Sentencia Penal Nº 386/2010, Audiencia Provincial de Castellon, Sección 1, Rec 592/2010 de 11 de Noviembre de 2010

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLON

SECCION PRIMERA

Rollo de Apelación Penal nº 592/2010

Juicio de Faltas nº 468/2009

Juzgado de Instrucción nº 3 de Castellón

SENTENCIA Nº 386

Ilmo. Sr.

Magistrado

Don PEDRO LUIS GARRIDO SANCHO

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En Castellón a once de noviembre de dos mil diez.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida en Tribunal Unipersonal por el Ilmo. Sr. Magistrado anotado al margen, ha visto y examinado el Rollo de Apelación Penal nº 592 de 2010, incoado en virtud del recurso interpuesto contra la sentencia de 12 de abril de 2010 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Castellón , en el procedimiento de Juicio de Faltas nº 468/2009, sobre lesiones imprudentes.

Han intervenido en el recurso, como APELANTE, la denunciante Dª. Encarna en nombre de su hijo menor de edad Jose Ignacio , representada por el Procurador D. Oscar Colón Gimeno con la asistencia del Letrado D. Juan Carlos Ballesteros Chinchilla, y como APELADOS, el denunciado D. Luis Carlos y Catalana Occidente, representados por la Procuradora Dª. Paz García Peris y defendidos por el Letrado D. César Ortega Prades, Reale Seguros SA representada por la Procuradora Dª. Elisa Toranzo Colón y defendida por el Letrado D. Vicente Balaguer Sancho, así como el Ministerio Fiscal.

Antecedentes

PRIMERO.- En el Juicio de Faltas de referencia se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice: "Que debo absolver y absuelvo a Luis Carlos , con todos los pronunciamientos favorables, del hecho del que se le acusaba, declarando de oficio las costas procesales".

SEGUNDO.- Dicha sentencia declaró probados estos hechos: Probado y así se declara que sobre las 13'15 horas del día 24 de junio de 2007, se produjo la caída accidental de una barra de bar, metálica y portátil que se encontraba previamente apoyada en el lateral de una caseta de refrescos ubicada junto al establecimiento llamado "Racó del Mariner", sito en la Plaza Virgen del Carmen de Castellón, sobre la cabeza del niño Jose Ignacio que entonces tenía dos años, al haber nacido el día 22 de agosto de 2004, ocasionándole un TCE frontal izquierdo sin pérdida de conciencia, con herida en scalp que precisó para su curación de una primera asistencia facultativa y tratamiento médico quirúrgico posterior, sanando en el plazo de 45 días, 15 de ellos impeditivos.

El Racó del Mariner era regentado en dicha fecha por el denunciado Luis Carlos , en virtud de contrato de cesión suscrito con Asociación Cultural de Fiestas de Sant Pere del Grau

TERCERO.- Notificada la anterior sentencia se interpuso contra la misma recurso de apelación por la denunciante, con la oposición de contrario y del Ministerio Fiscal, remitiéndose las actuaciones a la Audiencia Provincial para su resolución.

CUARTO.- Recibidos los autos el 2 de septiembre de 2010, se turnaron a la Sección Primera, señalándose para dictar sentencia en el plazo de diez días a partir del día de la fecha 11 de noviembre de 2010.

QUINTO.- En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia absolvió al denunciado porque valorando la prueba personal practicada en el juicio oral, consistente fundamentalmente en la declaración prestada por denunciante, denunciado y testigos, el Juzgador de primer grado había llegado a la conclusión de que dicha prueba no era concluyente, respecto a la existencia de comportamiento negligente alguno del acusado, respecto a la caída de una barra de bar portátil sobre la cabeza del menor accidentado.

Frente a dicho pronunciamiento absolutorio interpone recurso de apelación la denunciante, madre del citado menor, alegando error en la apreciación de la prueba por entender que de la prueba practicada se desprende la responsabilidad del denunciado Luis Carlos , como encargado de la seguridad de las instalaciones donde se produjeron los hechos, interesando en definitiva que con la estimación del recurso se condene al mismo por una falta del art. 621.3 CP , en los términos solicitados.

El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso, y asimismo el denunciado y las aseguradoras responsables directa y subsidiaria impugnan respectivamente dicho recurso, por considerar, entre otras cuestiones, que es de aplicación la doctrina constitucional existente a partir de la STC 167/2002 , solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Delimitado en estos términos el recurso, necesario resulta decir, con carácter previo, que la valoración conjunta de la prueba es una potestad exclusiva del Juzgador de instancia que este ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de dicha valoración.

En este caso pretende la acusación particular que esta Sala, modificando el criterio del Juez "a quo", realice una nueva valoración de la prueba practicada y de sus alegaciones para dotarlas de credibilidad y sustentar en las mismas un nuevo relato fáctico acorde con sus pretensiones acusatorias, en orden a obtener una condena por la falta de imprudencia leve prevista en el art. 621.3 CP , pretensión ésta que deviene imposible, por impedirlo la más reciente doctrina del Tribunal Constitucional sobre los límites de la apelación penal cuando se impugnan cuestiones fácticas en determinados supuestos.

Es de recordar en ese sentido la doctrina constitucional que desde la STC 167/2002, de 18 de septiembre , ha ido perfilando los límites que, para las facultades de revisión de los hechos de que dispone el Tribunal "ad quem", se derivan del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en particular el principio de inmediación que rige el proceso penal, sobre la exigencia de respetar las garantías de publicidad, inmediación y contradicción en la valoración de las pruebas en la segunda instancia, en el sentido de que la revocación de una sentencia penal absolutoria y su sustitución por una sentencia condenatoria, tras realizar una nueva valoración y ponderación de los testimonios de implicados y testigos en la que se fundamenta la modificación del relato fáctico y la condena, requiere que la nueva valoración de la prueba se efectúe con un examen directo y personal de aquellos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC 41/2003, de 27 de febrero ; 59/2004, de 30 de marzo , 65/2005, de 14 de marzo ; 245/2007, de 10 de diciembre ).

Esa doctrina, que no constituye en realidad una novedad introducida ahora por el Tribunal Constitucional, pues se encuentra vigente desde hace tiempo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se explicita con claridad en el último párrafo del fundamento jurídico primero de la STC 167/2002 , antes mencionada, y se limita exclusivamente a los supuestos de recursos frente a sentencias absolutorias, estableciendo que no puede el Tribunal "ad quem" revisar la valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción (pruebas personales), contrariamente a otros supuestos donde cabe revisar el relato fáctico (pruebas documentales, por ejemplo), y consiguientemente, aunque la citada doctrina no impide la apelación de las sentencias absolutorias, pues existen cauces para la revisión, incluso fáctica, que no afectan a las percepciones derivadas de la inmediación y la contradicción (infracción de las normas del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de las normas y garantías procesales, falta de motivación de la sentencia), es lo cierto que en el supuesto aquí enjuiciado no puede ahora este Tribunal de apelación entrar a valorar la culpabilidad del acusado sin haberle oído nuevamente y sin recibir la inmediación de aquellas pruebas -declaración de implicados y testigos- de las que se hace depender su culpabilidad.

Por ello, ha apreciado el Tribunal Constitucional vulneración del derecho fundamental del acusado a un proceso con todas las garantías en los supuestos en que, tras ser dictada una sentencia penal absolutoria en primera instancia, la misma es revocada en apelación y dictada una sentencia condenatoria que se sustenta en una diferente valoración de testimonios (declaraciones de los acusados o declaraciones testificales), medios de prueba que, por su carácter personal, no podían ser valorados de nuevo sin el examen directo y personal de los acusados o los testigos, en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. Por lo demás, la valoración de pruebas personales sin la concurrencia de estas garantías elementales significará también la vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE ) en la medida en que la eliminación de las pruebas irregularmente valoradas deje sin sustento el relato de hechos probados que soporta la declaración de culpabilidad del acusado. Esto sucederá, por supuesto, cuando la prueba personal eliminada sea la única tomada en cuenta por la resolución impugnada, pero también cuando, a partir de su propia motivación, se constate que dicha prueba era esencial para llegar a la conclusión incriminatoria, de modo que con su exclusión la inferencia de dicha conclusión devenga ilógica o no concluyente a partir de los presupuestos de la propia sentencia ( SSTC 185/2005, de 4 de julio ; 126/2007, de 21 de mayo ; 28/2008, de 11 de febrero ; 103/2009, de 28 de abril ).

No es posible entrar a valorar dicha culpabilidad por cuanto la absolución del acusado la fundamenta el Juzgador de instancia precisamente en pruebas personales, declarando que a la vista de las contradictorias versiones de éstos, del testimonio de los testigos así como los datos que se desprenden de la documentación obrante en las actuaciones, no queda acreditada "la actuación negligente" con relevancia en esta jurisdicción.

El nuevo relato de hechos probados sería la consecuencia de una nueva valoración de los testimonios prestados en la única vista oral celebrada, en la primera instancia, y por lo tanto sin las necesarias condiciones de inmediación, contradicción y publicidad, y sin la posibilidad de observar las actitudes de los declarantes. Tampoco la grabación videográfica del juicio permite tener un conocimiento idéntico al que permite la percepción inmediata de las sesiones del juicio oral por el Tribunal que no las haya presenciado, ya que sólo tiene una visión parcial de lo practicado que le otorga la visión estática de una cámara y el sonido recogido por la misma. En todo caso, a tenor de la reciente doctrina constitucional ( STC 120/2009, de 18 de mayo de 2009 ), sería irrelevante a estos efectos visionar la grabación del juicio en cuanto que no puede desaparecer en los tribunales de apelación la garantía de la inmediación.

Se trata, en definitiva, de unas pruebas necesitadas de inmediación para el cambio de tal pronunciamiento absolutorio, y por lo tanto, aplicando la doctrina jurisprudencial de referencia, procede mantener la absolución decretada en la instancia, con la consiguiente desestimación del recurso, y las indemnizaciones que puedan corresponder al perjudicado serán reclamables, en tal caso, a través del juicio declarativo que corresponda.

TERCERO.- No son de apreciar méritos para la imposición de costas, de acuerdo con lo previsto en el art. 240 LECrim .

VISTOS los preceptos legales de pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal Dª. Encarna , contra la sentencia de 12 de abril de 2010 dictada por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Castellón , en autos de Juicio de Faltas nº 468/2009, debo confirmar y confirmo la expresada resolución, declarando de oficio las costas del recurso.

Así, por esta Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronuncia y manda la Audiencia Provincial de Castellón, Sección Primera, constituida unipersonalmente por el Magistrado reseñado en el encabezamiento, que firma dicha resolución.