Sentencia Penal Nº 294/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 7/2020 de 16 de Junio de 2020

Encabezamiento

Audiència Provincial de Barcelona

Secció Vint-i-dosena

Rotlle apel·lació penals ràpids núm. 7/2020 - B

Referència de procedència:

JUTJAT PENAL 27 BARCELONA

Procediment Abreujat núm. 46/2019

Data sentència recorreguda: 19/11/2019

SENTÈNCIA NÚM. 294/2020

Magistrats/des:

Juli Solaz Ponsirenas

Maria Josep Feliu Morell

Patricia Martínez Madero

La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona en recurs d'apel·lació núm. 7/2020, interposat contra la Sentència pronunciada pel JUTJAT PENAL 27 BARCELONA en data 19/11/2019, en procediment Abreujat núm. 46/2019. Han estat parts com apel·lant Florencia, representad per la procuradora Adelaida Espejo Iglesias, assistida per la lletrada Sonia Valdivia Nuñez, apel·lat Federico representat pel procurador Jaume Gasso i Espina i assistit per la lletrada Rosa Nieto Sastre, i el Ministeri Fiscal. D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent Maria Josep Feliu morell.

Barcelona, setze de juny de dos mil vint.

Antecedentes

Primer.El 19 de novembre de 2019 el Jutjat penal núm. 27 de Barcelona dictà sentència amb la decisió següent: 'Que debo absolver y absuelvo libremente a don Federico del delito de obstrucción a la justicia y del delito de amenazas de los que ha sido acusado en esta instancia, con todos los pronunciamientos favorables inherentes a dicho fallo absolutorio.

Se declaran de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.

Acuerdo dejar sin efecto desde luego y sin esperar a la firmeza de la presente sentencia la medida cautelar penal consistente en la prohibición de aproximación impuesta a don Federico en el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Barcelona de fecha 11 de diciembre de 2018 '.

A la sentència es declaren provats els fets següents: 'El presente procedimiento dimana de las Diligencias Urgentes núm. 260/2018 incoadas por auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Barcelona de fecha 11 de diciembre de 2018 en méritos del atestado núm. NUM000 formado por la Unidad Regional de Instrucción sobre la Violencia de la Comisaría de Barcelona del Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

Concluida que fue la instrucción el Ministerio Fiscal presentó escrito de conclusiones provisionales por el que formuló acusación contra don Federico como presunto autor de un delito de obstrucción a la justicia del artículo 464.1 del Código Penal y de un presunto delito de amenazas del artículo 171.4 y 5, segundo párrafo, del Código Penal , atribuyéndole los siguientes hechos:

'Se dirige la acusación contra Federico, mayor de edad, con D.N.I. NUM001, carente de antecedentes penales, casado con Florencia, con la que tiene una hija en común menor de edad, Natividad (nacida el NUM002 de 2017), residiendo todos en el domicilio sito en la CALLE000 núm. NUM003, NUM004, NUM005 de Barcelona.

En fecha 20 de noviembre de 2018 la Sra. Florencia interpuso una denuncia contra su esposo que dio lugar a las Diligencias de Guardia núm. 107505/2018 del Juzgado de Violencia núm. 5 de Barcelona que se acumuló a las Diligencias Previas núm. 397/2018 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 4 de Barcelona.

El día 23 de noviembre, cuando el acusado, Federico, tuvo conocimiento de la misma al haber prestado declaración en comisaría, con ánimo de que la Sra. Florencia retirara la denuncia, estando ambos en el domicilio familiar y en presencia de la menor, le empezó a decir que se la retirara que él la seguía queriendo, poniéndose a llorar y suplicándole que se la retirara, insistiéndole durante varios días y, al ver que no conseguía su propósito, a principios de diciembre de 2018, con el mismo ánimo y de amedrentarla para doblegar así su voluntad para conseguir su propósito, le dijo que retirara la denuncia o si no le quitaría a la hija menor de edad que tienen en común, nuevamente al cabo de unos días, y con el mismo ánimo, el acusado cogió un cuchillo y, con él en la mano, dijo: 'si sigues con esto me mato, te lo juro que me voy a matar'.

Durante la mañana del día 8 de diciembre de 2018 encontrándose el acusado en el domicilio familiar en compañía de su esposa y de su hija menor, con ánimo de amedrentarla le dijo, refiriéndose a los hechos que había denunciado la Sra. Florencia en la anterior denuncia del día 20 de noviembre de 2018: 'eso no era pegar, ahora te pego''.

Ha resultado probado que el acusado en la fecha indicada estaba casado con doña Florencia, con la que tiene una hija en común menor de edad, Natividad (nacida el NUM002 de 2017), y que en la indicada fecha residían todos en el domicilio familiar sito en la CALLE000 núm. NUM003, NUM004, NUM005 de Barcelona.

Ha resultado igualmente probado que en fecha 20 de noviembre de 2018 doña Florencia interpuso una denuncia contra su esposo que dio lugar a las Diligencias de Guardia núm. 107505/2018 del Juzgado de Violencia núm. 5 de Barcelona que se acumularon a las Diligencias Previas núm. 397/2018 del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 4 de Barcelona.

No ha resultado probado que a principios de diciembre de 2018 el acusado pronunciara, en presencia de su esposa y de su hija menor, las frases que se le atribuyen en el escrito de acusación'.

Segon.Formulat recurs d'apel·lació per la representació processal de Florencia el Jutjat l'admeté a tràmit, li donà curs, i finalment va remetre les actuacions a aquest Tribunal per a la decisió, eL Ministeri Fiscal, s'adhereix el recurs interposat i la representació processal de Federico s'hi oposa.

S'accepta el relat de fets declarats provats en la sentència recorreguda.

Fundamentos

Primer.L'apel·lant Florencia impugnà la sentència dictada en primera instància adduint com motiu d'impugnació que enuncià com error en la valoració de la prova al·legant que de la prova practicada a l'acte del judici s'acredita la culpabilitat de l'acusat i demana que es dicti una sentencia condemnatòria per l'acusat, tal com es va demanar a l'acte del judici.

Segon.L' article 792.2 de la LEcrim estableix que ' La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.'i l' article 790.2 tercer apartat de la LECrim., estableix que ' Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'. En aquest cas, l'apel·lant impugna la sentencia que absolt a Federico, dictada pel Jutjat Penal, al·legant com motiu de recurs l'error en la valoració de la prova, i a la vista de que els fets enjudiciats i la incoació del procediment penal es posterior el dia 6 de desembre de 2015, data d'entrada en vigor de l'ultima reforma de la LEcrim, en la que es modifica la redacció dels preceptes abans esmentats, entre altres, s'evidencia que l'apel·lant tenia, en el cas d'apreciar error en la valoració de la prova en primera instancia, haver sol·licitat, fent les oportunes al·legacions per justificar el que preveu l' article 790.2 tercer apartat de la LEcrim., la nul·litat de la sentencia dictada en primera instancia i no única i exclusivament la seva revocació, vetada per l'article 790,2 de la mateixa llei, que trasllada al text de la llei el que ha estat notòria i reiterada jurisprudència del Tribunal Constitucional, tal com senyala la STC de 17 de novembre de 2014 ' La doctrina sobre las condenas penales en segunda instancia previa revocación de un pronunciamiento absolutorio, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y reiterada en numerosas Sentencias posteriores (entre otras muchas, SSTC 182/2007, de 10 de septiembre ; 28/2008, de 11 de febrero ; 1/2009, de 12 de enero , 24/2009, de 26 de enero y más recientemente, SSTC 22/2013, de 31 de enero ; 195/2013, de 2 de diciembre ; y 105/2014, de 23 de junio ), expresa que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. También inciden en el tema las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ( SSTEDH) de 29 de octubre de 1991, caso Jan Ake Andersson c. Suecia y de 5 de diciembre de 2002, caso Hoppe c.Alemania.

En aplicación de esta doctrina hemos dicho que el respeto a los citados principios de publicidad, inmediación y contradicción exige que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado testimonio y declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia, de manera que el órgano de apelación no puede operar una modificación de los hechos probados que conduzca a la condena del acusado, si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.'

Dit això, la Sala ha de posar de manifest la impossibilitat legal de declarar d'ofici la nul·litat de la sentencia dictada en primera instancia, doncs tal com estableix l' article 240.2 apartat segon de la LOPJ 'En ningún caso podrá el Juzgado o Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectase a ese Tribunal',

Per tant, la Sala no pot entrar en valoracions sobre l'existència o no d'error en l'apreciació de la prova en els supòsits de sentencies absolutòries, quan la part apel·lant no ha sol·licitat de forma fonamentada la nul·litat de la sentencia, perquè si no es possible en segona instancia la condemna de l'acusat absolt en la primera, i el Tribunal tampoc pot acordar d'ofici, sense petició del recurrent, la nul·litat de la sentencia dictada en primera instancia, s'haurà de desestimar aquest motiu el recurs d'apel·lació interposat amb impossibilitat de entrar en el fons de la qüestió plantejada al no ser possible la seva estimació en els termes en que esta interessada.

Tercer.Com sigui que la doctrina constitucional esmentada és tan clara i reiterada que el seu desconeixement a hores d'ara resulta clarament temerari, les costes d'aquesta instància s'han d'imposar a la part recurrent, que l'ha ignorada en aplicació del que disposa l' article 240.3r. de la vigent Llei d'enjudiciament criminal.

Fallo

1. Desestimem el recurs d'apel·lació interposat per la representació processal de Florencia y confirmem íntegrament la sentencia dictada pel Jutjat Penal núm. 27 de Barcelona en el Procediment Abreujat núm. 46/2019.

2. S'imposen a l'apel·lant les costes processals causades en aquesta segona instància.

Aquesta sentència no és ferma, i contra la mateixa es pot interposà recurs de cassació per infracció de llei si es considera que, atesos els fets que es declaren provats en la resolució, s'ha infringit un precepte penal de caràcter substantiu o una altra norma jurídica del mateix caràcter que hagi de ser observada en l'aplicació de la llei penal, preparant el recurs mitjançant un escrit autoritzat per un advocat i un procurador, si el recurrent no és el Ministeri fiscal, escrit presentat dins dels cinc dies següents al de l'última notificació de la sentència, i en el qual s'ha de demanar testimoniatge de la sentència i manifestar la classe de recurs que s'intenti utilitzar.

Així ho disposa el Tribunal i ho signen els magistrats que el formen.