Sentencia Penal Nº 297/2018, Audiencia Provincial de Almeria, Sección 2, Rec 428/2018 de 03 de Julio de 2018

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL
SECCION SEGUNDA
ALMERIA
SENTENCIA Nº 297
ILMOS.SRES.
PRESIDENTE
D. RAFAEL GARCIA LARAÑA
MAGISTRADAS
Dª SOLEDAD JIMENEZ DE CISNEROS Y CID
Dª ALEJANDRA DODERO MARTINEZ
En la Ciudad de Almería, a 3 de julio de 2018.
La Sección Segunda de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación, rollo número 428/18,
el Juicio Rápido numero 428/18, procedente del Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería, por delito de amenazas,
siendo apelante Sacramento , representado/a por la Procuradora de los Tribunales Sra. Gallardo Laynez y
defendido/a por la/el Letrada/o Sr/a. Eugen Lungeanu, y figurando como parte apelada Emilio representado
por el Procurador de los Tribunales Sr. Ramos Hernández y defendido por el Letrado Sr. Vicente Baez así
como el Ministerio Fiscal.
Ha sido Ponente la Ilma. Sra. Magistrada Dª. ALEJANDRA DODERO MARTINEZ que expresa el parecer
de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada como relación de trámites y antecedentes del procedimiento.



SEGUNDO.- Por la Ilma. Sra. Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería en la referida causa se dictó sentencia de fecha 26/06/17 cuyos hechos probados son del tenor literal siguiente: ' Se declara probado que sobre las 08:23 horas del día 20 de julio de 2017, en el transcurso de la declaración que venía realizando, en calidad de detenida, en las diligencias del Puesto de la Guardia Civil de Vera NUM000 , Sacramento manifestó que su compañero sentimental, el acusado Emilio , mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, le había amenazado reiteradamente, y en dos ocasiones con una pistola, obligándola a realizar labores de vigilancia mientras él robaba baterías de vehículos y a proceder a la venta de las misma.

No ha resultado acreditada la realidad de los hechos objeto de enjuiciamiento. '

TERCERO.- Dicha sentencia contiene el siguiente Fallo: ' Que debo ABSOLVER y ABSUELVO libremente a Emilio del DELITO DE AMENAZAS por el que venía acusado, dejando SIN EFECTO las medidas cautelares que se hubieren adoptado respecto del mismo en el presente procedimiento, con expresa condena de la Acusación Particular al pago de las costas ocasionadas en el presente procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación.'.



CUARTO.- Por la representación procesal de la Acusación Particular se interpuso en tiempo y forma, recurso de apelación mediante escrito, en el que se fundamentó la impugnación, solicitando la revocación de la sentencia recurrida y que en su lugar se dicte otra por la que se condene al acusado por el delito objeto de enjuiciamiento, oponiéndose el Ministerio Fiscal y la Defensa que solicitaron la confirmación de la resolución recurrida.



QUINTO.- Se elevaron las actuaciones a este Tribunal donde se formo el correspondiente Rollo de Sala, señalándose para votación y Fallo y declarándose concluso para sentencia.

HECHOS PROBADOS UNICO.- Se aceptan los de la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- El denunciante en el juicio del que procede la presente apelación, formula recurso de apelación frente a la sentencia que absuelve a Emilio , acusado de un delito de amenazas, por considerar que dicha resolución ha valorado erróneamente la prueba practicada en el juicio, prueba que pone de manifiesto que se han cometido los hechos objeto de la denuncia.



SEGUNDO.- No efectuada oportunamente petición de vista en esta instancia, hay que tener presente que la mayor parte de la actividad probatoria, o al menos todo lo que tiene que ver con las explicaciones acerca de la forma en que ocurrieron los hechos denunciados, reviste un carácter esencialmente personal, incluyendo el testimonio de la denunciante y del acusado, por lo que un pronunciamiento del signo que se solicita resulta inviable por lo siguiente.

Las recientes sentencias del TC 184/2013 de 4 de noviembre y 191/2014, de 17 de noviembre , hacen notar que la STC 167/2002, de 18 de septiembre ,se ocupó del alcance de las garantías constitucionales para quien resulta condenado en la segunda instancia, tras revisar una previa absolución, inspirándose en el doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Según esa doctrina, el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), impone inexorablemente que toda condena articulada sobre pruebas personales se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción. A partir de ello, se consolido una doctrina constitucional, reiterada en numerosas resoluciones, según la cual resulta contrario a un proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo a través de recurso, condene a quien había sido absuelto en la instancia o empeore su situación como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija necesariamente que se practiquen en presencia del órgano judicial que las valora -como es el caso de las declaraciones de testigos, peritos y acusados sin haber celebrado una vista pública en que se haya desarrollado con todas las garantías dicha actividad probatoria.

Pero es más, con la reciente modificación de la LECrim, por Ley 41/2015, en los artículos 790.2 y 792.2 LECrim , se viene a recoger la nueva regulación que rige en esta materia en todos los procedimientos iniciados tras su entrada en vigor, y así, el articulo 790.2 ultimo párrafo dispone ' Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'. El articulo 792.2 dispone que ' La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia, ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas, en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.' De ello se desprende que habiéndose dictado en primera instancia una sentencia absolutoria, si se alega por la acusación error en la valoración de la prueba- ahora la ley no distingue entre prueba personal y prueba documental- lo que deberá solicitar a la Sala es la anulación de esa sentencia siempre y cuando se alegue y justifique: 1- La insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica.

2- El apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia.

3- La omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

Se puede solicitar a la Sala la revocación de la sentencia absolutoria en la instancia, cuando ésta haya incurrido en un error estrictamente jurídico, caso en el que el Tribunal sin alterar el relato de Hechos Probados podrá revocar la sentencia de la instancia y dictar una sentencia condenatoria.

En el presente supuesto solicita el apelante la revocación de la sentencia absolutoria dictada en la instancia, para que la Sala tras el visionado de un CD, llegue a una conclusión distinta a la que llegó el Juzgador, y condene al acusado. No resulta jurídicamente posible el pronunciamiento condenatorio que a través de el recurso de apelación se solicita, ya que lo que plantea la recurrente es su disconformidad con la valoración, que de la prueba practicada en el juicio efectúa la Juez de la Instancia, razón por la que debe ser confirmada la sentencia recurrida.



TERCERO. - Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso, confirmando la sentencia recurrida y todo ello con declaración de oficio de las costas de esta alzada.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de pertinente y general aplicación.

Fallo

Que con desestimación del recurso apelación deducido contra la sentencia dictada con fecha 26/06/17 por la Sra. Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería, en los autos de los que dimana la presenta alzada, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS dicha resolución con declaración de oficio de las costas de esta alzada Contra la presente resolución cabe interponer recurso de casación por infracción de ley del motivo previsto en el art. 849,1 Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante escrito autorizado por Abogado y Procurador dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación, ante este Tribunal.

Una vez firme, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, acompañándose de certificación literal de esta resolución a efectos de ejecución y cumplimiento, de lo que se acusará constancia para recibo en el Rollo de Sala.

Así por esta sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por la Ilma. Magistrada Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Letrada de la Administración de Justicia doy fe.