Sentencia Penal Nº 247/2020, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 30, Rec 573/2020 de 03 de Julio de 2020

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL ADL 573/2020
SECCIÓN TREINTA J. Delitos Leves 1803/2018
Jdo. Ins. nº 35 de MADRID
S E N T E N C I A Nº 247 /2020
Magistrado
Rosa Mª QUINTANA SAN MARTÍN
En Madrid, a tres de julio de dos mil veinte.
Este Tribunal ha deliberado sobre el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Apolonia contra la
sentencia dictada por la Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción nº 35 de Madrid el 20 de diciembre de
2019 en la causa arriba referenciada.
La apelante estuvo asistida de Letrado Dª Lamya Samadi Samadi.

Antecedentes

I. El relato de hechos probados de la sentencia apelada dice así: 'Son hechos probados y así se declara, que sobre las 21:30 horas del día 09/08/2018 se produjo una discusión entre Apolonia e Eloy , compañeras de piso, por cuenta de un problema de higiene que tenía Apolonia en su habitación, encontrándose Eloy con que la había puesto Apolonia el colchón sobre su puerta y había venido la dueña del piso recriminándose ambas y Apolonia intentando grabar con su móvil, cuando Eloy recibe un puñetazo en el hombro y Apolonia es sujetada para inmovilizarla y que no grabe. A consecuencia de estos hechos Apolonia tuvo lesiones de las que tardó en curar 21 días e Eloy 9 días.' La resolución impugnada contiene el siguiente fallo: 'QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO A D./Dña. Eloy de las Amenazas sufridas con declaración de un tercio de las costas de oficio QUE DEBO CONDENAR y CONDENO a D./Dña. Apolonia y D./Dña. Eloy , como autoras de un delito leve de Lesiones, a cada una de ellas, a la pena de 30 días de multa con una cuota diaria de 5 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, así como a que abonen un tercio las costas del juicio.

Apolonia deberá indemnizar a Eloy en la cantidad de 360 euros y, Eloy indemnizará a Apolonia en la cantidad de 840 euros, se compensaran las cantidades hasta el exceso.' II. La parte apelante, Apolonia , interesa que se revoque la sentencia apelada para que sea absuelta del delito leve de lesiones por el que ha resultado condenada en la instancia; para que se condenada a Eloy como autora de los delitos de lesiones y amenazas que se le imputan y se le imponga, por cada uno de ellos, la pean de tres meses multa con cuota diaria de 15 euros así como la responsabilidad civil por ella solicitada.

III.- El Ministerio Fiscal y la representación procesal de Eloy se opuso a la estimación del recurso.

HECHOS PROBADOS Se aceptan los relatados en la sentencia apelada

Fundamentos

PRIMERO.- Varias son las pretensiones de la parte apelante, Apolonia , condenada en la instancia como autora de un delito leve de lesiones, por las que causó a Eloy (según el relato de hechos probados de la sentencia de instancia), en el curso de una discusión y reciproca agresión que por razones domesticas tuvo lugar entre ambas el día 9 de agosto de 2018, en el domicilio donde residen, sito en la CALLE000 , NUM000 , de Madrid.

Interesa: (I) que se revoque la sentencia apelada y se le absuelva del delito leve de lesiones por el que ha resultado condenada en la instanci; (II) Que Eloy -que ha sido condenada en la instancia a la pena de 30 días multa con cuota diaria de 5 euros como autora de un delito de lesiones leve-, sea condenada en esta segunda instancia más gravemente, imponiéndole la pena de tres meses multa con cuota diaria de 15 euros así como la responsabilidad civil por ella solicitada; (III)Por último, solicita que se le condene como autora de un delito de amenazas (por el que ha resultado absuelta en la instancia), a la pena de tres meses multa con cuota diaria de 15 euros.



SEGUNDO.- La pretensión de condena en esta segunda instancia de quien ha sido absuelta en la primera cuenta con un obstáculo insubsanable que no es otro que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

En efecto, la doctrina del Tribunal Constitucional ha sostenido constantemente que el recurso de apelación supone la realización de un nuevo juicio, al que se enfrenta el órgano conocedor del mismo con total libertad de apreciación de la prueba practicada, pudiendo sustituir el criterio valorativo del órgano de instancia ( Sentencias 323/93 de 8 de noviembre, 259/94 de 3 de octubre, 272/94 de 17 de octubre, 157/95 de 6 de noviembre, 176/95 de 11 de diciembre, 43/97 de 10 de marzo, 172/97 de 14 de octubre, 101/98 de 18 de mayo, 152/98 de 13 de julio, 196/98 de 13 de octubre y 120/99 de 28 de junio).

Sin embargo, a partir de la sentencia 167/02 de 18 de septiembre, dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional, se modificó el criterio precedente, para concluir que la condena en segunda instancia tras una anterior sentencia absolutoria supone una infracción de la presunción de inocencia, en tanto sólo puede ser desvirtuada en virtud de la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria, producida con las debidas garantías procesales, es decir, la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional y sometida a los principios de contradicción y de publicidad. Tal criterio ha sido posteriormente corroborado por numerosas sentencias, entre las más recientes: 28/08 de 11 de febrero, 29/08 de 20 de febrero, 36/08 de 25 de febrero, 115/08 de 29 de septiembre, 124/08 de 20 de octubre, 177 y 180/08 de 22 de diciembre, 1 y 3/09 de 12 de enero, 46, 49 y 54/09 de 23 de febrero, 64/09 de 9 de marzo, 80/09 de 23 de marzo, 91/09 de 20 de abril, 103/09 de 28 de abril, 108/09 de 11 de mayo, 118/09 de 18 de mayo, 120/09 de 18 de mayo, 132/09 de 1 de junio, 144/09 de 15 de junio, 150/09 de 22 de junio, 170/09 de 9 de julio, 173/09 de 9 de julio, 184 y 188/09 de 7 de septiembre, 214 y 215 /09 de 30 de noviembre, 1 y 2/10 de 11 de enero, 30/10 de 17 de mayo, 127/10 de 29 de noviembre, 45 y 46/11 de 11 de abril y 135/11 de 12 septiembre.

Por tanto, a tenor de lo expuesto, ante la nueva jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sólo caben dos interpretaciones: La primera, entender que resulta factible revocar una sentencia absolutoria practicando de nuevo en segunda instancia, las pruebas personales que dependan de los principios de inmediación o de contradicción. Ello entraña, no obstante, graves inconvenientes, pues no existe garantía ninguna de que las pruebas reproducidas en la segunda resulten más fiables, creíbles y veraces que las de la primera, máxime si se ponderan el tiempo transcurrido desde la ejecución de los hechos y los perjuicios y precondicionamientos con que podrían volver a declarar unos testigos que ya depusieron en el juzgado. Sin olvidar tampoco, y ello es todavía más relevante, que la repetición de pruebas no sería legalmente posible, a tenor de las restricciones que impone el artículo 790.3 de la ley procesal penal. El acusado no tendría, obviamente, obligación de someterse a un segundo procedimiento ante la Sala sin un precepto que así lo impusiera o permitiera expresamente.

La segunda, entender que no cabe de facto revocar en la segunda instancia las sentencias absolutorias dictadas en las causas en las que la práctica de la prueba depende en gran medida de los principios de inmediación, oralidad y contradicción, limitándose así el derecho a los recursos de las partes perjudicadas y del Ministerio Fiscal. Sin que ello suponga infracción alguna del derecho a obtener la tutela judicial pues no existe un derecho a la segunda instancia. El Tribunal Constitucional se ha cuidado de distinguir el derecho de acceso a la jurisdicción, derivado de la propia Constitución, del derecho de acceso a los recursos, que deriva de la ley procesal, de manera que la aplicación del principio interpretativo 'pro actione' no tiene igual intensidad en ambos ámbitos, y no es posible imponer una concreta interpretación de la norma que permita el acceso al recurso ( Sentencias 9/97 de 14 de enero, 176/97 de 27 de octubre, 201/97 de 25 de noviembre, 222/98 de 24 de noviembre, 235 y 236/98 de 14 de diciembre, 23/99 de 8 de marzo, 11/01 de 29 de enero, 48/01 de 26 de febrero, 236/01 de 18 de diciembre, 12/02 de 28 de enero y 114/04 de 12 de julio). Salvo, claro está, en el caso de que quien recurra sea el acusado condenado en la instancia, en que es obligatoria su existencia ( art.

14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

En relación a la acusación pública, y mientras no se produzca una reforma procesal que lo habilite, es claro que tras la nueva doctrina constitucional, y con la excepción de los supuestos antes mencionados (inadmisión o falta de práctica de pruebas oportunamente pedidas; debate estrictamente jurídico o apreciación de prueba exclusivamente documental), goza de una única oportunidad para lograr la condena de la persona acusada.

La situación es idéntica para los perjudicados por el delito que se hayan personado en la causa debiendo precisarse además que no ostentan un derecho subjetivo a obtener la imposición de una pena ( Sentencias 199/96 de 3 de diciembre, 67/98 de 18 de marzo, 215/99 de 29 de noviembre y 21/2000 de 31 de enero, 93/03 de 19 de mayo, 45/05 de 28 de febrero, 12/06 de 16 de enero, 176/06 de 5 de junio, 218/07 de 8 de octubre, 9/08 de 21 de enero, 34/08 de 25 de febrero, 145/09 de 15 de junio y 94/10 de 15 de noviembre).

Esta segunda es la única interpretación correcta que cabe hacer de la nueva jurisprudencia constitucional sobre los límites de la revisión probatoria de las sentencias absolutorias dictadas en primera instancia. Así, la Audiencia Provincial no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado inicialmente absuelto en un juicio de faltas o en el ámbito del procedimiento abreviado, en tanto no presencia las pruebas personales que fundaron aquélla declaración absolutoria. El Tribunal de apelación puede valorar la prueba, coincidiendo o no con la apreciación del Juez de primera instancia, pero tratándose de la declaración del acusado o de prueba testifical que exigen inmediación, sólo puede llevar a cabo una nueva y distinta valoración si se cumplen las exigencias aludidas.

La imposibilidad de sustanciar medios de prueba en apelación al margen de los supuestos legales, y la imposibilidad de valorar en perjuicio del acusado los medios probatorios de naturaleza personal, supone la prohibición de revocar la sentencia absolutoria dictada en la instancia cuando el órgano de apelación valore diversamente la declaración del acusado y la prueba testifical. No ocurre lo mismo cuando el debate planteado en el recurso sea de naturaleza estrictamente jurídica, o cuando la nueva valoración de la prueba se reduzca a la de naturaleza documental, porque entonces no está en juego el principio de inmediación.

Este criterio se inscribe en el acuerdo adoptado en las Juntas de Magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Madrid para la unificación de criterios de 29 de mayo de 2004 y de 26 de mayo de 2006.

El actual art. 790.1 de la LECrim., introducido por la Ley 41/2015, ha dispuesto el régimen de apelación de las sentencias absolutorias previendo no la repetición del juicio ni la audiencia en segunda instancia del acusado, sino la posibilidad de articular una causa de nulidad: ' Cuando la acusación alegue error en la valoración del aprueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria (...) será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia, la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada' Y el art. 792.2 dispone que: ' 2. La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.' Por consiguiente, la reforma procesal ha reafirmado al proceso de apelación como un juicio de revisión que, en lo referente a las sentencias absolutorias, únicamente autoriza a su declaración de nulidad si se dan los presupuestos legales. Sin embargo en el presente caso esa alternativa no es susceptible de someterse a consideración, pues ni se insta la nulidad por insuficiencia o falta de racionalidad de la motivación -lo que impide valorar una eventual causa de nulidad, tal y como dispone el art. 240.2, párrafo 2º, LOPJ- ni se cumpliría con la carga de acreditar la insuficiencia o falta de racionalidad de la motivación fáctica o el apartamiento del juez a quo de las reglas de experiencia. Al contrario, se trata únicamente de discrepar sobre la valoración de las pruebas personales practicadas.

Es por ello y a tenor de la jurisprudencia constitucional analizada, que la pretensión de condena de Eloy , como autora de un delito leve de amenazas, ha de rechazarse.



TERCERO.- La imposición de la pena máxima a Eloy resulta desproporcionada y carente de la menor justificación en el recurso. Tampoco los hechos justifican la imposición de una pean superior a la fijada por el juez a quo. Porque fueron de escasa entidad y se produjeron en el curso de un forcejeo. Así, consistieron en policontusiones y en la mano derecha, no precisaron para su curación de tratamiento y curaron en 21 días, sin incapacidad laboral alguna.

Tampoco es posible un incremento de la indemnización. La valoración en 40 euros por día de curación no incapacitante es correcta, por proporcionada. Y no cabe entender que curara con secuelas de ningún tipo pues en el informe de sanidad médico forense (folio 26) no se objetiva ninguna, solo se dice que 'aqueja' molestias en muñeca derecha cuando realiza esfuerzos o movimientos extremos.



CUARTO.- Por último, el testimonio de Eloy , el parte de lesiones a ella referidas (folios 66 y 67) y el testimonio de la testigo Reyes (dueña del piso donde ambas implicadas en los hechos residían) acreditan la autoría de la recurrente por las lesiones con las que resultó Eloy . Porque la testigo, si bien no vio que se propinaran puñetazos, fue testigo de que ambas se agarraban y forcejeaban en el curos de una fuerte discusión entre ellas y posterior intento de arrebatar a Apolonia el teléfono con el que estaba grabando el incidente.

Por tanto, se ha practicado prueba de cargo suficiente que acredita que el dolor en el cuello y las heridas en los antebrazos que presentaba Eloy , fueron causados por Apolonia .

A tenor de lo expuesto, solo cabe confirmar la sentencia absolutoria dictada en la instancia, declarando de oficio las costas de la segunda instancia.

Fallo

Que DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Apolonia contra la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2019, que confirmamos.

Se declaran de oficio las costas de la primera instancia.

Devuélvanse los autos con certificación de lo resuelto al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Contra la presente resolución no cabe interponer recurso alguno.

Así por esta mi Sentencia de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, la pronuncio, mando y firmo. Doy fe.