Sentencia Penal Nº 369/2012, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 4, Rec 926/2012 de 03 de Julio de 2012

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Encabezamiento

Juzgado : Penal-5

Causa : P.A.582/2010

Rollo : 926 de 2012

S E N T E N C I A Nº369/12

Ilmos. Sres.:

D. José Manuel de Paúl Velasco

D.ª Margarita Barros Sansinforiano

D. Carlos Luis Lledó González

En la ciudad de Sevilla, a tres de julio de 2012.-

____________________________________

La Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación los autos de procedimiento abreviado número 582 de 2010, seguidos en el Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla por delitos de maltrato y amenazas leves en la pareja imputados a D. Porfirio ; autos venidos al Tribunal en virtud de recurso interpuesto por dicho acusado , representado por la procuradora D.ª María de Flores Hidalgo Morales y defendido por la letrada D.ª M.ª Teresa Crespo Gallardo. Ha sido parte en la alzada el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. D. Antonio José Muñiz Antequera. Ha sido Magistrado ponente el Ilmo. Sr. D. José Manuel de Paúl Velasco, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Con fecha 16 de noviembre de 2011, la Ilma. Sra. Magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla dictó sentencia en la causa arriba referenciada, declarando probados los hechos siguientes:

PRIMERO .- El día 3 de diciembre de 2009 el acusado, Porfirio se encontró por la calle, en la localidad de El Arahal (Sevilla) a su expareja Modesta , se dirigió a ella, la cogió del pecho y le profirió la siguiente expresión: "te tengo que hincar un puñal en el pecho y ten cuidadito cuando vayas por la noche a casa de tu tío, que puede que no llegues", todo ello en presencia del hijo menor de ambos. Así mismo, aprovechando idéntica ocasión, desde aquel día y cada vez que se ha encontrado a su mujer por la calle le ha vuelto a repetir expresiones como "te voy a matar" y te tengo que hincar un puñal en el pecho.

SEGUNDO: El acusado, Porfirio , es mayor de edad y no tiene antecedentes penales.

Y sobre esta base fáctica, la parte dispositiva de la sentencia es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que DEBO CONDENAR Y CONDENO a Porfirio como autor responsable de un delito continuado de amenazas, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de su responsabilidad, a la pena de un año de prisión, con accesoria de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, privación del permiso para la tenencia y porte de armas por tiempo de dos años y prohibición de acercarse a Modesta , al lugar donde vive o cualquier otro que frecuente a una distancia inferior a 300 metros, así como a comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de tres años, y al pago de las costas. Y que DEBO ABSOLVERLE Y LE ABSUELVO del delito de maltrato que se le venía imputando.

Hasta que la presente resolución alcance firmeza, manténgase en vigor la medida cautelar de alejamiento e incomunicación dictada el día 18 de diciembre de 2009 a favor de Modesta .

SEGUNDO.- Notificada la sentencia a las partes, la defensa del acusado interpuso contra ella recurso de apelación, alegando sustancialmente error en la apreciación de la prueba y subsiguiente aplicación indebida del artículo 171.4 del Código Penal . Admitido a trámite el recurso, se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal, que interesó su desestimación, y a la acusación particular apelada, que no presentó escrito de impugnación o adhesión dentro del plazo conferido.

TERCERO.- Evacuado así el trámite de alegaciones, se remitieron las actuaciones a la Audiencia Provincial, donde su conocimiento correspondió por especialización a esta Sección Cuarta, a la que fue turnado el asunto el día 3 de febrero de 2012; señalándose para la deliberación y fallo del recurso el día 21 de junio de 2012, en cuya fecha quedó el recurso visto para sentencia.

Hechos

No se aceptan los que como tales se declaran en la sentencia de primera instancia, y en su lugar se establecen definitivamente como tales los siguientes:

PRIMERO.- El acusado D. Porfirio mantuvo durante nueve o diez años una relación de pareja estable con D.ª Modesta , de la que fue fruto un hijo común y que concluyó en el otoño de 2009.

SEGUNDO.- El 3 de diciembre de 2009 la Sra. Modesta compareció ante el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Marchena, denunciando que desde la ruptura de la pareja el acusado, cada vez que la veía por la calle, le amenazaba con clavarle un cuchillo en el pecho; hechos que el acusado niega y no resultan acreditados.

Fundamentos

ÚNICO.- Debe reconocerse la razón que asiste a la defensa del acusado apelante cuando alega en su recurso que la condena del Sr. Porfirio como autor de un delito continuado de amenazas leves en la pareja, sobre la exclusiva base probatoria de la declaración inculpatoria de la sedicente víctima, no respeta suficientemente las garantías derivadas de la presunción constitucional de inocencia, porque el testimonio impropio de la sedicente víctima, carente de cualquier corroboración externa, carece en este caso de la consistencia suficiente como para acreditar la culpabilidad del acusado sin margen de duda razonable.

En efecto, por mucha "rotundidad y congruencia" que la magistrada a quo aprecie en la declaración en juicio de la Sra. Modesta , y por mucho que se despache la versión negativa del acusado por el sencillo expediente de considerarla como mero "ejercicio de su legítimo derecho a no autoincriminarse", sin mayor análisis de una ni de otra y sin efectuar entre ellas un verdadero juicio comparativo de credibilidad asentado en reglas generalmente aceptadas de crítica probatoria, este órgano de apelación, aun privado de la inmediación necesaria para una valoración precisa de las pruebas personales, no puede por menos de constatar una serie de elementos que ponen en entredicho la credibilidad del testimonio inculpatorio, al menos hasta el punto suficiente para generar una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado. Cabe señalar a este respecto lo siguiente:

1.- Ciertamente, la naturaleza y características de los hechos imputados (amenazas verbales proferidas en persona) impide de antemano que pueda contarse con una corroboración objetiva de tales hechos. Pero es la misma denunciante la que afirmó (folio 12) que las amenazas se producían en la vía pública y en ocasiones ante varios testigos presenciales; de los que sin embargo solo identificó a una vecina, que cuando declaró en fase instructoria a instancias del Ministerio Fiscal (folio 38) se limitó a relatar que "a veces ha escuchado voces, pero que no puede determinar si la han amenazado o no", de modo que ante la irrelevancia de su testimonio no fue siquiera llamada como testigo al juicio oral. Parece claro que no es lo mismo no poder disponer de testigos de hechos ocurridos en la intimidad que afirmar que los hechos sucedieron ante testigos y que el único al que se identifica no confirme lo que se supone que presenció. No ignora el tribunal que en los casos relacionados con la violencia de género en la pareja es frecuente que los posibles testigos ajenos a la misma se muestren reacios a inmiscuirse en lo que consideran problemas privados; pero incluso así no deja de llamar la atención que, cuando los hechos se dicen sucedidos de forma continuada y en la vía pública, en ninguna de las ocasiones la denunciante se encontrase acompañada de parientes o amigas, que la misma experiencia forense muestra como más propicias a prestar un testimonio inculpatorio.

2.- La versión inculpatoria tampoco está a cubierto de la sospecha de una posible motivación espuria; y no porque lo diga el acusado -que apunta a ello de forma vaga en su primera declaración judicial-, sino porque es la propia denunciante quien desde su comparecencia inicial proporciona un posible móvil desviado de su denuncia, al manifestar que "la compareciente le ha dicho [al imputado] que no le va a dejar ver al niño, porque Porfirio está metido en líos de droga y se lleva con él al niño". Huelga decir que de esos posibles "líos de droga" del acusado nada consta en las actuaciones.

3.- La persistencia de la denunciante en la incriminación tampoco es precisamente diamantina, si se tiene en cuenta la existencia, reconocida por ambos implicados, de una denuncia anterior por hechos similares, que también ambos están de acuerdo en que concluyó sin declaración de responsabilidad porque la Sra. Modesta no acudió a declarar ante el Juzgado; hecho del que la denunciante da explicaciones contradictorias, afirmando en su comparecencia inicial haber "retirado" la denuncia, en coincidencia con lo que afirma el acusado, para poco después desmentirlo y narrar en cambio que si no acudió a declarar fue porque perdió el autobús (folio 11), contingencia que en sí misma puede ser cierta, pero que es obviamente absurda para explicar el archivo de la causa.

4.- Tampoco la reanudación de la convivencia de la pareja con posterioridad a la denuncia favorece desde la perspectiva que ahora analizamos la credibilidad de la denunciante, pues, aunque episodios de ese carácter sean relativamente frecuentes en este tipo de casos, lo que parece demasiado forzado es que la denunciante lo explique en aras del bienestar del hijo común, aunque la sentencia impugnada dé acríticamente por buena esa explicación; ya que resulta inverosímil que alguien considere que lo mejor para su hijo es convivir con un padre, no ya que maltrata a su pareja (pues, en definitiva, esto es lo que imputa la Sra. Modesta , aunque no se haya formulado acusación por ese delito) sino, sobre todo, que supuestamente involucra a su propio hijo en esos "líos de drogas" antes aludidos, de modo que las invocaciones al bienestar del menor parecen contradictorias, incluso desde la perspectiva subjetiva de la denunciante, con esa imputación formulada en la denuncia inicial, precisamente como motivo para oponerse a que el menor vea a su padre.

5.- Por último, no puede dejar de hacerse alusión al supuesto conato autolítico de la Sra. Modesta que menciona el acusado en su primera declaración y que, de ser real y según sus circunstancias, podría haber tenido alguna influencia en el crédito que merezca la declaración de la denunciante, al poder cuestionar de algún modo su equilibrio psíquico. Ninguna comprobación, sin embargo, se ha intentado a este respecto, pese a su posible relevancia y a que no parecía difícil hacerlo, desde el momento en que el acusado afirma haber avisado él mismo a los servicios sanitarios de emergencia.

Conviene señalar que ninguno de los puntos débiles expuestos basta para desautorizar positivamente la declaración inculpatoria de la Sra. Modesta ; pero todos ellos en su conjunto sí son suficientes para generar un margen razonable de duda sobre la realidad de los hechos imputados, a falta de otros elementos adicionales de corroboración. Seguramente, en un caso de las características del de autos, hubiera sido útil a esos efectos un informe de la unidad forense especializada en valoración de violencia de género, particularmente adecuado por cuanto la imputación, como hemos dicho, apunta hacia una situación de maltrato psíquico sostenida en el tiempo, incluso constante la convivencia de la pareja. Pero lo cierto es que esa diligencia pericial no se acordó por el juzgado instructor ni se propuso por ninguna de las acusaciones, que son las que, como consecuencia intraprocesal de la presunción de inocencia, corren con la carga material de la prueba de los hechos imputados, por lo que solo a la hipótesis acusatoria puede perjudicar esa ausencia. Como este tribunal ha dicho en otras ocasiones, un juicio penal por delito no puede reducirse a una especie de ordalía en la que el órgano judicial resuelva intuitiva y oracularmente un juicio comparativo de credibilidad entre las versiones contrapuestas de denunciante e imputado en ausencia de cualquier elemento o criterio objetivo de valoración.

Por cuanto se lleva expuesto, en conclusión, procede la estimación del recurso, la revocación de la sentencia condenatoria impugnada y la libre absolución del acusado por los hechos objeto de esta causa, con la doble e inherente consecuencia de declararse de oficio las costas de ambas instancias y de cancelarse la medida de cautelar de protección de la supuesta víctima expresamente mantenida en la resolución que ahora queda sin efecto.

VISTOS , además de los preceptos legales citados, los artículos 142 , 239 , 240 , y 792 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y el artículo 248.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ,

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por la procuradora Sra. Hidalgo Morales, en nombre del acusado D. Porfirio , contra la sentencia dictada el 11 de noviembre de 2011 por la Ilma. Sra. Magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla, en autos de procedimiento abreviado número 582 de 2010, debemos revocar y revocamos la sentencia impugnada.

Y, en su lugar, debemos absolver y absolvemos libremente al susodicho acusado apelante por los hechos objeto de esta causa, declarando de oficio las costas procesales de ambas instancias y acordando la cancelación de la medida cautelar de protección dictada el 18 de diciembre de 2009.

Notifíquese esta resolución a las partes personadas y personalmente a la víctima, haciendo saber a las mismas que contra ella no cabe recurso alguno, y devuélvanse los autos recibidos al Juzgado de procedencia, con certificación de lo resuelto para su ejecución.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- La precedente sentencia ha sido publicada por el Magistrado Ponente en el día de su fecha. Doy fe.

Amenazas
Drogas
Delitos continuados
Amenazas leves
Violencia de género
Testigo presencial
Responsabilidad
Malos tratos
Presunción de inocencia
Sentencia de condena