Sentencia Penal Nº 451/2018, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 22, Rec 90/2018 de 29 de Mayo de 2018

Encabezamiento

Audiència Provincial de Barcelona

Secció Vint-i-dosena

Rotlle apel lació penal núm. 90/2018 - M

Referència de procedència:

JUTJAT PENAL 18 BARCELONA

Procediment Abreujat núm. 24/2015

Data sentència recorreguda: 23.02.18

SENTÈNCIA NÚM. 451/2018

Magistrats/des:

Joan Francesc Uría Martínez

Juli Solaz Ponsirenas

Maria Josep Feliu Morell

La dicta la Secció Vint-i-dosena de l'Audiència Provincial de Barcelona en recurs d'apel lació núm. 90/2018, interposat contra la Sentència pronunciada pel Jutjat penal 18 Barcelona en data 23.02.18, en procediment Abreujat núm. 24/2015. Han estat parts el Ministeri Fiscal com apel.lant i Enrique , representat pel procurador Quemada Cuatrecasas, com apel.lat. D'aquesta sentència, que expressa l'opinió del Tribunal, ha estat ponent Joan Francesc Uría Martínez .

Barcelona, vint-i-nou de maig de dos mil divuit.

Antecedentes

Primer.El 23 de febrer d'enguany el Jutjat Penal núm. 18 de Barcelona dictà sentència amb la decisió següent: 'Que absuelvo a Enrique , con DNI nº NUM000 , de los delitos de malos tratos por los que fue enjuiciado y asimismo absuelvo a Daniela , con DNI nº NUM001 , de los delitos de malos tratos y lesiones por los que también se enjuició, siendo declaradas de oficio las costas procesales causadas en esta instancia.'.

A la sentència es declaren provats els fets següents: 'ÚNICO.-De una valoración crítica y objetiva de la prueba practicada en el acto del Juicio Oral han resultado probados y así se declaran los siguientes hechos:

El acusado Enrique con DNI nº NUM000 , es mayor de edad y carente de antecedentes penales, al igual que la también acusada Daniela , con DNI nº NUM001 , siendo que ambos han mantenido una relación sentimental con convivencia, fruto de la cual han nacido dos hijos comunes menores de edad en la fecha de los hechos a enjuiciar.

En hora no determinada, pero comprendida en el día 14/08/2011, cuando ambos acusados se encontraban en el interior de su vehículo, dirigiéndose hacia la ciudad de Barcelona, mantuvieron una discusión, llegando, incluso a detener el vehículo en la cuneta y a bajarse del mismo, guiados por la recíproca voluntad de menoscabar el uno la integridad física del otro, llegando a agredirse mutuamente. En concreto, la Sra. Daniela propinó una bofetada y un golpe en la espalda al Sr. Enrique , quien y por su parte, propinó varios puñetazos a aquélla en la zona de la cara y cabeza.

Como consecuencia de tales acciones, la Sra. Daniela sufrió lesiones consistentes en hematomas subcutáneos en zonas periorbitarias (mayor en el ojo derecho), conducto auditivo externo con eritema y restos hemáticos sin afectación timpánica, hematoma redondo de 5 cm aproximadamente en la parte lateral del brazo izquierdo, lesiones que precisaron para su curación de una primera asistencia facultativa y de un período de curación, no impeditivo, de 10 días -fol. 320.

Por su parte el Sr. Enrique sufrió lesiones consistentes en contusión a nivel dorso lumbar izquierda, siendo el RX de columna lumbar normal y habiendo acudido al servicio de urgencias del Hospital de DIRECCION000 el mismo día 14/08/2011, servicio del que fue dado de alta a las 6.31 horas -fol. 329.

Posteriormente en fecha 7/09/2011 el Sr. Enrique acudió al centro médico DIRECCION001 para valorar la presencia de lumbalgias persistentes, habiéndosele realizado el día anterior TAC lumbar, con resultado de fractura en las apófisis tranversas de la columna lumbar a nivel L3 y L4 izquierdos, recomendándose corsé lumbociático y fisioterapia antiálgica, lesiones que en sí mismas precisaron de tratamiento médico consistente en corsé lumbociático y fisioterapia antiálgica, con un período de curación, no impeditivo de 90 días y restando como secuelas álgias postraumáticas en la columna izquierda, leves y ocasionales.

No se ha acreditado, sin género de dudas, una relación de causa efecto, entre la contusión dorso lumbar izquierda que el Sr. Enrique sufrió el día 14/08/2011 como consecuencia de la agresión recibida de la Sra. Daniela y el posterior diagnóstico el 7/09/2011 de fractura en las apófisis tranversas de la columna lumbar a nivel L3 y L4 izquierdos.

Sobre las 18.00 horas del día 26 de diciembre de 2012, ambos acusados se encontraban en el domicilio de la hermana de la Sra. Daniela en el transcurso de una celebración familiar, cuando mantuvieron una nueva discusión, siendo que en el transcurso de la misma, ambos acusados, obrando con la misma intención de menoscabar la integridad física el uno del otro, se agredieron. De suerte, que el Sr. Enrique cogió a la Sra. Daniela del cuello y ésta a su vez le mordió en la mejilla.

La Sra. Daniela no consta que acudiera a visitarse médicamente.

Como consecuencia de tales hechos el Sr. Enrique acudió al centro médico DIRECCION001 a las 13.19 horas del día 27/12/2012 siendo diagnosticado de hematoma en región facial derecha, lesiones que serían tributarias de una 1ª asistencia facultativa y que precisaron para su curación de 8 días no impeditivos de sanidad -fol. 327.

Sólo el Sr. Enrique reclama la indemnización que pudiere corresponderle, habiendo renunciado a ello la Sra. Daniela .

Las presentes actuaciones tuvieron entrada en este Juzgado en fecha 28/01/2015, dictándose auto de admisión de prueba el 23/06/2016 y celebrándose juicio oral el día 27/09/2017 acordándose la continuación del mismo en el trámite de la pericial el día 26/10/2017.'.

Segon.Formulat recurs d'apel lació pel Ministeri Fiscal, el Jutjat l'admeté a tràmit, hi donà curs i finalment va remetre les actuacions a aquest Tribunal per a la decisió. Al recurs s'oposà la representació processal de Enrique .

S'accepta el relat de fets declarats provats en la sentència recorreguda.

Fundamentos

Primer.L'apel lant combat la sentència dictada en primera instància sense enunciar el motiu o motius de llur discrepància, però del seu al legat resulta clar que el motiu és únic i respondria a l'enunciar 'infracció de llei per indeguda inaplicació de l' article 153 del Codi penal ', ja que sosté que els fets en cap cas poden ser constitutius de falta perquè 'la literalidad del precepto es clara en tal sentido y es voluntad del legislador considerar que cualquier acto de violencia en el ámbito familiar supone por sí un atentado a la paz familiar y es por ello tributario de reproche penal' com a delicte.

Segon.En realitat la discrepància del recurrent és en relació amb els criteris dels òrgans d'aquesta Audiència especialitzats en violència sobre la dona (Seccions 20a i 22a) pel que fa a la interpretació de l'àmbit d'aplicació de l' article 153.1 i 2 del Codi penal (Cp ), criteris compartits per la jutgessa a quo en la sentència apel lada.

Durant molt de temps la qüestió no va ser pacífica, i pel que es veu segueix sense ser-ho, i que va ser controvertida ho demostren les nombroses qüestions d'inconstitucionalitat que van plantejar la passada dècada diferents òrgans judicials al Tribunal Constitucional en relació amb tipus penals introduï ts o reformats per la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre , de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, en el seu Títol IV enunciat Tutela penal, com és el cas del precepte pel qual va ser condemnat l'apel lant en la sentència recorreguda.

Segons l'exposició de motius de la llei, la violència de gènere 'se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución , la obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud'. És a això al que respon la llei, com diu clarament el seu article 1, enunciat Objecte de la llei, en el paràgraf 1 del qual es llegeix ' La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia'.

Per tant, la protecció penal específica que dona la llei és per a les dones que han estat víctimes d'actes violents per part d'homes que tinguin o hagin tingut amb elles relacions matrimonials o d'anàloga afectivitat, quan aquests actes violents són manifestació de la dominació sexista dels homes sobre les dones.

En aquest sentit, paga la pena citar alguna de les diverses sentències del Ple del Tribunal Constitucional resolent qüestions de inconstitucionalitat. Una d'aquestes és la STC 201/2009, de 27 d'octubre de 2009 , resolució que diu en el seu fonament jurídic 4: '... Se sigue cuestionando, en definitiva, si estamos ante un tratamiento punitivo diferente de la misma conducta en función del sexo de los sujetos activo y pasivo, que sería por ello contrario al art. 14 CE ... Para dar respuesta a la primera duda, la de la supuesta vulneración del principio de igualdad, hemos empezado por recordar en las SSTC 59/2008 y 45/2009 que nuestro análisis debe partir de la competencia exclusiva para el diseño de la política criminal del legislador, al que corresponde un amplio margen de libertad, dentro de los límites de la Constitución, para la configuración de los bienes penalmente protegidos, los comportamientos penalmente reprensibles, el tipo y la cuantía de las sanciones penales y la proporción entre las conductas que pretende evitar y las penas con las que intenta conseguirlo. De ello se deriva que el juicio de constitucionalidad que nos compete no es de eficacia, conveniencia o calidad de la norma, sino, más limitadamente, de comprobación de 'si se han respetado los límites externos que el principio de igualdad impone desde la Constitución a la intervención legislativa' ( STC 45/2009 , FJ 3). Siendo así que (como argumenta el fundamento jurídico 3 de la STC 81/2008 glosando la STC 59/2008 , FJ 7) en estos supuestos 'los límites ahora pertinentes son los propios del principio general de igualdad y no los de la prohibición de discriminación por razón de sexo, pues no constituye el del sexo de los sujetos activo y pasivo un factor exclusivo o determinante de los tratamientos diferenciados ... La diferenciación normativa la sustenta el legislador en su voluntad de sancionar más unas agresiones que entiende que son más graves y más reprochables socialmente a partir del contexto relacional en el que se producen y a partir también de que tales conductas no son otra cosa ... que el trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada'. Reconducida la duda de constitucionalidad a la perspectiva del principio general de igualdad, la constitucionalidad de la norma cuestionada pasa, según nuestra consolidada doctrina al respecto (que recuerdan las SSTC 59/2008, FJ 7 , y 45/2009 , FJ 4) por 'que el tratamiento diferenciado de supuestos de hecho iguales tenga una justificación objetiva y razonable y no depare unas consecuencias desproporcionadas en las situaciones diferenciadas en atención a la finalidad perseguida por tal diferenciación'. Bajo este prisma en las resoluciones de continua referencia se ha confirmado, en primer lugar, para formular un juicio de legitimidad de la norma, que uno y otro de los preceptos cuestionados, a la vista de la exposición de motivos y del articulado de la Ley Orgánica, responden palmariamente a un fin legítimo, que no es otro que el de prevenir las agresiones que en el ámbito de la pareja se producen como manifestación del dominio del hombre sobre la mujer en tal contexto'. És a dir, el que justifica el tractament desigual des d'una perspectiva constitucional és que l'acte violent del que és autor l'home i pateix la dona sigui manifestació del domini de l'home sobre la dona en el marc relacional de la parella.

En aquest mateix sentit, de la presència d'un marc relacional de dominació de l'home sobre la dona, marc en el que s'han d'inscriure els actes de violència sobre aquesta que es contemplen en els tipus penals fruït de la Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, es pronuncia la STS de 10 de novembre de 2009 , que diu en el seu fonament jurídic cinquè, en relació al tipus de l' article 173.2 Cp : 'En nuestra Sentencia 1050/2007 de 20 de diciembre dijimos, reiterando la Sentencia núm. 105/2007 (Sala de lo Penal, Sección 1), de 14 febrero ... La jurisprudencia de esta Sala ha entendido que la conducta que se sanciona... viene, pues, integrada por una forma de actuar y de comportarse de manera habitual en la que la violencia está constantemente presente, creando una situación permanente de dominación sobre las víctimas, que las atemoriza impidiéndoles el libre desarrollo de su vida. Tal forma de actuar se traduce y se manifiesta en distintos actos agresivos, de mayor o menor entidad, pero siempre encuadrados en aquel marco de comportamiento'.

Doncs bé, d'acord amb la sentència apel lada, i això no ha estat objecte d'impugnació, en el cas examinat no van ser presents elements de dominació masclista, ni es perseguia la submissió sexista, sinó que es tractà d'una agressió mútua dels membres de la parella, en pla d'igualtat i, per tant, no inserible dins el marc relacional de dominació masclista que requereix el tipus de l' article 153.1 Cp .

Es dirà que el que hem dit fins aquí podria aplicar-se, en les agressions mútues, a la de l'home contra la dona, però no a l'inrevés, però aquest plantejament no resulta acceptable ja que produiria un tractament desigual dels dos membres de la parella, mútuament agressors i agredits, en perjudici de la dona, contrariant la major protecció penal que la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, vol dispensar a la dona sobre l'home en la relació de parella, per les raons expressades anteriorment.

Conseqüentment, escau desestimar el recurs i confirmar la sentència apel lada.

Tercer.Essent que desestimem el recurs, però l'apel lant, en tractar-se del Ministeri Fisfal, no pot ser condemnat en costes, escau declarar d'ofici les causades en aquesta segona instància.

Fallo

1. Desestimem el recurs d'apel lació expressat en l'antecedent de fet segon d'aquesta sentència.

2. Confirmem la sentència apel lada.

3. Declarem d'ofici les costes processals causades en aquesta segona instància.

Aquesta sentència es ferma.

Així ho disposa el Tribunal i ho signen els magistrats que el formen.