Sentencia Penal Nº 332/2010, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 3, Rec 289/2010 de 15 de Junio de 2010

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Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

SECCIÓN TERCERA

Rollo 289/10 2R

SENTENCIA Nº 332/10

En la ciudad de Sevilla, a 15 de junio de 2010

Vistos en grado de apelación por el Ilmo. Sr. D. Ángel Márquez Romero los autos de juicio verbal de faltas número 161/08 del Juzgado de Instrucción nº Ocho de Sevilla.

Antecedentes

Primero.- El referido Juzgado de Instrucción dictó en fecha 21 de octubre de 2009 sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: " Que debo condenar y condeno a Balbino y a Domingo como autores de una falta de vejaciones injustas prevista y penada en el artículo 620-2º del Código Penal , a la pena, a cada uno de ellos, de 15 días de multa, con 6 euros de cuota diaria, y como autores de una falta de lesiones prevista y penada en el artículo 617-1º del Código Penal , a la pena, a cada uno de ellos, de 2 meses de multa, con 6 euros de cuota diaria, y al pago de la mitad de las costas procesales a cada uno de ellos, debiendo además indemnizar Balbino a Domingo con la suma de 225Ž10 euros y Domingo a Balbino con la cantidad de 503Ž4 euros."

Segundo.- Notificada la sentencia, se interpuso recurso de apelación por el Procurador D. Javier Otero Terrón en nombre de Balbino , en base a los motivos que se analizarán en el cuerpo de ésta resolución.

Tercero.- Turnadas las actuaciones a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, se designó Magistrado para conocer del recurso a D. Ángel Márquez Romero.

Cuarto.- En la tramitación del recurso se han cumplido las prescripciones legales.

Hechos

Se aceptan los hechos probados de la resolución recurrida que se dan por reproducidos.

Fundamentos

Primero.- La representación procesal del apelante impugna la sentencia de instancia por entender, en primer lugar, que los hechos denunciados integran un supuesto de delito de lesiones que debió ser objeto de enjuiciamiento por los trámites del Procedimiento Abreviado, al haber precisado para la curación de las heridas sufridas en el ojo, tratamiento médico además de la primera asistencia facultativa, por lo que interesa la nulidad del juicio oral y la transformación de las actuaciones para continuarlas por los cauces procesales antes indicados.

Segundo.- Una vez examinadas las actuaciones y valoradas las alegaciones formuladas por las partes, procede desestimar la anterior pretensión, al estimar este Tribunal unipersonal ajustada a derecho la decisión adoptada en la instancia, por cuanto el auto de 2 de junio de 2008 , en el que se acordaba la incoación de juicio de faltas, no ha sido recurrido, y por tanto, adquirió firmeza, por lo que ninguna infracción procesal se ha producido al denegar el cambio de procedimiento interesado, además de que la admisión de la petición del recurrente pugnaría contra el principio de seguridad jurídica.

Efectivamente, la solicitud del impugnante no viene referida a nuevos hechos o datos que permitan una nueva valoración del procedimiento a seguir, sino que está basada en datos ya valorados al tiempo de dictarse el auto declaratorio de juicio de faltas, que adquirió firmeza por la aceptación del ahora recurrente, quien pudo recurrirlo en su momento y no lo hizo, cuando era conocida la discrepancia existente entre lo informado por la médico forense y el especialista que informa a su instancia.

En consecuencia, la decisión de celebrar el juicio y ratificar la calificación de los hechos como falta, la estimamos ajustada a derecho y congruente con la valoración de la prueba practicada.

Tercero.- Como segundo motivo de recurso, se alega la vulneración del principio acusatorio, por haber sido condenado como autor de una falta de vejación injusta cuando ni el Mº Fiscal y la representación de Domingo no lo solicitaron en el acto de juicio oral. Petición que debe ser aceptada, pues ciertamente no consta que fuera acusado por dicha falta y, por tanto, la condena por la misma ataca de plano el citado principio, que impide un pronunciamiento de condena cuando no se ha formulado acusación en el acto de juicio oral.

Cuarto. En cuanto a la falta de lesiones, la condena que le ha sido impuesta debe ser confirmada, al igual que la indemnización fijada a su favor, pues la cuestión planteada por el apelante se basa en un criterio de credibilidad y de valoración de las pruebas llevada a cabo por la Juez "a quo" sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio, y respecto a ello debe partirse, por regla general, de la singular autoridad que goza la apreciación realizada por la Juez ante la que se ha celebrado el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia y únicamente debe ser rectificado, bien, cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin el riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en los autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada.

Efectivamente, corresponde, conforme al principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 741 de la L.E.Cr ., al Juez o Tribunal de instancia valorar el significado de los distintos elementos de prueba y establecer su trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia, pues dicho Juzgador se encuentra en una mejor situación para evaluar el resultado del material probatorio, pues las pruebas se practican en su presencia, y con cumplimiento de las garantías procesales (inmediación, contradicción, publicidad y oralidad). La declaración de hechos probados hecha por el Juez "a quo" no debe ser sustituida o modificada en la apelación (STS entre muchas, la núm. 272/1998, de 28 de Febrero), salvo que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; que el relato fáctico sea incompleto incongruente o contradictorio; o que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia (S.T.S. de 11-2-94, 5-2-1994 ).

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, debe añadirse que hasta la saciedad tiene dicho el Tribunal Supremo -sentencias, por ejemplo, de 10-2-90 y 11 3 91 -, que en las pruebas de índole subjetiva, es decisivo el principio de inmediación y por ello es el Juzgador de instancia quien se halla en condiciones optimas para decidir sobre la credibilidad que ha de darse a lo oído y visto en el juicio oral, pues cuando el medio de prueba es una persona, la convicción judicial se forma también por los gestos, expresión facial, tono de voz firmeza, duda de las manifestaciones, inseguridad o incoherencia en las mismas etc., que el Juzgador puede apreciar y valorar en consecuencia a tenor de lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , pues cuando en el acto del juicio oral se producen varias declaraciones, la determinación de cual es la verdadera depende claramente de la inmediación con la que esta prueba es recibida por el Juzgador de instancia, por lo que, en consecuencia, en el marco estricto de la apelación, este Tribunal no puede ni debe revisar la convicción en conciencia del juzgador de instancia respecto de una prueba que ni ha visto ni ha oído personalmente.

No se olvide además, que es facultad del Juzgador dar más credibilidad a uno u otro testimonio, quedando extramuros del principio de presunción de inocencia la discrepancia en la distinta credibilidad que el Juzgador otorgue a los distintos testigos y al acusado que ante él depusieron. Así enseña la Sentencia T.C. de 16-1-95 : "El que un órgano judicial otorgue mayor valor a un testimonio que a otro forma parte de la valoración judicial de la prueba (SSTC 169/90, 211/91, 229/91, 283/93 , entre otras muchas) y no guarda relación ni con el principio de igualdad ni con el derecho fundamental a la presunción de inocencia."; y la Sentencia T.C. de 28-11-95 "la valoración de la prueba queda extramuros de la presunción de inocencia (SSTC 55/82 , 124/83, 140/85, 254/88, 201/89 y 21/93 )".

Partiendo de estos criterios jurisprudenciales, de todos conocidos, debemos llegar a la conclusión de considerar que la valoración efectuada en la instancia, en modo alguno podemos considerarla ilógica o caprichosa, sino congruente con la prueba practicada en las actuaciones. Así la condena del apelante por la falta de lesiones está sustentada en la declaración del perjudicado Domingo y el parte de asistencia facultativa aportado a las actuaciones, de donde resulta que le apreciaron lesiones momentos después de producirse los hechos objeto de enjuiciamiento. Además, el testigo propuesto por dicho lesionado viene a corroborar su versión, siendo su versión convincente, en cuanto señala la presencia de otras personas en el lugar como afirmaba en un principio el apelante, en contraposición con lo declarado por los testigos del recurrente, que niegan tal concurrencia de testigos.

Por otro lado, la indemnización fijada a favor del apelante, igualmente, debe mantenerse al haberse decantado la Juzgadora por el informe de la médico forense, cuya pericia está respaldada por la presunción de imparcialidad y objetividad, dado el carácter oficial de su actuación, siendo además, el facultativo encargado de auxiliar al Juez en aquellos casos en que su concurso profesional sea necesario o conveniente.

En el presente caso, sorprende que una médico forense de gran experiencia como la informante, no hubiera apreciado una dato tan evidente, según el oftalmólogo que ha asistido al recurrente, como era la perdida total de visión del ojo derecho tras el incidente enjuiciado, y hubiera dado el alta sin apreciar dicho defecto visual, y no hubiera alterado su dictamen tras los nuevos elementos de juicio aportados por el interesado, quien venía sufriendo una disminución importante de visión y por ello era tratado con anterioridad a los hechos.

En consecuencia, este Tribunal unipersonal no puede modificar con los elementos de prueba existentes en la causa, los criterios indemnizatorios establecidos por la Juzgadora, y por tanto, confirma en este punto su resolución.

Quinto.- Respecto a las costas, no existen motivos que justifiquen la imposición de las de ésta alzada a ninguna de las partes.

VISTOS los arts citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Javier Otero Terrón en nombre de Balbino , debo modificar y modifico la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Instrucción nº Siete de Sevilla en el juicio de faltas nº 353/04, debo confirmar y confirmo dicha resolución, sin expresa condena en las costas de esta alzada.

Vuelvan las actuaciones al Juzgado de procedencia con certificación de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.

Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido publicada en el día de su fecha. Doy fe.

Valoración de la prueba
Representación procesal
Delitos de lesiones
Nulidad del juicio oral
Primera asistencia facultativa
Práctica de la prueba
Seguridad jurídica
Falta de lesiones
Calificación de los hechos
Vejaciones
Declaración de hechos probados
Presunción de inocencia
Error en la valoración de la prueba
Medios de prueba
Principio de presunción de inocencia
Principio de igualdad