Sentencia Penal Nº 253/2019, Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 2, Rec 644/2019 de 31 de Julio de 2019

Encabezamiento

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SECCIÓN SEGUNDA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
C/ Málaga nº2 (Torre 3 - Planta 3ª)
Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 42 99 62
Fax: 928 42 97 77
Email: s02audprov.lpa@justiciaencanarias.org
Rollo: Apelación Juicio inmediato sobre delitos leves
Nº Rollo: 0000644/2019
NIG: 3501943220190002380
Resolución:Sentencia 000253/2019
Proc. origen: Juicio inmediato sobre delitos leves Nº proc. origen: 0000719/2019-00
Jdo. origen: Juzgado de Instrucción Nº 1 (antiguo mixto Nº 6) de San Bartolomé de Tirajana
Apelado: Gumersindo ; Abogado: Isaias Gonzalez Gordillo
Apelante: Esther ; Abogado: Yeray Jimenez Cruz
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.
Vistos por la Ilma. Sra. Dª Mª Pilar Verástegui Hernández, Magistrada de la Sección Segunda de la Audiencia
Provincial de Las Palmas, actuando como órgano unipersonal y en grado de apelación, los autos de Juicio
Inmediato de Delitos Leves nº 719/19, procedentes del Juzgado Violencia sobre la Mujer n.º 1 de San
Bartolomé de Tirajana, Rollo de Sala 644/19,entre partes, como apelante, Dª Esther y como apelado D.
Gumersindo , con intervención del Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la sentencia apelada.



SEGUNDO.- Por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana se dictó Sentencia en los referidos autos con fecha 22 de abril de 2019 en la que se absuelve al denunciado.



TERCERO.- Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la denunciante, con las alegaciones que constan en el mismo, quedando los autos pendientes de dictar sentencia.

HECHOS PROBADOS Se aceptan los de la sentencia apelada

Fundamentos

PRIMERO.- Entiende la apelante que la sentencia impugnada incurre en un error en la valoración de la prueba, omitiendo además la valoración de alguna de las pruebas practicadas, considerando que son varias las pruebas que avalan una sentencia condenatoria. Hace referencia a la declaración de lo testigos, a los informes médicos obrantes en autos y a la persistente declaración de la víctima, interesando la estimación del recurso y la condena del acusado como autor de un delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal, a la pena de dos meses multa con una cuota diaria de diez euros y como autor de un delito leve de amenazas, previsto en el artículo 171.7 del Código Penal, a la misma pena, declarando de oficio las costas de esta alzada.

El Ministerio Fiscal y la representación procesal del denunciado interesaron la desestimación del recurso y la íntegra confirmación de la resolución impugnada.



SEGUNDO.- El recurso debe ser desestimado. En relación al recurso de apelación frente a sentencias absolutorias, mantiene el Tribunal Constitutional que; '..Es cierto que el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho, y que su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el Juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (por todas, SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4 EDJ1997/6342 ; 167/2002, de 18 de septiembre, FJ 11 EDJ2002/35653 y 41/2003, de 27 de febrero, FJ 4 EDJ2003/3858 ). Pero, en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim otorga al tribunal ad quem, deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE EDL1978/3879 (FJ 11).

De ahí que hayamos afirmado que, en la 'apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción' ( STC 167/2002, FJ 11 EDJ2002/35653 ). Consiguientemente se vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías cuando el Tribunal de apelación que ha de resolver un recurso frente a una Sentencia absolutoria revisa y corrige la valoración y ponderación realizada por el Juez de primera instancia de las declaraciones del acusado sin respetar los principios de inmediación y contradicción, siendo ello necesario para pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia (FJ 11), vulnerándose paralelamente el derecho a la presunción de inocencia en la medida en que, a consecuencia de ello, la condena carezca de soporte probatorio (FJ 12)' ( STC 9 febrero 2004).

En Sentencia de 23 de febrero de 2009, ha venido a señalar, una vez más el Tribunal2 Constitucional; 'Sobre el fondo del asunto, y comenzando por la infracción de la garantía de inmediación denunciada, debemos recordar una vez más que, según este Tribunal ha declarado en una jurisprudencia consolidada que arranca de la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) EDJ2002/35653 y que últimamente siguen y reiteran, entre otras muchas, las más recientes SSTC 28/2008, de 11 de febrero EDJ2008/7923 , 64/2008, de 26 de mayo EDJ2008/81705 , y 115/2008, de 29 de septiembre EDJ2008/178012 , el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, comprendidos en el derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE EDL1978/3879 ), obliga a que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por este motivo hemos afirmado igualmente que, cuando en vía de recurso se impugna una Sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto versa sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la condena o absolución del acusado, es necesaria la celebración de vista pública en la segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas'. Y por último, la STC de 20 de diciembre de 2005; 'Dicho de otro modo, en los supuestos en los cuales la crítica que se contiene en la Sentencia de apelación y que, consecuentemente, determina la alteración de los hechos probados, no se realiza a base de sustituir al órgano de enjuiciamiento en la valoración de medios probatorios cuya apreciación requiere inmediación, sino que se proyecta sobre la corrección o coherencia del razonamiento empleado en la valoración de la prueba, sobre tal modo de proceder no proyecta consecuencia significativa alguna la inmediación en la práctica de tales pruebas'.

Por último, el artículo 790.2, párrafo 3º de la LECrim dispone que'cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'.

Y señala el artículo 792.2 de dicha ley que 'la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2'.

Sentado lo anterior, no se interesa, en el presente caso, la nulidad de la sentencia por alguno de los referidos motivos; la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada. Por el contrario, se solicita por la recurrente la revocación de la sentencia y la condena del acusado, pronunciamiento que, conforme a los artículos citados, no es posible efectuar en esta alzada.

En cualquier caso, debe también tenerse en cuenta, que aplicando la anterior doctrina al caso de autos, el Fallo absolutorio resulta de las versiones contradictorias que ofrecen las partes, ratificadas por los testigos propuestos por ambos, debiendo entenderse, aunque no se señale expresamente, que el Juez a quo considera insuficiente la constatación de las lesiones sufridas por la recurrente, para entender acreditada la autoría de las mismas, considerando, en cualquier caso, que no existen elementos que permitan otorgar mayor verosimilitud a una que a otra declaración, y sin que, por las razones ya expuestas, resulte posible revocar el fallo absolutorio, con lo que procede la desestimación del recurso, con declaración de oficio de las costas de esta alzada, al no apreciarse temeridad ni mala fe por parte de la recurrente.

VISTOS los artículos citados y demás normas de general aplicación, por la Autoridad que me confiere la Constitución Española

Fallo

Que debo DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso de apelación interpuesto por Doña Esther contra la Sentencia de 22 de abril de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 1 de San Bartolomé de Tirajana dictada en el Juicio Inmediato por Delitos Leves 719/19, la cual se confirma en todos sus extremos, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de esta resolución para su notificación, ejecución y cumplimiento Así por esta mi sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, definitivamente juzgado en la segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.