Sentencia Penal Nº 46/2011, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5, Rec 326/2010 de 13 de Enero de 2011

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  • Orden: Penal
  • Fecha: 13 de Enero de 2011
  • Tribunal: AP - Barcelona
  • Ponente: Del Canto, Enrique Rovira
  • Núm. Sentencia: 46/2011
  • Núm. Recurso: 326/2010
  • Núm. Cendoj: 08019370052011100016

Encabezamiento

Audiencia Provincial de Barcelona

SECCION QUINTA

Rollo de Apelación núm. 326/10-E

Procedimiento Abreviado núm. 487/10

Juzgado de lo Penal núm. 2 de Manresa

S E N T E N C I A Nº

Ilma. Sra. Presidente

D.ª Elena Guindulain Oliveras

Ilmos. Sres. Magistrados

D.ª María Magdalena Jiménez Jiménez

D. Enrique Rovira del Canto

En la ciudad de Barcelona, a trece de enero de dos mil once.

En nombre de S.M. el Rey de España, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona ha visto en grado de apelación el Procedimiento Abreviado núm. 487/07 , Rollo de Apelación núm. 326/10-E, sobre un delito continuado de calumnias con publicidad, procedente del Juzgado de lo Penal núm. 2 de Manresa, habiendo sido partes en calidad de apelante D.ª Eloisa , representado por la Procuradora D.ª María Elena Gorcas Pujol y asistido por la Letrada D.ª Mercedes Sagalés Guillamón, y en calidad de apelados D.ª Maite y D. Ezequiel .

Ha sido designado Magistrado Ponente S.Sª Ilma. D. Enrique Rovira del Canto, quien expresa el parecer del Tribunal.

Antecedentes

PRIMERO. En fecha 08 de junio de 2010 y por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de Manresa se dictó sentencia en el Procedimiento Abreviado núm. 487/07 que contiene el fallo que aquí se da por reproducido por razones de economía procesal.

SEGUNDO. Apelada que fue la sentencia por la representación procesal de la referenciada acusada y previos los trámites legales, habiéndose opuesto al recurso la parte apelada, se remitieron los autos a la Audiencia Provincial de Barcelona, teniendo entrada en esta Sección el pasado día 18 de noviembre de 2010, habiéndose celebrado el día de la fecha la preceptiva deliberación y votación del recurso interpuesto en cuya tramitación ante este Tribunal se han observado todas las prescripciones legales.

TERCERO. Se aceptan y se dan por reproducidos los Antecedentes de Hecho y los Hechos Probados de la sentencia apelada.

Fundamentos

I. Se aceptan y dan por reproducidos los Fundamentos de Derecho de la sentencia apelada en cuanto no se opongan a los de la presente.

II. Si bien el recurso de apelación faculta al Tribunal "ad quem" para una revisión integral de la sentencia recurrida, tanto en su dimensión fáctica como jurídica, cuando la convicción judicial se ha formado con base en pruebas de naturaleza personal practicadas a su presencia en el acto del plenario -inmediación de la que carece el Tribunal-, y con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción, determina que en estos casos, y por regla general, deba respetarse en sede de apelación la valoración, probatoria del Juez "a quo", formada además con base en lo alegado por la acusación y la defensa y lo manifestado por el mismo acusado (artículo 741 L.E.Crim .), con la única excepción, en principio, de que la convicción así formada carezca de todo apoyo en el conjunto probatorio practicado en el acto del juicio oral, bien por ser las pruebas valoradas de naturaleza ilícita, bien por ser las mismas contrarias a los conocimientos científicos, las reglas de la lógica y la razón o las reglas de la experiencia humana común, o tales circunstancias deban predicarse del proceso valorativo del juzgador de instancia.

III.- La desestimación del primer motivo del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.ª Eloisa , un pretendido error en la apreciación de la prueba, con vulneración del principio de presunción de inocencia y del principio in dubio pro reo, con aplicación indebida de los arts. 205 y 206 CP , viene determinada, según se sigue de la lectura de los fundamentos de derecho segundo a cuarto de la sentencia recurrida puestos en relación con el acta del juicio oral y su soporte informático anexo, por el hecho de que la convicción del Juez "a quo", plasmada en el apartado de hechos probados de la precitada sentencia, resulta principalmente de la aceptación, lógica, racional y conforme a las reglas de la experiencia humana común, de pruebas personales practicadas a su presencia con sujeción a los principios de publicidad, oralidad y contradicción (arts. 24 ap. 2 C.E., 229 aps. 1 y 2 L. 0.P.J. y 741 L.E.Crim.), aptas, en consecuencia, para desvirtuar el derecho constitucional a la presunción de inocencia (art. 24 ap. 2 C.E .) y formar la convicción judicial (art. 741 L.E.Crim .), conforme ha reconocido pacíficamente la jurisprudencia constitucional ( S.S.TC. 79/1994 , 123/1997 y 155/2002 , entre otras muchas).

Y concretamente de las manifestaciones de los dos querellantes, Sra Maite y Sr. Ezequiel , en los términos en que venían redactadas las pancartas, tal y como se reflejan en los hechos declarados probados, y que fueron colgadas a la vista pública del balcón de la vivienda de la querellada; así como las manifestaciones de los agentes de los Mossos d'Esquadra núms. NUM000 y NUM001 , que también depusieron como testigos, acreditando que retiraron por mandato judicial algunas pancartas, que estaban colgadas en el domicilio de la acusada, y que la Plaza de San Pere, donde se ubica el domicilio, es uno de los lugares emblemáticos de Berga; siendo éstas afirmaciones complementadas por la documental obrante en autos, y sin que ello haya sido contradicho en modo alguno por la acusada, quien se acogió a su derecho a no declarar en el acto de la vista.

Por lo que no cabe apreciar ni vulneración del derecho constitucional a la presunción de Inocencia del artículo 24 de la Constitución española, ni tan siquiera del principio in dubio pro reo, ni tampoco error alguno en la valoración de las pruebas, ni faltar elemento alguno en el tipo delictivo apreciado, no basándose en definitiva el recurso interpuesto en otro fundamento que la particular lectura probatoria de la recurrente, la que, por las razones expresadas en los precedentes fundamentos de derecho y en este mismo, no puede prevalecer sobre la efectuada por el Juez de lo Penal, valoración que por lo hasta aquí razonado no puede ser revisada por este Tribunal, conforme se ha razonado en el segundo de los fundamentos de esta sentencia, interpretación cohonestada por la propia jurisprudencia constitucional a partir de la S.T.C. Pleno 167/2002 .

Hechos que, como sostiene el Juez a quo en su sentencia, configuran plenamente la figura delictiva de calumnias con publicidad de los arts. 205 y 206 , debiendo asumirse en esta resolución las mismas argumentaciones y fundamentaciones dadas por el Juez a quo en su sentencia, y que se dan aquí por reproducidas en aras a los principios de celeridad y economía procesal.

IV.- Pero respecto de la segunda pretensión, subsidiariamente formulada, de una falta de proporcionalidad de la cuota diaria de la pena de la multa impuesta, de 10 euros alegando que no se ha valorado ni investigado su capacidad económica, y sosteniendo su carencia de la misma, e interesando la imposición de una cuota de 2 euros, este motivo debe ser estimado, si bien no a tal límite mínimo de la cuota diaria de la pena de multa impuesta por el delito apreciado, dado que no se acredita objetivamente una pretendida situación de precariedad económica, sino por el contrario el que al menos, como sostiene la sentencia impugnada, se tiene en cuenta el importe de la renta en conflicto, de unas cuarenta mil pesetas mensuales, sino la cuota diaria de 6 euros, importe que doctrinal y jurisprudencialmente se viene considerando como asumible por cualquier ciudadano medio y para casos en los que ni se acredita una capacidad económica significativa de la acusada, ni por el contrario una situación de precariedad o penuria económica.

Su comparecencia en el acto de la vista en juicio oral no impidió no sólo a su defensa sino incluso al Ministerio Fiscal el poder interrogarle respecto de su capacidad económica, pero es que además a tenor del contenido del fundamento de derecho séptimo, no se aprecia fundamentación alguna suficiente para la fijación de dicha cuota, extremo inadmisible en el Derecho penal español, por lo que dicho importe de 10 euros no puede ser confirmado por este Tribunal, sino al límite mínimo del legalmente establecido ya reseñado de 6 euros.

V.- En cuanto al tercer motivo de impugnación, asimismo en referencia a la concreción y determinación del importe de la responsabilidad civil, que considera no fundamenta el Juez a quo, ciertamente aunque en la apreciación de este delito la fijación del importe de la responsabilidad civil por daño moral es discrecional para el Juzgador, en el presente caso se observa del contenido del propio Fundamento de Derecho Séptimo de la sentencia la ausencia de fundamentación alguna, ni tan siquiera mínima, en orden a tal extremo; en consecuencia no procede la imposición de tales importes en concepto de responsabilidad civil, sino si bien es cierto que tal delito comporta necesariamente una afectación a sus víctimas, en modo alguno puede pretenderse, en el presente caso, la confirmación de una indemnización como la acordada, por lo que ateniendo a las argumentaciones de la parte apelante procede reducir el importe de la responsabilidad civil ex delicto a la cantidad de 500 euros respecto de cada una de las dos víctimas, y revocarse la sentencia también en este sentido.

VI.- Por lo expuesto procede la estimación parcial del recurso de apelación interpuesto y la revocación de la sentencia apelada en los términos expuestos, así como la declaración de oficio de las costas procesales de esta alzada de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes del Código Penal y 239 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Vistos los artículos citados, criterios expuestos y demás normas jurídicas de general aplicación al caso tanto del Código Penal como de la L.E.Crim., en virtud del poder conferido por la Constitución y la Ley, administrando en esta instancia Justicia que emana del Pueblo y en nombre de Su Majestad el Rey

Fallo

Que con estimación parcial del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D.ª Eloisa , contra la sentencia dictada en fecha 08 de junio de 2010 por el Juzgado de lo Penal núm. 2 de los de Manresa en el Procedimiento Abreviado núm. 487/07 , debemos revocar y revocamos dicha sentencia en cuanto a declarar procedente la pena pecuniaria impuesta a razón de una cuota diaria de 6 euros, así como declarar como importe de la responsabilidad civil ex delicto a satisfacer el importe de 500 euros respecto de cada de las dos víctimas perjudicados querellantes, confirmándose el resto de pronunciamientos de la sentencia dictada y declarando de oficio las costas procesales de esta segunda instancia.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de Sala y se notificará al Ministerio Fiscal y a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso ordinario alguno, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el día de su fecha por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, hallándose celebrando audiencia pública. DOY FE.

In dubio pro reo
Presunción de inocencia
Representación procesal
Error en la valoración de la prueba
Principio de presunción de inocencia
Derecho a no declarar
Tipo penal
Calumnia
Economía procesal
Daños morales