Sentencia Penal Nº 35, Audiencia Provincial de Pontevedra, Rec 1066 de 29 de Mayo de 2000

  Al respecto cabe cuestionar en la obtención de esas fuentes probatorias -percepciones de los agentes y supuesto hallazgo en el recto del acusado de un continente de droga- el debido respecto a diversos derechos fundamentales del acusado: el de libertad personal y el de intimidad garantizados en los arts 17 y 18 de la constitución. Los mismos agentes suministran la siguiente información al respecto:    a) Que, pese a ser el acusado conocido, carecía de documentación acreditativa de su identidad, y que, además, era sospechoso de "tráfico de drogas", explicando a preguntas del Tribunal, que tal sospecha provenía de dos datos: 1º. Creyeron los guardias que el acusado y su acompañante se mostraron "nerviosos" al verles en el lugar de la detención. Acerca de la licitud de la prueba consistente en la declaración de los guardias civiles que practicaron la inspección corporal del acusado.A) Falta de cobertura legal de la detención.La sintomática vacilación de los agentes para justificar la detención cuando son interrogados al respecto es bien significativa. La inicial alusión a necesidad de identificación del acusado es pronto abandonada. Son las propias manifestaciones de los agentes las que evidencian la falta de esa causa razonable de probable actual disposición al comportamiento ilícito. El acusado fue conducido a sede policial a efectos de  investigación criminal,  bajo sospecha de comisión delictiva y no como mera actuación de prevención policial de seguridad. Las demás pruebas, declaración testifical, no son sino ratificaciones vinculadas a aquel hallazgo. Pues bien, este es fruto de la conculcación del derecho a la intimidad del art. 18 CE y, a mayor abundamiento, al derecho de libertad del art. 17 CE, en cuanto al supuesto alegado para limitarla y a los derechos que le fueron desconocidos al detenido.