Sentencia Penal Nº 440/2020, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 61/2020 de 10 de Septiembre de 2020

Encabezamiento

Audiència Provincial de Barcelona

Secció Vint-i-dosena

Rotlle apel·lació penal núm. 61/2020 - B

Referència de procedència:

JUTJAT PENAL 1 DIRECCION000

Procediment Abreujat núm. 179/2019

Data sentència recorreguda: 28/11/2019

SENTÈNCIA NÚM. 440/2020

Magistrats/des:

Joan Francesc Uría Martínez

Maria Josep Feliu Morell

Mar Méndez González

La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona en recurs d'apel·lació núm. 61/2020, interposat contra la Sentència pronunciada pel JUTJAT PENAL 1 DIRECCION000 en data 28/11/2019, en procediment Abreujat núm. 179/2019. Han estat parts com apel·lant María Teresa, representada per procuradora Rosalia Cristina Otero Carrillo, assistida per lletrada Ana Dolores Moreno Jodar, apel·lat Lorenzo, representat per procurador Santiago Córdoba Schuaneberg, assistit per lletrada Montserrat Valls Carbonell, i el Ministeri Fiscal. D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent Maria Josep Feliu Morell.

Barcelona, deu de setembre de dos mil vint.

Antecedentes

Primer.El 28 de novembre de 2019 el Jutjat penal núm. 1 de DIRECCION000 dictà sentència amb la decisió següent: ' Primero. Condeno a Lorenzo, como autor de un primer delito de maltrato físico en el ámbito de la pareja, cometido en domicilio común, previsto y penado en el artículo 153, apartados 1 y 3, del Código Penal , sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:

a) Diez meses de prision, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,

b) Privacion del derecho a la tenencia y porte de armas durante un periodo de dos años y un dia.

Penas accesorias:

a) Prohibido a Lorenzo que se aproxime a María Teresa, en cualquier lugar donde se encuentre, a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por la misma, a una distancia inferior a doscientos metros, durante un periodo de dos años y un dia.

b) Prohibido a Lorenzo que se comunique con María Teresa, por lo que no podrá establecer con la misma, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante un periodo de dos años y un dia.

Segundo.

Condeno a Lorenzo, como autor de un segundo delito de maltrato físico en el ámbito de la pareja, cometido en domicilio común, previsto y penado en el artículo 153, apartados 1 y 3, del Código Penal , sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a las siguientes penas:

a) Diez meses de prision, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena,

b) Privacion del derecho a la tenencia y porte de armas durante un periodo de dos años y un dia.

Penas accesorias:

a) Prohibo a Lorenzo que se aproxime a María Teresa, en cualquier lugar donde se encuentre, a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por la misma, a una distancia inferior a doscientos metros, durante un periodo de dos años y un dia.

b) Prohibo a Lorenzo que se comunique con María Teresa, por lo que no podrá establecer con la misma, por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual, durante un periodo de dos años y un dia.

Tercero. Responsabilidad civil:

Lorenzo, como responsable civil directo, deberá indemnizar a María Teresa en la cantidad de trescientos euros.

La cantidad a indemnizar devengará, desde la fecha de esta sentencia, un interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos.

Cuarto.

Absuelvo a Lorenzo de un tercer delito de maltrato físico en el ámbito de la pareja, y del delito de violencia física o psíquica habitual en el ámbito de la pareja, de los que también venía siendo acusado por el Ministerio Fiscal y la acusación particular.

Quinto. Costas:

El condenado deberá abonar las costas procesales en una proporción del cincuenta por ciento; resto de oficio.

Sexto. Medidas cautelares:

Las medidas cautelares penales dispuestas en el auto de fecha 21 de abril de 2018 del Juzgado de Instrucción número 3 de DIRECCION000, recaido en los autos de diligencias urgentes número 23/2018-R, permaneceran vigentes hasta que esta sentencia adquiera firmeza y se inicie la ejecución de la condena con la notificación al penado de la liquidación de las penas accesorias, o, en su caso, hasta que sean alzadas por otra resolución judicial.

El incumplimiento de estas medidas cautelares penales por parte del condenado podrá dar lugar a la adopción de nuevas medidas más restrictivas de su libertad personal, incluso el ingreso en prision, sin perjuicio de poder incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal '.

A la sentència es declaren provats els fets següents: '1. El año 2018, Lorenzo y María Teresa llevaban unos diez años casados aproximadamente.

Convivían en un piso sito en Plaça DIRECCION001, número NUM000, de DIRECCION000, con los cuatro hijos del matrimonio, menores de edad (nacidos entre los años 2010 y 2016).

Aproximadamente desde el mes de septiembre de 2017, Lorenzo y María Teresa dormían en habitaciones distintas pues estaban en proceso de separación conyugal, sin que conste que hubieren promovido un procedimiento judicial de separación o divorcio.

2. El día 14 de marzo de 2018, sobre las 01:30 horas, Lorenzo entró en la habitación de María Teresa, y ésta le dijo que saliera de la habitación.

Entonces, Lorenzo, con ánimo de menoscabar la integridad física de María Teresa, le pegó dos bofetadas en la cara.

María Teresa trató de echar a Lorenzo de la habitación, siendo entonces cuando éste, nuevamente con la intención de menoscabar la integridad física de la mujer, la cogió del hombro, y le propinó una patada en la rodilla y un puñetazo en las costillas.

A causa de la agresión, María Teresa sufrió policontusiones, habiendo precisado para su curación crioterapia, paracetamol, ansiolítico y control CAP, con un tiempo de curación de cinco días no impeditivos, sin haberle quedado secuelas.

3. El día 19 de abril de 2018, sobre las 17:10 horas, Lorenzo y María Teresa se encontraban en la cocina de la vivienda familiar, cuando empezaron a discutir.

En un momento dado, María Teresa salió al pasillo, siendo entonces cuando Lorenzo, con ánimo de menoscabar su integridad física, le tiró del pelo, la lanzó contra la pared, la tiró al suelo y la arañó en el pecho.

A causa de la agresión, María Teresa sufrió dolor y tumefacción en la zona frontoparietal derecha, contusión en el área zigomática de la cara, y TC craneal sin interés, habiendo precisado para su curación paracetamol para el dolor, crioterapia inicial y relajante muscular, con un tiempo de curación de cinco días no impeditivos, sin haberle quedado secuelas'.

Segon.Formulat recurs d'apel·lació per les representacions processals de María Teresa i Lorenzo el Jutjat els admeté a tràmit, i lis donà curs, i finalment va remetre les actuacions a aquest Tribunal per a la decisió.

S'accepta el relat de fets declarats provats en la sentència recorreguda.

Fundamentos

Primer.L'apel·lant María Teresa impugnà la sentència dictada en primera instància adduint un únic motiu d'impugnació que fonamenta extensament fent un recorregut sobre la valoració de la prova realitzada pel Jutge d'instància, al·legant que de la prova practicada a l'acte del judici s'acredita la realitat de tots els fets denunciats i demana que es dicti una sentencia condemnatòria per l'acusat en la que a mes de les condemnes per dos delictes de maltractaments imposades a la sentencia impugnada, se'l condemni pel delicte de maltractaments de l' article 153.1 i 3 del C. Penal pels fetsdel 5 de setembre de2015 i també se'l condemni per un delicte de maltractaments habituals en el termes sol·licitats.

Segon.L' article 792.2 de la LEcrim estableix que ' La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.

No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.'i l' article 790.2 tercer apartat de la LECrim., estableix que ' Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'. En aquest cas, l'acusació particular com part l'apel·lant impugna la sentencia únicament en quan absol a l'acusat de dos dels delites pels que era acusat i demana la seva condemna, plantejant com motiu de recurs l'error en la valoració de la prova, i a la vista de que els fets enjudiciats i la incoació del procediment penal es posterior el dia 6 de desembre de 2015, data d'entrada en vigor de l'ultima reforma de la LEcrim, en la que es modifica la redacció dels preceptes abans esmentats, entre altres, s'evidencia que l'apel·lant tenia, en el cas d'apreciar error en la valoració de la prova en primera instancia, haver sol·licitat, fent les oportunes al·legacions per justificar el que preveu l' article 790.2 tercer apartat de la LEcrim., la nul·litat de la sentencia dictada en primera instancia i no única i exclusivament la seva revocació, vetada per l'article 790,2 de la mateixa llei, que trasllada al text de la llei el que ha estat notòria i reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tal com senyala la STC de 17 de novembre de 2014 ' La doctrina sobre las condenas penales en segunda instancia previa revocación de un pronunciamiento absolutorio, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y reiterada en numerosas Sentencias posteriores (entre otras muchas, SSTC 182/2007, de 10 de septiembre ; 28/2008, de 11 de febrero ; 1/2009, de 12 de enero , 24/2009, de 26 de enero y más recientemente, SSTC 22/2013, de 31 de enero ; 195/2013, de 2 de diciembre ; y 105/2014, de 23 de junio ), expresa que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. También inciden en el tema las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ( SSTEDH) de 29 de octubre de 1991, caso Jan Ake Andersson c. Suecia y de 5 de diciembre de 2002, caso Hoppe c.Alemania.

En aplicación de esta doctrina hemos dicho que el respeto a los citados principios de publicidad, inmediación y contradicción exige que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado testimonio y declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia, de manera que el órgano de apelación no puede operar una modificación de los hechos probados que conduzca a la condena del acusado, si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.'

Dit això, la Sala ha de posar de manifest l'impossibilitat legal de declarar d'ofici la nul·litat de la sentencia dictada en primera instancia, doncs tal com estableix l' article 240.2 apartat segon de la LOPJ 'En ningún caso podrá el Juzgado o Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectase a ese Tribunal'.

Per tant, la Sala no pot entrar en valoracions sobre l'existència o no d'error en l'apreciació de la prova en els supòsits de sentencies parcialment absolutòries, quan la part apel·lant no ha sol·licitat de forma fonamentada la nul·litat de la sentencia, perquè si no es possible en segona instancia la condemna de l'acusat absolt en la primera, i el Tribunal tampoc pot acordar d'ofici, sense petició del recurrent, la nul·litat de la sentencia dictada en primera instancia, s'haurà de desestimar el recurs d'apel·lació interposat amb impossibilitat de entrar en el fons de la qüestió plantejada al no ser possible la seva estimació en els termes en que esta interessada.

Per tot l'exposat, es procedent la desestimació del recurs d'apel·lació interposat per l'acusació particular.

Tercer.La defensa de l'acusat Lorenzo, interposa recurs contra la sentencia, al·legant com primer motiu ' el quebrantamiento de la competència objetiva para enjudiciar del articulo 14.3 de la Lecrim . Aquesta qüestió ja va ser plantejada com prèvia a l'acte del judici, segons resultadle visionat de la gravació, i el Jutge ja va resoldre de forma absolutament correcta que la competència pel coneixement i enjudiciament de la present causa era del Jutjat penal, doncs encara que la suma de les penes que es demanaven per les acusacions superessin els 5 anys de presó, la competència no es determina per la suma de les penes privatives de llibertat, sinó per la pena privativa de llibertat que correspon a cada un dels delictes enjudiciats que no pot ser superior els 5 anys. Per tant, s'hade desestimar el primer motiu de recurs, amb els mateixos arguments que ja va exposar el Jutge d'instància.

Com segon motiu de recurs, s'al·lega per la defensa de l'acusat'Quebrantamiento de la doctrina jurisprudencial sobre la valoración de la prueba, subsistència de hipòtesis más favorables al reo. Principio in dubio pro reo' Sota aquest títol den realitat el que al·lega es una error en la valoració de la prova, en quan el Jutge, ha donat credibilitat a la versió de la víctima, al menys en la part en que a més de la seva declaració, hi havia corrooracions perifèriques que la recolzaven.

Dit això i centrant-nos en la valoració de la prova, hem de recordar que l'òrgan de la primera instància és qui està en millors condicions per valorar les proves de caràcter personal que es produeixen al judici oral, per raó de la immediació amb la producció de la font de coneixement, i la valoració feta per aquell l'ha de respectar l'òrgan d'apel·lació sempre que no resulti absurda, il·lògica o arbitrària. Doncs bé, aquest defectes que no es poden predicar de la valoració de la prova personal que queda reflectida en el fonament de dret segon de la sentència recorreguda, on l'òrgan de primera instancia partint de la declaració de l'acusat, de la víctima i dels documents mèdics que consten a la causa, estima la existència de prova suficient, certa, creïble, lògica i coherent sobre l'existència i realitat de al menys una part dels fets imputats el Sr. Lorenzo.

Escoltada la gravació de l'acte de la vista, aquest Tribunal no pot mes que compartir la valoració probatòria que es realitza a la sentencia impugnada.

Doncs de forma acorada valora a mes de les manifestacions de la víctima, l fet de que aquestes estiguin corroborades per alguna dada objectiva, es clara que segons sembla ningú va presenciar les agressions que va patir la Sra. María Teresa, però el cert es que pels dos fets que es condemna a l'acusat hi ha dos informe d'assistència immediatament posteriors els fets que ella explica i que determinen unes lesions compatibles amb el seu relat. Es evident que el metge forense pot determinar les lesions i posar de manifest la seva compatibilitat amb el que explica la víctima, però en cap cas podrà determinar-ne l'autoria. Es la manifestació de la víctima, coherent, clara, sense que hi hagi cap prova de motivacions espúries, encara que hi hagués una pèssima relació de parella entre ells dos, el que amb tota probabilitat era agreujat per la conducta violenta de l'acusat.

Per tant, aquesta Sala no aprecia cap tipus de contradicció ni incoherència en la valoració de la prova realitzada pel Jutge d'instància, sinó que es fidel reflexa del que va resultar acreditat a l'acte del judici. Integrant prova de càrrec suficient per desvirtuar la presumpció d'innocència de l'acusat.

El que determina que, la valoració imparcial del jutge penal, de la prova produïda davant seu, amb plenitud d'immediació i amb totes les garanties, no pugui ser substituïda per la parcial de qui té interès personal en el resultat del procés.

Quart.D'acord amb els articles 239 i 240.2 i 3 de la Llei d'enjudiciament criminal, s'imposen a cada un dels apel·lants la meitat de les costes processals causades en aquesta instància.

Fallo

1. Desestimem el recurs d'apel·lació expressat en l'antecedent de fet segon d'aquesta sentència.

2. Confirmem la sentència dictada pel Jutjat penal núm. 1 de DIRECCION000 en data 28 de novembre de 2019 en el Procediment Abreujat núm. 179/2019.

3. Imposem a cada un dels apel·lants la meitat de les costes processals causades en aquesta segona instància.

Aquesta sentència no és ferma, i contra la mateixa es pot interposà recurs de cassació per infracció de llei si es considera que, atesos els fets que es declaren provats en la resolució, s'ha infringit un precepte penal de caràcter substantiu o una altra norma jurídica del mateix caràcter que hagi de ser observada en l'aplicació de la llei penal, preparant el recurs mitjançant un escrit autoritzat per un advocat i un procurador, si el recurrent no és el Ministeri fiscal, escrit presentat dins dels cinc dies següents al de l'última notificació de la sentència, i en el qual s'ha de demanar testimoniatge de la sentència i manifestar la classe de recurs que s'intenti utilitzar.

Així ho disposa el Tribunal i ho signen els magistrats que el formen.