Sentencia Penal Nº 3/1998, Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Civil y Penal, Sección 1, Rec 4/1997 de 09 de Febrero de 1998

Encabezamiento

Procedimiento del Jurado n° 4/97.

SENTENCIA Nº 3/98.

PRESIDENTE: EXCMO. SR.

D. ÁNGEL JUANES PECES.

MAGISTRADOS: ILTMOS. SRES.

D. JOSÉ MATEOS GARCIA.

D. JOAQUÍN CUELLO CONTRERAS.

En Cáceres, a nueve de Febrero de mil novecientos noventa y ocho.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, integrada por los Magistrados del margen, ha visto el presente Recurso de Apelación interpuesto por el condenado Evaristo contra la Sentencia n° 2/97, dictada en el Procedimiento del Jurado n° 1/96, Rollo n° 41/97- 2, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz, representado dicho apelante ante esta Sala por el Procurador D. Juan Antonio Hernández Lavado y defendido por el Letrado D. Luis García Calderón.

Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 10 de Octubre de 1997, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado en el Procedimiento referido dictó Sentencia que contiene el siguiente FALLO: 'Que se debe absolver y se absuelve a Jesus Miguel , Jon y Abelardo del delito de asesinato del que venían acusados, y a Evaristo del delito de homicidio de que venía acusado, declarándose de oficio cuatro décimas partes de las costas procesales causadas.- Que se debe condenar y se condena: -a Evaristo , como autor responsable de un delito de asesinato, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de 27 años de reclusión mayor sirviéndole de abono el tiempo que por esta causa hubiera permanecido provisionalmente privado de libertad, con la accesoria legal de inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, pago de una décima parte de las costas causadas y a que se indemnice a la viuda de Santiago en la cantidad de diez millones de pesetas e intereses legales devengados por dicha cantidad, y a los herederos del citado Santiago en la cantidad de veinticinco millones de pesetas e intereses legales de demora devengados por la dicha cantidad.- A Jesus Miguel , como autor responsable de un delito de Omisión del Deber de Socorro y a otro de Encubrimiento, sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, a las penas de diez meses de multa con cuota diaria de quinientas pesetas, por el primero de ellos, y a la pena de un año de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena por el segundo, pago de dos décimas partes de las costas causadas y a que indemnice a la esposa e hijos de Santiago en la cantidad de tres millones de pesetas más los intereses de demora devengados por dicha cantidad, que abonará el condenado en forma conjunta y solidaria con los también condenados Jon y Abelardo . Sin que pueda declararse la responsabilidad subsidiaria del Estado, interesada por la acusación particular a fin de guardar el debido respeto a los principios de audiencia y defensa, sin perjuicio de la vía civil que continuará abierta a la reclamación.- A Jon como autor responsable de un delito de Omisión del Deber de Socorro; - sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, a la pena de seis meses de multa con cuota de quinientas pesetas diarias, pago de una décima parle de las costas causadas y a que indemnice, conjunta y solidariamente con Jesus Miguel y Abelardo , en tres millones de pesetas e intereses de demora a la esposa e hijos de Santiago .- A Abelardo , como autor responsable de un delito de Omisión del Deber de Socorro, concurriendo la atenuante de minoría de dieciocho años, a la pena de cuarenta y cinco días de multa con cuota diaria de quinientas pesetas, pago de una décima parte de las costas causadas, y a que indemnice a la esposa e hijos de Santiago , conjunta y solidariamente con Jon y Jon , en la cantidad de tres millones de pesetas e intereses legales de demora.- A Eva , como autora de un delito de Encubrimiento sin concurrir circunstancias modificativas de la responsabilidad, a Ja pena de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de duración de la condena y al pago de una décima parte de las costas procesales causadas.'

SEGUNDO.- Contra la expresada Sentencia se interpuso en tiempo y forma Recurso de Apelación por la representación del condenado Evaristo , y se dio traslado del mismo a las demás partes para que, en el término de cinco días, pudieran formular recurso supeditado de apelación, sin que ninguna de ellas lo hubiera formulado; y se emplazó a las mismas para que se personaran ante esta Sala en el plazo de diez días con remisión de los autos, al entender el Presidente del Tribunal del Jurado admisible el recurso planteado.

TERCERO.- Recibido los autos en esta Sala, se persona en tiempo y forma el apelante por medio del Procurador que lo representa Sr. Hernández Lavado y ejerciendo su defensa el Letrado Sr. García Calderón; asimismo se personan en legal forma, como apelados: el Ministerio Fiscal, la acusación particular ejercida por D. Maite , representada por la Procurador Dª. Inmaculada Romero Arroba y defendida por la Letrada Dª. Antonia de los Angeles Fernández Carmona (designadas en turno de oficio); y los condenados Jesus Miguel , a quien representa el Procurador D. Jorge Campillo Alvarez y defiende el Letrado D. Francisco Luna Rosa; Jon y Abelardo , representados ambos por el Procurador D. Luis Gutiérrez Lozano y defendidos por el Abogado Sr. Montes Torrado. No se persona la también condenada Eva , empleada que fue en forma. Se siguieron las normas y prescripciones legales en la tramitación de este Recurso de Apelación y se señaló fecha para la Vista que se celebró con la comparecencia de los Letrados de las partes personadas, apelante y apelados, quienes informaron en defensa de sus respectivas posiciones y en la forma que en el Acta anterior se específica. Actuó en nombre del Ministerio Fiscal, el Excmo. Sr. D. Jorge Sena Argüelles, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

Ha sido Ponente el Magistrado Iltmo. Sr. D. JOSÉ MATEOS GARCIA

Fundamentos

PRIMERO.- En el Recurso de Apelación interpuesto por la defensa contra la Sentencia de 10 de Octubre de 1997, dictada por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado que entendió del procedimiento especial n° 4/97 se afirma: a) Que dicha Sentencia no ha dado valor a una prueba tan importante como es la de varios testigos oculares de los hechos ocurridos la noche de autos, los cuales -según el recurso- con sus declaraciones siembran la duda mas que razonable en cuanto a la coautoria de los hechos, b) Que si la Sentencia apelada declara como probado que al tiempo de ocurrir los hechos, Evaristo era drogadicto habitual con una antigüedad desde los 16 años, no se explica como no se ha tenido en cuenta la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal ( Art. 20-2 del C. Penal .

En definitiva, aunque no se diga expresamente, dada la defectuosa articulación técnica del recurso, se impugna la Sentencia por la vía del apartado e del artículo 846 bis c) y de la letra b) de la Ley de E.Cr . Es decir por vulneración del Derecho a la presunción de inocencia, (más bien del principio in dubio pro reo) y, por error en la calificación jurídica de los hechos. Iniciaremos el análisis de los motivos del recurso por el 1º de ellos, es decir, por la eventual vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

SEGUNDO.- La actividad probatoria que exige el artículo 24.2 de la Constitución Española para respetar la presunción de inocencia, ha de ponerse en relación con el delito por el que ha sido condenado, siendo pues necesaria una actividad probatoria mínima, o suficiente respecto a los elementos específicos que configuran el delito. En el caso del delito de asesinato, según una reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, se refieren a la existencia de una conducta, encaminada a dar muerte dolosa a una persona, concurriendo alguna de las circunstancias configuradoras del asesinato, con este caso, la alevosía o el ensañamiento, o ambos conjuntamente.

En esta sede de apelación sólo corresponde a este Tribunal verificar, según establece la Ley del Jurado, si el Tribunal ha contado o no con pruebas suficientes sobre estas circunstancia específicas, y si dichas pruebas, se obtuvieron con las debidas garantías, lo que excluiría la presunción de inocencia, pero sin entrar, y, ello conviene subrayarlo, en la valoración de las prueba, que haya realizado el Tribunal de Jurado, de acuerdo con el art. 741. L.E. Cr ., pues, este Tribunal, por voluntad expresa del legislador (contenida en la Ley de Jurado) no puede entrar a determinar si ha existido o no error en la apreciación de la prueba; pues el recurso de apelación, que establece la ley citada, no es un recurso de apelación estrictu sensu, sino un recurso extraordinario, por motivos tasados, de conocimiento limitado, en el que el Tribunal de apelación, respecto a la presunción de inocencia -tal y como hemos dicho-, ha de limitarse a determinar a) si ha existido un mínimo de actividad probatoria b) si las pruebas obtenidas se han obtenido regularmente, (teoría de la prueba prohibida).

TERCERO.- Pues bien, aplicando la anterior doctrina al caso de autos, lo primero que se aprecia en la argumentación del recurso de apelación, es que la parte recurrente admite la existencia de pruebas (sobre todo testifical), pero, adoptando una posición distinta a la del Jurado, rechaza por errónea -en aplicación del principio indubio pro reo-, la valoración hecha por este último Tribunal, ya que en opinión del recurrente existen dudas racionales respecto a la autoría de los hechos, basándose para ello en las declaraciones de dos testigos, sin tener en cuenta, las demás pruebas de claro carácter incriminatorio. (Por cuanto a la prueba que se dice rechazada esta fue admitida en contra de lo que se dice). Constatada pues la existencia de un mínimo de actividad probatoria, de carácter incriminatorio contra el acusado-recurrente, ( STC 31/81 y 150/89 ), este primer motivo de impugnación ha de ser rechazado, pues, corresponde al Jurado, la valoración del acervo probatorio, practicado en el juicio, en cuyo momento, y, no ahora, por vía de recurso, entra en juego el principio ín dubio pro reo, cuya valoración no da lugar al motivo de apelación previsto en la letra c del articulo 846 bis e) y si sólo el de la presunción de inocencia. En efecto, el principio enunciado, es una categoría jurídica distinta a la de la presunción de inocencia. Esta conlleva la existencia de un mínimo de actividad probatoria, mientras el principio in dubio pro reo, juega en el ámbito de la valoración de la prueba, y por tanto su apreciación o no, es de la absoluta competencia del juzgador en Primera Instancia. Así lo tiene declarado el Tribunal Constitucional en una reiterada jurisprudencia (por todas, Auto 463/83 , que reproduce la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre esta materia.

CUARTO.- Se alega en segundo lugar, aunque nominalmente no se exprese como tal, infracción legal en la calificación de los hechos.

Con carácter previo a determinar si concurre o no en este caso dicho motivo de apelación, conviene precisar su ámbito. En este apartado de la Ley (artículo 846 bis c ) se alude a los motivos de infracción de precepto legal o constitucional previstos en los artículos 149-1 L.E.Cr y 5.4. L.O.P.J . Conforme al primero de los preceptos citados, se entenderá que ha sido infringida la ley, cuando dados los hechos que se declarar probados, se hubiera infringido un precepto penal de carácter sustantivo a otra norma jurídica del mismo carácter que deba ser observada en la aplicación de la ley penal. Se trata pues, de someter al juicio critico del Tribunal de apelación, la valoración jurídica hecha por el Magistrado-Presidente, a partir de los hechos declarados probados, que no pueden ser discutidos a los efectos de este motivo. Luego, pues, lo que habremos de determinar, a la vista de lo expuesto, es si, el Magistrado Presidente, ha incurrido en error a la hora de desestimar la atenuante o eximente de drogadicción. Para ello, habremos de partir de los hechos probados. En estos se dice, en lo que aquí interesa, 'Al tiempo de ocurrir los hechos, Evaristo era drogadicto habitual con una antigüedad desde los 16 años La drogadicción, según constante jurisprudencia del Tribunal Supremo, no implica per se, y en todo caso, una causa de exención, sino que su apreciación, como causa modificativa de la responsabilidad penal, dependerá de su intensidad y de otros factores que vayan asociados a ella. En el caso de autos, la Sentencia se limita a constatar este hecho, sin matizar, como hubiera sido lo correcto, si dicha drogadicción anuló o disminuyó la capacidad volitiva o de entendimiento del acusado. Ante esta falta de precisión, este Tribunal carece de datos suficientes para que, en orden a la apreciación de dichas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, pueda determinar si la Sentencia ha incurrido o no en error a la hora de calificar los hechos.

Otra cosa hubiese sido que se hubieran rebatidos dichos hechos probados, en si mismo insuficientes a los efectos relatados, por la vía de 'defecto en la proposición del objeto del veredicto'. Al no haberse hecho así, esta Sala no puede pronunciarse sobre dicho extremo, ni sobre si en el caso de autos concurre a) alevosía, b) ensañamiento.

Por todo ello este segundo motivo de impugnación también debe ser desestimado.

QUINTO.- No apreciando temeridad ni mala fe, no procede hacer una expresa condena en costas.

Vistos las disposiciones legales citadas y demás de general aplicación.

Fallo

Que debíamos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de Evaristo , contra la Sentencia n° 2/97, dictada por el Tribunal de Jurado, de fecha 10 de Octubre de 1997 , en su consecuencia debíamos confirmar y confirmados la expresada resolución sin hacer expresa condena en costas.

Notifíquese a las partes, a quienes se hará saber los recursos que podrán interponer contra dicha Sentencia.

Así por esta nuestra Sentencia, lo mandamos y firmamos.