Última revisión
17/09/2017
Sentencia Penal Nº 441/2018, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 116/2018 de 28 de Mayo de 2018
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Orden: Penal
Fecha: 28 de Mayo de 2018
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: FELIU MORELL, MARIA JOSE
Nº de sentencia: 441/2018
Núm. Cendoj: 08019370222018100379
Núm. Ecli: ES:APB:2018:7960
Núm. Roj: SAP B 7960:2018
Encabezamiento
Audiència Provincial de Barcelona
Secció Vint-i-dosena
Rotlle apel lació penals ràpids núm. 116/2018 - M
Referència de procedència:
JUTJAT PENAL 1 MATARÓ
Procediment Abreujat núm. 74/2017
Data sentència recorreguda: 14.12.17
SENTÈNCIA NÚM. 441/2018
Magistrats/des:
Joan Francesc Uría Martínez
Juli Solaz Ponsirenas
Maria Josep Feliu Morell
La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona en recurs d'apel lació núm. 116/2018, interposat contra la Sentència pronunciada pel JUTJAT PENAL 1 MATARÓ en data 14.12.17 , en procediment Abreujat núm. 74/2017. Han estat parts María Luisa com apel.lant, representada pel procurador Rodriguez Gasch; Sixto com apel.lat, representat pel procurador Terradas Cumalat, i el Ministeri Fiscal. D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent Maria Josep Feliu Morell .
Barcelona, vint-i-vuit de maig de dos mil divuit.
Antecedentes
Primer.El 14 de desembre de 2017 el Jutjat penal núm. 1 de Mataró dictà sentència amb la decisió següent: 'QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a Sixto del delito de MALTRATO FISICO EN EL AMBITO DE VIOLENCIA FAMILIAR y del delito leve de daños por el que había sido acusado por el Ministerio Fiscal y por la Acusación Particular en nombre de María Luisa .
QUE DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO a María Luisa del delito de MALTRATO FISICO EN EL AMBITO DE VIOLENCIA FAMILIAR por el había sido acusada por el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular en nombre de Sixto .
Se acuerda devolver las prendas de ropa intervenidas como pieza de convicción 35 / 2017 a la acusada María Luisa , teniendo 20 días naturales desde la notificación de la sentencia para recogerlas en la sede del Juzgado, y en caso contrario, de rechazarla de forma expresa o trasncurrir el referido plazo sin hacerlo y sin que concurra causa justificada, se procederá a la destrucción de las mismas.
Se declaran las costas de oficio, sin pronunciamiento de condena a ninguna de las partes.'.
A la sentència es declaren provats els fets següents: 'Los acusados Sixto y María Luisa están casados, teniendo dos hijas en común, estando separados de hecho desde el mes de agosto del presente año y en tramites de divorcio de mutuo acuerdo sin que hasta el momento exista sentencia, residiendo desde el mes de agosto en domicilios distintos.
El día 16 de noviembre de 2017 los acusados Sixto y María Luisa quedaron que la segunda acudiría al domicilio del primero, domicilio conyugal, a fin de recoger ropa y objetos personales que había dejado en la vivienda en el mes de agosto, tras marchar de la vivienda para residir en otro domicilio. Una vez en el domicilio y estando en la entrada de la casa se produjo una discusión entre ambos y un leve forcejeo entre los dos, tras cerrar la puerta Sixto en una primera ocasión e impedir el acceso al domicilio a María Luisa en la segunda ocasión que abrió la puerta, intentando María Luisa entrar en el mismo, interponiendo el pie en la puerta e intentar acceder al mismo pese a la resistencia ofrecida por Sixto para ello.
No queda probado que en el curso de la discusión y leve forcejeo descrito anteriormente, los acusados se agredieran y acometieran de forma recíproca, con la intención de lesionarse el uno al otro, ni que provocaran uno al otro las lesiones objetivadas por el Medico Forense respecto de ambos acusados.
Tras los hechos anteriores, el acusado Sixto tiró a la escalera y rellano las bolsas y ropa que la acusada María Luisa iba a recoger al domicilio, sin que conste probado que por parte del acusado se rompiera de forma intencionada y maliciosa la referida ropa.
Por auto de 20 de noviembre de 2017 dictado por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Mataró se denegó las respectivas ordenes de protección interesadas por ambos acusados.'.
Segon.Formulat recurs d'apel lació per la representació processal de María Luisa el Jutjat l'admeté a tràmit, li donà curs, i finalment va remetre les actuacions a aquest Tribunal per a la decisió. La representació de Sixto i el Ministeri Fiscal formulen al legacions i s'oposen el recurs interposat.
S'accepta el relat de fets declarats provats en la sentència recorreguda.
Fundamentos
Primer.L'apel lant María Luisa impugnà la sentència dictada en primera instància en la part en que absolt a l'acusat Sixto , adduint com motiu d'impugnació l'error en la valoració de la prova al legant que de la prova practicada a l'acte del judici s'acredita la culpabilitat de l'acusat i demana que es dicti una sentencia condemnatòria per l'acusat, tal com es va demanar a l'acte del judici.
Segon.L' article 792.2 de la LEcrim estableix que 'La sentencia de apelación no podrá condenar al encausado que resultó absuelto en primera instancia ni agravar la sentencia condenatoria que le hubiera sido impuesta por error en la apreciación de las pruebas en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 790.2.
No obstante, la sentencia, absolutoria o condenatoria, podrá ser anulada y, en tal caso, se devolverán las actuaciones al órgano que dictó la resolución recurrida. La sentencia de apelación concretará si la nulidad ha de extenderse al juicio oral y si el principio de imparcialidad exige una nueva composición del órgano de primera instancia en orden al nuevo enjuiciamiento de la causa.'i l' article 790.2 tercer apartat de la LECrim ., estableix que 'Cuando la acusación alegue error en la valoración de la prueba para pedir la anulación de la sentencia absolutoria o el agravamiento de la condenatoria, será preciso que se justifique la insuficiencia o la falta de racionalidad en la motivación fáctica, el apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia o la omisión de todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya nulidad haya sido improcedentemente declarada'. En aquest cas, l'apel lant impugna la sentencia nomes el pronunciament en que absolt a Sixto , dictada pel Jutjat Penal, al legant com motiu de recurs l'error en la valoració de la prova, i a la vista de que els fets enjudiciats i la incoació del procediment penal es posterior el dia 6 de desembre de 2015, data d'entrada en vigor de l'ultima reforma de la LEcrim, en la que es modifica la redacció dels preceptes abans esmentats, entre altres, s'evidencia que l'apel lant tenia, en el cas d'apreciar error en la valoració de la prova en primera instancia, haver sol licitat, fent les oportunes al legacions per justificar el que preveu l' article 790.2 tercer apartat de la LEcrim ., la nul litat de la sentencia dictada en primera instancia i no única i exclusivament la seva revocació, vetada per l'article 790,2 de la mateixa llei, que trasllada al text de la llei el que ha estat notòria i reiterada jurisprudència del Tribunal Constitucional, tal com senyala la STC de 17 de novembre de 2014 'La doctrina sobre las condenas penales en segunda instancia previa revocación de un pronunciamiento absolutorio, iniciada en la STC 167/2002, de 18 de septiembre (FFJJ 9 a 11) y reiterada en numerosas Sentencias posteriores (entre otras muchas, SSTC 182/2007, de 10 de septiembre ; 28/2008, de 11 de febrero ; 1/2009, de 12 de enero , 24/2009, de 26 de enero y más recientemente, SSTC 22/2013, de 31 de enero ; 195/2013, de 2 de diciembre ; y 105/2014, de 23 de junio ), expresa que el respeto a los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías ( art. 24.2 CE ), impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente y en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción. También inciden en el tema las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ( SSTEDH) de 29 de octubre de 1991, caso Jan Ake Andersson c. Suecia y de 5 de diciembre de 2002, caso Hoppe c.Alemania.
En aplicación de esta doctrina hemos dicho que el respeto a los citados principios de publicidad, inmediación y contradicción exige que el Tribunal de apelación oiga personalmente a los testigos, peritos y acusados que hayan prestado testimonio y declaración en el acto del juicio, dado el carácter personal de estos medios de prueba, a fin de llevar a cabo su propia valoración y ponderación y corregir la efectuada por el órgano de instancia, de manera que el órgano de apelación no puede operar una modificación de los hechos probados que conduzca a la condena del acusado, si tal modificación no viene precedida del examen directo y personal de los acusados o testigos en un debate público en el que se respete la posibilidad de contradicción.'
Dit això, la Sala ha de posar de manifest la impossibilitat legal de declarar d'ofici la nul litat de la sentencia dictada en primera instancia, doncs tal com estableix l' article 240.2 apartat segon de la LOPJ 'En ningún caso podrá el Juzgado o Tribunal, con ocasión de un recurso, decretar de oficio una nulidad de las actuaciones que no haya sido solicitada en dicho recurso, salvo que apreciare falta de jurisdicción o de competencia objetiva o funcional o se hubiese producido violencia o intimidación que afectase a ese Tribunal',
Per tant, la Sala no pot entrar en valoracions sobre l'existència o no d'error en l'apreciació de la prova en els supòsits de sentencies absolutòries, quan la part apel lant no ha sol licitat de forma fonamentada la nul litat de la sentencia, perquè si no es possible en segona instancia la condemna de l'acusat absolt en la primera, i el Tribunal tampoc pot acordar d'ofici, sense petició del recurrent, la nul litat de la sentencia dictada en primera instancia, s'haurà de desestimar aquest motiu el recurs d'apel lació interposat amb impossibilitat de entrar en el fons de la qüestió plantejada al no ser possible la seva estimació en els termes en que esta interessada.
Tercer.Com sigui que la doctrina constitucional esmentada és tan clara i reiterada que el seu desconeixement a hores d'ara resulta clarament temerari, les costes d'aquesta instància s'han d'imposar a la part recurrent, que l'ha ignorada en aplicació del que disposa l' article 240.3r. de la vigent Llei d'enjudiciament criminal .
Fallo
1. Desestimem el recurs d'apel lació interposat per la representació de María Luisa I CONFIRMEM íntegrament la sentencia dictada pel Jutjat Penal num. 1 de Mataró en el Judici Rapit 74/2017 en data 14 de desembre de 2017 .
2. S'imposen a l'apel lant les costes processals causades en aquesta segona instància.
Aquesta sentència no és ferma, i contra la mateixa es pot interposà recurs de cassació per infracció de llei si es considera que, atesos els fets que es declaren provats en la resolució, s'ha infringit un precepte penal de caràcter substantiu o una altra norma jurídica del mateix caràcter que hagi de ser observada en l'aplicació de la llei penal, preparant el recurs mitjançant un escrit autoritzat per un advocat i un procurador, si el recurrent no és el Ministeri fiscal, escrit presentat dins dels cinc dies següents al de l'última notificació de la sentència, i en el qual s'ha de demanar testimoniatge de la sentència i manifestar la classe de recurs que s'intenti utilitzar.
Així ho disposa el Tribunal i ho signen els magistrats que el formen.
