Sentencia Penal Nº 273/2015, Audiencia Provincial de Malaga, Sección 3, Rec 136/2015 de 12 de Junio de 2015

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MALAGA

SECCION TERCERA

ROLLO DE APELACION NUMERO 136 DE 2.015

JUZGADO DE LO PENAL NUMERO CUATRO DE MALAGA

PROCEDIMIENTO ABREVIADO NUMERO 434 DE 2.013

EN NOMBRE DEL REY

SENTENCIA NUMERO 273 DE 2.015

Iltmos./a. Señores/a

Presidente:

Don Andrés Rodero González

Magistrados:

Don Luis Miguel Moreno Jiménez

Doña Juana Criado Gámez

En la ciudad de Málaga, a doce de junio de dos mil quince.

Vistos en grado de apelación, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, los presentes autos de procedimiento abreviado seguidos en el Juzgado de lo Penal número Cuatro de Málaga, con el número 434 de 2.013, sobre delito de abandono de familia, contra Soledad , ya circunstanciada en los autos de que dimana el presente rollo de apelación número 136 de 2.015.

Entre partes: Como apelante, la referida Soledad , que ha estado representada por el Procurador Don Carlos Buxo Narváez y defendida por el Abogado Don Marco Antonio García Ramos. Como apelado, el Ministerio Fiscal.

Y habiendo sido ponente el Iltmo. Señor Magistrado Don Andrés Rodero González.

Antecedentes

Primero.-En el mencionado Juzgado de lo Penal número Cuatro de Málaga, en fecha 1 de diciembre de 2.014, se dictó sentencia cuyos hechos probados dicen: 'La acusada , Sra. Soledad , fue pareja de D. Marcos . Con fecha de 19 de abril de 2010 se dictó Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Coín, en el procedimiento de Guarda y Custodia de hijo no matrimonial n° 905/2009 , que aprobó el convenio regulador de 17 de febrero de 2010 en el que la acusada asumía la obligación de abonar la suma de loo € mensuales en concepto de pensión alimenticia para su hija menor pagaderos mediante ingreso en la cuenta corriente habilitada al efecto durante los cinco primeros días de cada mes y revisables anualmente conforme a las variaciones que experimente el IPC.

A pesar de dicha resolución, y sin que en momento alguno solicitara modificación de su cuantía o incluso de su propio mantenimiento, la acusada no abonó nunca la cantidad citada, teniendo capacidad económica suficiente para el pago de la misma. '.A dichos hechos probados correspondió el siguiente fallo: 'La acusada , Sra. Soledad , fue pareja de D. Marcos . Con fecha de 19 de abril de 2010 se dictó Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia n° 1 de Coín, en el procedimiento de Guarda y Custodia de hijo no matrimonial n° 905/2009 , que aprobó el convenio regulador de 17 de febrero de 2010 en el que la acusada asumía la obligación de abonar la suma de loo € mensuales en concepto de pensión alimenticia para su hija menor pagaderos mediante ingreso en la cuenta corriente habilitada al efecto durante los cinco primeros días de cada mes y revisables anualmente conforme a las variaciones que experimente el IPC.

A pesar de dicha resolución, y sin que en momento alguno solicitara modificación de su cuantía o incluso de su propio mantenimiento, la acusada no abonó nunca la cantidad citada, teniendo capacidad económica suficiente para el pago de la misma. '.

Segundo.-Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia por el Procurador Señor Buxo Narváez, en nombre de Soledad , sustancialmente fundado en error en la apreciación de la prueba, y no habiéndose interesado la práctica de diligencias de prueba. Dicho recurso ha sido impugnado por el Ministerio Fiscal

Tercero.-Recibidas las actuaciones en este Tribunal, por diligencia de ordenación de fecha 11 de junio de 2.015 se acordó la formación del correspondiente rollo para la sustanciación y decisión del recurso formulado.

Se aceptan los hechos declarados probados en la sentencia pronunciada en el Juzgado de lo Penal número número Cuatro de Málaga, en fecha 1 de diciembre de 2.014 , si bien, en dicho epígrafe de hechos probados, en la penúltima línea, detraás de la palabra -'citada'- se añade 'hasta el mes de agosto de 2.014, en que abonó 100 euros, y habiendo abonado 125 euros en el mes de octubre de 2.014 '.

Fundamentos

Primero.-Habiéndose sustentado el recurso en errónea valoración de las pruebas, con carácter previo a entrar en la decisión del mismo, se considera procedente efectuar las tres siguientes consideraciones generales:

1) En cuanto a la presunción de inocencia, debe decirse que el derecho a la presunción de inocencia es un derecho subjetivo y público, que opera fuera y dentro del proceso, en el entorno del cual significa que toda condena debe ir precedida de una legítima actividad probatoria siempre a cargo de quien acusa.

2) En cuanto a la errónea apreciación o valoración de la prueba, en relación con el principio in dubio pro reo, en términos generales y sin comprender en ellos el formalmente calificado como recurso de apelación contra sentencias dictadas por el Tribunal del Jurado, debe señalarse que históricamente se ha entendido por recurso de apelación el medio de impugnación a través del cual se articula la segunda instancia. Es decir, el mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa, incluso en su totalidad, de ahí que puedan oponerse a la sentencia dictada en primera instancia cualesquiera motivos de impugnación, ya sean de índole material o procesal, ya se dirijan a cuestionar errores in iudicando o errores in procedendo, no pudiendo, por tanto, tasarse o limitarse dichos motivos de impugnación, lo que en suma viene a posibilitar el control del Tribunal ad quem sobre la determinación de los hechos probados y sobre la aplicación del derecho objetivo efectuadas en la primera instancia, y así lo posibilita el artículo 790-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , al establecer que la apelación podrá fundarse en el quebrantamiento de las normas y garantías procesales, error en la apreciación de las pruebas o infracción de normas del ordenamiento jurídico en que se base la impugnación, lo que en principio no revestiría especial problemática respecto de la aplicación del derecho llevada a cabo en la primera instancia, pues en orden a la subsunción de los hechos objeto del proceso en las normas jurídicas, tanto el Juez a quo como el Tribunal ad quem se hallan en una similar posición institucional, si bien, no cabría efectuar igual afirmación en lo que respecta a la revisión en vía de apelación de la apreciación probatoria efectuada en primera instancia, ya que en el desempeño de dicho menester no se aprecia esa identidad de posiciones a la que acaba de aludirse, pues sin perjuicio de la posibilidad de examinar el CD documentador de lo actuado en la sesión del acto del juicio, el Tribunal ad quem carece de un elemento inherente a la valoración de la prueba llevada a cabo ante el Juez a quo, cual es el de la inmediación en su práctica, lo que es un pilar básico a tener en cuenta respecto de la actividad probatoria que en el juicio oral tiene lugar, juicio en el cual también se acogen las pruebas de la instrucción, sean anticipadas, sean preconstituidas, sean de las que previene el artículo 730 de la Ley Procesal Penal , todo lo cual, sin duda alguna tiene una trascendencia fundamental en lo que afecta a la prueba testifical y a la del examen del acusado y, no tanto, respecto de la valoración del contenido de documentos o informes periciales, pues en principio nada obstaría una nueva valoración de los mismos en la segunda instancia.

3) A tenor de lo anteriormente expresado en el precedente consideración 2), cabe señalar que si bien la valoración de los medios de prueba en la primera instancia no puede convertirse en una potestad judicial incontrolable, en el ámbito del recurso de apelación, cuando se alega vulneración del principio in dubio pro reo y errónea apreciación o valoración de la prueba, la potestad del órgano judicial de la instancia ejercida libremente en uso del principio de inmediación y cumplida la obligación de razonar el resultado de dicha valoración, debe centrar la del Tribunal de apelación en verificar si hubo pruebas de cargo, si la denegación de otras pruebas propuestas carecía de fundamento o si las inferencias lógicas que llevan a deducir la culpabilidad o la no culpabilidad han sido realizadas por el Juzgador de instancia de forma no arbitraria, irracional o absurda, así como de acuerdo con la Constitución y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no debiendo revisarse, de darse estos supuestos, las razones en virtud de las cuales se dio credibilidad a un testimonio o a otro, de la misma o de distintas personas, o si se dio determinado alcance a evidencias documentadas en el proceso, siempre que tales declaraciones o las evidencias documentadas se hubieran practicado o producido con observancia de los principios constitucionales y de legalidad ordinaria, y que genéricamente consideradas estén incorporadas al debate del plenario de manera que las partes hayan tenido oportunidad de interrogar y contrastarlas adecuadamente, lo que a su vez viene a determinar, que la valoración de la prueba, sobre todo si es directa, quede extramuros de la presunción de inocencia. Es decir, si la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinarias y no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la prueba de acuerdo con las facultades que le confieren los artículos 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117-3 de la Constitución , ya que una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba, entendiendo quienes ahora decidimos que de este modo lograrían armonizarse el alcance del principio de inmediación y la posibilidad existente en el recurso de apelación de que el Tribunal de apelación pueda valorar las pruebas practicadas en la primera instancia, así como examinar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo, dado que el recurso de apelación otorga plenas facultades al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen, al asumir la plena jurisdicción no solo en lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba.

Una vez que han sido efectuadas las precedentes tres consideraciones generales y tras examinar las evidencias resultantes del material probatorio obrante en el procedimiento, éste Tribunal no encuentra en conciencia motivos para tachar de errónea la convicción moral a que llegó el Juzgador de instancia respecto del devenir de los hechos de autos, ni consiguientemente para efectuar reproche legal a su conclusión declaratoria de la culpabilidad de la recurrente por causa de la autoría de los hechos tenidos por probados en la sentencia apelada, no habiéndose suscitado duda reveladora de que dicho relato de hechos tenidos por probados no sea acomodado a lo realmente acontecido, careciéndose por ello de argumentos para rectificar la valoración de la prueba practicada bajo su inmediación realizada por el Juzgador a quo, y, por ende, de motivaciones para corregir el proceso reflexivo interno conducente a la solución condenatoria de la apelante que, clara, certera y concisamente se detalla en los fundamentos de derecho primero y segundo de la sentencia recurrida, que a fin de evitar reiteraciones innecesarias se dan por reproducidos, habiendo dado en sus razonamientos sobrado cumplimiento al principio de que la prueba no opera por sí misma y de manera autoevidente, sino a través de la valoración, necesariamente racional y expresa, con la finalidad ilustrar a terceros sobre la ratio sustentadora de su decisión, explicando de este modo las razones por las que declaró determinados hechos como probados, sin que la decisión cuestionada pueda ser tachada de arbitraria o absurda, ya que resulta acomodada a la realidad que aflora de las pruebas obrantes en el procedimiento interpretadas con arreglo a las reglas de la lógica y la experiencia, de cuyo tenor resulta la comisión por la recurrente de los hechos relatados en el epígrafe de hechos declarados probados por la sentencia apelada, que ahora se reiteran, no habiendo con su sus manifestaciones logrado suscitar en quienes sentenciamos duda bastante para eludir así las responsabilidades que pudieren derivársele de los hechos de autos, pues la misma ha incumplido la obligación de pago a su cargo establecida por resolución judicial, no constando inequívocamente demostrado que de hacer frente a la misma se vería imposibilitada para atender a las necesidades subsistenciales propias, viniendo por ello vinculada al cumplimiento de dicha obligación en tanto no resulta modificada o liberada de la misma por acuerdo documentado con el padre de la hija común o por resolución judicial no mereciendo, por tanto, reproche la valoración de las pruebas practicadas bajo su inmediación realizada por el Juzgador de instancia, ni tampoco las consecuencias jurídicas derivadas de dicha valoración, siendo por ello que, por los propios fundamentos de dicha resolución, que se aceptan y dan por reproducidos, por estimarlos en conciencia acertados y correctamente formulados, procede rechazar el recurso de apelación contra la misma interpuesto, y ello por no haberse llevado al ánimo de quienes ahora decidimos indicios racionales derivados de prueba acreditativa de que el relato de hechos contenido en dicha sentencia no sea acomodado a lo realmente ocurrido, no estimándose tampoco procedente corregir en esta segunda instancia la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico referidos por el Juzgador a quo a dichos hechos declarados probados, y ello, por ser acomodadas a Derecho la aplicación e interpretación realizadas en la primera instancia, no pudiendo por tales motivos acogerse la pretensión de la recurrente de hacer valer sus conclusiones sobre las del Magistrado del Juzgado de lo Penal número Cuatro de Málaga, máxime cuando, como ya se ha dicho, no constan elementos de prueba ni argumentos jurídicos bastantes para desvirtuar últimas, realizadas en correcto y fundado uso de la facultad que a los Jueces confiere el Estado de hacer valer la convicción de su conciencia formada en base a datos suficientemente fundados, sobre las particulares versiones de los afectados por los hechos de autos e igualmente sobre las convicciones de las conciencias de los acusadores y defensores sujetos a su jurisdicción, todo lo cual viene en suma a determinar que no habiéndose llevado al ánimo de quienes ahora resolvemos, la posible duda en sentido contrario al antes expresado, que hubiese podido beneficiar a la apelante de la aplicación de la presunción de inocencia del artículo 24-2 de la Constitución , a la misma, en Justicia y Derecho, debe hacérsele destinataria de la condena que le viene impuesta, y ello por haber aportado la acusación prueba bastante para demostrar la efectiva autoría por su parte del delito de abandono de familia del artículo 227-1-3 del Código Penal a que ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número Cuatro de Málaga, lo que consecuentemente, reiterando lo ya dicho, conlleva la no estimación de lo por su parte pretendido con el recurso de apelación aludido.

Segundo.-De conformidad con lo señalado en el artículo 123 del Código Penal , en relación con los artículos 239 y 240-2 párrafo primero ambos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , procede imponer a la recurrente en apelación las costas que puedan haberse causado con motivo del recurso formulado.

Vistoslos preceptos legales citados y demás normas de pertinente y general aplicación.

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuestocontra la sentencia de fecha 1 de diciembre de 2.014, pronunciada en el Juzgado de lo Penal número Cuatro de Málaga , debemos confirmar y confirmamos dicha sentencia, si bien, con la modificación recogida en el precedente epígrafe de hechos declarados probados por la sentencia que ahora se dicta, e igualmente en el fallo, en la octava línea, detrás de la primera palabra -'a'-, se añade ' Zaida , bajo la custodia de su representante legal'.

Asimismo fallamos, que debemos imponer e imponemos a la recurrente las costasque puedan haberse causado en esta segunda instancia con motivo del recurso de apelación formulado.

Devuélvanse al Juzgado de su procedencia los autos originales, con certificación de la sentencia firme dictada, para que se proceda a su ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.