Sentencia Penal Nº 316/2005, Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 551/2004 de 10 de Marzo de 2005

Primero. Por el cauce del art. 5,4 LOPJ en relación con el art. 24,2 CE, se ha denunciado infracción de precepto constitucional, por vulneración del principio acusatorio. El argumento es que se ha condenado al recurrente al abono de una indemnización de 12.000 €, no solicitada por el Fiscal tras modificar sus conclusiones provisionales.

El acta de juicio da cuenta de que el Fiscal, en efecto, actuó de ese modo, manteniendo la acusación únicamente por el delito del art. 153 Cpenal, solicitando, en exclusiva, la imposición de una pena de 24 meses de prisión con la prohibición al acusado de aproximarse o comunicarse con la víctima por un periodo de 5 años.

No existe, pues, referencia expresa a la indemnización, en ningún sentido. Pero, también, precisamente, por eso, es razonable entender -según propone el Fiscal en su informe- que aquella modificación no supuso retirada de la petición de responsabilidad civil; cuyo abono, por lo demás, está previsto con el carácter de obligación ex lege, cierto que de exigencia facultativa para el perjudicado, en el art. 109 Cpenal. En este sentido, la Audiencia, al dar lugar a indemnización, habría actuado de un modo que formalmente y en abstracto no es objetable. Aunque sí lo es, desde luego, en su concreción, puesto que la cifra asignada excede con mucho de lo que, tras el necesario ajuste en la solicitud inicial, a la vista del cambio de calificación, se había pedido.

De la causa resulta que el Fiscal, antes de ampliar la acusación al delito de violación, había solicitado 300.000 ptas. en concepto de responsabilidad civil por los otros cuatro delitos, para, al incluir este último, elevarla de manera sensible a 60.000 €. Aunque en esta revisión debió pesar el gravamen que tal ilícito comporta para la víctima, lo cierto es que lo producido es una reconsideración global del monto de la responsabilidad civil, muy escasamente evaluada en la inicial intervención del Fiscal. La Audiencia tendría que haber discurrido sobre este aspecto, explicitando el fundamento de su decisión. No lo ha hecho y, por la naturaleza de la materia, que afecta al principio acusatorio en perjuicio de la parte, debe hacerlo esta sala, estimando en tal sentido parcialmente el recurso, en los términos que se dirá.

Segundo. Al amparo de la previsión del art. 5,4 LPOJ, se ha alegado vulneración del derecho a la presunción de inocencia, por falta de actividad probatoria de cargo apta para fundar la condena impuesta.

El principio de presunción de inocencia da derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, que es la obtenida en el juicio (salvo las excepciones constitucionalmente admitidas), que haya sido racional y explícitamente valorada, de forma motivada, en la sentencia, y se refiera a los elementos nucleares del delito (por todas, STC 17/2002, de 28 de enero y STS 213/2002, de 14 de febrero). Por otra parte, cuando se trata de la prueba habitualmente conocida como indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, según jurisprudencia asimismo muy conocida (por todas, STC de 21 de mayo de 1994 y STS de 2 de febrero de 1998) es preciso que los hechos indicadores o hechos-base sean varios y viertan sobre el hecho principal u objeto de imputación; estén bien probatoriamente acreditados, mediante prueba de la llamada directa; y que la inferencia realizada a partir de aquéllos sea racional, fundada en máximas de experiencia fiables, y cuente con motivación suficiente.

La sala de instancia ha contado con la declaración, ciertamente expresiva, de Paloma , que dio detalles concretos sobre el obsesivo comportamiento del acusado en relación con ella, mantenido a lo largo de años. Y que, en efecto, ha sido así, lo acreditan los dos ingresos en casas de acogida (en 1995 y en 1997), que confieren verosimilitud a las denuncias (en 1998 y 1999), la necesidad de interrumpir finalmente la convivencia, a pesar de los esfuerzos de aquélla por mantenerla; así como el hecho de que se viera forzada en 2000 a denunciar nuevamente, siempre por el mismo motivo. Además, de la calidad de la actitud del que ahora recurre informa de manera elocuente la forma en que arrastró a su víctima hasta un vehículo, cuando ella se resistía con fuerza agarrada a la barandilla de un puente, para luego mantener con ella una relación sexual.

En fin, a la vista de todos estos datos, obtenidos de forma contradictoria en el juicio, sólo cabe decir que existió abundante prueba de cargo, bien adquirida, en modo alguno desvirtuada en su eficacia, y valorada con racionalidad y corrección conforme al criterio jurisprudencial indicado. Pues lo cierto es que las manifestaciones de la afectada han sido objeto de muy concreta corroboración por los demás datos a que se ha hecho referencia, que abundan informativamente en el mismo sentido de la hipótesis de la acusación, que, así, ha de entenderse confirmada. Es por lo que el motivo es inatendible.

Tercero. En fin, se ha aducido error en la apreciación de la prueba, de los del art. 849,2 Lecrim, sin señalar documentos. Aunque, en realidad, el esquemático desarrollo del motivo es una reiteración del contenido del anterior, de manera que basta con remitirse a lo dicho al examinar éste.