Sentencia Penal Nº 453/2010, Audiencia Provincial de Granada, Sección 1, Rec 170/2010 de 09 de Julio de 2010

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  • Núm. Recurso: 170/2010
  • Núm. Cendoj: 18087370012010100228

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL

(Sección 1ª)

GRANADA

APELACION PENAL NUM. 170/2010.-

PROC. ABREVIADO Nº 136/2008 DEL J. INSTR. Nº 4 DE GRANADA.-

JUZGADO DE LO PENAL nº 1 de Granada (ROLLO Nº 370/2009).-

La Sección Primera de esta Audiencia Provincial, formada por los/as Iltmos/as. Sres/as. relacionados/as al margen, ha pronunciado EN NOMBRE DEL REY, la siguiente

-SENTENCIA NUM. 453-

ILTMOS/AS. SRES/AS.:

D. Carlos Rodríguez Valverde .

D. Jesús Flores Domínguez .

Dª. Mª Maravillas Barrales León .

En la ciudad de Granada, a nueve de julio del año dos mil diez.-

. . . . . . . . . . . . . . .

Examinado, deliberado y votado en grado de apelación por la Sección Primera de esta Audiencia Provincial, sin necesidad de celebración de vista, el Procedimiento Abreviado Núm. 136/08 instruido por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Granada, y fallado por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Granada, Rollo nº 370/09, por un delito de falsedad, siendo partes, además del Ministerio Fiscal, como apelante: Ramona , representada por la Procuradora Sra. Muñoz Cardona y defendida por el Letrado Sr. Martínez Pacheco y como apelados Teodulfo representado por la Procuradora Sra. García Carrasco y defendido por el Letrado Sr. Ceres Ruiz y Pablo Jesús representado por la Procuradora Sra. Serrano Peñuela y defendido por el Letrado Sr. Martínez Martínez, actuando como Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Doña Mª Maravillas Barrales León, que expresa el parecer de la Sala.-

Antecedentes

PRIMERO.- Por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada se dictó sentencia con fecha 23 de febrero de 2.010 , en la cual se declaran probados los siguientes hechos: "No se ha probado que Teodulfo acometiese falsificación de documentos suficientemente idónea para sustraer bienes o imponer deudas a la comunidad de gananciales en su día formada con Ramona ni que actuase en connivencia con Pablo Jesús para atribuir la condición de bien privativo a un chalé sito en Urbanización Los Cortijillo de Dílar.".-

SEGUNDO.- La parte dispositiva de dicha resolución expresa textualmente: "Que debo ABSOLVER Y ABSUELVO a Teodulfo y a Pablo Jesús del delito de falsedad, uso de documento falso y aportación de testigos falsos de que se les acusa, con todos los pronunciamientos favorables y levantamiento de cuantas medida cautelares se hubiesen adoptado y declaración de oficio de las costas procesales.".-

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de Ramona , en base a los siguientes motivos: solicitar la condena de los imputados.-

CUARTO.- Presentado ante el Juzgado "a quo" el escrito de apelación se le dio traslado a las demás partes por un plazo común de diez días, conforme al art. 790.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, transcurrido el cual fueron remitidos los autos a esta Audiencia Provincial, habiéndose señalado para su deliberación, votación y fallo el día 2 de julio de 2010, al no estimarse necesaria la celebración de vista.-

QUINTO.- Se acepta la relación de hechos probados, que contiene la sentencia apelada, que quedó antes trascrita.-

SEXTO.- En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.-

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal absuelve a Teodulfo y a Pablo Jesús de la acusación formulada contra ellos tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular; frente a tal resolución se presenta recurso de apelación por la acusación particular, con la adhesión del Ministerio Fiscal, alegando que los hechos narrados en su escrito de acusación son constitutivos de los delitos que en el mismo se recogen.-

A este respecto, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en sentencias núm. 167/2002, de 18 de septiembre , 170/2002, de 30 de septiembre , 197/2002 , 198/2002 y 200/2002, de 28 de octubre , o la de 24 de mayo de 2004 , entre otras muchas, ha establecido que en los casos de apelación de sentencias penales absolutorias, cuando el recurso se funda en la apreciación de la prueba, si en la apelación no se practican nuevas pruebas, no puede el Tribunal ad quem revisar la valoración de las practicadas en la primera instancia, cuando por la índole de las mismas es exigible la inmediación y la contradicción.-

Afirma también que en el supuesto de producirse una vulneración de las garantías de oralidad, inmediación y contradicción, tal circunstancia afectaría en primer término al derecho a un proceso con todas las garantías, contenido en el art. 24, 2º de la Constitución Española y en el art. 6,1º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y sólo de forma derivada al derecho a la presunción de inocencia, y ello en la medida en que las pruebas en que se sustenta la condena no se hayan practicado de conformidad con la citada garantía, pues en aquellos supuestos en los que la sentencia absolutoria dictada en primera instancia resulta revocada en apelación y sustituida por una sentencia condenatoria, existe vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías al haber procedido la Audiencia Provincial a revisar y corregir la valoración y ponderación que el órgano a quo había efectuado de las declaraciones efectuadas en la instancia, sin respetar los principios de inmediación y contradicción.-

La doctrina constitucional mencionada ha venido a establecer que el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado y en el juicio de faltas, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento Jurídico otorga plenas facultades al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen por las partes intervinientes, sean de hecho o de derecho, dado que el mismo asume la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica posición que la que ocupaba el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la concreción o determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba practicada, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo, pero con la precisión de que en todo caso han de respetarse por el Tribunal ad quem las garantías constitucionales, establecidas en el art. 24, 2º de la Constitución, todo lo cual conduce necesariamente a determinar que si bien puede revocarse la sentencia absolutoria apelada y dictarse sentencia condenatoria en apelación por aplicación de distintos criterios puramente jurídicos y no de hecho y la prueba documental aportada puede valorarse en esta segunda instancia sin cortapisa alguna, dado que dicha valoración, en atención a la naturaleza de esa prueba en cuestión, no precisa de inmediación alguna, por el contrario la prueba testifical o la pericial o las declaraciones de las partes no podrán valorarse, por aplicación de la mencionada doctrina, sin el concurso de los principios de oralidad, inmediación y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, lo que en realidad conlleva como consecuencia, si dichas pruebas han sido practicadas en la primera instancia y no pueden ser reiteradas en la segunda en buena lógica, al no concurrir ninguno de los supuestos señalados en el apartado 3º del art. 790 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que no puedan ser valoradas en ella de modo distinto al efectuado por el juez de instancia.-

SEGUNDO.- Conforme a dicha doctrina, el relato de hechos probados no puede ser variado pues para ello debería hacerse una nueva valoración no solo de la prueba documental aportada sino de las declaraciones testificales, lo que no resulta posible por lo que el recurso debe ser desestimado y las costas declaradas de oficio.-

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación promovido por la Procuradora Sra. Muñoz Cardona, en nombre y representación de Ramona , debemos confirmar y confirmamos la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada en el rollo 370/09, con declaración de oficio de las costas del recurso.-

Notifíquese en legal forma esta resolución haciendo saber a las partes que la misma es firme y a su tiempo, con certificación literal de la misma, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia para su conocimiento, cumplimiento y ejecución.-

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-

Valoración de la prueba
Sentencia de condena
Presunción de inocencia
Práctica de la prueba
Prueba documental
Prueba de testigos