Sentencia Penal Nº 312/2019, Audiencia Provincial de Almeria, Sección 3, Rec 494/2019 de 17 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALMERÍA
SECCIÓN TERCERA
Rollo de Apelación nº 494/2019
SENTENCIA NÚMERO Nº 312/19.
ILTMOS. SRES.
PRESIDENTE:
Dª TARSILA MARTÍNEZ RUIZ
MAGISTRADOS:
D. JESÚS M. HERNÁNDEZ COLUMNA
D. IGNACIO F. ANGULO GONZALEZ DE LARA
En la Ciudad de Almería, a diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve
La Sección tercera de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación, Rollo número 494/2019 el
juicio rápido 166/2019, procedente del Juzgado de lo Penal nº 4 Almería, por un presunto delito de violencia
domestica contra Salvadora , representado por la Procuradora Dña. Yolanda Gallardo Acosta y defendida
por la letrada Dña. Inmaculada Leticia Fernández Andrés, ejerciendo la acusación particular Jesús Ángel
representado por el Procurador don José María Saldaña Fernández y bajo la asistencia del Letrado don Jose
Antonio Bonachera Millan, siendo parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ignacio F.
Angulo González De Lara

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los de la Sentencia apelada como relación de trámite y antecedentes del procedimiento.



SEGUNDO.- Por la Ilma. Srª. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal Número 4 de Almería, en la referida causa se dictó Sentencia de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, cuyos Hechos Probados son del tenor literal siguiente: ' Se declara probado que la menor María Milagros , de 12 años de edad, tras la separación de sus padres se encuentra bajo la guardia y custodia de su madre, la acusada Salvadora , mayor de edad y con antecedentes penales cancelables, con la que convive en el domicilio familiar sito en la CALLE000 de Almería.

Que sobre las 23:50 horas del dia 1 de abril de 2019, tras haber insistido reiteradamente Salvadora a su hija para que apagase el televisor y se acostase, toda vez que al día siguiente tenía colegio, como quiera que ésta hizo caso omiso a sus requerimientos, la acusada desconectó los cables del televisor y los escondió, hecho que no hizo desistir a la menor en su propósito, que localizó los cables y volvió a enchufar el televisor, optando la madre por apostarse junto al mismo y desactivar el interruptor cada vez que la menor lo encendía.

Ante la impotencia que le ocasionó el constatar que su madre no le iba a permitir seguir viendo la televisión, le lanzó un cepillo del pelo que le impactó en el pie y, como quiera que ésta no respondió a sus provocaciones, la menor, sabedora de la mala relación que mantienen sus padres que ha motivado denuncias cruzadas por malos tratos, con la intención de perjudicarla y de hacer constar que aquella noche su madre había ingerido bebidas alcohólicas, requirió la personación en su domicilio de una dotación policial.

No ha resultado acreditado que en el transcurso del referido altercado la acusada golpease a la menor.'

TERCERO.- Dicha Sentencia contiene el siguiente Fallo: 'Que debo ABSOLVER y ABSUELVO libremente a Salvadora por el que venía acusado, dejando SIN EFECTO las medidas cautelares que se hubieren adoptado respecto de la misma en el presente procedimiento y declarando de oficio las costas ocasionadas.'

CUARTO.- Por la representación procesal de la acusación particular se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación en el que fundamentó la impugnación sobre la base de los motivos que figuran en el mismo.



QUINTO.- El recurso deducido fue admitido en ambos efectos, dándose traslado al Ministerio Fiscal y a la defensa, que lo impugnaron.



SEXTO.- Se elevaron las actuaciones a este Tribunal donde se han observado las prescripciones del trámite, señalándose para deliberación, votación y fallo y declarándose concluso para Sentencia.

HECHOS PROBADOS Se aceptan los consignados con tal naturaleza en la resolución impugnada.

Fundamentos

PRIMERO.- Frente al pronunciamiento absolutorio contenido en la sentencia de primera instancia, se alza la acusación particular pidiendo un fallo de condena para la acusada, en los términos solicitados ante la Magistrado Juzgado 'a quo', sosteniendo en síntesis que ha existido suficiente prueba de cargo para destruir la presunción de inocencia de dicha acusada, habiéndose producido, en definitiva, una errónea valoración de la prueba por parte de la Juzgador de instancia.

Sin embargo, no puede admitirse la pretensión de la parte, pues examinada la prueba practicada en el plenario, esencialmente testifical, en la que la Juez 'a quo' se ha basado para el dictado de ese pronunciamiento absolutorio, no encuentra esta Sala motivos que justifiquen la modificación de la objetiva interpretación de la prueba realizada por la Magistrada de Instancia por la interesada de la parte recurrente.



SEGUNDO.- En su nueva redacción, fruto de la reforma operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, el art. 792.

2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé que 'la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2'. El referido artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal señala que ' Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'.

En base a lo anterior, y atendido que no se ha solicitado la nulidad de la resolución en cuestión por dicho presunto error, sino la condena en esta segunda instancia, sus pretensiones nunca podrían prosperar.

Pero es más, la expresada norma, recoge y consagra una pacífica y conocida doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional que a partir de la importante Sentencia 167/2002, de 18 de Septiembre, que viene sosteniendo que la condena en segunda instancia tras una anterior sentencia absolutoria supone una infracción de la presunción de inocencia, que solo puede ser desvirtuada en virtud de la existencia de una mínima y suficiente actividad probatoria, producida con las debidas garantías procesales, es decir, la practicada bajo la inmediación del órgano jurisdiccional y sometida a los principios de contradicción y de publicidad. Este criterio ha sido corroborado en posteriores resoluciones ( ss. 170/02 de 30 de septiembre, 197, 198 y 200/02 de 28 de octubre, 212/02 de 11 de noviembre, 230/02 de 9 de diciembre, 41/03 de 27 de febrero, 68/03 de 9 de abril y 118/03 de 16 de junio, o la más reciente de 14/2/05) En virtud del referido criterio constitucional es evidente que el Tribunal de apelación 'no puede considerar desvirtuada la presunción de inocencia del acusado inicialmente absuelto en un juicio de faltas o en el ámbito del procedimiento abreviado, en tanto no presencia las pruebas personales que fundaron aquélla declaración absolutoria. El Tribunal de apelación puede valorar la prueba, coincidiendo o no con la apreciación del Juez de primera instancia, pero tratándose de la declaración del acusado o de prueba testifical que exigen inmediación, sólo puede llevar a cabo una nueva y distinta valoración si se cumplen las exigencias aludidas'. Y no puede olvidarse la naturaleza vinculante de dicha doctrina para los Órganos judiciales cuando interpreta los preceptos y principios constitucionales, según dispone el art. 5.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.



TERCERO.- Todo lo anterior conduce a la desestimación del recurso de apelación planteado por la acusación particular pues, como inicialmente apuntábamos, la sentencia de primera instancia ha valorado la prueba personal practicada llegando la Magistrada Juez 'a quo' al convencimiento de la inexistencia de prueba de cargo clara y precisa para sustentar la condena solicitada por la acusadora particular, sin que el Tribunal, que no ha gozado de la inmediación, pueda modificar ese convencimiento, en virtud de la doctrina constitucional expuesta. La valoración que hace la Magistrada sobre la credibilidad de los declarantes no puede considerarse irracional, por lo que deben ser mantenido su criterio.

Señalaba la parte recurrente, que además de dicha prueba testifical, también había prueba documental derivada de los partes médicos, que justificarían la condena interesada. Sin embargo, dicha pretensión no puede ser acogida. Efectivamente, los eventuales partes médicos y del médico forense, sería una prueba documental insuficiente para justificar un pronunciamiento de condena, considerada por sí sola, y alejada de la versión de la menor perjudicada, que no es admitida por la Magistrada de Instancia. No podemos olvidar que dicho parte sólo puede referir unos síntomas o apreciaciones, pero nunca el origen de los mismos y en ningún caso que hayan sido provocados por la acusada. Del informe forense se desprende, sin lugar a dudas, la realidad de unas heridas, pero tal prueba no acredita la causa de las lesiones y mucho menos que las mismas fueron consecuencia de una agresión ejecutada por la acusada. Para poder vincular esas heridas con la actuación de la acusada, debe unirse dicha documental a la declaración de la menor perjudicada, que como hemos señalado ha sido descartada como prueba de cargo por el Magistrado de Instancia. De igual modo el agente de la Policía que depuso como testigo no aprecio agresión alguna, por lo que tampoco podría justificar condena alguna

CUARTO.- Por todo ello, ha de desestimarse el recurso de apelación y, por ende, debe ser confirmada la resolución recurrida, sin que se aprecien, no obstante, motivos para hacer expresa imposición de las costas de esta alzada, que serán declaradas de oficio ( art. 240.1º LECrim.).

Vistos los artículos citados y los de general y pertinente aplicación

Fallo

Que con DESESTIMACIÓN del recurso de apelación deducido contra la Sentencia dictada con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, por el Juzgado de lo Penal nº 4 de Almería en el juicio rápido 166/2019 de que deriva la presente alzada, DEBEMOS CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la expresada resolución, con declaración de oficio de las costas causadas en esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia acompañándose de certificación literal de la presente resolución a efectos de ejecución y cumplimiento, de lo que se acusará recibo para constancia en el Rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados que la firman, estando celebrando Audiencia Pública el mismo día de su fecha, de todo lo cual doy fe.