifiesto su inactividad, se le da oportunidad y ocasión para remediar la violación que se acusa ( Sentencias del Tribunal Constitucional 73/1992 , 301/1995 , 100/1996 y 237/2001 , entre otras; STS 175/2001, 12 de febrero )" ( STS 19-6-02 ), también se ha dicho que en esta materia no se deben extremar los aspectos formales porque el imputado no puede ser obligado sin más a renunciar a la eventual prescripción del delito que se podría operar como consecuencia de dicha inactividad ( SSTS 23-9-02 y 23-5-03 , entre otras). Por tanto, aunque no se ha excitado la actividad judicial por la defensa o el acusado, debe apreciarse la atenuante analógica muy cualificada expresada.

TERCERO .- Se declaran de oficio las costas devengadas en esta segunda instancia.

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal del acusado, Mauricio , contra la sentencia de fecha 1 de septiembre de 2009 dictada por el Juzgado de lo Penal n.º 2 de Mataró en el Procedimiento Abreviado n.º 166/08, debemos REVOCAR Y REVOCAMOS aquélla en el sentido de condenar a Mauricio , como autor responsable de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar del art. 173.1 y 2 párrafo CP , a las penas DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN , inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y UN AÑO Y NUEVE MESES DE PRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS , además de PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN a menos de 1000 metros de la persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado o en el que se encuentre Paloma y PROHIBICIÓN DE COMUNICARSE con ella por cualquier medio, directo o indirecto, durante el plazo de DOS AÑOS, DIEZ MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN ; y, como autor responsable de un delito continuado de amenazas leves en el ámbito familiar del artículo 171.4 y 5 CP , a las penas de SIETE MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN , inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y UN AÑO Y SEIS MESES DEPRIVACIÓN DEL DERECHO A LA TENENCIA Y PORTE DE ARMAS , así como PROHIBICIÓN DE APROXIMACIÓN a menos de 1000 metros de la persona, domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro frecuentado o en el que se encuentre Paloma y PROHIBICIÓN DE COMUNICARSE con ella por cualquier medio, directo o indirecto, durante el plazo de DOS AÑOS, SIETE MESES Y QUINCE DÍAS DE PRISIÓN ; manteniéndose el resto de pronunciamientos de la sentencia. Se declaran de oficio las costas de esta alzada.

Notifíquese esta resolución a todas las partes personadas y a los perjudicados, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno. Dedúzcase testimonio de la presente sentencia y remítase juntamente con los autos principales al Juzgado de procedencia para su ejecución.

Así por ésta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- Barcelona, 28/03/2012 . En este día, y una vez firmada por los Magistrados que la han dictado, se da a la anterior sentencia la publicidad ordenada por la Constitución y las Leyes. Doy fe.

Amenazas
Violencia fisica
Violencia
Delito de maltrato
Violencia psíquica
Hecho delictivo
Principio non bis in idem
Ámbito familiar
Amenazas leves
Malos tratos
Trato degradante
Integridad moral
Privación del derecho a la tenencia y porte de armas
Concurso de delitos
Maltrato familiar
Delito de amenazas
Atenuante
Vejaciones
Dignidad de la persona
Atenuante analógica
Atenuante por dilaciones indebidas
Prescripción del delito
Violación