Sentencia Penal Nº 282/2019, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 7, Rec 375/2019 de 08 de Abril de 2019

Encabezamiento

Sección nº 07 de la Audiencia Provincial de Madrid
C/ de Santiago de Compostela, 96 , Planta 7 - 28035
Teléfono: 914934580,914933800
Fax: 914934579
37050100
N.I.G.: 28.047.00.1-2018/0005269
Apelación Juicio sobre delitos leves 375/2019
Origen :Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 08 de Collado Villalba
Juicio sobre delitos leves 708/2018
Apelante: D./Dña. Flora
Letrado D./Dña. GUILLERMO GALA ARIAS
SENTENCIA Nº 282/2019
AUDIENCIA PROVINCIAL
Ilma. Sra. Magistrada de la Sección Séptima
Doña Ángela Acevedo Frías
En Madrid a ocho de abril de dos mil diecinueve
La Ilma. Sra. Magistrada de la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial Doña Ángela Acevedo
Frías, actuando como Tribunal unipersonal de acuerdo con lo previsto en el artículo 82-2º párrafo 2º de la Ley
Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial , ha visto en segunda instancia el presente juicio de faltas
seguido ante el Juzgado de Instrucción nº 8 de Collado Villalba en virtud del recurso de apelación interpuesto
por el Letrado D.. GUILLERMO GALA ARIAS en nombre de Flora
, contra la sentencia dictada por la Ilma.
Sra. Magistrada Juez del expresado Juzgado, habiendo sido partes en el presente recurso única mente la
apelante.

Antecedentes

PRIMERO .- Por el Juzgado antes citado en el juicio de faltas a que este rollo se refiere se dictó sentencia con fecha 20 de noviembre de 2018 en la que se establecen como hechos probados que: 'Probado y así se declara que el día 2 de septiembre de 2018 Flora presentó denuncia en la Guardia Civil de Galapagar contra Laureano .' El fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida es del tenor literal siguiente: 'Que debo absolver y absuelvo a Laureano del delito leve de amenazas por el que ha sido acusado, declarando de oficio las costas del presente procedimiento.'

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación para ante esta Audiencia Provincial por la representación de Flora ; al dar traslado del mismo al Ministerio Fiscal , no alega nada por no ser parte en el procedimiento. Repartidas las actuaciones a esta Sección se formó el rollo correspondiente con el nº 375/2019; señalándose para resolución del recurso el día de hoy.

HECHOS PROBADOS SE ACEPTAN íntegramente los hechos probados de la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- El Letrado D. Guillermo Gala Arias, en nombre de Dª Flora , formula recurso de apelación contra la sentencia de fecha 20 de noviembre de 2018 que absuelve a D Laureano del delito leve de amenazas imputado interesando la revocación de la misma y la condena del denunciado o subsidiariamente que se repita el acto del juicio por este Tribunal para valorar la declaración del denunciado junto con el documento aportado por entender que no existe en la sentencia recurrida una exposición de elementos lógicos ni se explica cómo se llega a la conclusión de que el denunciado ha de ser absuelto.

Se afirma en el recurso que la versión del denunciado respecto a que la carta que contenía las amenazas no estaba dirigida a la denunciante sino que ésta la cogió del jardín del mismo no resulta creíble y que la denunciante ha tenido que abandonar su vivienda junto con su marido al encontrar dicho documento en el buzón lo que corrobora el mismo ante el temor que sentían.

El T.C. en sentencias como la de 18 de mayo de 2008 ó la del Pleno de dicho Tribunal de 11 de marzo de 2008 ha reiterado la interpretación que viene manteniendo relativa a la valoración por el Tribunal ad quem de la prueba practicada por el Juez a quo cuando se trata de recursos de apelación de sentencias absolutorias, afirmando que 'el problema constitucional de la garantía de inmediación se ha planteado en nuestra doctrina jurisdiccional como un 'límite' para la revisión de la valoración de la prueba por el órgano llamado a decidir el recurso de apelación ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 2 ; 192/2004, de 2 de noviembre , FJ 2) derivado 'del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en particular del principio de inmediación que rige el proceso penal' ( STC 192/2004 , FJ 2). Así, la STC 167/2002 , perfilando tal límite, concluye que 'en casos de apelación de sentencias absolutorias, cuando aquélla se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción' (FJ 1). La ratio de la decisión que adoptamos en nuestra STC 167/2002 de que 'ha resultado vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías' es, por tanto, que la Audiencia Provincial había procedido 'a revisar y corregir la valoración y ponderación que el Juzgado de lo Penal había efectuado de las declaraciones de los recurrentes en amparo, sin respetar los principios de inmediación y contradicción' (FJ 11). A la misma conclusión y por la misma razón se llega en numerosas Sentencias posteriores: 'la revocación en segunda instancia de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por otra condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de acusados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato de hechos probados y la condena, requiere que esta nueva valoración de estos medios de prueba se efectúe con un examen directo y personal de los acusados y testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 197/2002, de 28 de octubre, FJ 4 ; 198/2002, de 28 de octubre, FJ 2 ; 200/2002, de 28 de octubre, FJ 6 ; 212/2002, de 11 de noviembre, FJ 3 ; 230/2002, de 9 de diciembre, FJ 8 ; 41/2003, de 27 de febrero, FJ 5 ; 68/2003, de 9 de abril, FJ 3 ; 118/2003, de 16 de junio, FJ 4 ; 189/2003, de 27 de octubre, FJ 4 ; 209/2003, de 1 de diciembre, FJ 3 ; 4/2004, de 16 de enero, FJ 5 ; 10/2004, de 9 de febrero, FJ 7 ; 12/2004, de 9 de febrero, FJ 4 ; 28/2004, de 4 de marzo, FJ 6 ; 40/2004, de 22 de marzo, FJ 5 ; y 50/2004, de 30 de marzo , FJ 2, entre otras)' ( STC 31/2005, de 14 de febrero , FJ 2).

Así, 'la Constitución veda ex art. 24.2 que un Juez o Tribunal de lo penal sustente una condena sobre su propia apreciación de lo sucedido a partir de su valoración de testimonios a los que no ha asistido; esto es: sin inmediación en pruebas cuya valoración requiere la garantía de inmediación' ( STC 112/2005, de 9 de mayo , FJ 9); así, 'forma parte del derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ) que la valoración de las pruebas que consistan en un testimonio personal sólo pueda ser realizada por el órgano judicial ante el que se practiquen -sólo por el órgano judicial que asiste al testimonio- y siempre que además dicha práctica se realice en condiciones plenas de contradicción y publicidad. Esta exigencia de inmediación de la práctica de este tipo de pruebas respecto al órgano judicial que las valora perdería su finalidad de garantía de la defensa efectiva de las partes y de la corrección de la valoración si una instancia superior pudiera proceder a una nueva consideración de los testimonios vertidos en el juicio a partir de la fundamentación de la Sentencia recurrida o de la sola constancia documental que facilita el acta del mismo' ( SSTC 105/2005, de 9 de mayo, FJ 1 ; 111/2005, de 9 de mayo, FJ 1 ; 112/2005, FJ 2 ; 185/2005, de 4 de julio , FJ 2).

A lo anterior hay que añadir que tras la reforma introducida en la LECr por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, el art. 790 , aplicable al recurso de apelación contra la sentencias dictadas en procedimiento por delitos leves tal como dispone el art. 976 de la LECr , establece que 'Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada' y en el párrafo 4 de dicho precepto se dispone que 'Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada' por lo que de conformidad con lo dispuesto en el art. 792 'La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2'.

Como consecuencia de lo anterior es evidente que no cabe una modificación de la valoración de la prueba practicada por el Magistrado-Juez de Instrucción sin que se solicite por la recurrente la anulación de la sentencia por los motivos expuestos en los preceptos citados sino que este Tribunal realice una interpretación distinta y condene al denunciado, o que se repita el juicio en esta segunda instancia, lo que no es posible según la interpretación del TC y la actual regulación del recurso de apelación, procediendo, en consecuencia, la desestimación del recurso interpuesto y la confirmación de la sentencia recurrida.



SEGUNDO.- Se declaran de oficio las costas procesales de esta alzada a tenor de lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que me ha conferido la Constitución Española, y en nombre de Su Majestad El Rey

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Letrado D. Guillermo Gala Arias, en nombre de Dª Flora contra la sentencia pronunciada en el Procedimiento por delitos leves nº 708/2018 por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Collado Villalba con fecha 20 de noviembre de 2018 , debo declarar y declaro no haber lugar al mismo y, en su consecuencia, CONFIRMO la resolución apelada en todas sus partes declarando de oficio las costas de esta alzada Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes interesadas y devuélvanse las actuaciones al Juzgado a quo a los fines procedentes con certificación de esta resolución.

Contra la presente resolución, y en virtud de lo previsto en el artículo 981 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.