Sentencia Penal Nº 403/2012, Audiencia Provincial de Asturias, Sección 3, Rec 91/2012 de 20 de Septiembre de 2012

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 20 de Septiembre de 2012
  • Tribunal: AP - Asturias
  • Ponente: Dominguez Begega, Javier
  • Núm. Sentencia: 403/2012
  • Núm. Recurso: 91/2012
  • Núm. Cendoj: 33044370032012100367
Resumen:
DELITO SIN ESPECIFICAR

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

OVIEDO

SENTENCIA: 00403/2012

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3 de OVIEDO

-

Domicilio: COMANDANTE CABALLERO, 3

Telf: 985968771/8772/8773

Fax: 985968774

Modelo: 213100

N.I.G.: 33004 41 2 2011 0017286

ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000091 /2012

Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N.2 de AVILES

Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000062 /2012

RECURRENTE: Porfirio

Procurador/a:

Letrado/a:

RECURRIDO/A: Santiaga

Procurador/a:

Letrado/a:

SENTENCIA Nº 403/12

==========================================================

ILMOS/AS SR./SRAS

Presidente/a:

D./DÑA. MANUEL VICENTE AVELLO CASIELLES

Magistrados/as

D./DÑA. JAVIER DOMINGUEZ BEGEGA

D./DÑA. ANA ALVAREZ RODRIGUEZ ==========================================================

En OVIEDO, a veinte de Septiembre de dos mil doce.

Vistas, en grado de apelación, por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, las diligencias de Juicio Oral nº 62/12, procedentes del Juzgado de lo Penal nº 2 de Avilés, (Rollo de Apelación nº 91/12), sobre delito de IMPAGO DE PENSIONES, siendo parte apelante Porfirio , cuyas demás circunstancias personales constan en las Diligencias, representado en el recurso por el Procurador Sr./Sra. Jañez Ramos, bajo la dirección del Letrado Sr./Sra. Suárez Hurlé, ADHESION DE Santiaga , representado por el Procurador Sr./Sra. Nogueroles Andrada, bajo la dirección del Letrado Sr./Sra. Collantes Fernández, siendo parte el Ministerio Fiscal y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JAVIER DOMINGUEZ BEGEGA.

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Juzgado de lo Penal Nº 2 de Avilés se dictó sentencia en las referidas diligencias de fecha 19 de marzo de 2012 , cuya parte dispositiva dice:

FALLO: "QUE DEBO CONDENAR Y CONDENO a Porfirio , como autor responsable de un DELITO DE ABANDO NO DE FAMILIA, por IMPAGO DE PENSIONES, a la pena de 3 MESES DE PRISION con la accesoria legal de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a Santiaga en la cantidad que resulte acreditada en ejecución de sentencia, por los meses comprendidos entre marzo de 2011 hasta la actualidad, en concepto de pensiones alimenticias y compensatoria, con aplicación de lo previsto en los arts. 1108 CC y 576 LEC .

Todo ello con expresa imposición al condenado de las costas procesales causadas, incluidas las de la acusación particular".

SEGUNDO .- Contra dicha sentencia se interpuso por la representación del condenado recurso de apelación, del que se dio traslado al Ministerio Fiscal y remitido el asunto a esta Audiencia y repartido a esta Sección Tercera, se registró con el Rollo de Apelación nº 91/12, pasando para resolver al Ponente que expresa el parecer de la Sala.

TERCERO.- Se aceptan los Antecedentes de Hecho de la sentencia apelada y, con ellos, la declaración de Hechos Probados.

Fundamentos

Se aceptan los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada y

PRIMERO.- El recurso de apelación que se interpone contra la Sentencia de Instancia denuncia error en la valoración de la prueba, cuestionando la practicada en su idoneidad para poder concluir de ella la integración del cupo de culpabilidad rector del tipo de abandono de familia por el que se condenó, añadiendo la cita del pro reo como infringido al no haberse pronunciado el fallo absolutorio que demanda en la alzada. El recuso no es admisible. Lo que, en definitiva, sostiene el recurrente es que no afrontó las prestaciones judicialmente acordadas, en concepto de pensión y alimentos, por carecer de las posibilidades económicas suficientes para ello, desplazando la vertiente subjetiva del tipo que traduce la desatención obligacional consciente y deliberada sobre una base de posibles para afrontarla. Tal argumento, por lo demás manido es situaciones como la de autos, viene a suponer el patrocinio de este orden jurisdiccional penal como revisor de lo decidido en el orden de familia por los órganos de la jurisdicción competente, los cuales fueron los que a través de los procedimientos correspondientes ponderaron los intereses en juego en ese orden familiar, decidiendo a favor de los titulares de la prestación una cuantificación que, razonablemente, se sustentó en la capacidad acreditada del obligado. Tales pronunciamientos no pueden ser revisados en esta sede jurisdiccional penal, máxime cuando en el propio orden jurisdiccional civil el interesado cuenta con las posibilidades de acción para instar la revisión de lo resuelto por haber variado las circunstancias presentes cuando se decidió la carga, o cargas, en beneficio de los necesitados tras la crisis matrimonial, y si el ahora recurrente se mantuvo en una actitud indolente ante el escenario de precariedad que ahora esgrime en su defensa, no puede pretender que otros, y en particular los órganos judiciales competentes en la causa penal, le releven en ese derecho y, además, asumiendo juicios revisorios que no les corresponden y que se mostrarían contradictorios con los acertados criterios valorativos que incorpora la recurrida respecto a la situación económica del recurrente cuya liquidez ha sido ponderada a la vista de lo actuado en términos que no dejan lugar a la duda sobre su deliberación delictiva.

SEGUNDO.- La adhesión formulada al principal recurso, por la vía que autoriza el art. 790 de la L.E.Crim . , cuestiona, en primer lugar, la individualización operada de la pena impuesta y, en segundo, la elusión del pronunciamiento indemnizatorio por los alegados daños morales. Tal adhesión no es admisible. En cuanto a la pena, la individualizada en el mínimo no requiere ningún particular ejercicio motivador, a diferencia de la opción que pudiera discurrir en márgenes de máximo, respecto de los que la parte contradictora adhesiva pretende justificar en atención a referentes cuya acreditación reclamó el enjuiciamiento de los hechos, y la prueba de los presupuestos del tipo aplicado no equivale a que además de la condena por él la pena a imponer tenga que ser en el máximo reclamado.

En cuanto a la indemnización, es ilustrativa la falta de dedicación que refiere la a quo, a cargo de la parte que reclama, cuando motiva como ni siquiera la perjudicada fue interrogada en el plenario acerca de unos menoscabos que, como son los aludidos morales, no pueden confundirse con la incomodidad, irritación, disgusto o desagrado que naturalmente debe comportar el sentirse víctima de un delito, y lo menos que se puede demandar a al reclamante es que, en cumplimiento del principio de aportación de parte que rige el ejercicio de la acción civil nacida del ilícito penal, hubiese explicado qué componente de aflicción moral le supuso la ejecución delictual sentenciada.

TERCERO.- Siendo de desestimar tanto el recurso principal como la adhesión a él formulada, las costas procesales causadas en esta segunda instancia se imponen a cada parte que la motivó en sus respectivas cuotas devengadas.

Por lo expuesto

Fallo

Que, DESESTIMANDO tanto el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Porfirio , como la adhesión promovida por la de Santiaga , contra la sentencia de fecha 19 de marzo de 2012 pronunciada por la Ilma. Sra. Magistrada Juez Titular del Juzgado de lo Penal Nº 2 de Avilés , en las diligencias de procedimiento abreviado de las que esta alzada dimana, debemos de confirmar y confirmamos la sentencia apelada con imposición a cada parte, recurrente principal y contradictora adhesiva, de las respectivas costas causadas a su instancia.

Notifíquese la presente resolución a las partes.

Devuélvanse los autos originales, junto con testimonio de esta Sentencia, de la que, además se llevará certificación al Rollo de Sala, al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta nuestra Sentencia, contra la que no cabe recurso alguno, definitivamente juzgado en segunda instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Error en la valoración de la prueba
Abandono de familia
Daños morales