Sentencia Penal Nº 342/2013, Tribunal Supremo, Rec 1461/2012 de 17 de Abril de 2013

INTERVENCIÓN y REGISTRO DE ORDENADORES: autorización judicial. Derecho al entorno virtual. La entrega voluntaria de las claves durante el desarrollo del registro judicialmente autorizado, no supone ninguna vulneración constitucional. El acusado no estaba detenido, ni en el momento del registro que permitió la intervención de los ordenadores, ni cuando se verificó el volcado. La posibilidad de designar a un perito que esté presente en ese acto (art. 476 de la LECrim) forma parte de las facultades que le asisten en su calidad de imputado. Sin embargo, esa presencia no es presupuesto de validez del acto. DELITO DE AMENAZAS GRAVES (art. 169) y CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL (art. 173): no hay concurso de normas en aquellos casos en los que, el acusado, después de emplear mensajes intimidatorios para lograr el envío por una adolescente de fotos de contenido sexual a través del Messenger, logra que aquélla se sienta obligada durante varios meses a grabarse a sí misma vídeos sexuales y a remitírselos a su interlocutor. Se trata de un concurso real de delitos, no de normas. DELITO DE DISTRIBUCIÓN DE PORNOGRAFÍA INFANTIL: art. 189.1.b), no es fácil sostener la atipicidad de la conducta imputada al acusado en relación con el vídeo en el que se muestra desnuda y en actitud sexual explícita a una menor de edad, sobre todo, cuando la página web en la que aquél es ofrecido se denomina rapidshare. Sería suficiente con invocar la traducción literal de ese vocablo del idioma inglés -comparte rápido-, para deducir que la propia funcionalidad de la web se orienta precisamente a hacer más rápidos y efectivos el intercambio y la difusión de archivos.