Sentencia Penal Nº 359/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 15, Rec 33/2012 de 21 de Mayo de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 21 de Mayo de 2012
  • Tribunal: AP - Madrid
  • Ponente: Fraile Coloma, Carlos Francisco
  • Núm. Sentencia: 359/2012
  • Núm. Recurso: 33/2012
  • Núm. Cendoj: 28079370152012100311

Encabezamiento

RT: 33/12

DP: 5811/09

Juzgado de Instrucción n.º 30 de Madrid

AUTO N.º 359/12

MAGISTRADOS/AS:

CARLOS FRAILE COLOMA (ponente)

CARLOS ÁGUEDA HOLGUERAS

ANA ROSA NÚÑEZ GALÁN

En Madrid, a 21 de mayo de 2012.

Antecedentes

PRIMERO .- Con fecha 23 de noviembre de 2011, por el Juzgado de Instrucción n.º 30 de Madrid, en la causa arriba referenciada, se dictó auto en el que se acordaba desestimar el recurso de reforma interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Bermúdez de Castro Rosillo, en nombre y representación de Juan Francisco y Benjamín , contra el auto del mismo órgano de fecha 20 de septiembre de 2011.

SEGUNDO .- Contra dicha resolución por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Bermúdez de Castro Rosillo, en nombre y representación de Juan Francisco y Benjamín , se interpuso recurso de apelación alegando, en primer lugar, violación del derecho fundamental de los recurrentes a evitar un proceso penal improcedente e injusto ( art. 24, apartados 1 y 2 de la Constitución ), al haberse ordenado proseguir el procedimiento contra los recurrentes pese a la inexistencia de indicios de que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delito o falta; y, en segundo lugar, nulidad de las resoluciones recurridas, conforme a los arts. 120.3 de la Constitución y 238.3 y 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por falta de motivación o incoherente fundamentación de aquellas.

TERCERO .- Conferido el preceptivo traslado legal, el Ministerio Fiscal y la Procuradora de los Tribunales D.ª Marta Sanz Amaro, en nombre y representación de Fernando López-Barranco Pichardo, presentaron sendos escritos oponiéndose al recurso e interesando la confirmación de la resolución recurrida, tras lo cual se remitió a este tribunal el testimonio de los particulares de las actuaciones necesario para la resolución de la impugnación.

Fundamentos

PRIMERO .- La representación procesal de Juan Francisco y Benjamín impugna el auto dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 30 de Madrid, en el que se acuerda desestimar el recurso de reforma interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Bermúdez de Castro Rosillo, en nombre y representación de Juan Francisco y Benjamín , contra el auto del mismo órgano de fecha 20 de septiembre de 2011.

Como fundamento de la impugnación, se alega, en primer lugar, violación del derecho fundamental de los recurrentes a evitar un proceso penal improcedente e injusto ( art. 24, apartados 1 y 2 de la Constitución ), al haberse ordenado proseguir el procedimiento contra los recurrentes pese a la inexistencia de indicios de que los hechos denunciados puedan ser constitutivos de delito o falta; y, en segundo lugar, nulidad de las resoluciones recurridas, conforme a los arts. 120.3 de la Constitución y 238.3 y 240.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , por falta de motivación o incoherente fundamentación de aquellas.

SEGUNDO .- El recurso ha de ser necesariamente estimado, por la falta de motivación señalada por el recurrente, lo que determina la improcedencia de entrar en el resto de los argumentos de la impugnación. Acerca del auto que nos ocupa, la STS de 2 de julio de 1999 , acogiendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia, argumenta que la naturaleza y la finalidad de dicha resolución no es la de suplantar la función acusatoria del Ministerio Público anticipando el contenido fáctico y jurídico de la calificación acusatoria, sino únicamente conferir el oportuno traslado procesal para que esta pueda verificarse, así como expresar el doble pronunciamiento de conclusión de la instrucción y de prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia. Y en el mismo sentido se afirma que no cabe resucitar, indirectamente, a través de esa resolución del artículo 790.1º de la L E. Criminal el auto de procesamiento, matizando también el Tribunal Supremo que el auto de transformación del artículo 790.1º de la LECrim . puede configurarse mediante una remisión genérica a los hechos sobre los que ha versado la instrucción, ya que la resolución se dicta en función de hechos que ya han sido objeto de imputación en el curso de las diligencias previas. Por todo lo cual, no considera esencial una calificación concreta y específica que prejuzgara o anticipara la que de modo inmediato deben efectuar las acusaciones, que son las que tienen atribuida dicha función en el proceso, y no el Juez instructor, que debe exponer su criterio al respecto en un momento procesal posterior cuando dicte el auto de apertura o no del juicio oral.

Sin embargo, la reforma del procedimiento abreviado, realizada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, ha introducido un matiz de cierta entidad en el auto de transformación del procedimiento, al establecer en el artículo 779.1.4ª de la LECrim . que la decisión adoptada "contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a que se le imputan". Esta exigencia, que no modifica sustancialmente la estructura acusatoria de la fase intermedia del procedimiento abreviado -aunque en alguna medida indudablemente la cercena-, obliga al juez de instrucción a plasmar en el auto de transformación una síntesis de los hechos que se le han atribuido al encausado en el curso de la fase de instrucción a la que da fin dictando la resolución prevista en el precepto arriba citado.

No cabe duda de que la determinación de los hechos punibles por el juez de instrucción constituye un primer filtro a la hora de concretar qué hechos han de ser objeto de la fase de plenario. Este filtro habrá de ser después complementado y depurado por el auto de apertura del juicio oral, mediante el que el juez permitirá o no el acceso al juicio de las imputaciones fácticas formuladas por las partes en sus respectivos escritos de acusación.

El objeto del proceso es un hecho, pero un hecho tipificado en una norma penal. Para la selección de los hechos ha de operarse siempre con normas que actúan a modo de filtro o tamiz, escrutando el instructor a través del filtro de la norma todo el material fáctico del proceso y extrayendo aquella parte que considere relevante para la evolución del proceso penal. Esa normativización de los hechos ha tenido ya lugar previamente con motivo de la primera imputación que hace el juez instructor: la declaración del imputado, regulada en el artículo 775 de la LECrim . como materialización legislativa de las exigencias de la STC 186/1990 . La determinación o concreción de los hechos en el auto de transformación, tras concluirse la instrucción, ha de ser contemplada, pues, como la segunda ocasión o momento procesal en que el instructor concreta, selecciona o filtra los hechos en el proceso penal. El tercer episodio en el discurrir del proceso en que el instructor criba los hechos y les da curso como posible objeto de la acusación tiene lugar en el auto de apertura del juicio oral. Pero en este caso será ya un control o concreción en negativo y no en positivo, pues no ha de relatar hechos incriminatorios en positivo, función que le está atribuida en ese trámite procesal a las acusaciones, debiendo limitarse, en su caso, a excluir a través de las diferentes modalidades de sobreseimiento los hechos o las calificaciones jurídicas que propusieron incorrectamente las acusaciones.

La determinación del objeto del proceso en el auto de transformación ha de abarcar todos los hechos, aunque sea de forma sintética, que sean necesarios para configurar la tipificación penal, tanto en su modalidad básica como en la agravada o en la atenuada, incluyendo, pues, los elementos nucleares del tipo que se le atribuye al encausado. Por lo cual, aunque la ley no haga referencia expresa a la calificación jurídica, debe también plasmarse en el auto de transformación, pues la aplicación de la norma penal es precisamente la que permite concretar los hechos objeto del proceso a través de su valoración jurídica. Si se está operando mentalmente con una norma penal sustantiva y si ella es la que señala y marca el perímetro de los hechos que han de conformar el objeto del proceso, resultaría una incongruencia no transcribir esa norma en el auto. Ello no quiere decir que esa tipificación precondicione la calificación jurídica definitiva, pues siempre podrá modificarse cuando ello no suponga la alteración del sustento fáctico de las imputaciones. La modificación, adición o supresión de hechos nucleares en la descripción de los tipos penales supone, en principio, alterar el objeto del proceso. No así las meras modificaciones de las calificaciones jurídicas, que pueden formularse hasta el momento de la calificación definitiva al final del plenario.

Por lo demás, el propio artículo 779.1.4ª de la LECrim . exige para proseguir el procedimiento por los trámites del abreviado que el hecho constituya un delito de los comprendidos en el artículo 757 de la propia ley procesal penal . Ello implica de forma incontestable la exigencia de que se concrete en el auto de transformación el tipo penal sustantivo imputado, al ser la única forma factible de comprobar la correcta adecuación del trámite procesal a las cuantías punitivas del delito específico que se pretende enjuiciar. Si no se especifica el tipo penal en el auto deviene obvio que se deja indefensas a las partes, ya que no podrían cuestionar tampoco si la transformación del procedimiento es acorde o no a derecho.

Si sopesamos que el único momento en que se puede recurrir ante la Sala el contenido de las imputaciones y la configuración del objeto del proceso es con motivo de dictarse el auto de transformación, resulta patente que su concreción fáctica y jurídica es imprescindible, pues en el momento posterior de la apertura del juicio oral ya no cabría cuestionarlas por medio de los recursos ordinarios. A través de la impugnación del auto de transformación pueden, por tanto, las defensas excluir del proceso los hechos incriminatorios y, en virtud de ello, evitar la llamada pena de banquillo, y también pueden las acusaciones postular su inclusión con el fin de formular su escrito de acusación en un sentido determinado.

La regulación procesal del año 2002 supone, ciertamente, una merma de las exigencias del principio acusatorio en los términos en que había sido acogido por la STC 186/1990 y resoluciones posteriores: 21/1991, 22/1991, 23/1991, 128/1993, 152/1993, 273/1993, 277/1994, 100/1996, 149/1997 y 41/1998. Ahora el auto de transformación ha de tener un contenido muy similar al de procesamiento, pudiéndose hablar ya de una auténtica inculpación y no de la mera imputación prevista para el inicio del proceso en el artículo 775 de la LECrim ..

La asimilación al auto de procesamiento y la naturaleza inculpatoria del auto contemplado en el artículo 779.1.4ª de la LECrim . ha sido avalada por las SSTS 703/2003, de 13 de mayo , y 702/2003, de 30 de mayo , en las que se afirma que "debemos recordar que dicho auto de transformación a procedimiento abreviado, es el equivalente procesal del auto de procesamiento en el sumario ordinario -en tal sentido SS de esta Sala de 21 de mayo de 1993 y 1437/98 de 18 de diciembre-, teniendo la finalidad de fijar la legitimación pasiva así como el objeto del proceso penal en la medida que como se indica en la STC 186/90 de 15 de noviembre (...) realiza (el instructor) una valoración jurídica tanto de los hechos como sobre la imputación objetiva de los mismos (...)". En definitiva, al igual que en el auto de procesamiento, "se está en presencia de un acto de imputación formal efectuado por el Juez Instructor exteriorizado de un juicio de probabilidad de naturaleza incriminatoria delimitador del ámbito objetivo y subjetivo del proceso. Se trata, en definitiva de un filtro procesal que evita acusaciones sorpresivas o infundadas en la medida que sólo contra quienes aparezcan previamente imputados por los hechos recogidos en dicho auto se podrán dirigir la acusación, limitando de esta manera los efectos perniciosos que tiene la 'pena de banquillo' que conlleva, por sí sola, la apertura de juicio oral contra toda persona".

Por consiguiente, si bien no cabe exigir, dada la naturaleza de la fase intermedia del procedimiento abreviado, una motivación tan prolija que convierta la inculpación en un boceto de sentencia, pues ello supondría en la práctica una invasión de la fase de plenario y una injerencia en las funciones del Juez o la Sala que tiene la función de enjuiciar, tampoco cabe, incurriendo en el vicio contrario, dictar un auto de transformación telegráfico que no concrete debidamente el objeto del proceso.

Por tanto, el auto de transformación ha de recoger los hechos nucleares de los tipos penales que se investigan en la causa; la calificación jurídica en que se subsumen; y, por último, los sujetos a quienes se les atribuyen.

Ciñéndonos al auto ahora cuestionado, es obvio que este no se ajusta a las exigencias de motivación anteriormente señalada, puesto que no determina los hechos punibles imputados al recurrente. Se trata de una resolución completamente estereotipada y genérica, sin referencia alguna al caso concreto. El déficit de motivación de la mencionada resolución no es susceptible de subsanación mediante los argumentos contenidos en el auto resolutorio del recurso de reforma pues, aunque en este sí hay alusiones a los hechos imputados, en su parte dispositiva se acuerda desestimar la impugnación, con lo que lo que el propio órgano instructor viene a rechazar dicha subsanación, dejando vigente, como fundamento de la continuación del procedimiento, el auto previo, que adolece del defecto ya mencionado.

La parte recurrente no ha interesado expresamente la nulidad por este motivo, pero sí por falta de motivación. En todo caso, la voluntad impugnativa no ofrece dudas. En atención a lo expuesto, de conformidad con lo establecido en los arts. 238 y 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procede anular el auto impugnado, a fin de que se dicte otro con una motivación suficiente, en los términos anteriormente reseñados. Solamente tras esa nueva resolución, podrá entrar la Sala en el análisis del resto de los motivos de impugnación, si es que el apelante los mantiene en un ulterior recurso.

TERCERO .- No apreciándose temeridad o mala fe en la interposición del recurso de apelación, procede declarar de oficio las costas de esta segunda instancia.

Fallo

Se estima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Fernando Bermúdez de Castro Rosillo, en nombre y representación de Juan Francisco y Benjamín , contra el auto de fecha 23 de noviembre de 2011, dictado por el Juzgado de Instrucción n.º 30 de Madrid , desestimando el recurso de reforma previamente interpuesto por la misma parte contra el auto de fecha 23 de noviembre de 2011 , declarando la nulidad de esta última resolución, a fin de que se dicte otra suficientemente motivada, en los términos señalados en los fundamentos jurídicos de este auto.

Se declaran de oficio las costas de esta segunda instancia.

Notifíquese esta resolución, contra la que no cabe recurso ordinario alguno, a las partes y al Ministerio Fiscal y remítase testimonio al Juzgado de procedencia, para su constancia y cumplimiento.

Objeto del proceso
Fase intermedia
Auto de procesamiento
Apertura del juicio oral
Tipo penal
Investigado o encausado
Representación procesal
Violación
Conclusión de la instrucción
Diligencias previas
Declaración del imputado
Calificación definitiva
Legitimación pasiva
Objeto del proceso penal
Voluntad
Mala fe
Temeridad