Sentencia Penal Nº 45/2010, Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 6, Rec 357/2009 de 02 de Junio de 2010

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  • Fecha: 02 de Junio de 2010
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  • Núm. Sentencia: 45/2010
  • Núm. Recurso: 357/2009
  • Núm. Cendoj: 15078370062010100478
Resumen:
No Especificada

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 6

A CORUÑA

SENTENCIA: 00045/2010

ROLLO:APELACION PROCTO. ABREVIADO 357/2009

Procedimiento Abreviado: 58/2008

Juzgado de origen:JDO. DE LO PENAL nº2 DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

SENTENCIA Nº 45/10

Ilmos.Sres.Magistrados:

D. ANGEL PANTIN REIGADA

Dª LEONOR CASTRO CALVO

D. JOSE RAMON SANCHEZ HERRERO

En Santiago de Compostela, a dos de junio de dos mil diez.

La Audiencia Provincial de esta capital ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal, dimanante del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santiago de Compostela, por delito contra la salud pública seguido contra Millán , siendo partes, como apelante Millán , representado por el Procurador RICARDO GARCIA PICCOLI ATANES y, como apelado el Ministerio Fiscal y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, representada esta última por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente la Magistrado Dª LEONOR CASTRO CALVO.

Antecedentes

PRIMERO.- El Juez del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santiago de Compostela, con fecha treinta de octubre de dos mil ocho dictó sentencia en el procedimiento de que dimana este recurso que en su parte dispositiva dice así: " Que debo condenar y condeno al acusado D. Millán como responsable en concepto de autor de un delito contra la Hacienda Pública estatal del art. 305 del C. Penal a las penas de 6 meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de la mitad de la cuantía de la cuota defraudada, es decir, 73.037,93 euros, con arresto sustitutorio de 15 días en caso de impago, y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por tiempo de 1 año y 6 meses así como a que, en concepto de responsabilidad civil, indemnice a la Hacienda Pública estatal, con responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Viales y Construcciones, S.A., en la cantidad de 146.075,87 más el interés del art. 576 de la L.E.C y al pago de las costas incluidas las de la acusación particular.

Que debo absolver y absuelvo a D. Samuel de las peticiones relativas a la acción civil ejercida contra el mismo, con declaración de oficio de las costas generadas por su intervención."

SEGUNDO.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por la representación procesal de Millán , que fue admitido en ambos efectos y practicadas las diligencias oportunas y previo emplazamiento de las partes, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal y no habiéndose propuesto diligencias probatorias, al estimar la Sala que no era necesaria la celebración de la vista para la correcta formación de una convicción fundada, quedaron los autos vistos para sentencia, previa deliberación.

TERCERO.- Como fundamentos de impugnación de la sentencia, se alegaron sustancialmente los siguientes:

- Error en la apreciación de las pruebas

- Infracción de precepto legal

Hechos

Se aceptan los de la sentencia apelada que son del tenor literal siguiente: " El acusado D. Millán , mayor de edad y sin que consten antecedentes penales, fue nombrado Consejero y Consejero Delegado del Consejo de Administración de la entidad Viales y Construcciones, S.A el 12 de febrero de 1998, fecha en la que también se nombró a D. Samuel Consejero y presidente del Consejo de Administración -cargos a los que renunció el 23 de febrero de 1999- y a D. Lucas Consejero Vocal -cargo al que renunció el 2 de julio de 1998-.

El 31 de enero de 2000 el acusado, en su calidad de Consejero Delegado de la entidad, presentó en la Administración de Santiago de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria resumen anual de la declaración- liquidación del Impuesto sobre el Valor añadido correspondiente al ejercicio 1999 haciendo constar un IVA devengado o repercutido de 45.149.343 pts y un IVA soportado o deducible de 45.331.285 pts con el resultado de una cuota tributaria negativa de 181.942 pts.

De las comprobaciones efectuadas por la Agencia Tributaria a través de terceros que contrataron con Viales y Construcciones, S.A y de su base de datos nacional así como de la documentación aportada en el procedimiento por el acusado resulta que el importe del IVA repercutido correspondiente a ese ejercicio asciende a 73.315.096 pts. Y el del IVA soportado a 49.010.117 pts por lo que la cuota tributaria dejada de ingresar por el contribuyente fue de 24.304.979 pts."

Fundamentos

Se aceptan los de la sentencia apelada.

PRIMERO.- Recurre en apelación el acusado Millán alegando error en la valoración de la prueba, con vulneración del principio de presunción de inocencia.

En relación con el elemento subjetivo del tipo, argumenta que no concurrió dolo por su parte. Concretamente considera que no puede ser considerado como autor de los hechos enjuiciados, dado que la liquidación presentada a Hacienda en el año 2.000 guarda relación con el ejercicio de 1.999, y, el apelante había vendido la totalidad de sus activos a un tercero mediante contrato de 9 de abril de 1.999, por lo que en tal fecha dejó de ser hombre de confianza del nuevo propietario.

Con relación al informe pericial elaborado por el inspector de Hacienda D. Ángel Jesús , manifiesta que sus conclusiones carecen de valor probatorio puesto que adolece de "innumerables errores" e inexactitudes, que evidencian falta de rigor. Señala seguidamente que en el mismo no se toman en consideración las innumerables facturas por importe inferior a 500.000 pesetas que no constan en las bases de datos de Hacienda. Y por último tomando en consideración que el delito contra la Hacienda Pública previsto en el art. 305 del Código Penal ha de rebasar el límite cuantitativo que en el precepto se establece, discute la realidad de la obra que se llevó a cabo para Alimentos Congelados de Aragón y la no sujeción al IVA de las factura de ventas de activos.

SEGUNDO.- Como es sabido en materia de valoración de la prueba, la apreciación llevada a cabo por el juez de instrucción de las pruebas practicadas en el Juicio Oral, haciendo uso de las facultades inherentes a la inmediación, goza de singular autoridad, hasta el extremo de que según reiterada Jurisprudencia únicamente podrá ser rectificada cuando concurra alguno de los supuestos siguientes: 1) Que se aprecie manifiesto y patente error en la apreciación de la prueba. 2) Que el relato fáctico sea incompleto, incongruente o contradictorio. 3) Que sea desvirtuado por nuevos elementos de prueba practicados en segunda instancia.

No obstante, la apelación confiere al órgano de alzada facultades revisoras, permitiendo incluso una relativa inmediación en los casos, como el que nos ocupa, en los que el juicio se halla gravado en soporte audiovisual. En uso de tales facultades, ponderando de nuevo la prueba practicada ha de indicarse que procede confirmar la sentencia, compartiendo la Sala el criterio de la juzgadora.

En tal sentido se considera que la Juez valoró correctamente la prueba y plasmó adecuadamente su convicción en el relato de hechos probados, expresando de modo exhaustivo el modo en el que se formó su convicción, con razonamientos que comparte este tribunal y que por tal motivo se dan por reproducidos.

TERCERO.- No obstante y con el ánimo de ser exhaustivos, se han de rechazar individualmente las diversas objeciones que se aducen como motivos de apelación.

La primera de ellas consiste en la afirmación de que no concurren los requisitos subjetivos del tipo en su persona. Afirma que no puede ser autor del delito que se le imputa puesto que mediante documento de 9 de abril de 1.999 había procedido a la venta de todos los activos de la sociedad a la entidad "Sucesores de Antonio Domínguez Marín", de lo que infiere que desde tal fecha se hallaba totalmente desvinculado de "Viales y Construcciones, SA", si bien admite que no de manera formal. El razonamiento no puede ser acogido, puesto que mediante el referido documento no se vendían todos los activos de Viales y Contratas, sino tan sólo una parte, y, fundamentalmente porque el acusado, continuó ostentando el cargo de Consejero Delegado de Viales, y en esa condición presentó en Hacienda la declaración correspondiente al ejercicio 1.999. No hay duda por tanto de su idoneidad para ser sujeto activo del delito.

Cuestiona seguidamente el informe pericial elaborado por el inspector de Hacienda D. Ángel Jesús , alegando que adolece de "innumerables errores" e inexactitudes, que evidencian falta de rigor y ponen en tela de juicio su valor probatorio. De lo que, finalmente, infiere que sus conclusiones no pueden ser tomadas en consideración. Tampoco es admisible el motivo. No existen razones para dudar de la bondad del informe pericial, que fue confeccionado por inspector de hacienda, con acceso a todos los datos de dicho organismo, y, confrontando los datos facilitados por el acusado (que constituían su objeto) con la facturación real aportada por las sociedades y entidades destinatarias del IVA en los respectivos casos. Es cierto que se puso en evidencia que adolecía de algunos defectos, todos los cuales quedaron aclarados, en el acto del juicio y recoge la juez de lo penal en la sentencia. Más, tales errores, que merecen la consideración de mínimos en relación con el conjunto, no restan valor a las demás conclusiones alcanzadas que son fruto del estudio y análisis de datos fidedignos debidamente confrontados, siendo además objeto de debate contradictorio en el plenario. Ha de hacerse finalmente una doble observación que corrobora lo dicho: a) en primer lugar que el informe no se cuestionó en su conjunto sino tan sólo con relación a las temas puntuales aludidos, que fueron debidamente aclarados y corregidos y b) en segundo lugar que pese a lo expuesto, no se verificó ninguna contraprueba para restarle eficacia.

Por idénticos motivos ha de rechazarse la afirmación de que no se toman en consideración las facturas por importe inferior a 500.000 pesetas (que no constan en las bases de datos de Hacienda), puesto que como se dijo el informe tomó en consideración un innumerable número de facturas, siendo la conclusión alcanzada fruto de la confrontación de la documental con relación a operaciones concretas, de lo que resulta que las eventuales facturas a las que alude el apelante, no podrían cambiar las conclusiones del perito.

Se insiste finalmente en que no procedía el devengo del IVA respecto de la operación de venta de activos, llevada a cabo mediante la escritura de fecha 9 de abril de 1.999. Cuestión con relación a la cual ha de indicarse que los razonamientos de tipo jurídico que se verifican en el alegato c) del primer motivo del recurso, citando normativa comunitaria y resoluciones concordantes, no afectan a lo que aquí se ha de resolver, puesto que como se indica en la sentencia, cuyos razonamientos se vuelven a dar por reproducidos, no se cumple en el presente caso lo que constituye el presupuesto de aplicación de tal normativa.

Se afirma en el recurso que la interpretación de la normativa europea debe llevarse a cabo siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de acuerdo con los cuales, y teniendo presente que la finalidad de la normativa comunitaria es facilitar la fluidez de las relaciones comerciales, en determinadas circunstancias no es preciso la declaración del IVA.

No obstante, tal interpretación atinente tan sólo a un aspecto del debate, no puede lograr que nos desviemos del examen de los elementos típicos, siendo el fraude patente en el caso de la enajenación llevada a cabo mediante documento de 9 de abril de 1.999; puesto que en la propia escritura se incluyó el IVA del precio y Viales y Construcciones emitió coetáneamente la factura nº 990069 (obrante a los folios 1076 a 1079 del expediente de Hacienda) repercutiendo el IVA de determinados bienes, lo que se verificó con posterioridad respecto de otros objetos vendidos.

Por tanto, carece de relevancia la doctrina expuesta.

CUARTO.- Consecuentemente, el recurso ha de ser desestimado, declarando las costas de oficio al no concurrir elementos de los que resulte temeridad o mala fe por parte del apelante.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. el Rey y de conformidad con el artículo 117 de la Constitución,

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Millán contra la sentencia dictada en autos nº 58-08 del Juzgado de lo Penal nº 2 de Santiago de Compostela, la confirmamos íntegramente, sin pronunciamiento sobre las costas del recurso.

Notifíquese esta Sentencia en legal forma a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta resolución para su ejecución y cumplimiento.

Así por esta nuestra sentencia de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de su razón, incluyéndose el original en el Libro de Sentencias, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por los Ilmos. Sres. Magistrados que la dictaron, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

Error en la valoración de la prueba
Informes periciales
Práctica de la prueba
Fuerza probatoria
Principio de presunción de inocencia
Dolo
Delitos contra la Hacienda Pública
Valoración de la prueba
Autor del delito
Fraude
Mala fe
Temeridad