Sentencia Penal Nº 347/2019, Audiencia Provincial de Almeria, Sección 3, Rec 517/2019 de 09 de Octubre de 2019

Encabezamiento

SENTENCIA Nº 347/19.

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ILMOS. SRES.

PRESIDENTE:

Dª. TÁRSILA MARTÍNEZ RUIZ

MAGISTRADOS:

D. JESÚS MIGUEL HERNÁNDEZ COLUMNA

D. IGNACIO F. ANGULO GONZÁLEZ DE LARA

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En la Ciudad de Almería, a 9 de octubre de 2019.

La Sección Tercerade esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación, Rollo nº 517 de 2019, el Juicio Rápido nº 187/2019, procedente del Juzgado de lo Penal nº 5 de Almería, por delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género.

Interviene como apelante Coro, constituidos en acusación particular bajo la representación de la Procuradora Dª. María Dolores Osuna Pérez y la dirección letrada de D. Germán González Fernández.

Es parte apelada el Ministerio Fiscal y el acusado Cecilio, representado por el Procurador D. José Manuel Escudero Ríos y defendido por el Letrado D. Antonio José Joya Coromina.

Es parte el Ministerio Fiscal, que se adhirió al recurso interpuesto, y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Jesús Miguel Hernández Columna.

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada como relación de trámites y antecedentes del procedimiento.

SEGUNDO.- El Juzgado de lo Penal nº 5 de Almería en la referida causa dictó sentencia el 25 de abril de 2019 cuyos hechos probados son del tenor literal siguiente:

' Queda probado y así se declara que, Dª. Coro formuló denuncia el día 9 de abril de 2019 ante el Cuartel de la Guardia Civil de Adra (Almería), contra Cecilio, persona con la que había mantenido una relación conyugal, no habiéndose constatado la realidad de los hechos denunciados'.

TERCERO.- Dicha sentencia contiene el siguiente fallo: 'Que debo absolver y absuelvo libremente al acusad Cecilio de los delitos que venía siendo imputado por el Ministerio Fiscal y acusación particular, declarándose de oficio las costas causadas en en el procedimiento, dejando sin efecto desde este momento la medida cautelar de naturaleza penal que se haya acordado en esta causa, por auto de 10 de abril de 2019'.

CUARTO.-La acusación particular interpuso en tiempo y forma recurso de apelación mediante escrito en el que fundamentó la impugnación.

QUINTO.- Admitido el recurso en ambos efectos y conferido el oportuno traslado, el Ministerio Fiscal se opuso al mismo, y la defensa del acusado impugnó el recurso interpuesto.

SEXTO.-Acto seguido se elevaron las actuaciones a este Tribunal, donde se han observado las prescripciones del trámite, y, previo el oportuno señalamiento, se sometieron a deliberación y votación.

ÚNICO.-Se aceptan los de la sentencia recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la sentencia absolutoria se alza la acusación particular interesando la revisión de la sentencia y se condene al acusado conforme a lo solicitado en el suplico de su recurso, como autor de un delito de amenazas leves del art. 171.4 del CP, y por el delito leve de vejaciones del art. 173.4 CP. Alega error en la valoración de la prueba.

El Ministerio Fiscal formula oposición al recurso, así como la acusación particular impugnó el recurso interpuesto.

SEGUNDO.-La detenida lectura del recurso permite apreciar que, en puridad, no denuncia la existencia de un verdadero error en la apreciación o valoración de la prueba en virtud de cual se pudiera plantear el Tribunal la procedencia de corregir en esta alzada el relato de hechos probados de la sentencia de primera instancia. Lo que propone es una valoración alternativa a la efectuada por la Juez a quo, pretensión legítima desde la perspectiva de los intereses de la acusación pero que difícilmente puede tener favorable acogida en tanto en cuanto no se ponga de relieve que la interpretación de la prueba llevada a cabo en primera instancia es errónea o irracional.

En cualquier caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que cuando el tribunal de apelación conozca de cuestiones de hecho y de Derecho, estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha cometido el hecho delictivo que se le imputa (entre otras, SSTEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, § 55; 1 de diciembre de 2005, caso Ilisescu y Chiforec c. Rumanía, § 39; 18 de octubre de 2006, caso Hermi c. Italia, § 64; y 10 de marzo de 2009, caso Coll c. España, § 27). En efecto, tras revocar la absolución dictada en la primera instancia, el pronunciamiento condenatorio requiere que el acusado haya tenido la posibilidad de declarar en defensa de su causa ante el órgano judicial que conoce del recurso, especialmente si se tiene en cuenta el hecho de que éste es el primero en condenarle en el marco de un proceso en el que se decide sobre una acusación en materia penal dirigida contra él ( STEDH de 27 de junio de 2000, caso Constantinescu c. Rumanía, §§ 58 y 59).

Acogiendo esta doctrina, el Tribunal Constitucional ha afirmado que 'el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, contenidos en el derecho a un proceso con todas las garantías, impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción, por lo que, cuando la apelación se plantee contra una sentencia absolutoria y el motivo de apelación concreto verse sobre cuestiones de hecho suscitadas por la valoración o ponderación de pruebas personales de las que dependa la condena o absolución del acusado, resultará necesaria la celebración de vista pública en la segunda instancia para que el órgano judicial de apelación pueda resolver tomando un conocimiento directo e inmediato de dichas pruebas' ( SSTC 167/2002, de 18 de septiembre; en el mismo sentido, SSTC 170/2002, 120/2009, 184/2009, 142/2011 y 105/2014).

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo (SS. 798/2011, 1160/2011, 236/2012 de 22.3, 500/2012, 896/2012 de 21.11, 176/2013 de 13.3, 970/2013 de 18.12, 247/2014, de 3.4, entre otras muchas)

La consolidación definitiva de esta interpretación ha venido de la mano de la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En su nueva redacción, el art. 792. 2 de la ley procesal prevé que 'la sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2'. Lo que se contempla, en estricto respecto del principio de inmediación, conforme a las 'exigencias tanto constitucionales como europeas' (Exposición de Motivos de la Ley 41/2015) es que 'la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida'.

La parte apelante únicamente pide la revisión de la sentencia de primera instancia, y que este Tribunal condene al acusado conforme al suplico de su recurso, pretensión del todo inviable conforme a la doctrina expuesta, pues para ello sería precisa la celebración de una vista en la que se reprodujeran las pruebas de naturaleza personal, incluida la declaración del acusado, lo cual no sólo carece de toda previsión legal sino que ha sido claramente descartada como opción legislativa en la mencionada reforma de 2015.

TERCERO.-El recurso debe ser, en consecuencia, desestimado, sin que se aprecie, no obstante, razones para hacer expresa imposición de las costas de esta alzada, que serán declaradas de oficio conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la LECR.

VISTASlas disposiciones citadas y demás de pertinente y general aplicación.

Fallo

Que, con DESESTIMACIÓNdel recurso de apelación deducido por la representación procesal de Corocontra la sentencia dictada con fecha de 25 de abril de 2019 por el Juzgado de lo Penal nº 5 de Almería en las actuaciones de las que deriva la presente, CONFIRMAMOSdicha resolución, declarando de oficio las costas de esta alzada.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia acompañándose de certificación literal de la presente resolución a efectos de ejecución y cumplimiento, de lo que se acusará recibo para constancia en el Rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.