Sentencia Penal Nº 324/2014, Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 2, Rec 5/2013 de 30 de Diciembre de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2

PONTEVEDRA

SENTENCIA: 00324/2014

ROSALIA DE CASTRO NÚM. 5

Teléfono: 986.80.51.19

N85850

N.I.G.: 36006 41 2 2013 0000566

PO PROCEDIMIENTO SUMARIO ORDINARIO 0000005 /2013 J

Delito/falta: TRÁFICO DE DROGAS GRAVE DAÑO A LA SALUD

ACUSACION: MINISTERIO FISCAL

Contra: Lucas , Simón , Jesús María , Antonio , Darío , Tomasa

Procuradores: DOLORES ABELLA OTERO, LOURDES MARTÍNEZ CABRERA , FRANCISCA MARIA RODRÍGUEZ AMBROSIO , JESUS MARTINEZ MELON , CESAR ANGEL ESCARIZ VAZQUEZ , DOLORES ABELLA OTERO

Abogados: DIEGO CASAIS LOIS, ALFONSO PAZOS BANDE , PEDRO COBIAN CASAL , ANTONIO SALCEDA DOMINGUEZ , CARLOS ALONSO PIÑEIRO , NURIA LLARENA PEREZ

SENTENCIA Nº 324

ILMOS/AS SR./SRAS

D. JOSE JUAN BARREIRO PRADO

Dª ROSA DEL CARMEN COLLAZO LUGO

Dª SOLEDAD GUERRA VALES

PONTEVEDRA, a trinta de decembro de dous mil catorce.

VISTA, ante a Sección 002 desta Audiencia Provincial a causa instruida co número 5/13, procedente do sumario núm. 122/13, do XDO.1A.INST.E INSTRUCIÓN N.2 de CAMBADOS, polo delito de TRÁFICO DE DROGAS, contra:

- Simón , con DNI nº NUM000 , natural de Ponteareas (Pontevedra), nado o NUM001 de 1952, fillo de Gervasio e Coral , con domicilio en Porriño, DIRECCION000 , Fase NUM002 , Bloque NUM002 - NUM003 , en situación de liberdade provisional por esta causa, representado pola procuradora LOURDES MARTINEZ CABRERA e defendido polo letrado ALFONSO PAZOS BANDE.

- Darío , con DNI núm. NUM004 , natural de Lugo, nado o NUM005 de 1984, fillo de Federico e Rita , con domicilio en Lugo, DIRECCION001 núm. NUM006 , en situación de liberdade provisional por esta causa, representado polo procurador CESAR ANGEL ESCARIZ VAZQUEZ e defendido polo letrado CARLOS ALONSO PIÑEIRO.

- Lucas , con DNI núm. NUM007 , nado en Xunqueira de Ambía (Ourense) o día NUM008 de 1949, fillo de Nazario e Camino , con domicilio en Vilagarcía de Arousa, AVENIDA000 núm. NUM009 - NUM010 , en situación de liberdade provisional por esta causa, representado pola procuradora DOLORES ABELLA OTERO e defendido por el letrado DIEGO CASAIS LOIS.

- Jesús María , con DNI núm. NUM011 , nado en Vilanova de Arousa (Pontevedra) o día NUM012 de 1955, fillo de Amador y Margarita , con domicilio en Vilanova de Arousa, DIRECCION002 , DIRECCION003 núm. NUM013 , en situación de liberdade provisional por esta causa, representado pola procuradora FRANCISCA MARIA RODRÍGUEZ AMBROSIO defendido polo letrado PEDRO COBIAN CASAL.

- Antonio , con DNI núm. NUM014 , nado en Jimena de la Frontera (Cádiz) o día NUM015 de 1975, fillo de Roque y Irene , en prisión provisional por esta causa, representado polo procurador JESUS MARTINEZ MELÓN e defendido por el letrado ANTONIO SALCEDA DOMÍNGUEZ.

- E Tomasa , como responsable civil, con DNI núm. NUM016 , domiciliada en Vilagarcía, AVENIDA000 NUM017 - NUM010 , representada pola procuradora DOLORES ABELLA OTERO e defendida por la letrada NURIA LLARENA PÉREZ.

Sendo parte acusadora o Ministerio Fiscal, comparecendo na súa representación D. LUIS URIARTE, e como ponente o Maxistrado D. JOSE JUAN BARREIRO PRADO.

Antecedentes

PRIMERO.- As presentes actuacións instruyéronse por un presunto delito de TRÁFICO DE DROGAS GRAVE DAÑO A LA SALUD e practicadas as oportunas dilixencias convocouse ás partes a xuízo oral, que celebrouse o día da súa data e a cuxo acto comparecieron quenes relacionanse na acta levantada ao efecto.

SEGUNDO.- O FISCAL, ao amparo do disposto no artigo 650 de la Lei de Axuizamento Criminal , formula, de forma provisional as seguintes:

' PRIMERA

Se dirige la presente acusación contra los siguientes procesados:

- Lucas , con D.N.I. núm. NUM007 , nacido en Xunqueira de Ambia (Ourense) el día NUM008 de 1949, hijo de Nazario y Camino y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.

- Simón , con D.N.I. núm. NUM000 , nacido en Ponteareas (Pontevedra) el día NUM001 de 1952, hijo de Gervasio y Rita y ejecutoriamente condenado por delitos contra la salud pública en las siguientes ocasiones:

o Por sentencia de 8 de junio de 1.989 dictada por el Tribunal de Gran Instancia de Bayona (Francia), a la pena de 5 años de prisión.

o Por sentencia de 15 de julio de 1.991 , firme el día 10 de septiembre de 1.991, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Badajoz a la pena de 4 años, 2 meses de prisión y un día de prisión, dejando extinguida dicha pena, según liquidación de condena practicada, el día 23 de noviembre de 1994.

o Por sentencia de fecha 23 de febrero de 1.996 , firme el día 15 de mayo de 1.996, dictada por la Sección Primera de lo Penal, de la Audiencia Nacional, a la pena de 10 años y un día de prisión, dejando extinguida dicha pena, según liquidación de condena practicada, el día 25 de septiembre de 2003.

o Por sentencia de 14 de noviembre de 2.004 , firme el día 16 de diciembre de 2.004, dictada por Audiencia Provincial de Sevilla, a la pena de 11 años de prisión, dejando extinguida dicha pena, según liquidación de condena practicada, el día 4 de junio de 2013.

o Por sentencia del 22 de noviembre de 2.010 , firme el día 18 de enero de 2.011, dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, a la pena de 4 años, 6 meses y 1 día de prisión, pena ésta respecto de la que se acordó la suspensión por un plazo de tres años en virtud de auto de fecha 23 de marzo de 2012.

- Jesús María , con D.N.I. núm. NUM011 , nacido en Vilanova de Arousa (Pontevedra) el día NUM012 de 1.955, hijo de Amador y Margarita y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia.

- Antonio , nacido el día NUM015 de 1.975 en Jimena de la Frontera (Cádiz), hijo de Roque y de Irene y ejecutoriamente condenado por delitos contra la salud pública en las siguientes ocasiones:

o Por sentencia de fecha 22 de mayo de 2002, firme el mismo día, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 6 de Málaga , a la pena de 4 años y 1 día de prisión, dejando extinguida dicha pena, según liquidación de condena practicada, el día 12 de enero de 2007.

o Por sentencia de 14 de noviembre de 2.004 , firme el día 16 de diciembre de 2.004, dictada por Audiencia Provincial de Sevilla, a la pena de 10 años de prisión, dejando extinguida dicha pena, según liquidación de condena practicada, el día 20 de mayo de 2013.

o Por sentencia de fecha 31 de enero de 2.006 , firme el día 23 de septiembre de 2.006, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Algeciras, a la pena de 3 años y 9 meses de prisión, pena que dejaría extinguida, según liquidación de condena practicada, el día 4 de noviembre de 2016.

- Darío , con D.N.I. núm. NUM004 , nacido en Lugo, el día NUM005 de 1984, hijo de Federico y Rita y sin antecedentes penales.

Como consecuencia de la labor investigadora del Equipo contra el Crimen Organizado de Galicia de la Guardia Civil, se pudo venir en conocimiento de que los procesados Simón y Lucas , con la colaboración indispensable del también acusado Jesús María , se venían dedicando, desde la Comarca del Salnés, en el partido judicial de Cambados (Pontevedra), a la venta de cantidades importantes de cocaína, que eran posteriormente distribuidas en dosis menores a los consumidores finales del producto por los clientes directos de estos tres procesados. Entre estos clientes se encontraban los otros dos acusados, Antonio que, afincado en el sur de España, vendía la cocaína en la provincia de Cádiz, donde residía, y Darío , con domicilio en la ciudad de Lugo, donde distribuía la cocaína previamente adquirida.

Los referidos cinco acusados participaban en su actividad ilícita de venta de cocaína con plena conciencia de la ilegalidad de su conducta y del perjuicio que para la salud pública con ello se generaba.

De esta forma, en el mes de marzo del año 2012, los procesados Simón , Lucas y Jesús María , se concertaron con el también imputado Antonio , para que los tres primeros le vendieran una determinada cantidad de cocaína al último, incluyendo en el acuerdo que los primeros llevaran la droga hasta la residencia de Antonio en la venta de ' DIRECCION004 ', sita en la CARRETERA000 , kilómetro NUM018 , perteneciente al término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz).

En ejecución del acuerdo concertado, el día 14 de marzo de 2012, los tres procesados partieron desde la provincia de Pontevedra con dirección a la provincia de Cádiz en dos vehículos, con la finalidad de que uno de ellos transportara la droga y el otro fuera delante para avisar de la posible presencia policial. Así, los procesados Simón y Jesús María viajaban a bordo del vehículo SEAT TOLEDO, con matrícula .... XCX propiedad de éste último, mientras que el imputado Lucas , lo hacía unos 20 minutos más tarde a bordo del vehículo CITROEN C4, con matrícula .... RPM que, aunque figura a nombre de su compañera sentimental Claudia , pertenece realmente al imputado, transportando en su interior la droga.

Sobre las 16,30 horas del día 14 de marzo de 2012, a la altura del kilómetro 85 (salida Jerez Sur) de la carretera AP4, se procedió a dar el alto por Agentes de la Guardia Civil al vehículo CITROEN C4 conducido por Lucas , hallando en el mismo, ocultos bajo la rueda de repuesto, un total de seis paquetes rectangulares, que contenían :

- 1014,200 gramos de cocaína con una pureza del 37,72% y un valor en el mercado ilícito de 19.866,088 euros.

- 1023,400 gramos de cocaína con una pureza del 45,14% y un valor en el mercado ilícito de 23.989,66 euros.

- 1002,500 gramos de cocaína con una pureza del 42,59% y un valor en el mercado ilícito de 22.172,22 euros.

- 1000,800 gramos de cocaína con una pureza del 53,22% y un valor en el mercado ilícito de 27.659,18 euros.

- 979,500 gramos de cocaína con una pureza del 71,18% y un valor en el mercado ilícito de 36.205,91 euros.

- 991,100 gramos de cocaína con una pureza del 29,27% y un valor en el mercado ilícito de 15.064,58 euros.

La cantidad total de cocaína reducida a pureza de los anteriores paquetes era de 2.691,38 gramos.

La cocaína incautada era la que los procesados Simón , Lucas y Jesús María se habían comprometido a entregar al también imputado Antonio , quien pretendía destinarla a la venta en pequeñas dosis entre los consumidores finales del producto.

Por su parte, el imputado Darío venía siendo abastecido de cocaína por el también imputado Lucas , quien normalmente se desplazaba a la ciudad de Lugo para llevar a Darío diversas cantidades de cocaína que posteriormente este vendía en pequeñas dosis a los consumidores finales del producto.

Practicado un registro en el domicilio del imputado Darío , sito en el Lugar de DIRECCION001 núm. NUM006 de Lugo, se pudo encontrar una tableta de 71,200 gramos de hachís con un valor en el mercado ilícito de 388,75 euros que el imputado tenía para su venta, así como un teléfono móvil negro de la marca ALCATEL utilizado por el imputado para su actividad ilícita de venta de droga.

En el momento de la detención del imputado Simón se le pudo ocupar en su poder un teléfono móvil modelo Samsung color gris y negro, con IMEI NUM019 , un teléfono modelo Samsung de color negro con IMEI NUM020 y la cantidad de 396,70 Euros de dinero en efectivo, habiendo sido utilizados los teléfonos y proviniendo el dinero de su actividad ilícita de narcotráfico.

Tras la detención de los procesados se procedió a realizar un registro judicial en el Lugar de DIRECCION005 nº NUM017 de Gulans-Ponteareas (Pontevedra), residencia del imputado Simón , pudiendo encontrarse en el mismo una pistola semiautomática detonadora marca RECH, modelo P 6 S, calibre 8 mm. Knall, con el número de de serie borrado ó eliminado la cual había sido transformada para disparar munición metálica de percusión central, de proyectil único, del calibre 6,35 mm. No obstante la circunstancia de que el uso de dicha arma nunca podría haber sido legalizado en atención a las modificaciones sufridas, el imputado Simón , carecía de la licencia de uso y guía de pertenencia de la misma, gozando de su plena disponibilidad al encontrarse el arma en perfectas condiciones de funcionamiento.

En el registro del domicilio utilizado por el imputado Simón , sito en Lugar de DIRECCION000 , Fase NUM002 , NUM002 , NUM021 de O Porriño (Pontevedra), se pudo encontrar un teléfono móvil marca LG con NUM022 , un teléfono móvil marca NOKIA con NUM023 , el cual portaba una tarjeta SIM de Vodafone, con la numeración NUM024 , un Teléfono móvil de la marca SAMSUNG, modelo E1150, con nº IMEI NUM025 , portando tarjeta SIM de LEBARA MOVIL, con numeración NUM026 , dos porta tarjetas SIM de la compañía Vodafone, con los teléfonos e ICCD NUM027 (ICCD N° NUM028 ) y NUM044 (ICCD N° NUM029 ), habiendo sido todo este material de telecomunicación utilizado por el imputado en su actividad ilícita de narcotráfico.

En el registro llevado a cabo en la Venta ' DIRECCION004 ' CARRETERA000 , NUM030 . (CA-8200 P.K. 6) (Cádiz), domicilio materno del imputado Antonio , se pudo encontrar la cantidad de 997,400 gramos de cocaína, con una pureza del 69,71% y con un valor en el mercado ilícito de 36.106,17 euros, abundantes sustancias químicas utilizadas para el corte de la cocaína (aumentando su peso a costa de disminuir su pureza), así como la cantidad de 20.985 euros de dinero en efectivo. Tanto estas sustancias como el dinero hallado, eran propiedad del imputado, estando destinada la droga a su tráfico ilícito y procediendo el dinero de esta actividad de narcotráfico. Igualmente se encontró un teléfono móvil negro de la marca NOKIA, con una pegatina en la parte trasera con la inscripción: 'Mio Diario NUM031 ', con número de IMEI NUM032 , un teléfono móvil negro de la marca NOKIA, con número de IMEI NUM033 y un teléfono móvil de color gris de la marca SAMSUNG, con número de IMEI NUM034 , habiendo sido utilizados todos estos teléfonos móviles en la actividad ilícita de narcotráfico del imputado.

En el momento de la detención del imputado Jesús María se le pudo ocupar en su poder un teléfono móvil de la marca Samsung de color rojo y negro con nº de IMEI: NUM035 y la cantidad de 108,55 euros, habiendo sido utilizado el primero y procedente el dinero de su actividad de narcotráfico.

En el registro del domicilio del imputado Jesús María , sito en la AVENIDA001 nº NUM013 - DIRECCION003 , Vilanova de Arousa (Pontevedra), se pudo encontrar la cantidad de 3.200 euros de dinero en efectivo propiedad del imputado y procedente de su actividad de narcotráfico.

En el momento de la detención del imputado Lucas se le pudo incautar en su poder un Teléfono móvil marca NOKIA, de color azul, con número de IME NUM036 y la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA (240) Euros de dinero en efectivo, habiendo sido utilizado el teléfono en su actividad ilícita y procediendo el dinero también de esta actividad.

En el posterior registro llevado a cabo en el domicilio del imputado Lucas , sito en la AVENIDA000 NUM009 , NUM010 , de Villagarcia de Arosa (Pontevedra), se pudo encontrar 6.165 euros en dinero efectivo, un teléfono marca Nokia 3100 azul, con NUM037 , un teléfono marca Nokia 1600 negro con IMEI NUM038 y con tarjeta SIM NUM039 , un teléfono móvil marca Siemens azul, un teléfono móvil NOKIA 6300 con IMEI NUM040 , un teléfono móvil de la marca NOKIA con IMEI NUM041 y con SIM NUM042 y un teléfono móvil de la marca NOKIA con IMEI NUM043 , procediendo el dinero del tráfico ilícito de drogas y habiendo sido utilizados los 7 teléfonos móviles intervenidos en la actividad de narcotráfico del imputado.

SEGUNDA

Los hechos narrados en la conclusión anterior son constitutivos de los siguientes ilícitos penales:

- UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD Y EN CANTIDAD DE NOTORIA IMPORTANCIA de los artículos 368 primer inciso y 369.5 del Código Penal .

- UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD del artículo 368 primer inciso del Código Penal .

- UN DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO de los artículos 564.1.1º y 564.2.1º y 3º

TERCERA

Son responsables los acusados en concepto de AUTOR,conforme a lo previsto en el artículo 28 del Código Penal , de los siguientes delitos:

- Lucas , de UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD Y EN CANTIDAD DE NOTORIA IMPORTANCIA.

- Simón , de UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD Y EN CANTIDAD DE NOTORIA IMPORTANCIA y de UN DELITO DE TENENCIA ILÍCITA DE ARMA DE FUEGO.

- Jesús María , de UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD Y EN CANTIDAD DE NOTORIA IMPORTANCIA.

- Antonio , de UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD Y EN CANTIDAD DE NOTORIA IMPORTANCIA.

- Darío , de UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD

CUARTA

Concurre en los acusados Simón , respecto del delito contra la salud pública, y Antonio , la CIRCUNSTANCIA AGRAVANTE DE MULTIRREINCIDENCIAde los artículos 22.8 y 66.5 del Código Penal .

NO CONCURREN en el resto de los acusados circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

QUINTA

Procede imponer a los inculpados las siguientes penas:

- A Lucas , SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y MULTA DE CUATROCIENTOS MIL (400.000) EUROS.

- A Simón , TRECE AÑOS DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ABSOLUTA Y MULTA DE CUATROCIENTOS MIL (400.000) EUROS,por el delito contra la salud pública y DOS AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA,por el delito de tenencia ilícita de armas.

- A Jesús María , SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y MULTA DE CUATROCIENTOS MIL (400.000) EUROS.

- A Antonio TRECE AÑOS DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y MULTA DE QUINIENTOS MIL (500.000) EUROS.

- A Darío , CINCO AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y MULTA DE SETECIENTOS (700) EUROS, CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA DE SEIS MESES DE PRISIÓN EN CASO DE IMPAGO.

Los acusados deberán ser condenados, igualmente, al PAGO DE LAS COSTAS DEL PROCEDIMIENTOy procede igualmente el COMISO DE TODAS LAS SUSTANCIAS, DINERO Y EFECTOS, procedentes del delito o utilizados para su comisión y en su caso sus transformaciones o equivalentes.

El comiso deberá comprender todas las sustancias, dinero y efectos a que se hace referencia en la primera de las conclusiones del presente escrito de acusación y, al amparo de lo dispuesto en los artículos 127 y 374.1 del Código Penal , los efectos y dinero decomisado deberán ser adjudicados al Estado a través del Fondo del Plan Nacional contra la Droga (Ley 36/95). En concreto, el comiso deberá recaer sobre los siguientes efectos señalados:

Como propiedad de Lucas :

- Vehículo CITROEN C4, con matrícula .... RPM que, aunque figura a nombre de su compañera sentimental Claudia , pertenece realmente al imputado.

- Teléfono móvil marca NOKIA, de color azul, con número de IME NUM036 .

- La cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA (240) Euros de dinero en efectivo.

- La cantidad de 6.165 euros en dinero efectivo.

- Teléfono marca Nokia 3100 azul, con IME1 NUM037 .

- Teléfono marca Nokia 1600 negro con IMEI NUM038 y con tarjeta SIM NUM039 .

- Teléfono móvil marca Siemens azul.

- Teléfono móvil NOKIA 6300 con IMEI NUM040 .

- Teléfono móvil de la marca NOKIA con IMEI NUM041 y con SIM NUM042 .

- Teléfono móvil de la marca NOKIA con IMEI NUM043 .

Como propiedad de Simón :

- Teléfono móvil modelo Samsung color gris y negro, con IMEI NUM019 .

- Teléfono modelo Samsung de color negro con IMEI NUM020 .

- La cantidad de 396,70 Euros de dinero en efectivo.

- Pistola marca RECH, de color NEGRO, calibre 8 mm., con el número de de serie borrado ó eliminado.

- Teléfono móvil marca LG con NUM022 .

- Teléfono móvil marca NOKIA con NUM023 , el cual portaba una tarjeta SIM de Vodafone, con la numeración NUM024 .

- Teléfono móvil de la marca SAMSUNG, modelo E1150, con nº IMEI NUM025 , portando tarjeta SIM de LEBARA MOVIL, con numeración NUM026 .

- Dos porta tarjetas SIM de la compañía Vodafone, con los teléfonos e ICCD NUM027 (ICCD N° NUM028 ) y NUM044 (ICCD N° NUM029 ).

Como propiedad de Jesús María :

- Vehículo SEAT TOLEDO, con matrícula .... XCX .

- Teléfono móvil de la marca Samsung de color rojo y negro con nº de IMEI: NUM035 .

- La cantidad de 108,55 euros.

- La cantidad de 3.200 euros de dinero en efectivo.

Como propiedad de Antonio :

- La cantidad de 20.985 euros de dinero en efectivo.

- Teléfono móvil negro de la marca NOKIA, con una pegatina en la parte trasera con la inscripción: 'Mio Diario NUM031 ', con número de IMEI NUM032 .

- Teléfono móvil negro de la marca NOKIA, con número de IMEI NUM033 .

- Teléfono móvil de color gris de la marca SAMSUNG, con número de IMEI NUM034 .

Como propiedad de Darío ,

- Teléfono móvil negro de la marca ALCATEL'.

TERCERO.-EL FISCAL,al amparo de lo previsto en el artículo 732 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , modifica sus conclusiones provisionalesen los siguientes términos:

' En la primera de las conclusiones:

Se sustituye la mención 'cocaína' por la de 'hachís' en relación con la sustancia que vendía el acusado Darío .

En la segunda de las conclusiones:

Se sustituye el segundo de los delitos calificados:

UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD del artículo 368 primer inciso del Código Penal .

Por

UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD del artículo 368 segundo inciso del Código Penal .

En la tercera de las conclusiones:

Se sustituye la calificación jurídico penal imputada al acusado Darío por la siguiente:

Darío , de UN DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA REFERIDO A SUSTANCIAS QUE NO CAUSAN GRAVE DAÑO A LA SALUD.

En la quinta de las conclusiones:

Se sustituyen las menciones referidas a los acusados Lucas , Antonio y Darío por las siguientes:

A Lucas , SEIS AÑOS DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y MULTA DE CUATROCIENTOS MIL (400.000) EUROS.

A Antonio SIETE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y MULTA DE QUINIENTOS MIL (500.000) EUROS.

A Darío , DOS AÑOS DE PRISIÓN, CON INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE SUFRAGIO PASIVO DURANTE EL TIEMPO DE LA CONDENA Y MULTA DE SETECIENTOS (700) EUROS, CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA DE SEIS MESES DE PRISIÓN EN CASO DE IMPAGO.

El resto de las conclusiones provisionales se elevan a definitivas'.

CUARTO.-Polas defensas dos procesados, formuláronse as seguintes conclusións definitivas:

CONCLUSIONES DEFINITIVAS que presenta LA defensa de Simón :

'PRIMERA.- Como cuestión previa, esta defensa impugna y solicita la declaración de nulidad de todas las intervenciones telefónicas practicadas en el presente procedimiento, desde la falta absoluta de motivación de las mismas, por no existir el necesario y preceptivo control judicial a lo largo del desarrollo de tal medida.

Fundamentamos tal impugnación en el contenido del art. 18.3 ('Se garantiza el secreto de las conversaciones y, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas...'), 24.1 ('Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión'); y 120.3 ('Las sentencias serán siempre motivadas.-.') todos ellos de la Constitución Española.

Lo hacemos también al amparo de los arts. 11.1 ('No surtirán efecto las pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales') y 238 apartado 3º ('Los actos procesales serán nulos de pleno derecho... cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, haya podido producirse indefensión'), ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Mencionamos también como fundamento de tal impugnación el art. 579 (punto 2) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ('... el Juez podrá acordar, en resolución motivada ... la observación de las comunicaciones, postales, telegráficas y telefónicas sobre las personas que consten indicios de responsabilidad criminal ...').

Para mejor comprender la línea argumental de esta defensa, exponemos los siguientes antecedentes:

1°.- Por oficio de 16-12-2009 (P.A. 49/2010 del Juzgado de Instrucción n° 2 de Cambados), se pidió la intervención de los teléfonos 699.343.696 y 608.108.762 (Folios 14 a 17 de los autos). Por auto de 17-12-2009 (F. 18 a 25) se accedió a la interceptación interesada.

2°.- Por auto de 21-01-2010 (F. 26 a 27) se acordó el secreto de las actuaciones por termino de un mes (f. 26 a 27). El auto se dicta sin que el Instructor realice -u ordene realizar-, diligencia alguna que le permita resolver de forma motivada lo que se pide en el oficio. Es el simple oficio, sin más, el único 'fundamento', del auto en cuestión.

3°.- Por auto de 21-01-2010(F.29 a 37), se acordó: la escucha del teléfono móvil NUM045 , cuyo uso se atribuye a Pelayo . La misma critica que para el auto anterior.

4°.- Por auto de 27-01-2010 (F. 43 a 51) se acordó la intervención del teléfono móvil NUM046 (F. 50). Debemos reiterar el motivo de impugnación.

5°.- Por oficio de 1-02-2010 (F. 54 a 59) se pidió la intervención de los teléfonos NUM047 y NUM048 , cuyo uso se atribuye a Alvaro . Por auto de 1-02-2010 (F. 60 a 68) se accede a lo pedido en el oficio de igual fecha. El Instructor sigue sin realizar ningún tipo de comprobación que le sirva para la emisión del auto.

6°.- Por oficio de 12-02-2010 (F. 70 a 84), se informó al Juzgado 'sobre intervenciones telefónicas y avances realizados en la investigación' y se acompañan dos ANEXOS: en el Anexo I, se contiene un 'resumen total' de determinadas conversaciones; y en el II, 'trascripciones literales de las llamadas de mayor interés...'. Ninguna diligencia obra en autos que acredite que dichos 'resúmenes', han sido adverados por el Secretario Judicial; tampoco obra diligencia alguna tendente a adverar las supuestas transcripciones. Parece que es la Guardia Civil la que dirige lo que debe excluirse y lo que no.

7°.- Por auto de 24-02-2010 (F. 156 a 165) se prorroga la intervención y escucha de los teléfonos NUM047 , NUM048 , NUM046 y NUM045 , intervención que ha/Día sido acordada en los autos de 1-02-201 (F. 60 a 68), 27-01-2010 (F. 43 a 51) y 21-01-2010 (F. 26 a 27). La prórroga se acuerda sin dato objetivo alguno, simplemente con lo que se dice en los oficios.

8°.- Por oficio de 1-03-2010 (F. 168 a 170) se pide la intervención del teléfono NUM049 , cuyo uso se atribuye a Alvaro . Se acompañan 'resúmenes' de supuestas conversaciones. Ninguna diligencia obra en autos que permita acreditar que tales 'resúmenes' -y las transcripciones... de mayor interés- han sido adveradas por el Secretario Judicial. El mismo día 1-3-10 se dicta auto accediendo a lo pedido en el oficio (F. 176 a 183).

9°.- Por oficio de 9-03-2010 (F. 265) se pide el cese en la intervención del teléfono NUM048 . El mismo día, auto accediendo (F. 266).

10°.- Del F. 374 al 529, obran 'resúmenes' de supuestas transcripciones telefónicas. Ninguna diligencia obra en autos que advere que tanto las transcripciones de que se habla como los resúmenes responden a grabación alguna.

11°.- Por oficio de 31-03-2010 (F. 344 a 347) se pide la prórroga a la intervención del teléfono NUM049 , intervención que había sido autorizada por auto de 1-03-2010 (F. 176 a 183). Por auto de igual fecha se concede tal prórroga (F. 349 a 356). El auto carece de fundamento indispensable pues se limita a reproducir lo que contiene el oficio.

12°.- Por auto de 19-04-2010 (F. 416), dictado en las previas 49/2010, se acuerda prorrogar el secreto acordado en los autos de 21-01-2010 (F. 26 a 27) y otros (F. 416). El razonamiento que contiene es una repetición, un calco, de lo que ya se había dicho en otros autos: se limita a reproducir el contenido de los oficios de la Guardia Civil.

13°.- Por auto de 20-04-2010 (dice '2011) se acuerda desglosar 'los oficios de 6 y 18 de Abril, junto con la providencia de 8 de Abril e incoar con el las nuevas diligencias previas (419 y 420).

14°.- Por oficio de 5-05-2010, se pide la intervención del teléfono NUM050 , que se atribuye a Pelayo (F. 541 a 544). Mismo día, auto accediendo y acordando el secreto (F. 545 a 552).

15°.- Por oficio de 7-05-2010 (F. 554 a 565), se informa al Juzgado que Carlos Antonio sube como acompañante al vehículo Renault Scenic, con matrícula F.....FF (F. 556 y 558), del que es titular Rosana ..., en cuyo domicilio figura también empadronado Eladio (F. 559) al que se atribuyen antecedentes en la Guardia Civil y en el CNP, 'por lo que existen indicios que indican que esta persona ( Federico ) se estaría dedicando a la distribución de sustancias estupefacientes...'(F, 559 in fine). En el mismo oficio se pide la intervención de los teléfonos NUM051 y NUM052 (F. 563). Por auto de 11 del mismo Mayo (F 564 a 572) se accede a lo pedido, sin otra fundamentación que lo que dice el oficio.

16°.- Por auto de 19-05-2010, se acuerda la prórroga del secreto acordado en autos de 21 de Enero, 19 Febrero, 19 Marzo y 19 Abril de 2010 (F. 613 a 616).

17°.- Por oficio de 27-05-2010 (F. 646 a 660) se pide prórroga en la intervención de los teléfonos NUM053 (F.660), NUM045 (F.659) NUM054 (f. 659) y NUM050 (F. 659). EI mismo día se dicta auto accediendo (F. 661 a 670).

18°.- Por oficio de 2-06-2010 (F. 675 a 678) se pide la intervención del teléfono NUM055 (F.677). EI mismo día, auto accediendo (F. 681 a 689).

19°.- Por oficio de 7-06-2010 (F. 693 a 695) se pide el cese de la intervención de los teléfonos NUM045 , NUM054 , NUM050 , NUM055 , NUM051 y NUM052 . El mismo día se dicta auto accediendo (F. 696 a 697). Como en resoluciones anteriores la carencia de datos objetivos determina que el único 'fundamento' del auto lo constituya lo que dice el oficio.

20°.- Por oficio de 9-06-2010 (F. 702), se envían 'extractos de conversaciones obtenidas en la observación telefónica realizada sobre los números intervenidos...'. (F.703 a 725). Debemos reiterar que las grabaciones originales no obran en autos; que las transcripciones que se mencionan no han sido adveradas por la fe judicial del Secretario; y que los extractos tampoco pueden ser valorados sin tal adveración.

21°.- Por auto de 22-10-2010 (F. 717) se acuerda 'el sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa' (la n° 49/2010 del Juzgado de Instrucción n°2 de Cambados). Parece claro que hasta este momento ningún indicio hay de responsabilidad penal.

22°.- Por oficio de 9-02-2011 (F. 719 a 725) , dirigido al Juzgado de Instrucción n° 2 de Cambados se informa que 'Con motivo de las investigaciones desarrolladas.. .en las diligencias previas 49/2010 ...' observaron: -'...el 7-02-2011 a ADONIS dentro de su vehículo NISSAN TERRANO II estacionado...... - Que 'acto seguido' llegó el CITROEN matrícula .... HDS que figura a nombre de Jesús María y del que 'el tomador y conductor habitual del seguro es Lucas '. - Que Lucas se reunió en un restaurante cercano con Lucio ; - Que ambos tienen antecedentes policiales. Y con base en lo anterior se pide la interceptación del teléfono NUM056 que se dice 'utilizado por Lucas '. Por auto de 9-02-2011 (F.726) se acuerda la reapertura de las diligencias previas 49/2010. Y por otro auto de igual fecha (F. 728 a 740) la 'intervención, grabación y escucha 'del teléfono móvil NUM056 'usado habitualmente por Lucas . .. '. Como único fundamento, el oficio del 9-02-2011. Para esta parte es absolutamente inaceptable que por lo que dice el Oficio -sin más apoyo- se infrinja una garantía constitucional: la recogida en el art.1 8.3 de la CE , y por ello impugnamos dicho auto que inicia otro periodo de oficios que piden y de autos que conceden.

23°.- Por oficio de 16-02-2011 se dice que 'tras el estudio de la línea intervenida NUM056 , cuyo usuario es Lucas (...) se desprende la clara vinculación entre los investigados.., en el caso ADONIS y Lucas '. Y por ello se solicita la interceptación del teléfono NUM057 (que se dice es utilizado por Jesús María (E. 742 y 743). Por auto del mismo día (F. 745 a 753), y 'en virtud del oficio remitido a este Juzgado . ..fechado el 16 de Febrero y presentado en este Juzgado en las diligencias previas 49/2010, ampliado verbalmente mediante comparecencia realizada en el día de la fecha ...'se accede a la 'intervención, grabación y escucha del teléfono móvil NUM057 usado habitualmente por Jesús María (F. 751). Parece oportuno destacar que en autos no obra la 'comparecencia' que se menciona y también que se accede a lo pedido en el oficio de 16- 02-2011, sin comprobación alguna por parte del Instructor.

24°.- En oficio de 24-02-2011 (F.755 a 774), se dice que 'de la observación y análisis de las líneas telefónicas actualmente intervenidas... se han obtenido varios avances en la investigación'. Y seguidamente: - Se habla de Lucas (tel. intervenido NUM056 ) y de Jesús María (tel. intervenido NUM057 ) (F. 756); - Se dice que el día 15 de Febrero de 2011 Simón llama a Lucas 'al teléfono intervenido NUM056 ...' (F. 756); - De Simón se señalan 'antecedentes policiales' (F.757). - A varias personas ( Salvador , Simón , Lucas , Jesús María y otros) se atribuyen conversaciones y frases y seguidamente se pide al Juzgado Instructor la prórroga de la interceptación del teléfono NUM058 (que se dice utilizado por Jesús María ), la prórroga del teléfono NUM056 (cuyo uso se atribuye a Lucas ), y la interceptación del teléfono NUM059 , cuyo uso se atribuye a Salvador (Folios 773 y 774). A dicho oficio/escrito se acompañan dos ANEXOS, y en ambos se contienen 'resúmenes' de intervenciones telefónicas. No existe en autos diligencia alguna que contraste tales resúmenes/transcripciones con las grabaciones originales, que no se aportan. Tampoco es aceptable que la Policía actúe de perito y atribuya identidades a personas con las que no mantienen trato alguno: Por qué afirman la identidad de los interlocutores...? El auto de 24-02-2011 (F.790 a 805), recoge las opiniones, frases y resúmenes que se mencionan en el oficio, sin contraste o comprobación alguna; y se acuerda según lo pedido en el oficio.

25°.- Por oficio de 1-03-2011 (F. 809), luego de recordarse que en el oficio de 24 de Febrero de 2011 'se informaba que el investigado Simón también estaba siendo investigado por el EDOA de la Guardia Civil de Pontevedra, quienes colaboran con este equipo en la presente investigación' y que este grupo policial les facilitó un nuevo teléfono cuyo uso se atribuye a Lucas (el n° NUM060 ), desde el que habló con Simón , se pide al Juzgado 'la interceptación del mencionado teléfono'. El mismo día se dicta auto acordando la intervención, grabación escucha telefónica del teléfono móvil NUM060 ' (F. 817). Parece más que evidente que el auto utiliza como única fundamentación el contenido del oficio, y lo hace sin realizar comprobación alguna sobre lo que en el oficio se afirma.

26°.- Por oficio de 8-03-2011, se pide la interceptación de los teléfonos NUM061 (que se atribuye a Salvador ) y NUM062 , que se atribuye a Lucas (F. 820 a 822). Por auto de 9 del mismo Marzo se accede a lo pedido. (F. 823 a 830). Así, sin más. Cabría preguntar ¿Quién dirige el procedimiento...?.

27°.- Por auto de 9-03-2011), se prorroga por otro mes el secreto de las actuaciones. (F. 833 y 834).

28°.- Por oficio de 15-03-2011 se pide la interceptación de los teléfonos NUM063 (cuyo uso se atribuye a una tal Claudia ) y NUM064 , que, se dice es 'utilizado supuestamente' por Efrain . (F. 835 y 836). Pese a la falta de justificación del oficio, el Juzgado de Instrucción n° 2 de Cambados, por auto de igual fecha, accede a lo solicitado (F. 837 a 845). Pedid y se os dará.

29°.- En el oficio de 22-03-2011(F.853), luego de afirmarse que 'Del estudio de la línea interferida NUM062 , cuyo usuario as Lucas , se han obtenido llamadas de interés para la investigación...', se pide 'la ampliación del delito investigado al DELITO DE CONTRABANDO'. Por auto de igual fecha se accede (F. 855).

30°.- Por oficio de 24-03-2011, luego de afirmarse que 'De la observación y análisis de las líneas telefónicas actualmente intervenidas (números NUM060 , NUM061 y NUM062 , cuyos usuarios son Salvador Y Lucas ), se pide la prórroga en la interceptación de los teléfonos NUM057 , (cuyo uso se atribuye a Jesús María ), NUM065 Y NUM061 (que se dice son utilizados por Federico ), así como de los teléfonos NUM056 , NUM062 y NUM060 , cuyo uso se atribuye a Lucas . Como único argumento/fundamento se acompañan dos ANEXOS: el I contiene relación de oficios remitidos y de teléfonos intervenidos; y el ll 'RESUMEN de intervenciones telefónicas'. (F. 856 a 875). Por auto de 24 del mismo Marzo se accede a lo pedido. (F. 876 a 884). Es inevitable insistir en que este auto carece en absoluto de fundamento, pues el Instructor se limita a recoger/reproducir lo que dice el oficio, sin ordenar/practicar comprobación alguna sobre las supuestas transcripciones y resúmenes. Cabe preguntar: ¿Con qué criterio se elaboran tales resúmenes...?. Los acepta -sin comprobación alguna- , el auto que se comenta.

31°.- Por auto de 24-03-2011 se acuerda la prórroga de la intervención, grabación y escucha de los teléfonos NUM057 (cuyo uso se atribuye a Jesús María ), NUM059 , NUM061 (atribuidos a Salvador ), NUM056 (atribuido a Lucas ) NUM062 y NUM060 , cuyo uso se atribuye a Lucas . (F. 876 A 884).

32°.- Por auto de 20-04-2011, dictado en las previas 49/2010 se acuerda 'desglosar de este procedimiento los oficios de 6 y 18 de Abril, junto con la providencia de 8 de Abril e incoar con el las nuevas diligencias previas'. (F. 891 y 892).

33°.- Por oficio de 26-04-2011, después de afirmar que 'de la observación y análisis de las líneas telefónicas actualmente intervenidas ... se han obtenido varios avances en la investigación . ..' se pide la prórroga de los teléfonos NUM057 (atribuido a Jesús María ), NUM056 , NUM062 y NUM060 , cuyo uso se atribuye a Lucas . (F. 893 a 898). Con dicho oficio se aportan 'resúmenes de intervenciones telefónicas' (F. 903 a 911) y por auto de igual fecha se accede a la prórroga solicitada. (F.912 a 920). Por auto de la misma fecha, se accede a las prórrogas solicitadas. Es obligado reiterar la misma denuncia: sin ninguna adveración por parte del Secretario Judicial; sin ninguna comprobación sobre si tales 'resúmenes', son correctos, se acepta lo que dice el oficio y se acuerda según lo pedido.

34°.- Por otro auto de 6-05-2011 se acuerda prorrogar 'el secreto de las actuaciones' por tiempo de otro mes. (F. 925 a 927).

35°.- Por otro oficio de 25-05-2011, donde se reitera que 'de la observación y análisis de las líneas telefónicas actualmente intervenidas., se han obtenido varios avances en la investigación', se pide la prórroga en la interceptación de los siguientes teléfonos: NUM057 (atribuido a Jesús María ), NUM056 NUM062 y NUM060 , cuya utilización se atribuye a Lucas . (F. 928 a 932). Por auto de 27 del mismo Mayo -y sin la mínima previa comprobación- se accede a las prórrogas pedidas. (F. 949 a 957).

36°.- Por otro auto 6-06-2011 se vuelve acordar el 'secreto de las actuaciones... '(F.961 a 963).

37°.- En el oficio de 16-06-2011 -luego de afirmarse que 'del resultado de dichas interceptaciones (telefónicas) se han podido obtener varias conversaciones'-, se transcriben parte de dichas supuestas conversaciones y se pide la interceptación del teléfono NUM066 que se dice utilizado por 'desconocido' (F. 964 a 966). Con tal 'fundamento', el auto de 16 del mismo Junio autoriza 'la intervención, grabación y escucha telefónica del teléfono móvil NUM066 ...(F. 967 a 975).

38°.- Por otro oficio de 20-06-2011 (en el que se afirma expresamente que 'del resultado de dichas interceptaciones (telefónicas) se han podido obtener varias conversaciones'), seguidamente se transcriben parcialmente alguna de ellas y se afirma que una de las voces corresponde a Lucas . A continuación se pide la interceptación del teléfono NUM067 , cuyo uso se atribuye al citado Lucas . Por otro auto de igual fecha se accede a lo pedido. (F.979 a 986).

39°.- El oficio de 29-06-2011 (F.988 A 1009) no tiene la misma estructura que el anterior del día 20. Se transcriben algunas conversaciones que se afirman fueron mantenidas entre Jesús María y un 'individuo desconocido'; y entre el mismo Jesús María y Lucas . Se afirman también viajes a Algeciras y se termina pidiendo la prórroga en la interceptación de los teléfonos NUM057 (atribuido a Jesús María ), NUM066 (atribuido a Darío ) y NUM067 , NUM056 , NUM062 y NUM060 , cuyo uso se atribuye a Lucas . Con dicho oficio se acompañan 'resúmenes de intervenciones telefónicas'. (F.998 a 1009). Sin comprobación alguna por parte del Instructor; sin adveración alguna por parte del Secretario de Juzgado, y a pesar de tratarse meros 'resúmenes' -incompatibles con la objetividad de las pruebas- se dicta el auto de 29 del mismo Junio, autorizando las prórrogas interesadas de los teléfonos mencionados (F. 1010 a 1020).

40°.- Por auto de 6-07-2011 se acuerda prorrogar el secreto de las actuaciones por tiempo de un mes. (F.1024 a 1026).

41°.- El 28-07-2011, nuevo Oficio en el que -luego de afirmar que 'se han detectado numerosos registros telefónicos que denotan una intensa actividad delictiva encaminada al menudeo de sustancias estupefacientes...' (F.1028) y de transcribir parcialmente supuestas conversaciones- se pide la prórroga en la interceptación de los teléfonos NUM057 , NUM066 , NUM067 , NUM056 , NUM062 Y NUM060 , cuya utilización se atribuye a Lucas . (F. 1028 a 1039). Con dicho oficio se acompañan 'resúmenes de intervenciones telefónicas' (F. 1048 a 1062). Sin comprobación alguna, sin contrastar tales supuestas conversaciones, sin identificar de modo fehaciente a ninguno de los supuestos interlocutores, el mismo día 28 de Junio se dicta auto accediendo a lo pedido. (F. 1063 a 1076).

La mecánica transcrita en los antecedentes anteriores se repite a través de los oficios de 18-08-2011 (F. 1055) y auto de 25 del mismo Agosto (F.1091); del oficio de 7-09-2011 (F.1105) y auto de 8-09-2011 (F. 1121); del oficio de 14 -09-2011 (F. 1137) y auto de 14-09-2011 F. 1191); del oficio de 26-09-2011 (F. 1213) y auto de 26-09-2011 (F. 1217); del oficio de 10-10-2011 (F.1930), y auto de 21-10-2011 (F.1239); del oficio de 27- 10-2011 (F. 1251) y auto de 27-10-2011 (F.1348); del oficio 2-11-2011 (F. 1371) y auto de 3-11- 2011 (F.1375); del oficio de 21-11-2011 (F.1393) y auto de 25-11-2011 (F. 1399); del oficio de 21-12-2011 (F. 1420) y auto de 29-12-2011 ( F.1587).; del oficio de 18-01-2012 (F. 1615) y auto de 18-01-2012 (F. 1620); del oficio de 27-01-2012 (F. 1628) y auto de 27-01-2012 (F. 1751); del oficio de 31-01-2012 (F. 1766) y auto de 31-01-2012 (F. 1775); del oficio de 17-02-2012 (F.1787) y auto de 23-02-2012 (F. 1793); del oficio 26-02-2012 (F. 1811) y auto de 28-02- 2012 (F. 1829); del oficio de 5-03-2012 (F. 1849) y auto de 15-03- 2012(F.1866); del oficio de 30-03-2012 (F.2515) y auto de 30-03-2010 (F. 2591).

Podemos afirmar que todos y cada uno de los autos que se mencionan en estos antecedentes autorizando interceptaciones telefónicas - desde el de 17-12-2009 (F. 18 a 25) hasta el de 30-03-2012 (F.2591)-, son nulos de pleno derecho.

Ninguno de dichos autos cumple las exigencias indispensables para que puedan ser aceptados como válidos. Entendemos -y decimos esto con el indispensable respeto-, que no se ha dado la 'tutela efectiva' del art. 24.1 de la Constitución Española . Creemos también que no se han respetado las exigencias de 'motivación /fundamentación' que exige el art. 120.3 de la misma Constitución . Entendemos que todas las pruebas obtenidas 'directa o indirectamente', no pueden surtir efecto por lo que dispone el art. 11.1 de la L.O.P.J ; y que son nulos los autos mencionados, por aplicación de lo que dispone el art 238.30 de la misma L.O.P.J .

Si tales autos son nulos -como creemos y denunciamos-, todas las consecuencias derivadas de los mismos (grabaciones, transcripciones, resúmenes, etc.) deben ser nulas también. Recordemos que la investigación, desde el auto de 17-12-2009 (F. 18 a 25) se fundamenta en las escuchas o interceptaciones telefónicas. Como ejemplos:

- El oficio de 22-03-2011 (F. 853) afirma expresamente que 'del estudio de la línea intervenida... se han obtenido llamadas de interés para la investigación'.

- El oficio de 26-04-2011 (F. 893), insiste en que 'de la observación y análisis de las líneas telefónicas actualmente intervenidas... se han obtenido varios avances en la investigación...'.

- Otro oficio, el de 25-05-2011 (F. 928) reitera que 'de la observación y análisis de las líneas telefónicas actualmente intervenidas... se han obtenido varios avances en la investigación...'.

- También el oficio de 16-06-2011 (F. 964) recoge que 'del resultado de dichas interceptaciones (telefónicas) se han podido obtener varias conversaciones...'que parcialmente se transcriben.

SEGUNDA.- Por lo que hace referencia al secreto acordado y a las prórrogas del mismo, además de los autos de 21-01-2010 (F.26); 24-02-2010 (F.156); 31-03-2010 (F.349); 19-04-2010 (F.416); 5-05-2010 (F.545); 19-05-2010 (F.613); 27-05-2010 (F.661); 9-03-2011 (F.833); 6-05-2011 (F.925); 6-6-2011 (F.961); 5-08-2011 (F.1080); 27-01-2012 (F. 1525); 27-02-2012 F. 1807 y 1810), la duración excesiva e injustificada de tal secreto contribuye a la indefensión que se denuncia. Mi representado/defendido -y con él los restantes acusados- , no han podido tomar conocimiento con lo que se estaba practicando a sus espaldas, lesionando su derecho de defensa. Además, la duración de tal secreto lo hace inaceptable: duró desde el 21-01-2010 hasta el 27-03-2012.

TERCERA.- Por lo que hace referencia a los registros ordenados y practicados, las siguientes observaciones:

1°. El oficio de 15 de Marzo de 2012 (F.1855), solicita la práctica de registros a Simón , Lucas , Jesús María y Antonio (F. 1855 a 1857).

2°.- Tal oficio se limita a reproducir ('MODUS OPERANDI') lo ya expuesto en anteriores oficios, dando una personal e interesada versión de los hechos.

3°.- El resto del oficio se limita a señalar los lugares donde los registros deben ser practicados y en señalar al Juez el camino a seguir.

4°.- Los autos de 15 de Marzo de 2012 (F.1866, 1878, 1887, 1900 y 1908) tienen todos el mismo contenido, que no es otro que la reproducción total o parcial de lo que se dice en el oficio. Así:

a) En el Antecedente de Hecho SEGUNDO, se afirma que la solicitud 'se enmarca en una investigación realizada por el equipo de la policía Judicial ECO GALICIA...'; que «con motivo de estas investigaciones resultan indicios bastantes que en el referido domicilio pueden hallarse efectos o instrumentos del delito objeto de autos...'

b) En el Razonamiento Jurídico PRIMERO se recoge que 'Del relato de hecho que se contiene en el oficio se infiere la posible comisión de un delito. . . '.

c) En el Razonamiento Jurídico TERCERO se hace referencia a escuchas telefónicas que se practicaron -según la Policía Judicial- en momentos muy anteriores. Es decir, que la solicitud contenida en el oficio tiene su raíz en las escuchas telefónicas que han sido objeto de análisis, crítica e impugnación en la conclusión PRIMERA de este escrito.

5°.- La nulidad de tales escuchas -derivadas de la nulidad de los autos que las autorizaron- determina la nulidad de los autos de 15 de Marzo de 2012, autorizando determinados registros.

CUARTA.- Para estudiar/impugnar la tenencia ilícita del arma corta de fuego que se imputa a mi representado. Tal arma no fue encontrada en el registro efectuado en el domicilio de mi representado. Recordemos:

- En el oficio de 15-03-2012, firmado por el teniente jefe de ECO Galicia con TIP NUM068 , solicitando autorización para registros, se da como domicilio de Simón el lugar de ' DIRECCION000 ' - fase NUM002 NUM069 . piso NUM002 en Porriño. (F.1855)

- En el auto de 15-03-2012 (F.1878 y 1917), autorizando un registro en 'lugar de DIRECCION005 , n° NUM017 -GULANS- Ponteareas, se dice que es la 'vivienda habitual de los padres de Simón ...', aunque luego se diga que este 'acude con frecuencia...'. El hecho de que Simón visite a su padre parece tan natural, tan elemental, tan aceptable, que no justifica el registro del domicilio de tales padres.

- En el acta de entrada y registro en el domicilio de Simón (en DIRECCION000 - Porriño) , no se encontró arma alguna (F. 2277).

- Fue en el domicilio de sus padres donde se encontró tal pistola detonadora/transformada '... en la parte alta de la casa.. en una dependencia en construcción... encima de un armario... sin cargador'. (F. 2295 y 2296). En este registro, al que asistió mi representado, este dijo con toda claridad que 'no es su casa, que es de sus padres' (F. 2295 y 2296).

- Recordar, por último, que en la declaración indagatoria que dio mi representado el 17-03-2012 (F. 2388), se recogió como domicilio de este el 'lugar de DIRECCION000 - fase NUM002 n° NUM069 , NUM003 , 0 Porriño'.

QUINTA.- Si la absolución de mi representado no se produjese como consecuencia de lo que queda dicho en las conclusiones anteriores, entendemos que tal absolución deviene también de la obligación de que el que acusa debe probar ('incumbit probatio qui dicit, non qui negat') y, en este caso, entendemos que el Ministerio Fiscal no ha probado los hechos en los que fundamentó su acusación. Recordemos el resultado de la prueba practicada en el acto oral, con sometimiento a los principios de publicidad y contradicción:

- Los acusados que declararon a petición del Fiscal -y de forma directa o indirecta atribuyeron determinados hechos a Simón - lo hicieron con la promesa de que les rebajaría la petición de condena, con la condición de que tenían que contestar afirmativamente a todas las preguntas que les formulase. Este hecho -que está probado por lo que dijeron delante del Tribunal-, tiene todavía más lectura/trascendencia que la que se evidencia: que tales testigos no declararon con libertad.

- Los guardias civiles que también declararon, se limitaron a reproducir lo que algunos de ellos -de modo especial el Teniente con TIP NUM068 - habían dicho en los oficios dirigidos al Juzgado Instructor: sus conclusiones, sus opiniones y un largo etcétera de subjetividad.

- Aunque no prosperase la petición de nulidad/nulidades que se formulan en la conclusión PRIMERA -nulidades que entendemos deben prosperar- , la prueba practicada en el Juicio Oral no permite concluir que el Fiscal probó las imputaciones que formula en su escrito de conclusiones.

- Por lo que hace referencia al testimonio de D.ª Eugenia , propuesta como perito por el Fiscal, las preguntas que esta defensa le formuló- y que el Sr. Presidente del Tribunal declaró improcedentes-, tenían por finalidad, comprobar si dicha perito esta incluida/o no, entre los que señala el Art. 356 de la L.E.Criminal.

- Y -ya para terminar-, hacer observar que la llamada 'cadena de custodia', sobre las sustancias intervenidas en Cádiz el 14-03-2012, no se ha garantizado plenamente. Así, el 14-03-2012 se produce la intervención; el 17 del mismo Marzo se acuerda su traslado desde Cádiz (F. 2437); el mismo día se autoriza el traslado (F.2440), y tal mercancía es entregada en Vigo el 30-03-202 (F.2908). En todo caso, debe prevalecer el principio de presunción de inocencia que recoge el art.24.2 de nuestra Constitución ('...todos tienen derecho...a la presunción de inocencia'); o, en otro caso, el principio 'in dubio pro reo'.

Pediremos la libre absolución Don. Simón . '

CONCLUSIONES DEFINITIVAS que presenta la defensa de D. Darío :

'PRIMERA.- Mi representado, Darío , sin antecedentes penales, ha reconocido los hechos en cuanto que comercializaba hachís en pequeñas cantidades en la ciudad de Lugo, pero que nunca vendió cocaína. Asimismo, reconoce que el hachis que comercializaba, que se lo adquiría a otro de los acusados, Lucas , quien corroboró en su declaración en el plenario que Darío solamente le compraba hachis y que era totalmente ajeno a la operación de tráfico de cocaína objeto del presente procedimiento respecto del resto de acusados. Tal como se ha puesto de manifiesto en el acto de la vista, el hachis comercializado por Darío era destinado para financiar su autoconsumo, toda vez que es consumidor habitual de esta sustancia desde hace más de treinta años. La versión de los hechos que relataron los acusados Darío y Lucas se acredita con el resto de medios de prueba obrantes en la causa. En el registro practicado en su domicilio los agentes de la guardia civil solamente incautaron una tableta de 71 gramos de hachis valorada en 388 €; ninguna sustancia de corte, ni ningún instrumento de medición se han encontrado en la vivienda del Sr Darío que evidencien, siquiera indiciariamente, que se dedicaba a labores de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud pública, y más concretamente, cocaína.

Así, en la comunicación n° 19 reproducida en el acto del juicio oral se desprende una conversación mantenida por el acusado con DESCONOCIDA 769; en dicha conversación, una mujer dice que 'No pudo pasarse a la tarde por su casa (de Darío ), si puede ser ahora, aunque sólo sean 20 pavíños, que si no queda tirada'. Denota el tipo de interlocución que se trata de menudeo de hachís, dado el importe de la operación de qué se trata. Extremo reconocido por el propio acusado en su declaración a preguntas del Ministerio Fiscal.

SEGUNDA.- Los hechos descritos en el apartado anterior no son constitutivos de delito. Subsidiaria y alternativamente, para el caso de que esta alegación no sea estimada, los hechos son constitutivos de un delito de los previstos en el artículo 368 CP en relación con sustancias que no causan grave daño a la salud.

TERCERA.- No existiendo infracción penal, no existe autor. Subsidiaria y alternativamente, para el caso de no ser atendida la anterior alegación, el Sr. Darío es responsable en concepto de Autor, de conformidad con el artículo 28 CP , de un delito de los previstos en el artículo 368 CP en relación con sustancias que no causan grave daño a la salud.

CUARTA.- Concurre la circunstancia atenuante analógica de adicción a drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, de conformidad con el artículo 21.7 CP

QUINTA.-. Procede la absolución de mi patrocinado, con todos los pronunciamientos favorables, y, en caso de que resultare condenado, imponer al acusado la pena inferior en grado correspondiente a un delito del artículo 368 CP en relación con sustancias que no causan grave daño a la salud en atención a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. '

CONCLUSIONES DEFINITIVAS que presenta la defensa de Lucas

'PRIMERA.- Conforme con el relato de hechos consignado por el Ministerio Publico en el escrito de conclusiones definitivas. El Acusado Lucas ha procedido a reconocer los hechos confesando la infracción cometida y aportando datos relevantes acerca de la participación en los hechos por parte del resto de acusados.

SEGUNDA.- Conforme con la correlativa del Ministerio Fiscal.

TERCERA.- Conforme con la correlativa del Ministerio Fiscal.

CUARTA.- Concurre en la persona del Acusado Lucas la circunstancia Atenuante analógica de confesión tardía del Articulo 21.7 del Código Penal .

QUINTA.- Conforme con la correlativa del Ministerio Fiscal. '

CONCLUSIONES DEFINITIVAS que presenta la defensa de Jesús María

' A LA PRIMERA: No estamos de acuerdo con el relato de los hechos que efectúa el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. Mi representado ni ha participado ni colaborado indispensablemente en los hechos, ni ha obtenido beneficio económico alguno procedente de la actividad de narcotráfico.

A LA SEGUNDA: ni de acuerdo con la segunda.

A LA TERCERA: ni con la tercera.

A LA CUARTA: ni con la cuarta.

A LA QUINTA: procede la libre absolución del acusado'.

CONCLUSIONES DEFINITIVAS que presenta la defensa de Antonio

'PRIMERA.- De acuerdo con el correlativo del Escrito de Acusación del Ministerio Fiscal.

SEGUNDA.- De acuerdo con el correlativo del Escrito de Acusación del Ministerio Fiscal.

TERCERA.- De acuerdo con el correlativo del Escrito de Acusación del Ministerio Fiscal.

CUARTA.- En relación a las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Ratificamos la correspondiente del escrito de conclusiones provisionales, y nos oponemos a la correlativa del Escrito de Acusación del Ministerio Fiscal. Si se da la agravante del art. 22.8ª del Código Penal , pero no en relación con el art. 66.5 del mismo cuerpo legal , que recoge la agravante de 'multireincidencia'. Es de aplicación la atenuante del art. 21.4ª de Código Penal , en relación con la 7ª del citado artículo. Dicha atenuante debe entenderse como muy cualificada. Por tanto, la agravante de reincidencia y la atenuante muy cualificada de confesión tendrán que resolverse en atención al art. 66.1.7ª del Código Penal .

Hay un manifiesto 'error iuris', en la conclusión cuarta del Escrito de Acusación del Ministerio Fiscal, ya que de manera indebida aplica la agravante de 'multireincidencia' al Sr. Antonio en virtud de los Arts. 22.8 ª y 66.5 del Código Penal .

En la conclusión primera del Escrito de Acusación, se detalla respecto del Sr. Antonio lo siguiente: ejecutoriamente condenado por delitos contra la salud pública en las siguientes ocasiones:

- Por sentencia de fecha 22 de mayo de 2002, firme el mismo día, dictada por el Juzgado de lo Penal num.6 de Málaga , a la pena de 4 años y 1 día de prisión, dejando extinguida dicha pena, según liquidación de condena practicada, el 12 de enero de 2007.

- Por sentencia de 14 de noviembre de 2004 , firme el día 16 de diciembre de 2004, dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, a la pena de 10 años de prisión, dejando extinguida dicha pena, según liquidación de condena practicada, el día 20 de mayo de 2013.

- Por sentencia de fecha 31 de enero de 2006 , firme el día 23 de septiembre de 2006, dictada por el juzgado de lo Penal num.1 de Algeciras, a la pena de 3 años y 9 meses de prisión, pena que dejaría extinguida, según liquidación de condena practicada, el 4 de noviembre de 2016 (...)'.

Pues bien; respecto de ésta última, la sentencia de fecha 31 de enero de 2006 , firme el 23 de septiembre de 2006 , al tratarse de pena no superior a cinco años, el plazo de cancelación de tal antecedente seria, según el Art.136 del CP , de tres años a contar desde el 23 de septiembre de 2006, es decir, el antecedente pudo ser cancelado a partir del 24 de marzo de 2009, y toda vez que la actividad delictiva por la que ahora está procesado, se inició a investigar el 21/01/2010, es claro que no puede jugar el antecedente para tenerle como reincidente, no pudiendo operar en consecuencia al regla del Art. 66.5 del CP que el Ministerio Fiscal invoca en su Escrito de Acusación.

Es constante la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en relación a la aplicación de la agravante de reincidencia en el sentido que deben constar con claridad todos los datos necesarios para verificar que el antecedente está en vigor, y en consecuencia, que cualquier omisión de datos que impide llegar a tal certeza, debe tener por consecuencia la no aplicación de la reincidencia. En este sentido, se pronuncian las siguientes Sentencias del Tribunal Supremo:

- 486/1999 de 26 de marzo.

- 716/2002 de 22 de abril.

- 1255/2006 de 11 de diciembre.

- 750/2011 y 621/2012, entre muchas otras.

Por este motivo, debe dejarse sin efecto la aplicación de la agravante de 'multireincidencia'.

Y por otro lado es de aplicación el Art.21.4ª: 'La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades' en relación con la 7ª del mismo artículo 'Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores'.

El día que se produjo la entrada y registro en la venta denominada ' DIRECCION004 ', el Sr. Antonio manifestó en qué lugar exactamente estaba la droga. En ese instante, el Sr. Antonio no tenía un conocimiento previo del procedimiento judicial, pues de tenerlo, es obvio que la droga no estaría en lugar en el que se incautó. De este modo, es de derecho entender que concurre el atenuante analógico de colaboración con la justicia, que se relaciona con el 21.4 CP, y en el ámbito de su fin protegido, con el 376 CP.

Entiende el TS que es suficiente para su apreciación que la misma se refiera a la idea básica que inspira el sistema de circunstancias atenuantes, así como que la colaboración debe ser relevante desde la perspectiva político-criminal, esto es que condicione un resultado, que de no haberse colaborado difícilmente pudiera haberse dado. También expone que la confesión de un imputado, cuando haya constituido un elemento probatorio de capital importancia para la imputación de terceras personas, supondrá, pese a ser extemporánea en relación al art. 21.4 CP , una conducta atenuante de la responsabilidad criminal, en relación con el art. 21.6 CP . Así, los tribunales vienen aplicando de manera más o menos regular esta jurisprudencia, entendiendo que la aplicación analógica de este art. encuentra su fundamento en razones objetivas de utilidad para el proceso, esto es, una colaboración con los fines de la justicia, que aun dándose iniciada investigación contra el que presta declaración, favorezca el trabajo policial y judicial, siempre y cuando lo declarado sirva de modo eficaz al desarrollo de la investigación.

QUINTA.- Disconforme con el correlativo del Escrito del Ministerio Fiscal.

Procede imponer Don. Antonio la pena de prisión de entre 6 y 7 años y medio; por lo que se solicita que se imponga la pena de 6 años de prisión. De manera subsidiaria, esta parte se adhiere al Escrito del Ministerio Público.'

E pola defensa da responsable civil Tomasa , as seguintes:

'Primera.- Disconforme con la correlativa del Ministerio Fiscal, en lo que a mi representada corresponde por cuanto ella es la única y legitima propietaria del vehículo CITROEN C4, matrícula .... RPM que no pertenece al imputado Don Lucas tal y como se manifiesta en el Escrito de Conclusiones Definitivas del Ministerio Publico, quien únicamente estaba haciendo uso del mismo el día de su detención.

Disconforme igualmente con lo manifestado en dicho escrito de conclusiones definitivas en cuanto a que el dinero encontrado en el registro llevado a cabo en el domicilio del imputado Lucas no procedía del tráfico ilícito de drogas, sino que era propiedad de mi mandante.

Segunda.- Conforme con la correlativa.

Tercera.- Conforme con la correlativa.

Cuarta.- Conforme con la correlativa.

Quinta.- Disconforme con la correlativa en lo que al comiso del vehículo Citroen C4 y al comiso de la cantidad de 6.115 euros de dinero en efectivo que se incautó en el dormitorio de matrimonio del domicilio de mi mandante. Tal y como ya se ha manifestado en numerosos escritos y se reproduce ahora, tanto el dinero como el vehículo (respecto del que se manifiesta sin sustentación alguna, que corresponde a Don Lucas ) pertenecen a mi representada, que es legitima propietaria de los bienes mencionados y nada tiene que ver en los hechos objeto de enjuiciamiento por lo que no cabe el comiso de los mismos, ni su declaración como responsable civil subsidiario, debiendo dictarse, al menos respecto de su persona, sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos favorables y en consecuencia, sentencia en la que no se decrete el decomiso de los bienes indicados. '

No mes de marzo de 2012, os procesados Simón , Lucas e Jesús María puxéronse de acordo co tamén imputado Antonio para que os tres primeiros lle vendesen unha determinada cantidade de cocaína ao último. Os tres primeiros levarían a droga ata a residencia de Antonio na pousada DIRECCION004 , sita na estrada San CARRETERA000 , quilómetro NUM018 , pertencente ao municipio de Jimena de la Frontera (Cádiz).

En concreto, o día 14 de marzo de 2012, os acusados Simón , Lucas e Jesús María partiron desde a provincia de Pontevedra con dirección á provincia de Cádiz en dous vehículos, coa finalidade de que un deles transportase a droga e o outro fose diante para avisar da posible presenza policial. Así, os procesados Simón e Jesús María viaxaban diante a bordo do vehículo Seat Toledo con matrícula .... XCX , propiedade deste último, mentres que o imputado Lucas o facía detrás, uns vinte minutos máis tarde, a bordo do vehículo Citroën C4 con matrícula .... RPM , propiedade da súa compañeira sentimental, Claudia , transportando no seu interior a droga.

Sobre as 16,30 horas do día 14 de marzo de 2012, á altura do quilómetro 85 (saída Jerez Sur) da estrada AP4, axentes da Garda Civil procederon a dar o alto ao vehículo Citroën C4 conducido por Lucas , e encontraron neste, ocultos baixo a roda de reposto, un total de seis paquetes rectangulares, que contiñan:

1) 1014,200 gramos de cocaína cunha pureza do 37,72% e un valor no mercado ilícito de 19 866,088 euros.

2) 1023,400 gramos de cocaína cunha pureza do 45,14% e un valor no mercado ilícito de 23 989,66 euros.

3) 1002,500 gramos de cocaína cunha pureza do 42,59% e un valor no mercado ilícito de 22 172,22 euros.

4) 1000,800 gramos de cocaína cunha pureza do 53,22% e un valor no mercado ilícito de 27 659,18 euros.

5) 979,500 gramos de cocaína cunha pureza do 71,18% e un valor no mercado ilícito de 36 205,91 euros.

6) 991,100 gramos de cocaína cunha pureza do 29,27% e un valor no mercado ilícito de 15 064,58 euros.

A cantidade total de cocaína dos anteriores paquetes, reducida á súa total pureza, era de 2691,38 gramos. E esta era a cocaína que os acusados Simón , Lucas e Jesús María se comprometeran a entregar ao tamén acusado Antonio , quen pretendía destinala á venda en pequenas doses a outras persoas.

No momento da detención do imputado Simón , no seu poder os axentes incautáronse dun teléfono móbil marca Samsung de cor gris e negra, con IMEI NUM019 ; un teléfono marca Samsung de cor negra, con IMEI NUM020 ; e a cantidade de 396,70 euros en efectivo. Os teléfonos foran utilizados para a súa actividade ilícita de narcotráfico e o diñeiro proviña da dita actividade.

No rexistro xudicial practicado no lugar da DIRECCION005 , núm. NUM017 , parroquia de Guláns, Ponteareas (Pontevedra), vivenda utilizada polo procesado Simón , encontrouse unha pistola semiautomática detonadora, marca Rech, modelo P6S, calibre 8 mm Knall, co número de serie borrado ou eliminado, a cal fora transformada para disparar munición metálica de percusión central, de proxectil único, do calibre 6,35 mm. O uso da devandita arma nunca podería ser legalizado tendo en conta as modificacións sufridas; ademais, o procesado Simón carecía da licenza de uso e de guía de pertenza dela; con todo, gozaba da súa plena dispoñibilidade ao estar a arma en perfectas condicións de funcionamento.

No rexistro do domicilio do imputado Simón , sito en DIRECCION000 , fase NUM002 , núm. NUM002 , NUM021 , do Porriño (Pontevedra), púidose atopar un teléfono móbil marca LG, con IMEI NUM022 ; un teléfono móbil marca Nokia, con IMEI NUM023 , o cal portaba unha tarxeta SIM de Vodafone coa numeración NUM024 ; un teléfono móbil da marca Samsung, modelo E1150, con IMEI núm. NUM025 , que levaba unha tarxeta SIM de Lebara Movil coa numeración NUM026 ; dous portatarxetas SIM da compañía Vodafone cos seguintes teléfonos e ICCD: NUM027 (ICCD núm. NUM028 ) e NUM044 (ICCD núm. NUM029 ). Todo este material de telecomunicación fora utilizado polo imputado para a súa actividade ilícita de narcotráfico.

No momento da detención do imputado Lucas , en poder deste os axentes incautáronse dun teléfono móbil marca Nokia, de cor azul, con número de IMEI NUM036 , e da cantidade de 240 euros en efectivo. O teléfono fora utilizado para a súa actividade ilícita de narcotráfico e o diñeiro proviña da dita actividade.

No rexistro levado a cabo no domicilio do imputado Lucas , sito na AVENIDA000 , NUM009 , NUM010 , de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), atopáronse 6 165 euros en efectivo; un teléfono marca Nokia 3100 azul, con IMEI NUM037 ; un teléfono marca Nokia 1600 negro, con IMEI NUM038 e con tarxeta SIM NUM039 ; un teléfono móbil marca Siemens azul; un teléfono móbil Nokia 6300, con IMEI NUM040 ; un teléfono móbil da marca Nokia, con IMEI NUM041 e con SIM NUM042 ; e un teléfono móbil da marca Nokia, con IMEI NUM043 . O diñeiro procedía do tráfico ilícito de drogas e estes seis teléfonos móbiles aprehendidos foran utilizados na actividade de narcotráfico do imputado.

Cando se detivo o procesado Jesús María , os axentes incautáronse dun teléfono móbil da marca Samsung de cor vermella e negra, con IMEI NUM035 , e da cantidade de 108,55 euros. O teléfono fora utilizado para a súa actividade de narcotráfico e os cartos procedían da dita actividade.

No rexistro do domicilio do acusado Jesús María , sito na AVENIDA001 , núm. NUM013 , DIRECCION003 , Vilanova de Arousa (Pontevedra), púidose atopar a cantidade de 3 200 euros en efectivo, procedentes da súa actividade de narcotráfico.

No rexistro levado a cabo na pousada DIRECCION004 , na estrada CARRETERA000 , NUM030 (CA-8200, punto quilométrico NUM018 ), Cádiz, domicilio materno do imputado Antonio , púidose atopar a cantidade de 997,400 gramos de cocaína, cunha pureza do 69,71% e cun valor no mercado ilícito de 36 106,17 euros; diversas substancias químicas que se utilizan para o corte da cocaína co fin de aumentar o seu peso e diminuír a súa pureza; e 20 985 euros en efectivo. Tanto estas substancias coma o diñeiro achado eran propiedade do imputado; a droga estaba destinada ao tráfico ilícito e o diñeiro procedía desta actividade. Atopouse igualmente un teléfono móbil negro da marca Nokia, cun adhesivo na parte traseira coa inscrición 'Mio Diario NUM031 ', con número de IMEI NUM032 ; un teléfono móbil negro da marca Nokia, con número de IMEI NUM033 ; e un teléfono móbil de cor gris da marca Samsung, con número de IMEI NUM034 . Todos estes aparellos telefónicos foran utilizados na actividade ilícita de narcotráfico do imputado.

Pola súa banda, o imputado Darío viña sendo abastecido de haxix polo tamén imputado Lucas , quen normalmente se desprazaba á cidade de Lugo para levar a Darío diversas cantidades de haxix que posteriormente este vendía en pequenas doses aos consumidores finais do produto.

Practicado un rexistro no domicilio do procesado Darío , sito en DIRECCION001 , núm. NUM006 , Lugo, púidose atopar unha barra de 71,200 gramos de haxix, cun valor no mercado ilícito de 388,75 euros, que o imputado tiña para a súa venda, así como un teléfono móbil negro da marca Alcatel utilizado polo imputado para a súa actividade ilícita de venda de droga.

Fundamentos

Primeiro.- Na quenda de intervencións previa ao interrogatorio dos procesados, a única defensa que interveu foi a de Simón . Fíxoo non para promover en tal intre ningunha cuestión de posible tratamento previo, senón para anunciar unha serie de cuestións que ía suscitar no seu escrito de conclusións definitivas. Así, mencionou a nulidade dos autos polos que se acordaran as intervencións telefónicas, a do auto mediante o cal que se acordou o segredo das actuacións e as súas sucesivas prórrogas, e a dos autos de entradas e rexistros. Este comportamento procesual semella contraditorio co seu anterior escrito de conclusións provisionais, no cal anunciaba que se ía valer, no acto do xuízo oral, dos medios de proba que solicitara o fiscal e as demais defensas e, expresamente, da documental consistente na lectura e valoración de todas as follas útiles do sumario, que, porén, agora impugna do xeito indicado. Examinaremos por separado cada unha das devanditas alegacións.

1.- A intervención das comunicacións telefónicas

A conclusión á que chega a defensa de Simón é que todos y cada uno de los autos que se mencionan en estos antecedentes autorizando interceptaciones telefónicas -desde el de 17-12-2009 (F. 18 a 25) hasta el de 30-03-2012 (F. 2591)-, son nulos de pleno derecho. A razón fundamental, segundo esta parte, é que non cumpren as mínimas esixencias de motivación/fundamentaciónque esixe o artigo 120.3 da Constitución española e, xa que logo, todas as probas que se obtiveron directa ou indirectamente das intervencións telefónicas tamén son nulas (cita os artigos 18.3 , 24.1 e o referido 120.3 da Constitución española , 11.1 e 238.3º da Lei orgánica do poder xudicial , e 579 da Lei de axuizamento criminal ). Porén, nada hai máis lonxe da realidade.

A xurisprudencia verbo das intervencións telefónicas e as esixencias que deben cumprirse para que se poidan considerar xustificadas é ampla, reiterada e ben coñecida. Unha das últimas sentenzas que podemos citar é a moi recente STS, Penal, Sección 1ª, do 20 de novembro de 2014 (ROJ: STS 4799/2014 ). Nela razóase o seguinte:

El derecho a la intimidad, como ocurre con otros derechos fundamentales, es irrenunciable en un sistema que sea respetuoso con la dignidad de la persona. Permite a su titular la creación de un ámbito reservado, cuya existencia siempre es reconocible en su núcleo duro, y que puede ser más o menos ampliado según las reglas imperantes en su ámbito cultural; y, consiguientemente, le autoriza a excluir determinadas materias del conocimiento de terceros y, muy especialmente, como se acaba de decir, de los poderes públicos. El derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas, como una manifestación concreta de aquel derecho, autoriza a su titular a mantener en secreto sus comunicaciones con sus interlocutores, excluyendo a cualquier tercero. Su limitación o restricción resulta de gran trascendencia en una sociedad libre. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la STEDH de 24 abril 1990, Caso Kruslin contra Francia , ya declaró que' (33). Las escuchas y los demás procedimientos para interceptar las conversaciones telefónicas son un grave ataque a la vida privada...'.

Al igual que ocurre con otros derechos, no es absoluto, y puede ser restringido temporalmente en función de la necesidad de atender a intereses que, en el caso, sean considerados prevalentes en una sociedad democrática. Así resulta del artículo 8 del CEDH , que se refiere a medidas 'necesarias'. La necesariedad de la medida depende de la existencia de indicios de la comisión de un delito grave, que requiera por lo tanto una intervención del Estado, y de la inexistencia de posibilidades reales, en el caso, de desarrollar la investigación a través de medios menos gravosos. La relación entre la gravedad del delito investigado y la necesidad de acudir a esta clase de medidas en el caso concreto determina la existencia de proporcionalidad.

El artículo 579 de la LECrim , que contiene, aunque escueta e insatisfactoriamente, la necesaria habilitación legal, se refiere, en lo que aquí interesa, a las comunicaciones telefónicas del procesado o de personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal. En la precisión de lo que deba entenderse por indicio, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la de esta Sala han señalado que la sospecha acerca de la comisión del delito o de la participación del sospechoso no puede ser considerada un indicio, por más contundente que sea su expresión, ni tampoco, consecuentemente, puede serlo la afirmación de la existencia del delito y de la participación; o de su posibilidad o probabilidad. Por el contrario, lo que se exige es algo, datos o elementos, que justifiquen la sospecha.

Y ha exigido que se trate de datos objetivos, accesibles por terceros, verificables, seriamente sugestivos de la comisión del delito y de la participación del sospechoso, y que estén al alcance del Juez en el momento previo a su decisión, de modo que éste los conozca y los pueda valorar; y que se expresen de tal forma en su resolución que aquella valoración pueda luego ser controlada, en su racionalidad, por otro Tribunal.

En consecuencia no es suficiente que quien solicita la medida comunique, sobre la base de sus noticias o informaciones, que sabe o cree saber que el sospechoso ha cometido, está cometiendo, o va a cometer un delito; o que ha practicado una investigación y que exponga a continuación sus conclusiones. Por el contrario, es preciso que traslade al juez las razones de tal afirmación, o el contenido de aquella indagación en su integridad, identificando las diligencias practicadas y los datos objetivos relevantes alcanzados como su resultado, pues precisamente esos elementos son los que deben ser valorados por el Juez para decidir acerca de la consistencia de los indicios y, en consecuencia, de la necesidad y proporcionalidad de la restricción del derecho fundamental que le es solicitada. En este sentido en la STC nº 197/2009 , se decía que '... el Tribunal ha considerado insuficiente la mera afirmación de la existencia de una investigación previa, sin especificar en qué consiste, ni cuál ha sido su resultado por muy provisional que éste pueda ser...'.

En definitiva, en el derecho español, el juez, en el cumplimiento de su función de protección del derecho fundamental, no puede operar sobre el valor que otorgue o la confianza que le proporcione la sospecha policial en sí misma considerada, sino sobre el significado razonable de los datos objetivos que se le aportan, valorados como indicios, obtenidos por la policía en el intento inicial de verificación de la consistencia de sus sospechas.

A defensa que impugna as intervencións telefónicas faino non só respecto das que directamente puidesen afectarlle, senón, como se dixo, de todas (dende o primeiro dos autos -o do 17 de decembro de 2009- ata o último -o do 30 de marzo de 2012-). Mais abonda con atender á literalidade de todos eles para comprobar como a necesidade das intervencións telefónicas estaba enteiramente marcada pola existencia de claros indicios da comisión dun delito moi grave (contra a saúde pública en cantidade de notoria importancia e por un grupo de persoas ben organizado e con capacidade e medios para levar a cabo longos desprazamentos polo territorio peninsular). Precisamente por isto, non existía unha posibilidade real de levar a cabo a investigación a través doutros medios menos gravosos, o que, xa que logo, dotou de proporcionalidade as intervencións telefónicas. Como todos os autos que as autorizan gozan de exhaustiva e completa motivación -que o impugnante teima en negar, malia a súa evidencia- e son dun contido ben similar, limitarémonos á análise dos que máis directamente puidesen afectar a Simón .

O día 7 setembro de 2011, o tenente xefe do Equipo contra o Crime Organizado (ECO) de Galicia, con número de carné profesional NUM068 - que declarou na vista oral-, entregou no xulgado de instrución un amplo e exhaustivo informe documental e fotográfico, a teor do cal se solicitaba a interceptación do número de teléfono NUM044 , que era o usado de xeito habitual polo procesado Simón . Por un auto do 8 de setembro de 2011, o xuíz de instrución acordou a intervención telefónica deste número. No rexistro que se practicou no domicilio empregado por aquel, situado en DIRECCION000 , fase NUM002 , núm. NUM002 , NUM021 , do Porriño, encontrouse o soporte da tarxeta telefónica correspondente ao devandito número.

Pois ben, abonda con atender á literalidade do mencionado auto para rexeitar toda posibilidade de éxito da impugnación efectuada pola defensa do amentado procesado. Non se comprende de que pretende a defensa facer tributario o feito de que entre a solicitude da intervención e o pronunciamento do auto tan só mediase un día. Desgraciadamente acostumados na Administración da xustiza a tempos máis prolongados en todo tipo de actuacións, lonxe de merecer unha crítica, ese feito debérase presentar digno de gabanza. Se con iso se insinúa que o instrutor non tivo tempo material para aprehender, na súa integridade, todo o relatado nos diversos oficios que solicitaban as intervencións telefónicas, suporía negarlle unha capacidade que, porén, ben que demostrou.

Á parte de que xa podería estar ao tanto por informacións previas ou por mor das ampliacións verbais que no mesmo día recibiu ( video feito primeiro do propio auto do 8 de setembro de 2011), o instrutor non se limitou neste (nin en ningún outro auto) a unha mención fáctica e fundamentación legal xenérica a xeito de estereotipo ou formulario. Incluso a licitude constitucional da resposta xudicial estereotipada ou produto dun formulario quedaría fóra de toda dúbida, xa que o relevante sería a existencia na decisión dunha motivación bastante para coñecer os criterios xurídicos que fundamentan a súa parte dispositiva ( SSTC 169/1996, do 29 de outubro, FX 4 ; 69/1998, do 30 de marzo, FX 2 ; 67/2000, do 13 de marzo, FX 3 ; 210/2000, do 18 de setembro, FX 2 ; 236/2002, do 9 de decembro, FX 5 ; e 9/2003, do 20 de xaneiro , FX 5). Pero, por maior abastanza, nos diversos autos de intervencións telefónicas e, en concreto, no referido do 8 de setembro de 2011, reflíctese ben polo miúdo toda unha morea de conversacións telefónicas previas, seguimentos, encontros, etc., que forneceron ao xuíz instrutor duns datos obxectivos e constatables, dabondo suxestivos da preparación da comisión delituosa e da participación nela dos sospeitosos aos cales se lles interviñeron as comunicacións, e, entre eles, a Simón .

O día 26 de setembro de 2011o mesmo tenente xefe do Equipo contra o Crime Organizado (ECO) de Galicia, con número de carné profesional NUM068 -que, lémbrese, declarou na vista oral-, entregou no xulgado de instrución un informe documental e fotográfico, non menos amplo e exhaustivo que o anterior, a teor do cal se solicitaba a interceptación do número de teléfono NUM070 , que tamén era usado de xeito habitual polo procesado Simón . Por un auto do 26 de setembro de 2011 o xuíz de instrución tamén interveu este número de teléfono, cuxo envoltorio de tarxeta se encontrou con motivo do mesmo rexistro no Porriño e que o propio procesado recoñeceu como seu no momento da súa declaración indagatoria. E, ao igual que no caso anterior, basta con atender á literalidade do citado auto para rexeitar a impugnación efectuada pola defensa do amentado procesado. Abonda con dar por reproducido todo o ata aquí dito.

As intervencións telefónicas foron convenientemente prorrogadas a través do pronunciamento dos correspondentes autos. Neste sentido, para os efectos de poder ser autorizadas durante a instrución novas intervencións telefónicas ou prórrogas das xa acordadas, a tamén recente STS, Penal, Sección 1ª, do 25 de abril de 2014 (ROJ: STS 1524/2014 ), con cita da anterior STS 165/2013, do 26 de marzo , lembra que non é necesario que se acheguen ao xuíz de instrución as gravacións de todas as conversacións intervidas, co fin de que este as escoite persoalmente; senón que o preceptivo control xudicial poderá exercerse examinando os resumos daquelas que os axentes encargados da investigación consideren máis relevantes e acheguen, en consecuencia, na correspondente solicitude da nova medida. Sobre esta materia o Tribunal Constitucional ( SSTC 82/2002 , 205/2005 , 26/2006 , 197/2009 , e 239/2009 ) insiste en que non resulta necesario que, para realizar o control, se entreguen os soportes gravados á autoridade xudicial no momento en que acorda prorrogar a medida, xa que o xuíz pode ter puntual información dos resultados da intervención telefónica a través dos informes de quen a leva a cabo ( SSTS 794/2012, do 11 de outubro ).

No relativo a se as transcricións foron íntegras ou resumidas e a súa correspondencia co contido real das gravacións, cómpre dicir que non é correcto identificar o control xudicial con aquelas. Esta identificación non tería en conta a evidencia de que o material probatorio son as propias gravacións, non a súa transcrición. Esta só ten a misión de permitir un acceso máis doado ao contido das gravacións mediante a súa lectura, pero non é un elemento que integre a dilixencia de investigación con carácter necesario e lexitimador. Amais, as transcricións, que permiten o acceso ao contido das conversacións telefónicas a través da súa lectura, non constitúen un requisito esixido polo artigo 579 da Lei de axuizamento criminal ; sinxelamente obedecen ao costume das necesidades do seu control xudicial. Xa que logo, estando todas as cintas ou discos incorporados á causa, a omisión ou non incorporación ás actuacións das transcricións non invalidaría a proba (por todas, as SSTS 424/2002, do 4 de marzo , 833/2001, do 14 de maio , e do 21 de xuño de 1999). Reiteramos así, coa recente STS 250/2014, do 14 de marzo , que as transcricións das gravacións, xa sexan totais ou fragmentarias, estean ou non efectuadas pola policía e se cotexasen ou non co contido das gravacións, non se integran no ámbito de protección constitucional, xa que a proba está constituída polas propias conversacións gravadas; a súa transcrición é un simple medio auxiliar continxente.

Cuestión distinta é a posterior valoración como proba de cargo das conversacións intervidas. Para isto é necesario que estas se introduzan no plenario con todas as garantías, sexa mediante a súa audición, sexa a través das súas transcricións, cando o seu contido fose debidamente autenticado no seu momento polo secretario xudicial e non impugnado, ou, incluso, por testemuño directo dos axentes encargados das escoitas ( STS 315/2012, do 22 de maio ). E, se algunha das partes considerase que algunha conversación relevante foi intervida e non transcrita no seu momento, ou que a súa transcrición non foi exacta, só tería que solicitar a súa audición no plenario.

2.- O segredo das actuacións

A defensa do procesado Simón alegou, neste particular, a duración excesiva e inxustificada do segredo das actuacións, que contribuíu á súa indefensión. En concreto, que non puido coñecer o que se estaba practicando ás súas costas, polo que se lesionou o seu dereito de defensa. E ren máis.

O segredo das actuacións xustifícase pola natureza puramente preparatoria pero non axuizadora da instrución. Por iso no artigo 301 da Lei de axuizamento criminal se establece o principio xeral do segredo do sumario e no artigo 302 se prevé que o devandito segredo afecte a todas as persoas que se constituíron como parte, agás o Ministerio Fiscal. A actual redacción do artigo 302 da LACrim é consecuencia da extensión do principio acusatorio ao sumario, de xeito que, se por virtude do artigo 118 da LACrim -modificado, ao igual que o 302, pola Lei 53/1978 , do 4 de decembro- dende o mesmo momento da imputación pode exercitar toda persoa o dereito de defensa -actuando no procedemento, adiantando ao momento do traslado da imputación o que no sistema orixinal da LACrim se situaba no procedemento-, paralelamente, este maior protagonismo ten como límite que o referido coñecemento poida prexudicar a investigación; e por iso se arbitra a posibilidade de declarar as actuacións secretas para as partes no artigo 302 da LACrim . A doutrina xurisprudencial relativa ao tema que agora nos ocupa resulta profusamente compendiada e tratada pola recente STS, Penal, Sección 1ª, do 22 de marzo de 2013 (ROJ: STS 1919/2013 ). Nesta sinálase:

Ciertamente que la posibilidad de declarar secreto el sumario, como toda norma limitativa de derechos fundamentales, debe ser interpretada de forma restrictiva, y por tanto efectuarse el correspondiente juicio de ponderación que justifique el sacrificio del derecho de defensa en la fase de instrucción con la generosidad y amplitud que le reconoció la reforma del citado artículo 118 ante su colisión con otros intereses igualmente dignos de protección, incluso más dignos de protección, como son los de la realización de la justicia e investigación de los delitos, finalidad de primer orden, en una sociedad democrática, pues no debe olvidarse que la realización de la justicia constituye uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico - art. 1 C.E .-, por lo que es preciso establecer precauciones de salvaguarda cuando la intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar lugar a interferencias, manipulaciones u obstaculizaciones de investigación con riesgo de frustrar sus objetivos - en tal sentido STS de 19 de Octubre de 1995 -.

Por ello la doctrina jurisprudencial tiene en cuenta las circunstancias del caso y la finalidad de evitar rápidas reacciones defensivas con posible destrucción de pruebas, y que no cabe exigir el respeto escrupuloso de unos plazos pensados para la generalidad de los casos, especialmente cuando el acusado conoció con la debida antelación, respecto del juicio oral, cuanto podía perjudicarle y pudo preparar su defensa con todas las garantías; y el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 174/2001, de 26 de julio , recuerda que la posible vulneración de derechos constitucionales como consecuencia de que se hubiese acordado el secreto del sumario, como este Tribunal declaró en la STC 176/1988, de 4 de octubre , haciendo suya la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( SSTEDH de 8 de diciembre de 1983, casos Pretto y otros, y Axen; de 22 de febrero de 1984, caso Sutter ), y en concreto respecto el derecho al proceso público reconocido en el art. 24.2 de la Constitución , en el art. 11 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, en el art. 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos , y en el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , sólo es aplicable al proceso en sentido estricto, esto es, 'al juicio oral en el que se producen o reproducen las pruebas de cargo y descargo y se formulan las alegaciones y peticiones definitivas de la acusación y la defensa, pues únicamente referida a ese acto procesal tiene sentido la publicidad del proceso en su verdadero significado de participación y control de la justicia por la comunidad'. La publicidad del proceso protege a los justiciables contra una justicia secreta que escape de la fiscalización de lo público, constituye también un medio para preservar la confianza de los ciudadanos en los Tribunales, de forma que, al dotar a la Administración de Justicia de transparencia, contribuye a realizar los fines del derecho al proceso justo ( STEDH 8 de diciembre de 1983, caso Axen). La publicidad de las actuaciones judiciales constituye, por su parte, un principio constitucional, que aparece recogido en el art. 120.1 CE con un claro reconocimiento de la posibilidad de que la legislación procesal establezca excepciones. Este es el caso de la legislación procesal penal, que parte de que el sumario es secreto para cualquiera salvo para las partes personadas 'que podrán tomar conocimiento de las actuaciones e intervenir en todas las diligencias del procedimiento' ( arts. 301 , 302 LECr ), pudiendo el Juez de Instrucción declarar secreto el sumario también para las partes, a propuesta del Ministerio Fiscal, de las partes o de oficio, mediante Auto, 'por tiempo no superior a un mes y debiendo alzarse necesariamente el secreto con diez días de antelación a la conclusión del sumario'. Consecuencia de ello es que cuando el Juez de Instrucción declara el secreto del sumario de conformidad con el art. 302 LECr , no está acordando una medida en sí misma limitativa de un derecho fundamental, del derecho al proceso público, al que no afecta, sino que tan sólo está adoptando una decisión con base en la cual se pospone el momento en el que las partes pueden tomar conocimiento de las actuaciones y se impide que puedan intervenir en las diligencias sumariales que se lleven a cabo en el período en el que el sumario permanece secreto. La suspensión temporal del conocimiento de lo actuado puede, no obstante, incidir en el derecho de defensa del sujeto pasivo del proceso penal ( STC 176/1988, de 4 de octubre ), ya que el conocimiento del sumario es requisito imprescindible para ejercer el derecho de defensa, esto es, para poder alegar, probar e intervenir en la prueba ajena controlando su correcta práctica y teniendo posibilidad de contradecirla ( STC 176/1988 ); de modo que, aunque el tiempo de duración del secreto del sumario no es por sí sólo dato relevante en orden a apreciar un resultado de indefensión ( STC 176/1988 ), sin embargo, si esta suspensión temporal se convierte en imposibilidad absoluta de conocimiento de lo actuado hasta el juicio oral, se ocasiona una lesión del derecho de defensa pues el acusado no habría estado 'en disposición de preparar su defensa de manera adecuada' ( STEDH de 18 de marzo de 1997, caso Foucher ). De otra parte, en la medida en que el secreto del sumario restringe la posibilidad de contradecir las diligencias probatorias efectuadas en fase sumarial, éstas no podrán aportarse al proceso como pruebas preconstituidas, pues, como hemos declarado de forma reiterada (entre muchas, SSTC 62/1985, de 10 de mayo , 137/1988, de 7 de julio ; 182/1989, de 3 de noviembre , 10/1992, de 16 de enero , 200/1996, de 3 de diciembre , 40/1997, de 27 de febrero , 49/1998, de 2 de marzo , 7/1999, de 8 de febrero ), la legitimidad constitucional de la prueba preconstituida exige no sólo que se haya practicado ante el Juez, sino con garantía de contradicción, y ello porque constituye una excepción a la regla de que la prueba constitucionalmente válida es sólo la que se practica en el juicio oral en condiciones de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción. Añade el Tribunal Constitucional, en la sentencia antes reseñada, que a la luz de esta doctrina ha de negarse que se haya producido al recurrente ninguna lesión del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión debido a las irregularidades, presuntamente cometidas, en la forma en que se acordó la prórroga del secreto del sumario, debido a su duración y al hecho de que en todo el período no se dictara ninguna resolución judicial justificativa del mismo, pues ninguno de estos datos tienen relevancia constitucional en sí mismos considerados en el marco del derecho invocado. Si la adopción de esta medida legalmente prevista se justifica en su necesidad para asegurar la investigación, y con ello, la función de administración de la justicia, al impedir 'que el conocimiento e intervención del acusado en las actuaciones judiciales pueda dar ocasión a interferencias o manipulaciones dirigidas a obstaculizar la investigación en su objetivo de averiguación de la verdad de los hechos' ( STC 176/1988, de 4 de octubre ), no puede sostenerse que el secreto del sumario fuera acordado en el caso analizado sin una ponderación razonable de su necesidad. De otra parte, adoptado el secreto del sumario por el Juez de Instrucción y dirigida la investigación sumarial por el propio Juez, carece de sentido sostener que el secreto se adoptó sin garantía de control judicial. A partir de esta consideración, la duración del secreto del sumario no constituye, en este caso, un dato con relevancia constitucional en sí mismo considerado, sino una infracción de las normas procesales ( art. 302 LECr ) que sólo puede adquirir aquella relevancia si, en conjunción con otras circunstancias, ocasiona indefensión real y efectiva, pues, como hemos afirmado en múltiples ocasiones, y reiterado en la STC 87/2001, de 2 de abril , la infracción de las normas o reglas procesales produce la lesión del derecho fundamental únicamente cuando suponga una merma significativa y definitiva de las posibilidades de defensa. A ello se refiere el recurrente cuando sostiene que la adopción del secreto del sumario y su duración tuvo por objeto impedir que éste conociera la existencia del proceso, retrasando el momento en que el encausado adquirió la condición de imputado y conoció las imputaciones existentes contra él, así como impedirle la posibilidad de recurrir el secreto y contradecir las pruebas testifícales practicadas durante la instrucción. Sin embargo, tampoco desde esta perspectiva puede otorgarse razón al recurrente. Como hemos afirmado (por todas SSTC 41/1998, de 24 de febrero , 87/2001, de 2 de abril , recogiendo la doctrina anterior), el art. 24 de la Constitución prohibe que el inculpado no haya podido participar en la tramitación de las diligencias de investigación judiciales o que la acusación se 'haya fraguado a sus espaldas', de forma que el objetivo y finalidad del art. 118 LECr . reside en informar al acusado acerca de su situación para que pueda ejercitar su derecho de defensa y evitar, de esta forma, una real indefensión derivada del desconocimiento de su condición procesal. Reiterando esta doctrina y extractando la anterior, en la STC 14/1999, de 23 de febrero , (igualmente, STC 19/2000, de 31 de enero ), hemos sostenido que la posibilidad de ejercicio del derecho de defensa contradictoria ha sido concretada por este Tribunal en tres reglas ya clásicas (STC 273/1993, de 20 de septiembre FJ 2):

a) nadie puede ser acusado sin haber sido, con anterioridad, declarado judicialmente imputado;

b) como consecuencia de lo anterior, nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a la conclusión de la investigación;

c) no se debe someter al imputado al régimen de las declaraciones testifícales, cuando de las diligencias practicadas pueda fácilmente inferirse que contra él existe la sospecha de haber participado en la comisión de un hecho punible, ya que la imputación no ha de retrasarse más allá de lo estrictamente necesario.

Ahora bien, 'si las leyes procesales han reconocido, y este Tribunal recordado, la necesidad de dar entrada en el proceso al imputado desde su fase preliminar de investigación, lo es sólo a los fines de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse contra él, aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión ( SSTC 44/1985 , 135/1989 y 273/1993 ). Pero la materialidad de esa indefensión, que constituye el objeto de nuestro análisis, exige una relevante y definitiva privación de las facultades de alegación, prueba y contradicción que desequilibre la posición del imputado'.

Sigue diciendo el Tribunal Constitucional que en el caso, el imputado conoció la existencia del proceso y las imputaciones existentes contra él, una vez levantado el secreto del sumario, en un momento en el que podía preparar su defensa y ejercerla sin ninguna limitación contestando el escrito de acusación, proponiendo las pruebas que estimó pertinentes y sometiendo a contradicción las pruebas de la acusación en el juicio oral, como así sucedió y resulta de la lectura de las actuaciones.

Por consiguiente, ni la imposibilidad de recurrir el secreto del sumario o de contradecir las pruebas testifícales practicadas durante la instrucción, de otra parte consecuencia del mismo carácter secreto del sumario, ni el momento en que tuvo conocimiento de la imputación evidencian la indefensión alegada.

En el marco de lo alegado en este bloque, sólo podría tener relevancia constitucional la imposibilidad de contradecir las declaraciones testifícales prestadas ante el Juez de Instrucción durante la fase secreta del sumario si se hubieran introducido en el proceso como pruebas preconstituidas, pues, como acabamos de advertir, la legitimidad constitucional de la prueba preconstituida requiere que se haya practicado con garantía de contradicción. Sin embargo, como se expondrá a continuación, tampoco se observa infracción de las garantías procesales, pues las declaraciones de los acusados y testifícales no fueron introducidas en el proceso como pruebas preconstituidas, sino a través de las declaraciones, prestadas en el juicio oral de aquellos mismos.

En definitiva, la declaración del secreto del sumario de conformidad con el art. 302 LECrim , no resulta en sí misma limitativa del derecho a un proceso público, sino a lo sumo del derecho de defensa ( STC 100/2002 de 6.5 ), y tan sólo está adoptando una decisión con base a la cual se pospone el momento en el que las partes pueden tomar conocimiento de las actuaciones y se impide que puedan intervenir en las diligencias sumariales que se lleven a cabo en el período en el que el sumario permanece secreto ( STC 174/2000 de 26.7 ).

Na presente causa acordouse o segredo do sumario por medio dun auto do 21 de xaneiro de 2010 e prolongouse por máis de dous anos. Agora ben, dende que quedou sen efecto o segredo do sumario e ata o xuízo oral, a defensa de Simón tivo tempo máis que sobrado como para poder coñecer completamente todo o actuado sen que, en consecuencia, se lle ocasionase unha lesión do dereito de defensa. Se durante o lapso temporal en que as actuacións permaneceron secretas se restrinxiu a posibilidade, pola súa parte, de contradicir as dilixencias probatorias efectuadas, estas, consonte a doutrina xurisprudencial transcrita, non podían achegarse ao proceso como probas preconstituídas. E abofé que non o foron, como dun xeito ben doado se pode constatar. A defensa de Simón puido preparar a súa defensa e exercela sen ningunha limitación, contestou o escrito de acusación do fiscal, propuxo as probas que estimou pertinentes e someteu a contradición as probas da acusación durante o xuízo oral. En ningún momento anterior a este alegou indefensión ou imposibilidade de artellar a súa defensa.

Máis aínda, na fase de instrución, os acusados Antonio , Lucas e Darío non prestaron declaración, e a que fixeron no acto da vista oral ben que puido contradicila a defensa de Simón . O outro procesado, Jesús María , si que declarou na fase de instrución da presente causa, se ben nuns termos que en nada implicaban a Simón ; e, como os anteriores testemuños dos outros procesados, tamén puido a defensa deste último interrogalo convenientemente no xuízo oral. E outro tanto cómpre dicir da restante proba testemuñal e pericial practicada na vista coa activa participación da defensa do procesado Simón , que, por todo o dito, se laia, sen razón, da duración do segredo das actuacións. Ademais, alén da manida queixa formal, nin tan sequera logrou concretar en que lle puido orixinar unha auténtica, real e material indefensión ou minoración do seu dereito de defensa. Non debeu ser tal a indefensión cando a parte que se queixa de que se instruíron as actuacións ás súas costas, unha vez que se levantou o segredo e ata que tivo lugar o xuízo oral, non propuxo máis medios de proba que os propios do fiscal.

Noutra orde de cousas, se o prazo indicado no parágrafo segundo do artigo 302 da Lei de axuizamento criminal resulta insuficiente para facer efectiva plenamente a protección do valor constitucional que xustifica o segredo do sumario, o xuíz non está impedido para acordar sucesivas prórrogas (neste sentido, a STC 176/1988, do 4 de outubro ). En todo caso, e como lembra a STC 100/2002, do 6 de maio , cando o xuíz de instrución declara o segredo do sumario de conformidade co referido artigo 302 da Lei de axuizamento criminal , non está acordando unha medida en si mesma limitativa dun dereito fundamental, do dereito ao proceso público, ao cal non afecta, senón que tan só está adoptando unha decisión co fin de pospoñer o momento en que as partes poden coñecer as actuacións e así impedir que poidan intervir nas dilixencias sumariais que se leven a cabo no período en que o sumario permanece secreto ( STC 174/2001, do 26 de xullo ). Neste sentido, a restrición do principio de publicidade que supón a declaración de segredo do sumario non é máis que un instrumento para asegurar o éxito da investigación; e debe empregarse coa necesaria cautela, evitando estenderse máis alá dos límites materiais que sexan imprescindibles ( STC 18/1999, do 22 de febreiro ).

E conclúe ao respecto a xa referida STC 100/2002, do 6 de maio , que a decisión xudicial de decretar secretas as actuacións sumariais unicamente incide sobre o dereito de defensa do imputado cando careza de xustificación razoable, non se lle dea a posibilidade posterior de defenderse fronte ás probas obtidas nesta fase ou se atrase ata o acto do xuízo oral o dereito do imputado a coñecer o actuado, pois, en tal caso, non estaría en disposición de preparar a súa defensa de maneira adecuada ( STEDH do 18 de marzo de 1997, caso Foucher , e STC 174/2001, do 26 de xullo ). E tales circunstancias non poden establecerse como concorrentes cando, como sucede neste caso, o amparo non se postula na fase de instrución do procedemento penal.

3.- As entradas e rexistros

Neste caso, a crítica que efectúa a defensa do acusado Simón consiste en que os dous autos do 15 de marzo de 2012 teñen o mesmo contido, que non é outro que a reprodución total ou parcial do que se di nos oficios policiais previos que os solicitaron. E tamén rexeitamos esta impugnación, amais de polo que resulte aplicable do dito anteriormente, polo seguinte.

Non integran a categoría de indicios as meras sospeitas ou hipóteses subxectivas que non conten cun certo fundamento obxectivado, material e identificable, susceptible dunha eventual verificación. O indicio do delito que achegue ao xuíz instrutor a solicitude policial de entrada e rexistro debe ser algo máis que a expresión dunha convicción subxectiva da existencia dun ilícito. Precísase que a sospeita sexa fundada, é dicir, apoiada en datos concretos e obxectivos, por mínima que sexa a súa entidade, que permitan ao xuíz realizar un xuízo de racionalidade sobre a súa eficacia indiciaria respecto do delito de que se trata (neste sentido o ATS, Penal, Sección 1ª, do 18 de setembro de 2014 -ROJ: ATS 7608/2014 - e a STS do 20 de marzo de 2014 ). Abonda así con atender ao oficio policial número NUM071 e ao seu antecedente número NUM072 -que, evidentemente, constan nas actuacións- para, dun xeito incontestable, constatar que existían indicios máis que suficientes verbo da posible comisión dun delito contra a saúde pública, o que autorizaba e mesmo xustificaba a inxerencia no dereito á inviolabilidade do domicilio do acusado Simón .

Tanto o Tribunal Constitucional como o Tribunal Supremo ( SSTC 123/1997, do 1 de xullo , 165/2005 , do 20 de xuño, 26/2006, do 30 de xaneiro , 146/2006, do 8 de maio ; SSTS do 6 de maio de 1997 , do 14 de abril e do 27 de novembro de 1998 , do 19 de maio de 2000 , do 11 de maio de 2001 , do 3 de febreiro e do 16 de decembro de 2004 , do 13 e do 20 de xuño de 2006 e do 9 de abril de 2007 , entre moitas outras) consideran suficiente que a motivación fáctica deste tipo de resolución se fundamente na remisión aos correspondentes antecedentes que figuren nas actuacións e concretamente aos elementos fácticos que consten na solicitude policial (así, a STS, Penal, Sección 1ª, do 2 de outubro de 2014 - ROJ: STS 4297/2014 -). Pero, ademais, os dous autos do 15 de marzo de 2012 que pronunciou o xuíz instrutor para autorizar a entrada e rexistro nos dous domicilios -en Torneiros, O Porriño, e en Guláns, Ponteareas- que empregaba o procesado Simón non só se remiten aos xa referidos oficios policiais. No propio corpo dos devanditos autos podemos comprobar como se reflicten dun xeito ben específico e concreto os indicios da participación do procesado na comisión dun delito de tráfico de drogas. A sinxela remisión ao antecedente de feito segundo e ao razoamento xurídico terceiro dos autos do 15 de marzo de 2012 relévanos de máis comentarios. Só cómpre engadir que se pronunciaron despois de que Simón fose interceptado como ocupante dun vehículo de motor conducido por outro procesado ( Jesús María ), que facía as funcións denominadas de lanzadeirado que en realidade transportaba a droga -o conducido polo acusado Lucas -; isto dota, se cadra, de maior consistencia os xa diversos indicios da participación de Simón nun delito contra a saúde pública, para os efectos da inxerencia no seu dereito á inviolabilidade domiciliaria.

Noutra orde de cousas, non é menos sabido que, se na práctica dun rexistro aparecen obxectos constitutivos do corpo dun posible delito distinto a aquel para cuxa investigación se outorgou o mandamento habilitante, o referido achado está dentro do ámbito da flagrancia. Polo tanto, producida tal situación, a súa inmediata recollida non é senón consecuencia da norma xeral contida no artigo 286 da Lei de axuizamento criminal . Neste sentido, a STS, Penal, Sección 1ª, do 2 de outubro de 2014 -ROJ: STS 4297/2014 -, e as SSTS 167/2010 e 315/2003 lembran a validez da dilixencia cando, aínda que o rexistro se dirixise á investigación dun delito (neste caso, contra a saúde pública), aparecen efectos ou instrumentos doutro que pode entenderse como delito flagrante (tamén no caso que nos ocupa, a tenza ilícita dunha arma). Deste xeito, a teoría da flagrancia outorga cobertura máis que suficiente aos achados casuais e tamén á regra da conexión dos artigos 17.5 e 300, ambos da Lei de axuizamento criminal .

En conclusión, non só rexeitamos a totalidade das anteriores cuestións, senón que, en todo caso, a aprehensión material da droga e o recoñecemento da súa posesión por parte dos acusados Lucas , Antonio e Darío , os obxectos encontrados por mor dos diversos rexistros domiciliarios e o testemuño dos axentes da Garda Civil (con números de carné profesional NUM068 , NUM073 e NUM074 ) no xuízo oral evidencian un material probatorio máis que suficiente para o concreto pronunciamento da presente sentenza.

Segundo.- Os feitos declarados probados son legalmente constitutivos dos seguintes delitos:

1.- Un delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal .

2.- Un delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que non causan grave dano á saúde, previsto e penado no artigo 368, segundo parágrafo, do Código penal .

3.- Un delito de tenza ilícita de armas de fogo, previsto e penado nos puntos 1.1 º e 2.1 ª e 3ª do artigo 564 do Código penal .

Terceiro.- Son responsables criminalmente dos anteriores delitos en concepto de autores ( artigos 27 e 28 do Código penal ) os seguintes procesados:

Lucas , Simón , Jesús María e Antonio , do delito mencionado no anterior fundamento de dereito segundo, número 1 (delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal ).

Darío , do delito mencionado no anterior fundamento de dereito segundo, número 2 (delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que non causan grave dano á saúde, previsto e penado no artigo 368, segundo parágrafo, do Código penal ).

Simón , do delito mencionado no anterior fundamento de dereito segundo, número 3 (delito de tenza ilícita de armas de fogo, previsto e penado nos puntos 1.1 º e 2.1 ª e 3ª do artigo 564 do Código penal ).

Cuarto.- No acto da vista oral, os acusados Darío , Lucas e Antonio recoñeceron expresamente o acontecido e declaráronse culpables dos feitos que lles imputaba o Ministerio Fiscal. Non son nada novo as suspicacias, reticencias e cautelas coas que os tribunais sempre consideraron as confesións dos coimputados, e, se cadra, máis aínda se algún dos outros imputados pretende deostalas cando o prexudican, como adoita ser frecuente e tamén acontece neste caso, invocan un suposto apaño e trato de favor penolóxico para lograr o recoñecemento dos feitos. A ben recente STS, Penal, Sección 1ª, do 12 de xullo de 2014 (ROJ: STS 3087/2014 ), sinala o seguinte:

En primer lugar es necesario recordar - STS. 233/2014 de 25.3 - que el hecho de que se deriven beneficios penológicos de la delación de un coimputado, ha de ser tomado en consideración, pero no necesariamente puede llevar a negar valor probatorio a su declaración. Este dato puede empañar su fiabilidad, pero si no basta para explicarlas y pese a ello, se revela como convincente y capaz de generar certeza, pueden servir para dictar una sentencia condenatoria. La posibilidad de beneficios penológicos no es suficiente por sí sola para negar virtualidad probatoria a las declaraciones del coimputado. Solo será así cuando de ahí quepa inferir racionalmente una falta de credibilidad. El Tribunal Constitucional ha afirmado que el testimonio obtenido mediante promesa de reducción de pena no comporta una desnaturalización del testimonio que suponga en sí misma la lesión de derecho fundamental alguno ( AATC 1/89 de 13.1 , 899/13 de 13.12 ). Igualmente esta Sala Segunda del Tribunal Supremo ha expresado que la búsqueda de un trato de favor no excluye el valor de la declaración del coimputado, aunque en estos casos exista una mayor obligación de graduar la credibilidad ( SSTS 29.10.90 , 28.5.91 , 14.2.95 , 23.6.98 , 3.3.2000 ). La Decisión de inadmisión del TEDH de 25 de mayo de 2004, caso CORNEILS v. Holanda abunda en esas ideas: se rechaza la demanda del condenado por pertenecer a una organización dedicada al tráfico de drogas, condena que se basaba en las declaraciones de otro integrante de la organización que había llegado a un pacto de inmunidad con el Fiscal. En la medida en que el demandante pudo contradecir esas pruebas y cuestionar su fiabilidad y credibilidad, aunque no llegase a tener acceso a todas las conversaciones entre el procurador y el testigo inmune, no habría afectación de ninguno de los preceptos del Convenio.

Ahora bien la doctrina constitucional, consciente ya desde la STC. 153/97 de 28.9 , qué el testimonio del coacusado solo de forma simulada puede someterse a contradicción -justamente por la condición procesal de aquél y los derechos que le son inherentes, ya que a diferencia del testigo no solo no tiene la obligación de decir la verdad, sino que puede callar parcial o totalmente en virtud del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable que le reconoce a todo ciudadano su derecho a no colaborar con su propia incriminación ( SSTC. 57/2002 de 11.3 , 132/2002 de 22.7 , 132/2004 de 20.9 ), ha venido deponiendo una serie de cautelas, para que la declaración del coacusado alcance virtualidad probatoria, y así ha exigido un plus probatorio, consistente en la necesidad de su corroboración mínima de la misma.

En este sentido la jurisprudencia ha establecido con reiteración ( SSTS 60/2012 de 8.2 ; 84/2010 de 18.2 ; 1290/2009 de 23.12 ) que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones emitidas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar al determinar su credibilidad (Cfr. STC 68/2002, de 21 de marzo y STS nº 1330/2002, de 16 de julio , entre otras).

Sin embargo, ambos Tribunales han llamado la atención acerca de la especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece como testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio, sino como acusado y por ello asistido de los derechos a no declarar en su contra y a no reconocerse como culpable, por lo cual no está obligado legalmente a decir verdad, pudiendo callar total o parcialmente.

En orden a superar las reticencias que se derivan de esa especial posición del coimputado, la doctrina de esta Sala ha establecido una serie de parámetros o pautas de valoración, referidas a la comprobación, a cargo del Tribunal de instancia, de la inexistencia de motivos espurios que pudieran privar de credibilidad a tales declaraciones, como la existencia de razones de enemistad o enfrentamiento, odio o venganza, afán de autoexculpación u otras similares. A estos efectos, han de valorarse, de existir, las relaciones existentes entre quien acusa y quien es acusado.

En el examen de las características de la declaración del coimputado el Tribunal Constitucional ha afirmado que 'la declaración incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo única, no resulta mínimamente corroborada por otras pruebas', lo que ha sido matizado en otras sentencias ( STC 115/1998 , 68/2001, de 17 de marzo y la antes citada STC 68/2002 ) en el sentido de que 'el umbral que da paso al campo de libre valoración judicial de la prueba practicada está conformado en este tipo de supuestos por la adición a las declaraciones del coimputado de algún dato que corrobore mínimamente su contenido. Antes de ese mínimo no puede hablarse de base probatoria suficiente o de inferencia suficientemente sólida o consistente desde la perspectiva constitucional que desmarca la presunción de inocencia'.

No ha definido el Tribunal Constitucional lo que haya de entenderse por corroboración, 'más allá de la idea de que la veracidad de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún dato, hecho o circunstancia externa, debiendo dejar la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o no al análisis caso por caso' ( STC nº 68/2002, de 21 de marzo ). Lo que el Tribunal Constitucional ha exigido, como recuerda la STC 68/2001 , es que 'la declaración quede «mínimamente corroborada» ( SSTC 153/1997 y 49/1998 ) o que se añada a las declaraciones del coimputado «algún dato que corrobore mínimamente su contenido» ( STC 115/1998 ), dejando, como no puede ser de otro modo, a la casuística la determinación de lo que deba ser entendido por corroboración', ( SSTC 118/2004 de 12.7 , 190/2003 de 27.10 , 65/2003 de 7.4 , SSTS 14.10.2002 , 13.12.2002 , 30.5.2003 , 12.9.2003 , 30.5.2003 , 12.9.2003 , 29.12.2004 ).

En este sentido las recientes sentencias Tribunal constitucional 102/2008 de 28.7, FJ. 3 y 91/2008 de 21.7 , FJ. 3, recuerdan que este Tribunal viene declarando por lo que hace a la invocada vulneración del derecho a la presunción de inocencia, que 'la declaración de un coimputado es una prueba 'sospechosa' en la medida en que el acusado, a diferencia del testigo, no sólo no tiene obligación de decir la verdad, de modo que no puede convertirse en el único fundamento de una condena penal ( STC 17/2004, de 23 de febrero , FJ 3). En sentencias recientes, resumiendo nuestra doctrina al respecto, hemos afirmado que 'las declaraciones de los coimputados carecen de consistencia plena como prueba de cargo cuando, siendo únicas, no resultan mínimamente corroboradas por otras pruebas. Las reglas de corroboración se concreta, por una parte, en que no ha de ser plena, sino mínima, y, por otra, en que no cabe establecer que ha de entenderse por corroboración en términos generales, más allá de que la veracidad objetiva de la declaración del coimputado ha de estar avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa, debiendo dejarse el análisis caso por caso la determinación de si dicha mínima corroboración se ha producido o no.

Igualmente hemos afirmado que los diferentes elementos de credibilidad objetiva de la declaración -como pueden ser la inexistencia de animadversión, el mantenimiento o no de su declaración o su coherencia interna- carecen de relevancia como factores de corroboración, siendo necesario que existan datos externos a la versión del coimputado que la corroboren, no en cualquier punto, sino en relación con la participación del recurrente en los hechos punibles que el órgano judicial considera probados. Por ultimo este Tribunal también ha declarado que la declaración de un coimputado no puede entenderse corroborada, a estos efectos, por la declaración de otro coimputado y que los elementos cuyo carácter corroborador ha de ser valorada por este son exclusivamente los que aparezcan expresados en las resoluciones judiciales impugnadas como Fundamentos probatorios de la condena(por todas, SSTC. 230/2007 de 5.10 FJ. 3 º y 34/2006 de 13.2 ), teniendo en cuenta en primer lugar, que la exigencia de que la declaración incriminatoria del computado cuente con un elemento externo de corroboración mínima no implica la existencia de una prueba directa o indiciaria sobre la participación del condenado en los hechos que se le imputan sino, más limitadamente, una prueba sobre la veracidad objetiva de la declaración del coimputado respecto de la concreta participación del condenado ( STC. 57/2009 de 9.3 ); y en segundo lugar, que son los órganos de instancia los que gozan de la inmediación y de un contacto directo con los medios de prueba, en el presente caso, y desde la posición que ocupa este tribunal, debe concluirse que los concretos elementos de corroboración referidos en la sentencia impugnada cumplen con las exigencias constitucionales para superar los mínimos necesarios que doten de suficiencia a la declaración del coimputado para enervar la presunción de inocencia del recurrente.

Bien entendido, como se ha subrayado en SSTC. 160/2006 de 22.5 y 148/2008 de 17.11 , que ha de resaltarse que el que los órganos judiciales razonen cumplidamente acerca de la credibilidad de la declaración del coimputado con base en consideraciones tales como su cohesión o persistencia, o en la inexistencia de animadversión, de fines exculpatorios en la misma, o en fin, de una aspiración de un trato penal más favorable carece de relevancia alguna a los efectos que aquí se discuten; esto es, tales factores no se alzan, por sí mismos, en elementos externos de corroboración, sino que únicamente cabe su aplicación cuando la prueba era constitucionalmente apta para enervar la presunción de inocencia, por lo que es preciso que el testimonio disponga, como paso previo, de una corroboración mínima proveniente de circunstancias, hechos o datos externos al mismo. Así es, pues obvio resulta que aquellas apreciaciones afectan, justamente, a la verosimilitud de la declaración o, lo que es igual, a elementos o circunstancias propias o intrínsecas a las personalidad o motivaciones del declarante, por lo que en modo alguno pueden considerarse como hechos o datos autónomos que sirvan para respaldar su contenido ( SSTC 65/2003 de 7.4 , 118/2004 de 12.7 , 258/2006 de 11.9 ).

Ahora bien, si como ya se ha señalado, no cabe considerar elementos de corroboración mínima la inexistencia de contradicciones o de enemistad manifiesta, el Tribunal Constitucional ya ha reiterado que la existencia entre lo declarado por un coimputado y las circunstancias del condenado atinentes a la conducta delictiva 'configuran una realidad externa e independiente a la propia declaración del coimputado que la avalan' ( SSTC. 233/2002 de 9.12 , 92/2008 de 21.7 ).

En definitiva, esta doctrina del Tribunal constitucional podemos resumirla ( STS. 949/2006 de 4.10 ) en los términos siguientes:

a)Su fundamento se encuentra en que estas declaraciones de los coacusados sólo de una forma limitada pueden someterse a contradicción, habida cuenta de la facultad de no declarar que éstos tienen por lo dispuesto en elart. 24.2 CE que les reconoce el derecho a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, lo que constituye una garantía instrumental del más amplio derecho de defensa en cuanto que reconoce a todo ciudadano el derecho a no contribuir a su propia incriminación.

b) La consecuencia que de esta menor eficacia probatoria se deriva es que con sólo esta prueba no cabe condenar a una persona salvo que su contenido tenga una mínima corroboración.

c) Tal corroboración aparece definida como la existencia de cualquier hecho, dato o circunstancia externos apto para avalar ese contenido en qué consisten las declaraciones concretas de dichos coacusados.

d) Con el calificativo de 'externos' entendemos que el TC quiere referirse a algo obvio, como lo es el que tal hecho, dato o circunstancia se halle localizado fuera de esas declaraciones del coimputado.

e) Respecto al otro calificativo de 'externos', entendemos que el TC que no puede concretar más, dejando la determinación de su suficiencia al examen del caso concreto. Basta con que exista algo 'externo' que sirva para atribuir verosimilitud a esas declaraciones.

Pois ben, nos acusados Antonio , Lucas e Darío , que -lémbrese- non prestaron declaración na fase sumarial da presente causa, non albiscamos -nin tampouco o alegan os outros dous procesados- ningún motivo espurio, de odio, vinganza ou afán de exculpación. Só a defensa de Simón alega que, se aqueles admitiron os feitos da acusación, foi porque chegaron a un acordo co fiscal coa correspondente rebaixa penolóxica. Porén, e como vimos, a doutrina xurisprudencial insiste en que, polo feito de que se deriven beneficios penolóxicos da confesión dun coimputado, non se lle pode negar valor probatorio á súa declaración. Tan sinxelo dato, se a confesión se revela como convincente e capaz de xerar certeza, pode servir perfectamente para un pronunciamento condenatorio. A posibilidade de beneficios penolóxicos non é suficiente por si soa para negar virtualidade probatoria ás declaracións dos coimputados. Só cando se poida inferir racionalmente unha falla de credibilidade. E o plusprobatorio que precisan as declaracións incriminatorias dos coimputados vén dado pola necesidade dunha corroboración externa mínima delas. E, dentro destas, no presente caso podemos citar o contido das mensaxes e escoitas telefónicas intervidas entre os teléfonos de Simón e Antonio . Así:

- Mensaxe de texto do día 12 de marzo de 2012 ás 13:03:30 horas; Simón , desde o teléfono intervido NUM044 , envía ao teléfono intervido NUM075 , de Antonio : 'Miercoles o jueves estoy contigo.Un abrazo'

- O día 19 de novembro de 2011 ás 17:10:01 horas, desde o número 956640100, pertencente a unha cabina sita en Jimena de la Frontera(Cádiz), cando o interlocutor é Antonio , prodúcese unha chamada ao número intervido NUM070 , utilizado por Simón , como se detalla a seguir. Antonio chama a Simón . Simón pregúntalle '¿cómo anda eso por ahí?', e Antonio contesta que 'hubo una pequeña riada y una pequeña inundación pero ya parece ser que está todo el mundo ya a flote'. Simón pregunta se xa acabou todo outra vez, e Antonio contestou que 'cuando uno coge a una tía y se la «folla» todo el mundo, fulanito la «folló», fulanito le puso los cuernos, fulanito,...'; e el di 'Hijos de puta, teníais que estar diez o doce años en manteca y no hablabais tanto...', que o que lle 'jode' é que 'cuanto más tonto, inútiles, borrachos, sinvergüenzas, la virgen se le pone delante'. Antonio pregunta '¿cómo va la cosa?', que 'anduvo la niña llamando', pero que 'dice que se dispara'. Simón di que 'la niña está tonta perdida, que por aquí algo hay'. Simón pregúntalle como andaba iso 'por ahí', e Antonio contesta que 'por «aquí» se puso bien'. Simón pregunta '¿36, 37, 31, 32...?'. Antonio contesta que 'se «pilló» alguno a un poco menos que 36'. Simón di que 'por aquí anda por ahí, un poco más'. Antonio pregunta se irá ao seu sitio, e Simón contesta que cre que si. Antonio di que el si, que 'últimamente como monto el taller y lo otro está aletargado', pero que 'no corre el dólar por nada del mundo', que 'están las criaturas «muy jodidas»' e que 'hay que darle una solución'. Simón di que baixar os prezos non é a solución, que el cre que 'van a seguir más o menos igual', que 'el problema es que no llegan al punto exacto'. Antonio di que a ver si se puxese un pouco máis moderada; que, sendo sincero, a carón da casa non quere 'meter la polla' porque 'se entera todo el mundo' e xa non están para iso. Simón di que 'las navidades son fastididadas', e Antonio contesta que haberá que esperar a que pase. Simón di que antes si hai demanda. Antonio di que aquilo que lle contou 'está listo de papeles' e que 'el diluvio que hubo por «aquí» fueron todos extranjeros, ingleses, ...'; que non sabe o que pasou, que abriron comportas e cerraron, e non sabe cando volverán a abrir; que o único que lle di que 'de lujo', 'unas modelos de escándalo', que 'vaya cosa bonita, vaya belleza, con todas las tallas las tías estas'. Simón pregunta se 'eso andaba por «ahí»', e Antonio di que foi un diluvio tremendo; que el non puido chegar onde hai que chegar 'porque todo lo que hay por medio es basura'.

- O día 24 de novembro de 2011 ás 09:23:14 horas, Antonio , desde o número intervido NUM076 , chama ao número 986660351, pertencente ao mesón O Meu, sito en Ponteareas; o interlocutor é Simón . Antonio di que está metido no capó nun taller e que non pagan, nin nada. Simón di que teñen 'por aquí algo' e que 'está entre treinta y cinco y medio, treinta y seis, dependiendo de la cantidad, ¿tú qué dices?'. Antonio pregúntalle como a ve. Simón di 'eso primera calidad'. Antonio di que o día anterior fixo unha cousa que non sabe se lle 'andarán en las orejas como a los conejos, con el Compadre, con el Negrito'. Dille de quedar un día que el ande 'por ahí'. Simón respóndelle que lle diga máis ou menos a cantidade, para el poder 'hablar con este hombre', porque el anda nun barco, e que lle diga a cantidade e gárdalla. Antonio asente. Simón di que, cando o saiba, llo diga. Simón di que 'si eso, sería llegar e íntegro'. Simón di que 'dependiendo de la cantidad siempre se podrá hacer algo'. Antonio pregunta se 'eso vendría para acá o cómo es la cosa ahí'. Simón di que 'habría que bajársela'. Antonio di que 'eso sería lo suyo' e pregúntalle se 'eso es aquí o ahí'. Simón di que 'eso es aquí', pero que 'se puede arreglar todo'. Antonio dille que lle dea un par de días e o chama. Simón di que o chame e lle diga algo para non quedar mal. Antonio contesta que mal non vai quedar 'porque a unas malas, que si le tiene que mandar «tonto para arriba»'. Dille que tiña un diñeiro dispoñible pero que tivo que comprar unhas máquinas, pero que terá que buscarse a vida como loitadores. Simón di que faga o que vexa, que está á espera.

- O día 1 de decembro de 2011 ás 11:00:12 horas, prodúcese de novo unha comunicación entre Antonio -desde o número 952581175, pertencente a unha cabina sita en Mijas (Málaga)- e Simón -no número intervido NUM070 . Simón di que 'entre este fin de semana y la semana que viene' baixan; di 'bajo yo y/o la chica'. Antonio comenta que el quedara 'con «la tonta esa» para almorzar mañana'. Simón di que 'es tontería ir almorzar sin tener nada seguro'. Antonio pregunta '¿qué le pasa a ese hombre en la cabeza?'. Simón responde que 'ese hombre está agilipollado'. Antonio di que entón que para qué lle di a el, que se sabe que el vai para 'hablar del tema de los papeleos, es para arreglar lo del juicio; si no ¿para qué viene?' (un terceiro). Simón responde que foi o que lle dixo, que para qué baixaba, se o facía por ver a súa cara, que ata que non teña algo... Antonio di que a el lle fai unha putada. Simón comenta que 'de todas formas están tratando de...'; di 'no estamos en casa durmiendo ¿eh?'. Antonio di 'lo de mañana no hay nada que hacer'. Simón comenta que espere 'a ver que pasa hoy, pero lo que no se puede hacer es vender bolsas de humo'. Antonio di que non, que entón están 'jodidos', e pregunta que lle pasou con ese AVOGADO, que se era outro 'chatarra'. Simón di que non lle fale deste tema (amósase enfadado). Antonio comenta que lle vai pasar como lle pasou a el; e recrimina que se a xente está enferma da cabeza, di que as cousas onde está el están 'jodidas'. Simón di 'a ver que podemos hacer hoy'. Antonio di que 'lo de mañana' o anulan. Simón di que non, que 'esta noche «te llamamos»', ou o chama el, ou o chama un terceiro.

- Conversa do día 5 de decembro de 2011 ás 19:17:54, entre os números de teléfono NUM075 e NUM044 . Antonio chama a Simón , pregúntalle se 'por el pueblo antiguo'. Simón contesta que está 'en el pueblo de Antonio , arriba, al lado del cuartel de la Policía Local', que 'hay una chatarrería al lado, que pone Chantarella'. Antonio pregunta que fai aí, que está 'del to', que el para outro lado; que busque a estación do tren, que Antonio está 'en dos minutos'.

- O día 10 de decembro de 2011 ás 9:38:13, entre os números de teléfono NUM075 e NUM044 , Simón envía unha mensaxe (SMS) a Antonio : 'Amigacho ya te compre el bacalao para las fiestas nabideñas. Te lo mandare por alguna empresa de tramsporte te lo pondre el lune y te llegara por la noche o el martes. Vale'.

- Ás 11:38:38 horas do día 2 de xaneiro de 2012, Antonio envía unha mensaxe (SMS) a Simón ( NUM044 ): 'Feliz año la cosa esta muy parada con la crisi de los cojone pero arte una reserbita para mediado de mes ya te confirmo los ke son'.

- O día 7 de xaneiro de 2012 ás 22:34:53 horas, envía unha mensaxe (SMS) Antonio a Simón ( NUM044 ): 'Buena noche amigo haber sila proxima no deja reflejo est bien pero los clientes la kieren sin reflejo cristalina kmo el agua'.

- Ás 22:39:53 horas, envía unha mensaxe (SMS) Antonio a Simón ( NUM044 ): 'En estos momentos hay unos 65 mil en estos dias vere kemas puedo hacer pero no mucho porke la crisis es mortal en todos los sectores pero komo tu bien sa bes nose puede parar hay k seguir rodando hasin ke pon un poko de tu parte ke en estos momentos es loke tenemos (comfirmame con lokesea)'.

- O día 8 de xaneiro de 2012 ás 10:44:57 horas, envía unha mensaxe (SMS) Simón ( NUM044 ) a Antonio : 'Tenemos que guntar algo mas por lo menos para llegar un pokito mas arriba vale amigo de todos modos aki sigo en contacto'.

- O día 11 de xaneiro de 2012 ás 13:44:27 horas, Antonio envía unha mensaxe (SMS) a Simón ( NUM044 ): 'Cuando kiera te pasa traete la familia si no tu diras'.

- Ás 18:45:26 horas, Simón envía unha mensaxe (SMS) a Antonio : 'Para la semana que biene paso por tu finca. Esperame. Un abrazo'.

No caso do acusado Jesús María , recoñeceu que coñecía a Lucas , que era o seu amigo e que este lle presentara a Simón . Admitiu que quedara con Lucas en que ía recollelo a Cádiz, saíndo de Galicia o mesmo día e máis ou menos á mesma hora, pero que non circularon xuntos. E, malia non coñecer practicamente de nada a Simón , resulta que, a solicitude de Lucas , foi buscalo a Gondomar para ir ata Cádiz, para que lle fixese compañía durante o camiño; os gastos de combustible, hotel, etc. correron a cargo do devandito Simón , e foi este quen sabía onde tiñan que recoller a Lucas na provincia de Cádiz.

Porén, esta ben pouco crible versión, coa que o acusado Jesús María pretendía desmarcarse da operación, choca frontalmente coa do acusado Lucas , cando declarou na vista oral que o trato fora entre el, Jesús María e Simón para levarlle a cocaína a Antonio , con quen directamente sempre tratara Simón ; e que sempre estivo ao tanto do traslado da droga o coacusado Jesús María , por moito que agora pretenda negalo. Neste sentido, resulta sorprendente que dous amigos - Lucas e Amador - emprendan unha viaxe o mesmo día en dous coches distintos dende Galicia ata Cádiz; que o segundo tivese como encomenda recoller o primeiro nun lugar que non sabía el, senón outro procesado; e que, cando o primeiro non aparece nun determinado lugar, o segundo, ante a sospeita de que lle puidese pasar algo, careza de toda comunicación directa con el e teña que chamar a súa muller, Claudia , que está en Galicia.

Por maior abastanza, as tres testemuñas que declararon no acto da vista oral tamén subministraron as corroboracións periféricas externas que necesitaban as declaracións dos coimputados mencionados. As viaxes previas ao sur da península por parte de Simón quedaron totalmente demostradas polo testemuño do axente da Garda Civil con número de carné profesional NUM068 . Este deu conta do coñecemento que o acusado Jesús María tiña do transporte da droga, precisamente, polas reunións anteriores que para tal efecto mantivo co outro procesado e outras persoas, e, ademais, polo feito, moi usual nestes casos, de conducir por diante do vehículo de motor ocupado por Lucas -que levaba a droga- cunha diferenza de vinte minutos, desenvolvendo así as funcións típicas de vixilancia dos denominados vehículos lanzadeiras. Este particular tamén foi referido polo axente da Garda Civil NUM074 .

No relativo ao procesado Darío , á marxe das operacións dos outros anteriores -reunións, viaxes, desprazamentos ata o sur da península, etc.-, xa quedou dito que recoñeceu que Lucas o fornecía de haxix -este tamén o declarou así-, que destinaba, en diversas doses, aos consumidores finais do produto. Neste sentido, o contido das escoitas telefónicas entre ambos tampouco ofrece maiores dúbidas interpretativas. Así:

- O día 22 de xuño de 2011 ás 12:18:12 horas, Darío , desde o teléfono intervido NUM066 , chama a Lucas , ao teléfono intervido NUM067 ; este último pregunta se ten 'arreglado'. Darío contesta que 'muy poquito', que 'es final de mes y la cosa va muy lenta'. Lucas , enfadado, recrimínalle que 'la gente come igual' e dille que se espila. Darío descúlpase dicindo que pensou que 'la cosa iba a ir un poco más rápido'.

- O día 27 de xuño de 2011 ás 15:56:19 horas, Lucas , desde o teléfono intervido NUM067 , realiza unha chamada ao teléfono intervido NUM066 , utilizado por Darío . Nesta chamada Lucas pregunta '¿cómo andamos?'; e Darío contesta que 'va lentilla la cosa', que algo ten pero que estaba esperando a ver se tiña algo máis. Lucas pídelle que xunte un pouquiño máis e que logo o chame.

- O día 1 de xullo de 2011 ás 21:43:15 horas, Carlos chama ao teléfono intervido de Darío . Este último cóntalle que roubaron na súa casa e que foi o seu 'primo el quinqui'. Carlos pregúntalle canto e Darío respóndelle 'mis ganancias, medio kilo'.

- O día 10 de outubro de 2011 ás 13:57:57 horas, Lucas , desde o número intervido NUM067 , envía unha mensaxe de texto a Darío ao número intervido NUM066 , co seguinte texto: 'Necesito en vez de 150 como te dije 200 tenemos que cumplir o dejarlo'. A esta mensaxe responde Darío ás 14:01:13: 'vale, cuando kieras'.

- O día 28 de outubro de 2011, tras a reunión mantida o día 27, Lucas , ás 10:16:57 horas, desde o teléfono intervido NUM067 , envía unha mensaxe de texto ao teléfono intervido NUM066 de Darío e di: 'Necesitamos juntar dos y medio cuando lotengas me avisas' .

- O día 18 de novembro de 2011 ás 23:26:08 horas, Lucas , desde o número intervido NUM067 , envía unha mensaxe ao número intervido NUM066 , utilizado por Darío , co seguinte texto: 'Juntame lo que puedas para mañana'. Ese mesmo día, ás 23:27:05, responde Darío polo mesmo medio: 'Vale'.

- O día 19 de febreiro de 2012 ás 00:07:09 horas, desde o número NUM077 , unha muller (descoñecida NUM078 ) realiza unha chamada ao número intervido NUM066 , utilizado por Darío . Nela, a muller di que non puido pasar pola tarde pola súa casa (de Darío ), se pode ser agora, 'aunque sean sólo 20 «paviños»', que, se non, queda tirada. Darío nun principio amósase reticente posto que os seus pais están no domicilio, pero por fin accede: 'vale, te lo doy por la ventana'.

- O día 5 de marzo de 2012 ás 14:56:07 horas, desde o teléfono intervido NUM067 , utilizado por Lucas , este envía unha mensaxe ao número intervido NUM066 , utilizado por Darío , co texto: 'Jumtame lo que puedas a la noche paso por ahi'.

Resulta así innegable que Darío se dedicaba a traficar coa droga -haxix-. Mesmo o que ultimamente alegou no sentido de que o facía para financiar o seu propio autoconsumo -que, por outra banda, está negado por todo o anterior- sería abondo para ser merecente do devandito reproche penal.

Debemos tamén comentar que os ditames e pericias emitidos por organismos ou entidades oficiais, dada a imparcialidade, obxectividade e competencia técnica dos seus membros integrantes, ofrecen toda clase de garantías técnicas e de imparcialidade para atribuírlles, prima facie, validez plena ( SSTS 670/2011, do 5 de xullo ; 397/2011, do 24 de maio ; do 18 de xaneiro de 2002 ; e do 28 xuño e do 23 febreiro de 2000 ). O Pleno non xurisdicional da Sala Segunda do Tribunal Supremo do 21 de maio de 1999 acordou que non era necesaria a ratificación do ditame dos peritos integrados en organismos públicos, agás que a parte a quen prexudique impugne o ditame ou solicite a súa presenza para sometelos a contradición no plenario e o fixese no momento procesual oportuno en que debe producirse tal impugnación. A impugnación da defensa debe producirse, así, no momento procesual adecuado, non sendo conforme á boa fe procesual a negación do valor probatorio da pericial documentada se foi previamente aceptada, expresa ou tacitamente. Aínda que non se require ningunha forma especial de impugnación, debe considerarse que é unha vía axeitada a proposición de pericial dos mesmos peritos ou doutros distintos, mediante a súa comparecencia no xuízo oral, pois nada lle impide á defensa facelo así cando opta por non aceptar as conclusións dun informe oficial das características expostas (neste sentido, a STS 1814/2002, do 31 de outubro ). A STS 652/2001, do 16 de abril , sinala que:

Como se expresa en sentencia de esta Sala 1642/2000, de 23 de octubre , son numerosos, reiterados y concordes los precedentes jurisprudenciales de este Tribunal de casación que declaran la validez y eficacia de los informes científicos realizados por los especialistas de los Laboratorios oficiales del Estado, que, caracterizados por la condición de funcionarios públicos, sin interés en el caso concreto, con altos niveles de especialización técnica y adscritos a organismos dotados de los costosos y sofisticados medios propios de las modernas técnicas de análisis, viene concediéndoseles unas notas de objetividad, imparcialidad e independencia que les otorga «prima facie» eficacia probatoria sin contradicción procesal, a no ser que las partes hubiesen manifestado su disconformidad con el resultado de la pericia o la competencia o imparcialidad profesional de los peritos, es decir, que el Informe Pericial haya sido impugnado de uno u otro modo, en cuyo caso será precisa la comparecencia de los peritos al Juicio Oral para ratificar, aclarar o complementar su dictamen, sometiéndose así la prueba a la contradicción de las partes, para que, sólo entonces, el Tribunal pueda otorgar validez y eficacia a la misma y servirse de ella para formar su convicción. Pero cuando la parte acusada no expresa en su escrito de calificación provisional su oposición o discrepancia con el dictamen pericial practicado, ni solicita ampliación o aclaración alguna de éste, debe entenderse que dicho informe oficial adquiere el carácter de prueba preconstituida, aceptada y consentida como tal de forma implícita (véanse SSTS de 1 de diciembre de 1995 , 15 de enero y 6 de junio de 1996 , entre otras muchas). Este criterio ha sido avalado por el Tribunal Constitucional ( SSTC 127/1990, de 5 de julio y 24/1991 de 11 de febrero ) al declarar la validez como elemento probatorio de los informes practicados en la fase previa al juicio basados en conocimientos especializados y que aparezcan documentados en las actuaciones que permitan su valoración y contradicción, sin que sea necesaria la presencia de sus emisores. Y ha sido proseguido en multitud de sentencias de esta Sala que, al abordar el mismo problema suscitado ahora, ha dejado dicho que si bien la prueba pericial y cuasi pericial en principio, como es norma general en toda clase de prueba, ha de ser practicada en el juicio oral, quedando así sometida a las garantías propias de la oralidad, publicidad, contradicción e inmediación que rigen tal acto, puede ocurrir que, practicada en trámite de instrucción, y conocida así por las partes al darles traslado de la causa para calificación, nadie propusiera al respecto prueba alguna para el acto del juicio, en cuyo caso, por estimarse que hubo una aceptación tácita, ha de reconocerse aptitud a esas diligencias periciales o «cuasi-periciales» para ser valoradas como verdaderas pruebas, máxime si han sido realizadas por un órgano de carácter público u oficial ( STS de 5 de mayo , 14 y 30 de diciembre de 1995 , 23 de enero y 11 de noviembre de 1996 ). Por último, recordar que este criterio ha sido ratificado por el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 21 de mayo de 1999.

Por último, cómpre engadir, coa STS do 20 de marzo de 2013 , que pretender no mundo actual axustar a realización de toda proba pericial - análise de ADN, informe de balística, análises químicas, etc.- á forma prevista pola nosa decimonónica Lei de axuizamento criminal non só atenta contra o sentido común, senón que tampouco é legalmente esixible. A solicitude de informes a laboratorios externos está autorizada e prevista nunha abundante normativa complementaria desta lei de axuizamento, ademais de mesmo ter amparo nela (artigos 356 ou 363).

En canto á cadea de custodia, o relevante é que, dende que se recollen os vestixios relacionados co delito ata que chegan a concretarse como probas no intre do xuízo, aquilo sobre o que debe versar a inmediación, publicidade e contradición das partes sexa o mesmo. A través da cadea de custodia garántese a mesmidadeda proba. E iso foi o que aconteceu no presente caso, no cal nin tan sequera se insinúa quebranto ningún na cadea de custodia. Só que, tras seren recollidas as drogas (no que directamente afectan ao caso do procesado Raúl ) en Cádiz o 14 de marzo de 2012, non se entregan en Vigo para a súa análise ata o día 30 do mesmo mes. Á marxe deste tempo transcorrido, o certo é que nin tan sequera se dubida que o recollido, trasladado e analizado sexa o mesmo en todo momento, dende que as autoridades se incautaron das substancias ata que foron analizadas (así a STS do 27 de xaneiro de 2010 ).

Quinto.- No relativo ao delito de tenza ilícita de armas, é mester referir que coa súa punición se protexe a seguridade, non só a do Estado, senón a comunitaria de todos; trátase de restrinxir o perigo que comportan as armas de fogo someténdoas a un control administrativo e sancionando a tenza daquelas se se prescinde de tal control. Caracterízase o tipo previsto no artigo 563 e seguintes do Código penal por ser un delito de mera actividade ou formal -dado que non esixe a produción de lesión ou dano-, permanente en canto á súa consumación pois perdura mentres se mantén a posesión sobre as armas, e de perigo abstracto ( SSTS 754/2001, do 7 de maio , 136/2001, do 21 de xaneiro , e 326/1996, do 15 de abril ). A recente STS, Penal, Sección 1ª, do 21 de outubro de 2014 (ROJ: STS 4829/2014 ), lembra os elementos do amentado delito:

a) El elemento dinámico estriba en la mera posesión, bastando una relación entre la persona y el arma que permite una disponibilidad de ésta y su utilización a la libre voluntad del agente para los fines propios de tal instrumento. La tenencia debe superar lo que es un pasajero contacto, a efectos de examen, o la ocupación fugaz propia de un servidor de la posesión, como sucede en el caso de reparador o transmisor. Puede distinguirse en la posesión el componente físico o 'corpus possessionis' y el subjetivo o 'animus possidendi' o 'detinuendi', sin que sea exigible el 'animus domini' o 'rem sibi habendi'.

b) El elemento material u objetivo consistirá en el arma de fuego, caracterizado como instrumento apto para disparar proyectiles, mediante la deflagración de la pólvora. Requisito necesario del elemento es que el arma se halle en condiciones de funcionamiento, no apreciándose tal capacidad en aquellas armas que por su antigüedad, ausencia de piezas fundamentales o cualquier otra causa, carecen de aptitud para disparar proyectiles. Se ha estimado que el arma funciona si puede hacer fuego o ser puesta en condiciones de hacerlo. La idoneidad del arma para el disparo permite que el peligro abstracto que comporta el arma se traduzca en peligro concreto y es elemento fáctico esencial que debe ser acreditado por la Acusación ( SS. 242/98 de 20.2 y 273/99 de 18.2 ).

c) El elemento jurídico extrapenal consistirá en la falta de habilitación administrativa de la posesión del arma; y

d) El elemento subjetivo estribará en el conocimiento de que el arma poseída es de fuego, con idoneidad para disparar y de que no puede poseerse lícitamente sin guía de pertenencia y licencia de armas, habiendo excluido la jurisprudencia el error de prohibición que contempla el art. 14 del CP en los supuestos de tenencia de aparatos con capacidad de perpetrar proyectiles, no aceptando que pueda creerse que no se exige control administrativo para la posesión de tales instrumentos ( STS. 329/96 de 15.4 ).

En definitiva como elemento subjetivo atinente a la culpabilidad se exige el 'animus possidendi', esto es el dolo o conocimiento a que se tiene el arma careciendo de la oportuna autorización, con la voluntad de tenerla a su disposición, pese a la prohibición de la norma ( SSTS. 201/2006 de 1.3 , 960/2007 de 29.11 ), bien entendido que no hay dolo especifico, siendo suficiente con que el sujeto tenga conocimiento de que posee un arma de fuego sin la correspondiente licencia o autorización administrativa y con que tenga voluntad de poseerla ( SSTS. 630/99 de 26.4 , 84/2010 de 18.2 ).

Non nos cabe ningunha dúbida da concorrencia destes elementos no presente caso. E tampouco no relativo a que o procesado Simón gozaba da plena dispoñibilidade da pistola semiautomática detonadora marca Rech, modelo P6S, calibre 8 mm Knall, co número de serie borrado ou eliminado, transformada para disparar munición metálica de percusión central, de proxectil único, do calibre 6,35 mm. A circunstancia de que se encontrase a devandita arma non no seu domicilio no Porriño, senón no que, ao parecer, era dos seus pais, en nada empece tal conclusión. Resulta evidente que a posesión ilícita da arma pode tela o autor do delito previsto nos artigos 563 e 564 do Código penal nun lugar ben distinto ao que constitúe o seu domicilio ou lugar de residencia habitual.

Cando se autorizou a entrada e rexistro no domicilio no lugar da DIRECCION005 , número NUM017 , parroquia de Guláns, Ponteareas, xa o apartado D do razoamento xurídico terceiro do auto do 15 de marzo de 2012 reflectía que, aínda que formalmente figuraba como o domicilio dos pais de Simón , en realidade a vivenda levaba tempo deshabitada (despois sóubose que o pai estaba ingresado nunha residencia en Tui) e que era moi frecuentada polo amentado acusado (el mesmo recoñeceu que ía a diario). Xa que logo, o anterior unido ao perfecto estado de conservación da arma -engraxada, limpa, etc.- e en perfectas condicións para o seu inmediato funcionamento, como así o puxeron de relevo os peritos que declararon na vista -os axentes con número de carné profesional NUM079 e NUM080 -, non fan senón pechar a totalidade dos requisitos para a condena do procesado Simón como autor responsable do delito de tenza ilícita de armas, xa aludido no número 3 do fundamento de dereito segundo desta mesma sentenza.

A teor de todo o anterior, obtívose e practicouse legalmente proba de cargo de contido incriminatorio máis que suficiente como para poder ter por desvirtuada válida e eficazmente a presunción de inocencia que amparaba os procesados ( artigo 24.2 da Constitución española ). E, verbo do principio in dubio pro reo,é preciso sinalar que é unha máxima dirixida ao órgano decisorio para que tempere a avaliación da proba a criterios favorables ao acusado cando, do seu contido, se tiren dúbidas verbo da súa virtualidade inculpatoria. Presupón a existencia de actividade probatoria válida como signo incriminador, mais a súa consistencia ofrece físgoas que deben ser decididas de forma favorable ao acusado (por todas, a recentes STS do 26 de febreiro de 2013, ROJ: STS 747/2013 ). Abofé que este non é o caso, xa que ningunha dúbida temos no relativo á participación do xeito descrito de cada un dos procesados nos feitos que declaramos probados.

Sexto.- Concorre tanto no acusado Simón , respecto do delito contra a saúde pública xa mencionado, como no acusado Antonio a circunstancia modificadora da responsabilidade criminal agravante de multirreincidencia dos artigos 22.8 ª e 66.1.5º do Código penal , xa que consta que estes foron executoriamente condenados pola comisión de delitos contra a saúde pública do seguinte xeito:

O acusado Simón foi condenado:

- Por unha sentenza do 8 de xuño de 1989, ditada polo Tribunal de Grande Instancia de Baiona (Francia), á pena de cinco anos de prisión.

- Por unha sentenza do 15 de xullo de 1991 , que foi firme o día 10 de setembro de 1991, ditada pola Sección Segunda da Audiencia Provincial de Badajoz, á pena de catro anos, dous meses e un día de prisión. Esta pena quedou extinguida, de acordo coa liquidación de condena practicada, o día 23 de novembro de 1994.

- Por unha sentenza con data do 23 de febreiro de 1996 , que foi firme o día 15 de maio de 1996, ditada pola Sección Primeira do Penal da Audiencia Nacional, á pena de dez anos e un día de prisión. Esta pena quedou extinguida, segundo a liquidación de condena practicada, o día 25 de setembro de 2003.

- Por unha sentenza do 14 de novembro de 2004 , que foi firme o día 16 de decembro de 2004, ditada por Audiencia Provincial de Sevilla, á pena de once anos de prisión. Esta pena quedou extinguida, segundo a liquidación de condena practicada, o día 4 de xuño de 2013.

- Por unha sentenza do 22 de novembro de 2010 , que foi firme o día 18 de xaneiro de 2011, ditada pola Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra, á pena de catro anos, seis meses e un día de prisión; pena esta respecto da cal se acordou a suspensión por un prazo de tres anos en virtude dun auto con data do 23 de marzo de 2012.

O acusado Antonio foi condenado:

- Por unha sentenza con data do 22 de maio de 2002, que foi firme o mesmo día, ditada polo Xulgado do Penal núm. 6 de Málaga , á pena de catro anos e un día de prisión. Esta pena quedou extinguida, segundo a liquidación de condena practicada, o día 12 de xaneiro de 2007.

- Por unha sentenza do 14 de novembro de 2004 , que foi firme o día 16 de decembro de 2004, ditada por Audiencia Provincial de Sevilla, á pena de 10 anos de prisión. Esta pena quedou extinguida, segundo a liquidación de condena practicada, o día 20 de maio de 2013.

- Por unha sentenza con data do 31 de xaneiro de 2006 , que foi firme o día 23 de setembro de 2006, ditada polo Xulgado do Penal núm. 1 de Algeciras, á pena de tres anos e nove meses de prisión, pena que quedaría extinguida, segundo a liquidación de condena practicada, o día 4 de novembro de 2016.

Esta última data e o feito de que, moi ao contrario do que alega a defensa de Antonio , incluso a teor do previsto no artigo 136 do Código penal , o prazo de cancelación da última das devanditas condenas non se podía entender cumprido, como moi cedo, ata o 24 de xuño de 2010 sitúan os feitos investigados dende o 21 de xaneiro de 2010 nun momento en que non se podía estimar cancelado o referido antecedente de ningún modo.

Noutra orde de cousas, rexeitamos a atenuante de confesión alegada, ao abeiro do artigo 21.4 ª e 7ª do Código penal , polas defensas de Lucas e de Antonio . Lembra a STS 945/2013, do 16 de decembro , o seguinte:

Hemos puesto de relieve en SSTS. 526/2013 de 25.6 , 116/2013 de 21.12 , 1126/2011 de 2.11 , 246/2011, de 14.4 , e 6/2010 , entre otras, que la razón de la misma no estriba en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración a la investigación del delito. Se destaca como elemento integrante de la atenuante, el cronológico, consistente en que el reconocimiento de los hechos se verifique antes de que el inculpado conozca que es investigado procesal o judicialmente por los mismos. En el concepto de procedimiento judicial se incluye la actuación policial ( SSTS. 21.3.97 y 22.6.2001 ), que no basta con que se haya abierto, como se decía en la regulación anterior, para impedir el efecto atenuatorio a la confesión, sino que la misma tendrá la virtualidad si aún no se había dirigido el procedimiento contra el culpable, lo que ha de entenderse en el sentido de que su identidad aún no se conociera. La razón de ser del requisito es que la confesión prestada, cuando ya la Autoridad conoce el delito y la intervención en el mismo del inculpado, carece de valor auxiliar a la investigación.

De ningún xeito podemos aplicar a denominada atenuante de confesión serodiaa quen durante a instrución da causa non levou a cabo o máis mínimo acto de recoñecemento dos feitos, e si agora, a última hora, na fase da vista oral, cando o feito delituoso xa foi descuberto e constatado do xeito incontrovertido do que queda constancia máis arriba. Para un caso en que a confesión serodia incluso se producira antes do xuízo oral e, en concreto, na declaración indagatoria, cando o sumario xa estaba practicamente rematado, a STS 719/2002, do 22 de abril , rexeitou calquera operatividade atenuatoria (no mesmo sentido a STS 240/2012, do 26 de marzo ).

Neste apartado das circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal é preciso facer mención, por último, a que a defensa de Darío alegou, ao abeiro do artigo 21.7ª do Código penal , a atenuante analóxica de adicción ás drogas tóxicas, estupefacientes e substancias psicotrópicas ou outras que producen efectos análogos. E para rexeitala abonda con mencionar que non só non consta acreditada por ningures, senón que nin tan sequera se propuxo proba en tal sentido para practicar no acto da vista oral.

Sétimo.- En materia de penas procede impoñer as seguintes a cada un dos procesados:

- A Lucas , como autor responsable dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal , sen concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, a pena de seis anos de prisión, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 400 000 €. Resulta así idéntica á finalmente solicitada polo fiscal nas súas conclusións definitivas; é a mínima legalmente posible no relativo á privación de liberdade e a multa non chega ao triplo do valor da droga obxecto do delito.

- A Antonio , como autor responsable dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal , coa concorrencia da circunstancia modificadora da responsabilidade criminal agravante de multirreincidencia dos artigos 22.8 ª e 66.1.5ª do Código penal , a pena de sete anos e seis meses de prisión, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 500 000 €. Resulta así idéntica á finalmente solicitada polo fiscal nas súas conclusións definitivas; é a mínima legalmente posible no relativo á privación de liberdade e a multa non chega ao triplo do valor da droga obxecto do delito.

- A Simón , como autor responsable dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal , coa concorrencia da circunstancia modificadora da responsabilidade criminal agravante de multirreincidencia dos artigos 22.8 ª e 66.1.5ª do Código penal , a pena de dez anos de prisión, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 400 000 €. Resulta así inferior á finalmente solicitada polo fiscal nas súas conclusións definitivas; a pena de prisión sitúase na metade inferior da superior en grao prevista no último dos preceptos legais citados, tendo en conta o papel preponderante do acusado nos tratos, organización e, en fin, na trama de toda a operación de tráfico de drogas entre Galicia e o sur peninsular; e a multa non chega ao triplo do valor da droga obxecto do delito.

- Ao mesmo acusado Simón , como autor responsable dun delito de tenza ilícita de armas de fogo, previsto e penado nos puntos 1.1 º e 2.1 ª e 3ª do artigo 564 do Código penal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, a pena de dous anos de prisión, coa inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena. Resulta así inferior á finalmente solicitada polo fiscal nas súas conclusións provisionais; é a mínima legalmente posible a teor dos amentados preceptos legais.

- A Jesús María , como autor responsable dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal , sen concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, a pena de sete anos de prisión, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 400 000 €. Resulta así inferior á finalmente solicitada polo fiscal nas súas conclusións definitivas; sitúase na metade inferior da mínima legalmente posible no relativo á privación de liberdade e a multa non chega ao triplo do valor da droga obxecto do delito.

- A Darío , como autor responsable do delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que non causan grave dano á saúde, previsto e penado no artigo 368, segundo parágrafo, do Código penal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, a pena de dous anos de prisión, coa inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 700 €. Resulta así idéntica á finalmente solicitada polo fiscal nas súas conclusións definitivas; está dentro da metade inferior da mínima legalmente posible no relativo á privación de liberdade e a multa non chega ao dobre do valor da droga obxecto do delito.

Oitavo.- Toda persoa criminalmente responsable dun delito ou falta tamén o é civilmente se do feito se derivan danos ou prexuízos ( artigo 116 do Código penal ).

O vehículo da marca Citroën, modelo C4, matrícula .... RPM , que conducía Lucas e no cal as autoridades se incautaron da droga, tal e como xa reflectimos nos feitos probados desta mesma sentenza, era propiedade da súa compañeira sentimental, Claudia . Esta interveu no presente procedemento como responsable civil subsidiaria a solicitude do fiscal. E, malia as sospeitas que se puidesen abrigar verbo de se, en realidade, o devandito vehículo era do procesado Lucas , o certo é que non consta por ningures esta circunstancia. Á parte do día da aprehensión da droga -que, por certo, se ben ía dentro do coche, este non tiña conformado ningún oco ou departamento agachado para tal efecto- e doutros anteriores para desprazarse, semella que era utilizado por ambos e, xa que logo, non é posible chegar á conclusión de que pertencía ao amentado acusado. Non procede o comiso do coche cando o uso para o transporte da droga foi un elemento accesorio no modo de comisión e non existe proporcionalidade na medida. E así, en casos en que o vehículo carece de lugares onde agochar a droga e se emprega como medio normal de transporte e desprazamento, cómpre entender que o uso do automóbil para o transporte da substancia é un elemento accesorio no modo da comisión delituosa. A colocación física da droga no vehículo non converte sen máis en instrumento do delito o coche do cal pode facer uso, en calquera momento, o acusado (por todas, a STS 297/2008, do 1 de xullo ).

A teor dos artigos 127 e 374 do Código penal , nos delitos previstos nos artigos 368 a 372 do mesmo texto legal , ademais das penas que corresponda impoñer polo delito cometido, serán obxecto de comiso as drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias psicótropas e mais os equipamentos, materiais e substancias a que se refire o artigo 371, así como os bens, medios, instrumentos e ganancias. Neste sentido, si que procede o comiso dos demais obxectos, efectos e cartos que solicitou o fiscal no seu escrito de conclusións definitivas, por procederen ou estaren relacionados todos eles cos delitos que cometeron os procesados. Na parte dispositiva desta mesma resolución reflectimos este particular polo miúdo.

Noveno.-En materia de custas, o artigo 123 do Código penal dispón que se entenderán impostas pola lei aos criminalmente responsables de todo delito ou falta. O artigo 239 da Lei de axuizamento criminal di que, nos autos ou sentenzas que poñan remate á causa ou a calquera dos incidentes, deberá resolverse sobre o pagamento das custas procesuais. E o artigo 240.2º da LACrim sinala que a resolución pode consistir en condenar os procesados ao pagamento das custas.

Tras seren vistos os artigos de xeral e pertinente aplicación,

Fallo

Condenar os procesadosdo seguinte xeito:

A Lucas , como autor responsable dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal , sen concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de seis anos de prisión, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 400 000 €.

A Antonio , como autor responsable dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal , coa concorrencia da circunstancia modificadora da responsabilidade criminal agravante de multirreincidencia dos artigos 22.8 ª e 66.1.5ª do Código penal , á pena de sete anos e seis meses de prisión, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 500 000 €.

A Simón , como autor responsable dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal , coa concorrencia da circunstancia modificadora da responsabilidade criminal agravante de multirreincidencia dos artigos 22.8 ª e 66.1.5ª do Código penal , á pena de dez anos de prisión, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 400 000 €.

A Simón , como autor responsable dun delito de tenza ilícita de armas de fogo, previsto e penado nos puntos 1.1 º e 2.1 ª e 3ª do artigo 564 do Código penal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de dous anos de prisión, coa inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena.

A Jesús María , como autor responsable dun delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que causan grave dano á saúde e en cantidade de notoria importancia, previsto e penado nos artigos 368 e 369.1.5ª do Código penal , sen concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de sete anos de prisión, con inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 400 000 €.

A Darío , como autor responsable do delito contra a saúde pública na súa modalidade de tráfico de drogas que non causan grave dano á saúde, previsto e penado no artigo 368, segundo parágrafo, do Código penal , sen a concorrencia de circunstancias modificadoras da responsabilidade criminal, á pena de dous anos de prisión, coa inhabilitación especial para o exercicio do dereito de sufraxio pasivo durante o tempo da condena, e multa de 700 €.

Absolvemosa responsable civil subsidiaria, Claudia , propietaria do vehículo da marca Citroën, modelo C4, matrícula .... RPM .

Condenamos os procesados ao pagamento das custas procesuais xeradas na presente instancia.

Decretamos o comiso das substancias, efectos e cartos do seguinte xeito concreto:

Como propiedade de Lucas :

- Teléfono móbil marca Nokia, de cor azul, con número de IMEI NUM036 .

- A cantidade de 240 euros en efectivo.

- A cantidade de 6 165 euros en diñeiro en efectivo.

- Teléfono marca Nokia 3100, azul, con IMEI NUM037 .

- Teléfono marca Nokia 1600, negro, con IMEI NUM038 e con tarxeta SIM NUM039 .

- Teléfono móbil marca Siemens azul.

- Teléfono móbil Nokia 6300, con IMEI NUM040 .

- Teléfono móbil da marca Nokia, con IMEI NUM041 e con SIM NUM042 .

- Teléfono móbil da marca Nokia, con IMEI NUM043 .

Como propiedade de Antonio :

- A cantidade de 20 985 euros de diñeiro en efectivo.

- Teléfono móbil negro da marca Nokia, cun adhesivo na parte traseira coa inscrición 'Mio Diario NUM031 ', con número de IMEI NUM032 .

- Teléfono móbil negro da marca Nokia, con número de IMEI NUM033 .

- Teléfono móbil de cor gris da marca Samsung, con número de IMEI NUM034 .

Como propiedade de Simón :

- Teléfono móbil marca Samsung, de cor gris e negra, con IMEI NUM019 .

- Teléfono marca Samsung, de cor negra, con IMEI NUM020 .

- A cantidade de 396,70 euros de diñeiro en efectivo.

- Pistola marca Rech, de cor negra, calibre 8 mm, co número de serie borrado ou eliminado.

- Teléfono móbil marca LG, con IMEI NUM022 .

- Teléfono móbil marca Nokia, con IMEI NUM023 , que portaba unha tarxeta SIM de Vodafone coa numeración NUM024 .

- Teléfono móbil da marca Samsung, modelo E1150, con IMEI núm. NUM025 , que portaba unha tarxeta SIM de Lebara Movil con numeración NUM026 .

- Dous portatarxetas SIM da compañía Vodafone, cos seguintes teléfonos e ICCD: NUM027 (ICCD núm. NUM028 ) e NUM044 (ICCD núm. NUM029 ).

Como propiedade de Jesús María :

- Vehículo Seat Toledo, con matrícula .... XCX .

- Teléfono móbil da marca Samsung, de cor vermella e negra, con núm. de IMEI NUM035 .

- A cantidade de 108,55 euros.

- A cantidade de 3 200 euros de diñeiro en efectivo.

Como propiedade de Darío :

- Teléfono móbil negro da marca Alcatel.

La presente resolución no es firme y contra la misma, cabe interponer RECURSO DE CASACIÓNante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ha de prepararse mediante escrito autorizado por Abogado y Procurador, presentado ante este Tribunal dentro de los CINCO DÍASsiguientes a su notificación y que deberá contener los requisitos exigidos en el art. 855 y siguientes de la L.E. Criminal.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala y se anotará en los Registros correspondientes lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada e pronunciada foi a anterior Sentenza polo Ilmo. Sr. Maxistrado Relator nodía da súa data, do que eu o Secretario, dou fe.