Sentencia Penal Nº 447/2011, Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 3, Rec 6025/2011 de 09 de Septiembre de 2011

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  • Núm. Recurso: 6025/2011
  • Núm. Cendoj: 41091370032011100451

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

SECCION TERCERA

SEVILLA

ROLLO 6025/11 1A

JUICIO DE FALTAS RÁPIDO 49/11

INSTRUCCIÓN NÚM. 11 SEVILLA

SENTENCIA Nº 447/11

En la Ciudad de Sevilla a nueve de septiembre de 2011

Vistos en grado de apelación por el Ilmo. Sr. D. Luis Gonzaga de Oro Pulido Sanz los autos de juicio verbal de faltas rápido núm. 49/11 del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Sevilla.

Antecedentes

PRIMERO.- El referido Juzgado de Instrucción dictó en fecha 28 de marzo de 2011 sentencia cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que debo condenar y condeno a Nazario como autor responsable de una falta de LESIONES ya definida a la pena de UN mes de MULTA fijándose una cuota diaria de TRES euros, debiendo ingresar sus cuotas por quincenas vencidas en la cuenta de consignación de este Juzgado, con apremio personal en caso de impago de un día de PRISION por cada dos cuotas impagadas, con arreglo al art 53 del C Penal , debiendo indemnizar a Carlos Alberto en 210 euros y costas.

SEGUNDO .- Notificada la sentencia se interpuso recurso de apelación por Nazario y por Carlos Alberto por los motivos que después se analizarán.

TERCERO.- Turnadas las actuaciones a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, se designó para conocer del recurso al Magistrado Luis Gonzaga de Oro Pulido Sanz.

Hechos

Se aceptan y dan por reproducidos los de la resolución recurrida.

Fundamentos

PRIMERO.- Contra la sentencia dictada en primera instancia, que condena a Nazario como autor de una falta de lesiones, se interpuso recurso de apelación por éste al no estar conforme con la valoración de la prueba realizada por la Juzgadora de instancia, alegando no ser autor de la falta, que en todo caso tenía que haber sido también condenado el denunciante y que la pena impuesta resulta excesiva. Asimismo se interpuso recurso de apelación por el denuncian6te Carlos Alberto al entender que debía habérsele reconocido una cantidad superior en concepto de indemnización por las lesiones sufridas.

SEGUNDO.- Pasando en primer lugar al examen del recurso interpuesto por Nazario se discute por el mismo la valoración de la prueba realizada por la Juzgadora de instancia alegando que no fue autor de la falta de lesiones por la que ha sido condenado.

Pretende el recurrente cuestionar los criterios valorativos expuestos en la Sentencia recurrida y que este Tribunal los rechace y realice una nueva valoración de las manifestaciones de denunciante, denunciado y testigo, reconsiderando la credibilidad que le puede ser otorgada a unos u otros, pero esto no es procesalmente posible en tanto carecemos de la imprescindible inmediación y no consideramos, por otra parte, irrazonable la operación mental de crítica de la prueba que se refleja en la narración fáctica de la Sentencia recurrida. Con relación a la valoración de la prueba, es de aplicación el principio de libre valoración de la misma recogido en el artículo 741 de la L.E.Cr ., según el cual corresponde al Juez o Tribunal de instancia valorar el significado de los distintos elementos de prueba y establecer su trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia, pues dicho Juzgador se encuentra en una mejor situación para evaluar el resultado del material probatorio, pues las pruebas se practican en su presencia, y con cumplimiento de las garantías procesales (inmediación, contradicción, publicidad y oralidad). La declaración de hechos probados hecha por el Juez "a quo" no debe ser sustituida o modificada en la apelación ( STS entre muchas, la núm. 272/1998, de 28 de Febrero ), salvo que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba; que el relato fáctico sea incompleto incongruente o contradictorio; o que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia. Ninguna de estas circunstancias concurre en el presente caso.

No se olvide además, que es facultad del Juzgador dar más credibilidad a uno u otro testimonio, quedando extramuros del principio de presunción de inocencia la discrepancia en la distinta credibilidad que el Juzgador otorgue a los distintos testigos y denunciados que ante él depusieron. Así enseña la Sentencia TC. de 16-1-95 "El que un órgano judicial otorgue mayor valor a un testimonio que a otro forma parte de la valoración judicial de la prueba ( SSTC 169/90 , 211/91 , 229/91 , 283/93 , entre otras muchas) y no guarda relación ni con el principio de igualdad ni con el derecho fundamental a la presunción de inocencia."; y la Sentencia TC. de 28-11-95 "la valoración de la prueba queda extramuros de la presunción de inocencia ( SS.TC. 55/82 , 124/83 1983/124, 140/85 , 254/88 , 201/89 y 21/93 )".

En el presente caso, según la Juzgadora de instancia, la condena de Nazario se funda en la declaración del denunciante Carlos Alberto quien manifestó que fue agredido por el recurrente, en los informes médicos incorporados a las actuaciones de éste que confirman que el día de autos sufrió lesiones que por su naturaleza resultan compatibles con la forma en la que dicen se desarrollan los hechos, así como por las propias declaraciones del recurrente y de su esposa que admiten que Nazario mantuvo una discusión con Carlos Alberto , que se empujaron mutuamente y que llegaron a mantener un forcejeo, sin que la conclusión de condena a la que llaga la Juzgadora pueda considerarse arbitraria o contraria a las reglas de la lógica o la razón, antes al contrario, está fundada en prueba válidamente apreciada que se constituye en fundamento de condena al estar practicada en tiempo procesal oportuno que es la vista oral como expone la Sentencia 31/1981, de 28 de julio ).

La Juzgadora ha valorado la prueba de forma razonada, sin que existan razones para apartarse del razonamiento realizado por la misma que en ningún caso puede entenderse arbitrario, no pudiendo hablarse de error en la valoración de la prueba ni de vulneración del principio de presunción de inocencia.

Se alega por el recurrente en el recurso que fue Carlos Alberto quien inició la pelea y que él se limitó a defenderse; sin embargo, tal extremo no resultó acreditado en el plenario, de hecho el recurrente admite que empujó y forcejeo con Nazario , constando, por otro lado, que la única persona que resultó lesionado (con lesiones superficiales en distintas zonas del cuerpo y herida en dedo pulgar izquierdo por mordedura) fue el denunciante con lo que no parece que pueda admitirse dicha alegación.

Muestra Nazario su disconformidad con la sentencia al no haberse condenado en ella a Carlos Alberto pese a reconocerse en la misma que hubo una riña mutuamente aceptada. La explicación a dicha falta de condena no es otra que la vigencia del principio acusatorio en el proceso penal, también en el juicio de faltas, según constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional -Ss. de 22 de Febrero de 1989 , 28 de Febrero de 1991 , 29 de noviembre de 1993 y 28 de Noviembre de 1994 , entre otras- que impide al Juzgador castigar por infracciones por las que no se ha acusado.

En el presente caso, el Ministerio Fiscal solo interesó la condena de Nazario , y éste, en ningún momento formuló denuncia contra Carlos Alberto por l que no es posible su condena.

Se alega también por el recurrente que la cuota de multa fijada respecto a la falta de lesiones (tres euros) resulta excesiva. El recurso tampoco puede prosperar en este extremo.

La cuota de tres euros impuesta se entiende acertada por los propios fundamentos de la sentencia de instancia, considerándose adecuada, a tenor de lo dispuesto en el artículo 50 del Código Penal , pues aun cuando no consta dato sobre la solvencia del denunciado, una cuota diaria de tres euros no resulta excesiva, al contrario, la misma se halla muy cerca del límite mínimo de dos euros y muy alejada del máximo (400 euros). No se olvide en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000 que dice que "la motivación exigida en el art. 50.5 debe entenderse dentro de un margen de racionalidad con el fin de atemperar el hecho a las circunstancias personales económicas del culpable. Una multa cuya cuota diaria puede estar entre 200 y 50.000 pesetas diarias, y que se fija a razón de 1.000 ptas/día se ha impuesto en el primer escalón de los cincuenta que la multiplicación de ese importe podía recorrer. Tan próximo está al límite mínimo, y tan alejado se encuentra del límite máximo, que el importe fijado, una 50ª parte del total autorizado, no supone infracción alguna en la individualización punitiva cuando se desconoce la solvencia del acusado. La innecesariedad en tales casos de imponerse exactamente la cifra de 200 ptas./día ya fue declarada por esta Sala en su Sentencia de 7 de abril de 1999 , cuyo criterio se reitera en esta resolución." Además, la sentencia 1377/2001 de 11 de julio ha señalado que el reducido nivel mínimo absoluto de la pena de multa en el Código Penal debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, por lo que en casos ordinarios en que no concurren dichas circunstancias extremas resulta adecuada la imposición de una cuota prudencial situada en el tramo inferior, próxima al mínimo absoluto pero sin necesidad de alcanzarlo. En el caso de autos pese a no quedar acreditada una situación de indigencia La Juzgadora ha optado por la una cuota diaria de multa muy próxima al mínimo legal no encontrando motivos para su variación.

TERCERO.- En segundo término está el recurso interpuesto por Carlos Alberto que interesa que se aumente la indemnización por las lesiones sufridas al entender que los días de impedimento no fueron siete sino veintiséis conforme al informe médico aportado en el acto del juicio.

La sentencia de instancia establece que el lesionado tardó 7 días en curar sin impedimento, concediéndole la suma de 210 euros a razón de 30 euros al día. El recurrente pretende que se fije la indemnización por este concepto en la suma 500 euros, al entender que los días que tardó en curar fueron 26. El recurso debe ser desestimado en este extremo.

La acreditación y justificación de la existencia real de los daños y perjuicios sufridos, su alcance y entidad, y su relación causal con el hecho imprudente, incumbe, en todo caso, y conforme a las reglas que sobre la carga de la prueba se infieren del artículo 217 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil , a la parte que ejercita la correspondiente acción civil; pues no debe olvidarse que, conforme a reiterada, constante, uniforme y conocida doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, la acción civil nacida del ilícito penal, aunque se sustancie en causa criminal no pierde su naturaleza ni queda al margen de la vigencia de los mismos principios que la regirían si se sustanciara en un proceso civil, y, por tanto queda sujeta a los principios dispositivo, de rogación, de congruencia y de aportación de parte en cuanto a la prueba de lo que se demanda.

El recurrente no está conforme con la indemnización concedida por las lesiones sin que su pretensión pueda acogerse, al no existir razones para modificar lo decidido por la Juez "a quo", quien se ha apoyado en el informe forense que recoge el tiempo de curación de las lesiones y los fija en 7 días. El Médico forense es un facultativo al servicio de la Administración de Justicia (artículo 479 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ), por lo que debe partirse de la objetividad de sus informes, y aunque pueden ser discutidos con otros, cuando ello no ocurre, deben primar y ser tenidas en cuenta por los Juzgadores. En las actuaciones obra un informe médico forense que fija en 7 días los días que la recurrente tardó en curar y estuvo impedido. Dicho informe fue conocido por el denunciante, sin que en el acto del juicio propusiera la declaración de otro facultativo, para probar una mayor pretensión indemnizatoria por días de curación. Trata de justificar el recurrente la petición de una mayor indemnización aportando un informe de enfermería que alarga la curación hasta los 26 días, sin embargo, tal informe no fue ratificado en el plenario donde no compareció el firmante del mismo, cuya titulación no consta, con lo que no se entiende desvirtuado el emitido por el médico forense.

En definitiva, ante una ausencia de pericial de signo contrario al informe emitido por el médico forense, hay que estar a las conclusiones que dictamina éste, procediendo por ello la desestimación de este motivo de impugnación.

CUARTO.- Respecto a las costas, no existen motivos que justifiquen la imposición de las de ésta alzada a ninguna de las partes.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación formulado por Nazario y por Carlos Alberto contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado Juez de Instrucción núm. 11 de Sevilla en el juicio de faltas rápido 49/11 debo confirmar y confirmo dicha resolución, sin expresa condena en las costas de esta alzada.

Esta resolución es firme y contra ella no cabe recurso alguno.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en segunda instancia lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido publicada en el día de su fecha. Doy fe.

Valoración de la prueba
Falta de lesiones
Presunción de inocencia
Error en la valoración de la prueba
Principio de presunción de inocencia
Declaración de hechos probados
Principio de igualdad
Riña mutuamente aceptada
Relación de causalidad
Causalidad
Daños y perjuicios
Carga de la prueba