Sentencia Penal Nº 283/2013, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 1, Rec 4709/2013 de 11 de Junio de 2013

Encabezamiento

Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla

Avda. Menéndez Pelayo 2

Tlf.: 955005021 / 955005023. Fax: 955005024

NIG: 4109143P20110054477

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

SECCIÓN PRIMERA.

Recurso núm. 4.709/2013

Juzgado de lo Penal núm.12

(Proa Núm.37/2012)

SENTENCIA Nº 283/2013

Iltmos. Sres:

Presidente:

Don Joaquín Sánchez Ugena

Magistrados:

D. Juan Antonio Calle Peña

Dª. María Auxiliadora Echávarri García

En la Ciudad de Sevilla, a 11 de junio de 2013.

Este Tribunal ha visto y resuelto en el día de hoy el presente recurso de apelación, en causa seguida por delito de atentado a agentes de la Autoridad en el ejercicio de sus funciones, y faltas de lesiones.

Han sido partes; como apelante, el condenado en esta causa JOAQUIN SUÁREZ SÁNCHEZ.

Y como apelada, el Ministerio Fiscal.

Es ponente el Magistrado D. Joaquín Sánchez Ugena.

Antecedentes

PRIMERO.-

El Juzgado de lo Penal dictó sentencia el pasado día 11 de febrero, en la que condenaba al acusado, hoy apelante, como autor del delito y de la falta ya mencionados, a las sendas penas de un año de prisión, y dos de un mes de multa, con cuota diaria de seis euros, con la responsabilidad personal subsidiaria establecida en el Art. 53 del Código Penal .

SEGUNDO.-

Contra la sentencia dictada, interpuso en tiempo y forma recurso de apelación el condenado. Y tras los trámites pertinentes, la causa fue elevada a este Tribunal, fue designado Magistrado ponente, y se señaló para su deliberación, votación y fallo, la fecha de hoy, en que han tenido lugar, con el resultado que seguidamente exponemos.

TERCERO.-

En la tramitación de esta segunda instancia se han cumplido las formalidades legales.

Aceptamos y damos por reproducidos los que como tales declara la sentencia apelada, con la salvedad de que en vez de decir:

''Sobre las KF30 horas...',

Debe decir:

'Sobre las 10Ž25 horas...'.

Fundamentos

PRIMERO.-

Aceptamos los que desarrolla la resolución combatida.

SEGUNDO.-

El apelante, en su escrito de interposición del recurso de apelación, invoca dos motivos para combatir el fallo judicial adverso:

1º.-Entiende que la Magistrada de lo Penal ha incurrido en error a la hora de valorar las pruebas, puesto que no existen - no existen pruebas- acreditativas de que el acusado sea autor de los hechos delictivos por los que ha sido juzgado y condenado.

3º.- Razona que se ha vulnerado, por indebida aplicación, lo dispuesto en los Arts. 550 y 551 del Código Penal , porque en el peor de los casos, los hechos por los que se condena no serían constitutivos del delito de atentado a agentes de la autoridad, sino del de resistencia.

El recurso no puede ser estimado en ninguno de estos dos motivos, según pasamos a razonar.

TERCERO.-

Por lo que al primero de ellos respecta, es claro que no existe el invocado error en la valoración de las pruebas. Sabemos que la tarea de valorar las pruebas, esencial a la función judicial, corresponde al Juez o Tribunal sentenciador, que decide conforme a la sabia fórmula que el Art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le brinda.

El Juez sentenciador de la primera instancia, porque personal y directamente ha visto y oído a los protagonistas de los hechos, a quienes los presencian, y a todos aquellos que comparecen en el juicio, se encuentra en condiciones óptimas para esta tarea valorativa, al favorecerle las ventajas inherentes a los principios de oralidad, inmediación, concentración y contradicción, que presiden la práctica de las pruebas en el juicio.

Esta es la razón por la cual por vía de recurso, los jueces de la apelación (jueces 'ad quos'), si bien tenemos plena jurisdicción sobre el proceso, debemos respetar el criterio de valoración del juez de la primera instancia (juez 'a quo'), salvo que concurra alguna de estas tres causas:

Primera.- Que se ponga de manifiesto un error abultado, llamativo, insalvable, en la tarea valorativa del Juez sentenciador.

Segunda.- Cuando el fallo contenga pronunciamientos contradictorios y entre sí incompatibles, o llegue a conclusiones absurdas.

Tercera.- Cuando el resultado de las pruebas practicadas en la primera instancia, haya quedado desvirtuado por el de las que tienen lugar en la apelación, en aquellos supuestos excepcionales en que tal posibilidad tiene cabida de la mano que lo previsto en el Art. 790. 3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .

Y como no nos encontramos en ninguno de estos casos, la valoración del Juzgado de lo Penal debe ser respetada por nosotros.

CUARTO.-

En el caso de autos, la Magistrada de lo Penal valora con pleno acierto las pruebas acumuladas, para llegar a una conclusión condenatoria que nosotros hacemos nuestra: lo que el recurso pretende, en definitiva, es sustituir el criterio judicial, objetivo e imparcial, por una visión subjetiva, parcial, e interesada, ante una conclusión que le es adversa.

Se razona que no existe prueba de cargo bastante para afirmar la existencia del delito de atentado, pero se trata esta de una afirmación inoperante frente a la contundencia probatoria del resultado del juicio, documentado en la causa, que la sentencia analiza con precisión, hasta el punto que nada hay que añadir a lo que en ella se dice.

El delito está perfectamente probado. Y es un atentado a agentes de la autoridad, y ningún otro ilícito de menor entidad.

El acusado ha negado los hechos, pero el resultado de las pruebas de cargo practicadas, y en especial, la testifical de los propios funcionarios de la Policía, es terminante en su contenido y en su resultado.

En este sentido, partimos de la base de que las declaraciones de los agentes de la autoridad tienen el mismo valor que las de cualquier otro testigo, y por tanto, serán ponderadas por el Juez sentenciador libremente y en conciencia, conforme al citado Art. 741 del Código Procesal Penal . Lo que sucede es que en principio, y mientras no existan indicios de lo contrario -que ni existen, ni se alegan, ni se sugieren- el funcionario de policía que declara lo hace sin otro propósito que el de cumplir su cometido profesional, con presumibles objetividad, imparcialidad y profesionalidad, a diferencia de lo que sucede con el sujeto pasivo del enjuiciamiento, al que se le permite faltar a la verdad, como una manifestación primaria y elemental del derecho a la propia defensa.

Y en el caso que nos ocupa, está probado que los funcionarios de la Policía, cuya condición como agentes de la autoridad es manifiesta por los uniformes que visten y las insignias que en ellos llevan, al tiempo de la detención de un individuo, son insultados y menospreciados por el hoy condenado, que sin la menor justificación pasó de los insultos al acometimiento físico directo, a la agresión, con el resultado lesivo que la sentencia apelada recoge en su relato de hechos probados.

Los golpes unilaterales, lesivos, arbitrarios, son algo más que la resistencia del Art. 556, y por supuesto, infinitamente más que la mera falta de desconsideración a los agentes de la autoridad del Art. 634.

QUINTO.-

Con lo dicho, queda automáticamente desestimado el segundo de los motivos del recurso, que como hemos anticipado, se centra en la afirmación de que la sentencia apelada no es correcta, pues la calificación más acorde con los hechos objeto de este proceso encajaría en el delito de resistencia acorde con lo dispuesto en los arts. 550 y 551 del Código.

En realidad este no deja de ser una repetición del primero de los motivos de la alzada, aunque se formule con un enunciado distinto.

En contra de lo que en el recurso se afirma, no cabe subsumir los hechos en el delito de resistencia del Art. 556 del Código, sino en la más grave conducta del atentado recogido correctamente por la sentencia, y tipificado en el Art. 550.

En este sentido nos ilustra la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2007 , cuando razona:

'Respecto al elemento intencional, o tipo subjetivo, puesto que la acción agresiva se ejecuta cuando el sujeto activo ya tiene conocimiento de la cualidad y actividad del sujeto pasivo, y de su condición de detenido y afecto a unas determinadas diligencias, es indiscutible que también se cumple el elemento subjetivo, integrado por el dolo -directo o indirecto- de ofender o desconocer el principio de autoridad, que 'va insito en los actos desplegados cuando no constan circunstancias concurrentes que permitan inferir otra motivación ajena a las funciones públicas del ofendido' ( STS de 7 de mayo de 1988 ), entendiéndose que quien agrede conociendo la condición del sujeto pasivo 'acepta la ofensa de dicho principio como consecuencia necesaria cubierta por dolo directo de segundo grado' ( STS de 31 de mayo de 1988 EDJ 1988/4664, con cita de otras) matizándose que 'la presencia de un animus o dolo específico... puede manifestarse de forma directa, supuesto de perseguir el sujeto con su acción la ofensa o menoscabo del principio de autoridad o de la función pública, o merced al dolo de segundo grado, también llamado de consecuencias necesarias, cuando, aún persiguiendo aquél otras finalidades, le consta la condición de autoridad o funcionario del sujeto pasivo y acepta que aquel principio quede vulnerado por causa de su proceder'.

Y la sentencia continúa diciendo:

'También la Sala Segunda ha declarado que tal ánimo se presume y que 'el dolo de este delito, en tanto conocimiento de los elementos del tipo objetivo contienen ya todos los elementos que demuestran que el autor quiso obrar contra un agente de la autoridad, pues quien atenta contra quien sabe que se está desempeñando como tal, quiere también hacerlo contra la autoridad que el agente representa' ( STS de 9 de junio de 1990 ), sin que se requiera 'una especial decisión del autor de atentar contra la autoridad, diferente a la decisión de realizar la acción' ( STS de 22 de febrero de 1991 EDJ 1991/1888). No obstante, puede excluirse tal ánimo cuando existan datos objetivos 'que acrediten o al menos permitan conjeturar que el agente, al proceder como lo hizo, no tuvo la intención de atentar o desprestigiar el principio de autoridad, sino que actuaba por razones estrictamente personales u otras totalmente ajenas a la función pública o a la condición profesional de la víctima' ( STS de 15 de septiembre de 1989 EDJ 1989/8002), o sea, 'que se prueba la existencia de un móvil divergente, que, por su entidad, vendría a anular ya no sólo el dolo, sino el propio injusto de este delito' ( STS de 4 de julio de 1991 ), circunstancias estas últimas que son ajenas al supuesto actual'.

De la mano de la doctrina sentada en las sentencias que se invocan, es claro que los hechos a los que se refiere el recurso de apelación que ocupa nuestra atención son constitutivos de un delito de atentado a agente de la autoridad, pues está probado cumplidamente que el hoy apelante, ante el proceder legítimo de dos funcionarios de policía que actúan en el ejercicio de sus funciones propias, en el momento de la detención de un individuo sorprendido en el acto la comisión de un hecho punible, lejos de acatar a la autoridad que los agentes encarnan y representa, y que es visible y evidente por los uniformes que visten, reacciona con violencia, y después de insultarlos, golpea y lesiona a los dos funcionarios.

No son precisas más consideraciones para rechazar el recurso.

SÉXTO.-

De conformidad con lo que dispone el Art. 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , procede declarar de oficio las cosas causadas en esta segunda instancia.

Vistos los preceptos legales citados, y los demás de general, pertinente, y obligada aplicación.

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, que es conforme a derecho.

Declaramos de oficio las costas causadas en la alzada.

Notifíquese a las partes con indicación de que contra esta resolución no cabe recurso alguno.

Devuélvanse las actuaciones originales al Juzgado de donde proceden, con testimonio de nuestra sentencia para su cumplimiento y ejecución, con el ruego de que acuse recibo para constancia.

Y una vez hecho, archívese el rollo de la Sala.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo Sr. Magistrado que la redactó. Doy fe.