Sentencia Penal Nº 409/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 33/2020 de 23 de Julio de 2020

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA
Sección Vigésima Segunda
Rollo apelación penal núm. 33/2020 - B
Referencia de procedencia:
JUZGADO PENAL 4 SABADELL
Procedimiento Abreviado núm. 137/2018
Fecha sentencia recurrida: 25 de noviembre de 2019
S E N T E N C I A NÚM. 409/2020
Tribunal:
D. Joan Francesc Uría Martínez (Presidente)
D. Juli Solaz Ponsirenas
D. Javier Ruiz Pérez
Barcelona, 23 de julio de 2020
Visto por la Sección Vigésima Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona, integrada por los Ilmos. Sres.
Magistrados arriba mencionados, el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr.
Castañón Puell, en nombre y representación de Juliana , contra la Sentencia 355/2019, de 25 de noviembre,
del Juzgado de lo Penal nº 4 de Sabadell, recaída en su Procedimiento Abreviado 137/2018, se ha dictado la
siguiente Sentencia en nombre de S.M. el Rey.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 25 de noviembre de 2019, el Juzgado de lo Penal nº 4 de Sabadell dictó Sentencia que contenía el siguiente relato de Hechos Probados: ' ÚNICO.- Se considera probado que Justino , ciudadano español, mayor de edad y ejecutoriamente condenado por sentencia de 31 de marzo de 2017 de este mismo Juzgado de lo Penal (firme el 3 de agosto de 2017), por entre otros, un delito de amenazas, a la pena, entre otras, de diez meses y quince días de prisión, tiene instalado un dispositivo GPS para el control de una pena de prohibición de aproximación y comunicación con su expareja, Juliana , que le fue impuesta por este Juzgado de lo Penal en la sentencia referenciada, penas con vigencia hasta el 12 de octubre de 2021.

En el presente procedimiento se acusaba a Justino de haber llamado, sobre las 15.00 horas del día 1 de noviembre de 2017, al Centro Cometa y decir que tenía una escopeta cargada y que iba a matar a su expareja, Juliana , sin que se haya acreditado que tal hecho se hubiera producido'.



SEGUNDO.- La mencionada Sentencia contenía el siguiente Fallo: ' Que debo absolver y absuelvo a Justino de los delitos de los que se le acusaba, declarándose de oficio las costas procesales' .



TERCERO.- El día 20 de diciembre de 2019, el Procurador de los Tribunales Sr. Castañón Puell, en nombre y representación de Juliana , interpuso recurso de apelación en base a las alegaciones que constan en su escrito.

Por Providencia de 13 de enero de 2020 se tuvo por interpuesto el recurso y se admitió a trámite, dándose traslado del recurso a las demás partes.

El 20 de enero de 2020, el Ministerio Fiscal presentó escrito por el que se adhería al recurso de apelación, solicitaba la revocación de la resolución recurrida y el dictado de una Sentencia condenatoria.

El día 22 de enero de 2020, el Procurador de los Tribunales Sr. Sabattini, en nombre y representación de Justino , presentó escrito en el que impugnaba el recurso interpuesto y solicitaba la confirmación de la resolución recurrida.



CUARTO.- Verificados los traslados anteriores, se elevaron las actuaciones a la Audiencia Provincial de Barcelona, habiendo sido turnada la causa a esta Sección Vigésima Segunda. Una vez recibidas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo del recurso el día 22 de julio de 2020, y se designó como ponente al Ilmo. Sr. Magistrado D. Javier Ruiz Pérez, quien expresa el parecer del Tribunal.

HECHOS PROBADOS ÚNICO.- Se admiten como tales los que así se declaran en la Sentencia de instancia.

Fundamentos

PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales Sr. Castañón Puell se alza contra la Sentencia de instancia en base a una única alegación, en la que atribuye a la resolución recurrida haber sido consecuencia de un error en la valoración de la prueba sufrido por la Juzgadora de instancia y solicita que se revoque la absolución y se dicte una Sentencia en la que se condene al acusado por un delito de amenazas y se aprecie la circunstancia agravante de reincidencia.



SEGUNDO.- El recurrente solicita la revocación de la Sentencia recurrida, la cual es absolutoria. El artículo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece expresamente: ' La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos en el tercer párrafo del artículo 790.2. No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa'. Por su parte, el párrafo tercero del artículo 790.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone: ' Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de la experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas, que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'.

Por lo tanto, de la lectura de los anteriores preceptos legales se deriva claramente que cuando la acusación desee dejar sin efecto una sentencia absolutoria por error en la valoración de la prueba, no podrá limitarse a pedir la revocación de dicha resolución por error en la valoración de la prueba y el dictado de una sentencia condenatoria en la segunda instancia, sino que, por un lado, deberá instar la anulación de la sentencia recurrida en los términos del párrafo 2º del artículo 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por otro lado, para conseguir dicha anulación, deberá justificar la insuficiencia o falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o alguna de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada.

En el presente caso, el recurrente ni solicita la anulación de la sentencia de instancia ni formula alegación alguna en los términos del párrafo tercero del artículo 790.2, por lo que, no cumpliéndose los requisitos procesales para la apelación contra sentencias absolutorias por error en la valoración de la prueba no cabe más solución que la desestimación del recurso. En efecto, la anulación de la resolución recurrida tiene que ser solicitada expresamente salvo supuestos excepcionales (segundo párrafo del artículo 240.2. LOPJ: ' En ningún caso podrá el juzgado o tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectare a ese tribunal'). Además de esa solicitud expresa de nulidad, debe alegarse en los términos ya indicados cómo el razonamiento fáctico en que se basa la resolución recurrida se aparta de las máximas de la experiencia, no tiene en cuenta pruebas practicadas y que sean relevantes, o carece directamente de sentido, lo que no se realiza en el presente recurso.



TERCERO.- El artículo 240.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que será condenada en costas la Acusación particular cuando resultare de las actuaciones que han obrado con temeridad o mala fe.

En el presente caso, se evidencia que la conducta del recurrente ha sido patentemente temeraria por cuanto que, habiéndose modificado la regulación de los recursos de apelación contra las Sentencias absolutorias por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, el recurso interpuesto, de nula prosperabilidad, se basó en unos argumentos propios de la anterior regulación, debiendo tenerse en cuenta que han transcurrido más de cuatro años desde la entrada en vigor de la reforma.

Por tal motivo, el recurrente será condenado al pago de las costas de la presente alzada.

Fallo

1) Que DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Castañón Puell, en nombre y representación de Juliana , contra la Sentencia 355/2019, de 25 de noviembre, del Juzgado de lo Penal nº 4 de Sabadell, recaída en su Procedimiento Abreviado 137/2018, la cual CONFIRMAMOS en todos sus extremos.

2) Que CONDENAMOS a la parte recurrente al pago de las costas procesales de la presente alzada por haber litigado con temeridad.

Esta resolución no es firme y contra la misma se puede interponer recurso de casación por infracción de ley si se considera que, vistos los hechos que se declaran probados en la resolución, se ha infringido un precepto penal de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter que tenga que ser observada en la aplicación de la ley penal, preparando el recurso mediante escrito firmado por abogado y procurador, si el recurrente no es el Ministerio Fiscal. Escrito que deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de la sentencia y en el que se tiene que pedir testimonio de la sentencia y manifestar la clase de recurso que se intenta utilizar.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.